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La diputada Alejandra Carrillo, presentó la iniciativa denominada, ley reguladora del Convenio Internacional 175 de la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), sobre el trabajo a tiempo parcial,  la cual busca defender los derechos de quienes laboran bajo esta modalidad, garantizando también el acceso al seguro social.

El convenio fue aprobado mediante el decreto 2-2017 del Congreso de la República, y está vigente desde febrero del presente año.

La parlamentaria comentó que la contratación de personal a tiempo parcial ha presentado complicaciones, debido a que el reglamento que el Ministerio de Trabajo estaba desarrollando no era vinculante con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), debido a su autonomía.

Se han efectuado distintas mesas de diálogo, en donde se recibieron aportes de diputados de la Comisión de Trabajo, Ministerios de Economía, Trabajo y Previsión Social, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales (CACIF), y sindicatos de Guatemala,  con el fin de lograr consensos que a la vez sean de beneficio para la población.

“Lo que se pretende regular es la cantidad de horas mínimas y máximas de trabajo, para que las personas puedan gozar de vacaciones, maternidad, permisos y tiempo extra”, dijo la congresista, quien agregó que proponen tomar en cuenta en la elaboración de los contratos la jornada normal y no parcial, con el fin de generar certeza jurídica para ambas partes.

“Esperamos que el IGSS entregue una propuesta sobre los programas específicos para los trabajadores a tiempo parcial, con el objetivo que las personas gocen esta cobertura, pero a la vez estaremos pendientes que no se vean afectados los recursos financieros de la institución”, concluyó.

Por Rosemary Recinos

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El diputado Luis Alberto Contreras, de la bancada Movimiento Reformador, dialogó con  funcionarios del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), para aclarar que el objetivo de la iniciativa 5431, que dispone aprobar ley general de infraestructura vial, es crear una superintendencia que desarrolle un nuevo modelo de supervisión y contratación de proyectos, no así la privatización de carreras.

El congresista resaltó que se incluirá un nuevo artículo para especificará que la nueva entidad no podrá hacer carreteras con peaje y que la Dirección de General de Caminos (DGC), seguirá funcionando.

Comentó que hay grupos de personas que han intentado frenar este proyecto de ley, mal informando a la población. “En la zona vial de San Marcos, departamento al que represento,  colocaron mantas de todos los diputados que estamos impulsando esta ley, difamándonos, asegurando estamos tratando de privatizar las carretas”, expresó el diputado Contreras.

Señaló que junto a las personas que colocaban esta propaganda negativa, se encontraba un vehículo de la DGC,  por lo que solicitó al viceministro José Fernando Morales, investigar este hecho.

“El modelo con el que actualmente se construye, está obsoleto pero no se trata de  desaparecer la DGC, sino fortalecerla, haciendo carreteras controladas por quien las ejecuta, cuya responsabilidad será mantenerlas en buen estado por 15 o 20 años”, dijo el legislador.

Por su parte el funcionario indicó que se investigará si hay algún trabajador involucrado en este tipo de actos para proceder a la sanción que corresponda.

Por Rosemary Recinos.

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La diputada Patricia Sandoval González, de la bancada FCN-Nación, presentó la iniciativa que dispone la inclusión, en el pensum de estudios, de educación en Derechos Humanos a nivel escolar de primaria y secundaria, para que los estudiantes reconozcan la importancia de sus derechos humanos y de las demás personas.

El proyecto de ley tiene como finalidad instar a las autoridades superiores del Ministerio de Educación y de las instituciones de Derechos Humanos, para que contribuyan en la implementación de programas dirigidos a  los docentes  y puedan ser impartidos a los estudiantes de dichos niveles, en toda la república.

La iniciativa propone que la cátedra de derechos humanos también se imparta en los diferentes idiomas, reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.

En la exposición de motivos, el anteproyecto argumenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recomienda a los Estados incluir la educación en dicha materia, para que instruya sobre el pleno desarrollo y respecto a las libertades fundamentales de los individuos, promoviendo la comprensión, tolerancia y la amistad entre todas las personas.

“Es importante sensibilizar a la población escolar del país, sobre el significado de los derechos humanos, pero sobre todo,  el respeto de los mismos”, indicó la parlamentaria Sandoval.

Por José Castellanos.

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La Comisión Legislativa de Asuntos Municipales, que preside Patricia Sandoval y  el diputado Milton Guerra (FCN-Nación),  se reunieron con el Director Ejecutivo del Consejo Departamental de Jalapa, Juan Carlos Hernández, para fiscalizar la ejecución de recursos por parte de los Consejos de Desarrollo Departamental (Codede), y el avance de los proyectos asignados en cada región.

La parlamentaria indicó que los departamentos de Baja Verapaz, Sololá, San Marcos, Alta Verapaz, Jalapa, Chimaltenango, Totonicapán y Quetzaltenango no registran ejecución presupuestaria,  pese a que se avaló una ampliación contenida en el Decreto 11-2018, aprobado en abril del presente año.

De acuerdo con el Director Ejecutivo del Consejo Departamental de Jalapa, Juan Carlos Hernández, no se ha hecho efectivo el desembolso de los fondos, lo que no ha permitido dar luz verde a los proyectos pendientes, señalando que no han tenido respuesta por parte de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN).

“No hay desarrollo a nivel departamental porque existe un problema en el desembolso y en la ejecución de los recursos, siendo la población la más afectada”, expresó la legisladora, quien añadió que se dará seguimiento al proceso para garantizar la transparencia y eficacia en el uso de los fondos.

Se acordó al final de la actividad, realizar una nueva reunión con las autoridades del Ministerio de Finanzas, la Contraloría General de Cuentas,  y de los Codedes, con el fin  de ampliar el tema y buscar soluciones, puntualizó la diputada Sandoval.

Por Isabel Mazariegos.

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 La Comisión Especifica que analiza reformas al Decreto Número 51-92,  Código Procesal Penal, referente a la aceptación de cargos, coordinada por el congresista Manuel Conde Orellana (PAN), escuchó este día las opiniones y análisis de representantes de organizaciones de la sociedad civil, como parte del proceso de audiencias públicas que llevan a cabo.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), Fundación Guatemala 2020, Fundación Sobrevivientes, Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC) y la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

Las organizaciones coincidieron en solicitar que esta ley no se aplique a reos que hayan cometido delitos de violencia sexual, trata de personas, violencia contra la mujer, y delitos contra niños y adolescentes, tampoco en los delitos de extorción  y secuestro.

El parlamentario Raúl Romero (Fuerza), señaló que la participación de la sociedad civil brinda legitimidad a cualquier proyecto de ley. “Estamos abiertos a recibir  propuestas  de los sectores interesados en el tema, de esa forma  evitaremos acusaciones de intereses oscuros”, aseveró.

El presidente de la comisión Manuel Conde Orellana, indicó que tomarán en cuenta los planteamientos presentados durante las audiencias públicas previo a emitir su informe final.

La comisión continuará las reuniones de análisis, el próximo lunes 16 de julio. “Según la agenda de trabajo, ese día recibiremos a la Asociación de Jueces y Magistrados”, concluyo el diputado Conde Orellana.

Por Wendy Sandoval.

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La diputada Lucrecia Samayoa, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), participó en la firma de la carta de entendimiento entre el viceministerio del Deporte y la Recreación, y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, la cual propone la capacitación de promotores deportivos en el aprendizaje de la lengua de señas.

“Es importante este convenio, ya que los promotores van a tener mayor facilidad de comunicarse con alumnos y personas en general, que tengan problemas auditivos, lo que conlleva a una educación inclusiva” señaló la diputada Samayoa.

Renato Monterroso, viceministro del Deporte,  explicó que realizarán varios cursos virtuales y presenciales, que durarán aproximadamente 40 semanas, logrando así la capacitación adecuada a más de 300 promotores en todos los municipios del país.

María de los Ángeles Soberanis, presidenta de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos, vio con entusiasmo la firma de este convenio ya que con ello se espera  optimizar las actividades deportivas de las personas con discapacidad auditiva.

Por último la legisladora señaló que dará acompañamiento al proyecto, ya que es un tema relevante, y buscará implementarlo a beneficio en niños de los diferentes establecimientos educativos, realizando mesas de trabajo con el Ministerio de Educación.

Por Estuardo Zeceña

 

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En citación al presidente de la Federación de Boxeo, Mynor Juárez, y el subcontralor de la Calidad del Gasto Público, de la Contraloría General de Cuentas (CGC), César Elías, los legisladores Karina Paz y Haroldo Quej Chen, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),  cuestionaron, el uso del presupuesto asignado a dicha federación.

Durante la reunión la legisladora solicitó una explicación sobre los gastos de representación del presidente de la federación que ascienden a Q12 mil mensuales, cantidad que considera exagerada, debido a que el funcionario no ha demostrado que realice sus funciones, ni en la federación ni en los departamentos, donde solamente delega otra persona para que realizar su trabajo.

También se cuestionó al presidente federativo,  la creación de un reglamento interno que aprueba aumentos salariales dietas y comisiones a trabajadores del área administrativa por asistir a eventos al interior del país, que se encuentran bajo sus funciones y por las cuales ya reciben un salario, por lo cual solicitó una explicación de los gastos que se realizan en actividades departamentales y fuera del país.

Derivado de lo anterior, se solicitaron facturas de liquidación de gastos del 2015 a la fecha, que incluya los gastos de representación de todo el comité ejecutivo de la federación.

Por su parte el Subcontralor, se comprometió a realizar una auditoría desempeño en dicha federación, en la cual no se observe solo los gastos efectuados, sino de qué manera se han hecho, pues considera que no se han cumplido con algunas normas establecidas.

Para concluir los diputados aconsejaron al presidente, trabajar en un plan para mejorar las condiciones de los atletas que deseen practicar boxeo en los departamentos y se comprometieron a dar seguimiento a las auditorías, en pro del cumplimiento a la buena calidad del gasto.

Por Astrid González

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El diputado Walter Félix, jefe de la bancada URNG, ante la petición de representantes de las víctimas del conflicto armado interno, solicitó a las  autoridades del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), agilizar el desembolso presupuestario para impulsar programas de viviendas, cultura y agricultura, para las víctimas.

Los representantes de las familias víctimas hicieron saber al director PNR, Fernando Molina, que a la fecha no se ha hecho ningún tipo de entrega a los más de 10 mil afectados, quienes no han sido asistidos cómo se debe, por lo que el diputado, solicitó al PNR, se busquen los mecanismos para agilizar el desembolso de recursos que sirvan para impulsar los programas mencionados.

Le jefe de la bancada calificó de, “Lamentable que además de no asistir a las víctimas, los recursos asignados se pierdan por la falta de ejecución y deban parar en el fondo común\", por lo que pidió al PNR modernizar el trabajo y agilizar la ayuda a las víctimas..

Al respecto, el titular del programa dijo que, de los Q28 millones asignados para este año, se han destinado 5 millones para la asistencia de las familias a nivel nacional, por lo que se comprometió a dar seguimiento a la solicitud del diputado y las personas que asistieron a la reunión.

En otro tema relacionado a la atención de víctimas del conflicto, el legislador solicitó un informe circunstanciado del caso de las familias que se encuentra refugiadas en Chiapas, México, el cual deberá ser entregado  a más tardar la próxima semana.

Por Byron Ramírez

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Integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República, recibieron por parte del titular del ministerio de Economía (Mineco), Acisclo Valladares Urruela, un proyecto de ley que crea la Agencia Pro Guatemala, entidad gubernamental que aglutinaría todas las estrategias encaminadas a  promover el comercio internacional, inversión extranjera, marca país y competitividad.

“Vemos positiva cualquier iniciativa que promueva la reactivación, el crecimiento económico, y el bien común de los guatemaltecos, por lo que estamos dispuestos a respaldar el proyecto,  aseguró el congresista Carlos Barreda, presidente de la Comisión.

El titular del Mineco explicó que los recurso económicos para financiar la creación de dicha  institución, provendrán del 30% del techo presupuestario que tiene destinado su Ministerio. “Contamos con una asignación de Q390 millones, sin embargo,  no descarto la posibilidad de recibir financiamiento proveniente de la alianza privada”, comentó.

Aseguró que para la formulación de la propuesta se hizo un análisis comparativo con el implementado en países como Chile, Colombia y México. “Este ejercicio nos permitió consolidar una propuesta armónica con la legislación guatemalteca y con la que esperamos  la generación de unas mil microempresas anualmente y un crecimiento económico entre el cinco  y el seis  por ciento, durante los primeros años”, dijo el funcionario.

De acuerdo con Fanny de Estrada, de la Asociación de Exportadores de Guatemala, para crear más puestos de trabajo se necesita mayor apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, por parte del Estado

El diputado Barreda se comprometió a que la propuesta sea analizada en el seno de la Comisión de Economía, y anunció que  promoverá audiencias públicas para su discusión, “Creemos que la mejor manera de obtener una normativa afinada y que responda a las necesidades del paìs, es con la participación de los entes rectores, la sociedad civil organizada y la iniciativa privada”, concluyo el legislador.

Por Karen Mendoza.

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