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Diputados  de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda cuestionaron la propuesta de presupuesto 2019 de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentada por los funcionarios  Fernando Suriano y Cristian Aspuac, la cual asciende a un monto de  Q1 mil 715 millones.

Dos fueron los motivos del cuestionamiento, la propuesta difiere de la presentada al Congreso por el Ejecutivo, el proyecto inicial establece Q1,354 millones, pero la propuesta presentada hoy, sin el aval del Directorio de la SAT, contiene  Q361 millones más.

El diputado Rudy Castañeda, de UCN  y presidente en funciones de la comisión,  subrayó que es importante que la SAT  capte los impuestos de forma eficiente pues de  ello dependen todas las instituciones del estado “la fuente de financiamiento de la SAT en el 2 por ciento de la recaudación según lo estipula la ley y aquí nos tienen que seguir aclarando como estarán financiando su presupuesto y el del estado”, dijo Castañeda.

Los representantes de la SAT informaron en torno al avance al mes de septiembre de la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal 2018, estableciendo la misma en 39.81 por ciento y  dieron a conocer los 4 ejes estratégicos institucionales y planes de trabajo para el buen funcionamiento de la entidad,  el mejor desempeño y una eficaz recaudación de impuestos, el desarrollo tecnológico y fortalecimiento del recurso humano de la superintendencia.

“Nos hemos enfocado en fortalecer cuatro áreas especificas de la institución como lo es; los mejores controles en todas las aduanas y fortalecer la recaudación tributaria en Todo el territorio  nacional, mejorar las tecnologías y los sistema digitales para que esto se vea en buenos resultados para el Estado y los contribuyentes”, dijo Fernando Suriano, Intendente de Recaudación Tributaria de la SAT.

A la reunión acudieron representantes del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL) quienes en calidad de observadores y de tanques de pensamiento pueden intervenir, opinar y brindar sus aportes para que las propuestas sean de beneficios a los sectores y la población en general.

Por José Castellanos

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Con  la audiencia pública de este viernes, donde se escuchó a Juan Carlos Borrayo, abogado del presidente Jimmy Morales, la Comisión Pesquisidora que investiga el antejuicio en contra del mandatario concluyó con la fase de escuchas de audios y audiencias públicas a empresarios y fiscales de mesas, que podrían aportar información en torno al supuesto financiamiento electoral ilícito del cual se acusa al gobernante.

En su declaración, el abogado Borrayo aseguró “Que el antejuicio promovido contra el presidente Morales, es político, pues fue solicitado por la ex fiscal del Ministerio Público,  Thelma  Aldana, quien ahora aspira a la presidencia de la República”

Durante varias semanas, los integrantes de la Comisión Pesquisidora, a puerta abierta para medios de comunicación y organizaciones, escucharon audios de implicados en el caso, recibieron a representantes, de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral,  empresarios y al Abogado del presidente Morales.

Ahora los diputados se reunirán para analizar lo aportado, emitirán sus puntos de vista, y darán  una recomendación al Pleno del Congreso sobre si se le retira o no la inmunidad al Presidente Morales, con lo que se terminara el trabajo para lo que fueron designados.  .

Karla Herrera

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La importancia que reviste para el país la seguridad alimentaria, llevó a los diputados de las comisiones de salud y agricultura a emitir un dictamen conjunto para la iniciativa   No. 5391, Ley de Rastros, con la cual se pretende regular las normas de higiene y salubridad por medio de una licencia sanitaria que extenderá el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

La licencia sanitaria será para constatar que se cuenta con las condiciones adecuadas en infraestructura, insumos y personal calificado para manipular la carne, pero la ley además contempla que para que las personas puedan operar, los Ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Salud Pública deberán autorizar un estudio de impacto ambiental.

“Es importante resaltar que esta ley reforma el código de salud para prohibir la utilización de químicos que engorden a cualquier tipo de animales” dijo la diputada Sofía Hernández, quien preside la comisión de salud.

El Artículo 23 prohíbe la utilización de químicos de engorde o de cualquier derivado en cualquier animal de consumo humano, ya que podría poner en riesgo la vida de las personas. Esto prevendría enfermedades como: diarreas, alergias alimentarias y enfermedades bacterianas.

Dicha ley es un beneficio para todos los guatemaltecos “no puede ser que sigamos consumiendo alimentos que puedan transmitir enfermedades”, dijo el diputado Oscar Chinchilla, Vicepresidente de la Comisión de Agricultura, quien agradeció el trabajo de las comisiones.

Hemos trabajado más de dos años en esta ley  con el propósito de que los guatemaltecos consumamos carne sin contaminantes y esperamos su aprobación” agregó la diputada Hernández.

La aprobación de esta ley aseguraría que los consumidores ingieran un producto de alta calidad que cuente con adecuado control sanitario.

 Por Astrid González

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Contrario a lo que afirmaron algunos medios de comunicación, el diputado Víctor Cruz Clavería (FCN-Nación) aclaró que nunca  firmó la enmienda del  artículo 6 de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que deroga la  literal K) del artículo 21 ter del Decreto 1-85 Asamblea Nacional Constituyente, con la que se dejaría sin potestad al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de cancelar partidos políticos.

Cruz  Clavería rechazó  la confusión creada alrededor del tema y  explicó que  la enmienda que él apoya es la que propuso la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, la cual  se apega a lo dictaminado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

“Yo firmé la enmienda que recoge el dictamen que envió la CC, luego de que el Congreso de la República las remitiera para determinar si existía alguna inconstitucionalidad en ellas, sin embargo maliciosamente algunos medios de comunicación confundieron a la población diciendo que yo quería debilitar al TSE en el tema de cancelación de partidos políticos”, afirmó el diputado.

Pero la inconformidad del diputado no quedó en eso, pues también  anunció su renuncia a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. “No quiero estar involucrado en este tipo de confusiones, ya que mis electores en el departamento de Escuintla, fiscalizan cada una de mis acciones, dijo.

La confusión se dio en la sesión plenaria en la que se discutía  el artículo 5 referente al financiamiento público y extraoficialmente circuló una enmienda al artículo 6, planteada por el congresista Óscar Argueta de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), la cual deroga la literal K) del 21 ter, sin embargo, la cual no  tiene la firma del congresista Cruz Clavería.


Por Mayra Recinos.

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Con la presentación de una denuncia penal en contra de la ex fiscal Thelma Aldana, la comisión que investigó la compra de un edificio para el Ministerio Público y que preside el diputado Juan Ramón Lau, culminó su labor de investigación.

Al interponer la denuncia en el Ministerio Público, los miembros de la comisión dejaron constancia en el informe circunstanciado de las anomalías detectadas en el proceso de compra-venta del inmueble.

“Ese edifico fue sobrevalorado por más de Q8 millones, esto no es un invento de la comisión, es una realidad investigada y documentada por medio de un proceso transparente que desarrollo esta comisión, que cabe resaltar,  fue integrada bajo todos los fundamentos de ley”, indicó el diputado Lau.

Los miembros de la comisión explicaron que la sobrevaloración en la compra del edificio fue confabulada mediante una estructura integrada por ex trabajadores del Ministerio Público y que formaron parte del equipo de trabajo de la ex fiscal   Aldana,  por lo cual se presentó la denuncia para que sean investigados de oficio.

En los hallazgos se resalta la incongruencia en los avalúos, el realizado por la Dirección de Catastro y Avalúo de bienes inmuebles (DICABI), fue por Q35 millones, mientras que el efectuado por la Contraloría General de Cuentas,  mediante la empresa SERTO,  fue por Q 31 millones.

“El Ministerio Público es quien debe de tipificar los delitos tomando en cuenta los hallazgos, como comisión nosotros ya hicimos nuestro trabajo ahora le corresponde a ellos hacer la persecución penal”, agregó el legislador Lau.

Del proceso de compraventa, los parlamentarios argumentaron que la empresa EJOTEUNO, S.A. y la Offshore panameña DOLCETTO vendieron el inmueble al Ministerio Público, la última entidad citada es propiedad de Mynor Lobos de 24 años quien aparece en distintos registros como representante legal de al menos 60 empresa y 41 offshore.

En  la investigación se determinó que se violó la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pues se omitieron las bases para adquirir el inmueble, el cual  incumple con requisitos de ubicación, infraestructura y funcionalidad.

“Es evidente la serie de hallazgos detectada, desde la visita que realizamos en el edificio nos percatamos de las anomalías”, opinó el diputado Fernando Linares, miembro de esta instancia.

Por Isabel Mazariegos

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Un incremento en los casos de desnutrición y los daños sufridos por las familias de los 22 departamentos del país afectadas por  la sequía, son problemas que preocupan a los diputados de  la comisión de salud que preside la congresista Sofía Hernández. Por ello convocaron a una reunión al Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Mario Monterroso, a quien pidieron diera a conocer los planes para solventar la problemática.

Como diputados estamos interesados en saber  cómo el ministerio de Agricultura trabaja  para reducir las estadísticas de desnutrición”, aseguro la diputada Hernández, en su calidad de presidenta de la comisión de Salud.

En respuesta, el titular del MAGA, afirmó que para la segunda quincena de noviembre, comenzará la entrega de cupones por Q250, que las 297,000 familias beneficiarias podrán cambiar por alimentos en diferentes abarroterías, cuyos propietarios a su vez cambiarán por efectivo en las agencias del Crédito Hipotecario Nacional.

Contamos con un presupuesto de Q249 millones para el pago de estos cupones, que se desglosarán del presupuesto general del ministerio, que asciende a Q1,200 millones,  y la logística necesaria, dijo el ministro Monterroso, quien en los próximos días deberá entregar un listado de las personas beneficiadas, de manera que se garantice que el beneficio llegará a quien lo necesite.

Por Karla Herrera

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Dignificar al trabajador del Ministerio de Salud es el fin último que se persigue con la iniciativa de ley que la diputada Karla Martínez (Alianza Ciudadana), segunda secretaria de Junta Directiva del Congreso de la República, acompañada de integrantes de la Comisión legislativa de Salud, presentó ante la Dirección Legislativa.

“Es un compromiso poder dignificar a los médicos y personal de este Ministerio,  que dedica su vida a atender la salud de los guatemaltecos, dijo la  diputada Martínez quien recordó que esta iniciativa ya cumplió  más de una década de discusión, pero ahora hay avances.  “Me complace informales que dicho proyecto  va firmado por más de 30 diputados de diferentes bancadas”, añadió.

Detalló además que como parte de los beneficios que recibirá este sector se plantea el ingreso y egreso de la carrera administrativa por medio de concursos de oposición; un sistema de evaluaciones para ingresos y ascensos; plan de salario que se calculará con base en  la clasificación de puestos y remuneraciones que se  incorporará a la Ley del Servicio Civil.

Entre otros beneficios están: la promoción por  escalafón cada cuatro años, previo evaluación,  un presupuesto el cual  el Ministerio de Salud deberá incorporar para hacer funcionar la presente iniciativa y determina que todos los profesionales que actualmente son parte de este Ministerio por derechos adquiridos pasen automáticamente a formar parte de la carrera administrativa que establece el proyecto.

La diputada Sofía Hernández, (Alianza Ciudadana),  presidenta de la Comisión de Salud, se mostró confiada que al recibir la iniciativa en la sala de trabajo emitan  un dictamen favorable. “Apoyar a los médicos es apoyar la salud del pueblo de Guatemala”, postura que fue apoyada por el diputado independiente Germán Velásquez.

Leopoldo Mérida, médico del Hospital General San Juan de Dios, agradeció el apoyo que la diputada Martínez les ha brindado. “Desde hace mucho nos hemos  visto en la necesidad de realizar nuestra  labor bajo precarias condiciones además de contar con sueldos bajos. Esta iniciativa nos brinda una justa dignificación”, expresó.

Mario Figueroa, viceministro de Hospitales, se unió al agradecimiento de los galenos e indicó que estarán pendientes del presupuesto del Ministerio para que, en caso sea aprobada, puedan dan cumplimiento a la misma.

La congresista Martínez  considera que esto es apenas el inicio de una lucha que deberán afrontar para lograr el apoyo de los diputados en el pleno del Congreso de la República,  con el fin de que este proyecto se convierta en Decreto a la brevedad posible, por lo que se comprometió a hacer los acercamientos para lograr los votos.

Por Mayra Recinos.

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La inasistencia del ministro de gobernación, Enrique Degenhart,  a la reunión convocada por los diputados que integran la  Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, quedó manifestada tras conversar con el viceministro administrativo de gobernación, Carlos Enrique Gómez Sánchez, quien expuso las prioridades y necesidades presupuestarias de esa cartera para el año próximo y el avance en la ejecución presupuestarias del 2018.

Es necesario que los funcionarios, ministros y secretarios acudan a brindar información, ya que son ellos los interesados en ejecutar sus presupuestos para el siguiente ejercicio fiscal y asi evitar  problemas financieros para el 2019 destacó el diputado Cornelio Gonzalo García, del bloque Todos e integrante de la comisión al finalizar la reunión.

 “Necesitamos conocer cuál es la ejecución del presupuesto al 30 de septiembre y lo que se espera para el 31 de diciembre de este año, además de la proyección para el próximo año, ya que tenemos que discutir en el pleno del Congreso y ni puede haber errores y faltas en las instituciones y dependencias del estado” afirmó el diputado Castañeda, de la bancada UNE y vicepresidente de la comisión.

Gómez Sánchez detalló  la ejecución presupuestaria y el porcentaje de este año y  presento el presupuesto para el 2019. La asignación para el 2018 fue de Q5, 465 millones, Q3, 452 millones son para salarios; Q1,100 millones para funcionamiento, un 21 por ciento  de funcionamiento,  la inversión es de un 8 por ciento y  la ejecución a septiembre es de 65 por ciento, un equivalente a Q3, 286 millones con un saldo pendiente por ejecutar de Q1,783 millones”, indicó.

Con relación al próximo año resaltó que las prioridades son el pago en salarios a los agentes,  así como una demanda anual de nuevos elementos que son casi 4 mil, la construcción de dos centros carcelarios para personas condenadas y varias sedes policíales, lo que representará  un aumento muy significativo en varias fuentes financieras.

Por José Castellanos

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La necesidad de implementar un plan estratégico de seguridad en el departamento de San Marcos fue evidenciada por la diputada Vivian Preciado Navarijo, subjefa de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), luego de la reunión que sostuvo con  comisarios y subcomisarios de la Policía Nacional Civil (PNC) y Departamento de Tránsito de la PNC del occidental departamento.

“Me preocupan los hechos delictivos que afectan al departamento en general y especialmente al municipio de San Pedro,  una de las áreas con más comercio” indicó la diputada, quien cuestionó a las autoridades en torno a la planificación para reducir los  actos delincuenciales.

“Estamos aumentando la presencia policial en puntos estratégicos” respondió Saúl Hernández,  de la PNC, quien añadió que incrementarán los operativos para contener el robo de vehículos,  ya que los operativos han dado resultados positivos.

La diputada reiteró sobre la implementación de  un plan de seguridad estratégico,  sobre todo en las horas de mayor  afluencia de vecinos y vehículos; y recomendó que se controle el uso de celular de los agentes policiales en horas de trabajo para que estén más alerta a cualquier emergencia de los vecinos. Aprovechó también para pedir un informe de la nómina de la policía de tránsito del municipio y un informe de cada cuanto se actualiza para fiscalizar cualquier anomalía.   Realizaremos  una visita al finalizar la semana para verificar la construcción del edificio de la Comisaría de San Marcos, dijo.

Restauración de escuela

En el tema de educación la diputada citó a representantes de  instituciones involucradas en el proyecto de restauración de la escuela Ulises Rojas, ubicada en el municipio de San Marcos, para solicitar que se apresure la transferencia de dinero para que la  Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), concluya a la brevedad el proyecto, para lo cual medió con autoridades del Ministerio de Finanzas (Minfin), Secretaría de Planificación y Programaciòn de la Presidencia de Guatemala (Segeplan).

“Nuestro fin primordial también es mantener la seguridad de las personas que utilizan el inmueble” comentó la legisladora, quien cuestionó a la viceministra de cultura Gladys Palala, en torno a la verificación de  las normas de seguridad correspondientes para realizar la restauración; a lo que la viceministra respondió que “sí se realizaron los estudios correspondientes en acompañamiento con la Conred”.

Ante la presencia de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la subjefa de bancada aprovechó para solicitar una visita de esa magistratura de conciencia a los diferentes centros educativos  del departamento de San Marcos, para verificar su infraestructura, ya que es muy débil debido a la falta de diligencia y supervisión” dijo la diputada.

Para concluir la diputada Preciado advirtió que citará nuevamente a las entidades involucradas para fiscalizar los avances ya que recordó que su mediación se debe a que “se ha desembolsado el dinero pero ninguna entidad ha trabajado para emitir una solución”.

Por Astrid González

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