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Legisladores de la bancada TODOS, se reunieron por segunda ocasión con integrantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que les explicaran las razones por las que no fue publicado el Acuerdo 14-2016, que crea la Gerencia de Investigación Fiscal Interna, y analizar las consecuencias legales que esta situación puede provocar.

El tercer secretario de Junta Directiva, diputado Juan Ramón Lau, dijo que al no publicar el Acuerdo en el Diario Oficial, la SAT no se cumplió el marco legal para la creación de la referida dependencia, por lo que es preciso auditarla. “Necesitamos determinar si ejecutaron recursos públicos por medio de esta gerencia, lo que constituiría una ilegalidad”, acotó.

A la reunión fue convocado el subcontralor del gasto público, de la Contraloría General de Cuentas (CGN), Fernando Fernández, quien señaló que ya fue delegado un equipo de auditores para que se realice la fiscalización, por lo que se comprometió a entregar los primeros resultados en un plazo de ocho días.

Abel Cruz, jefe de la SAT aseguró que, en su momento el directorio que dio origen al cuestionado Acuerdo, no vio la necesidad de publicarlo, pues el documento indica que solo debía ser publicado en el sitio web de la institución comprometiéndose a publicarlo, “En aras de fortalecer la transparencia publicaremos el Acuerdo 14-2016, así como cualquier modificación posterior,  con el fin de evitar mayores inconvenientes”, aseguró el Intendente.

Los diputados indicaron que darán seguimiento al tema, y podrían reunirse nuevamente para analizar los resultados que les envíe la CGN, en los próximos días.

Por Wendy Sandoval.

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El diputado independiente, Germán Velásquez, presentó una nueva iniciativa que modifica la ley del servicio municipal, con la que busca establecer mecanismos que modernicen la administración  local, en los 340 municipios del país.

El proyecto tiene como objetivo regular las relaciones laborales de las comunas con sus empleados y funcionarios, por lo que se propone la creación de la carrera administrativa para profesionalizar y dignificar  a los trabajadores.

El congresista Velásquez indicó que, es importante actualizar la ley que rige a las municipalidades, desde 1987 a través del Decreto 1-87, con el fin de que responda a las necesidades de los tiempos modernos, Además insistió, en la capacitación de los empleados municipales, para atender de menara digna a la población

“Nos debemos a la población, por ese motivo considero necesario que los empleados municipales estén totalmente capacitados para brindar servicio de calidad a los vecinos, espero que esta nueva ley pueda contar con apoyo en el pleno, para que se convierta en Decreto, lo antes posible”, expresó el parlamentario.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador contó con el respaldo de los jefes ediles de Pachalum, Quiché y Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, así como representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).

Por Estuardo Zeceña.

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La Comisión de Apoyo Técnico, presidida por el diputado Oscar Argueta de la UNE,  analiza las reformas a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, contenidas en la iniciativa 5388, que pretende agilizar los procesos administrativos, transparentar los internos y garantizar eficiencia en cada sala de trabajo.

Durante la reunión, se analizó a profundidad cada propuesta presentada para posteriormente integrarlas al dictamen, el cual podría ser emitido en la próxima sesión, de acuerdo con los miembros de la sala de trabajo, y se espera que estos cambios vengan a fortalecer lo dictaminado el año pasado.

“Lo que se busca es agilizar procesos administrativos, pero además, subsanar los errores no previstos durante las reformas aprobadas en el año 2016”, indicó Argueta, quien también anunció que se tendrá una nueva reunión esta semana para concluir la etapa de discusión.

La diputada Sandra Morán de la bancada Convergencia e integrante de esta sala expresó,  “Existe la necesidad de una propuesta fortalecida, su discusión permitirá integrar un solo proyecto” concluyó.

Para finalizar el legislador Argueta argumentó que, se pretende ingresar al pleno para su trámite una sola propuesta, fortalecida integrada con diversos criterios para un análisis sano e igualitario.

Por Isabel Mazariegos.

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La Comisión Específica para el análisis de las modificaciones al Código Penal, en materia de aceptación de cargos, iniciativa 5131, que coordina el diputado Manuel Conde Orellana (PAN), concluyó la etapa de audiencias públicas, realizadas para socializar el contenido de la propuesta y escuchar a las organizaciones interesadas en el tema.

En la reunión escucharon a representantes de la Asociación de Mujeres Juezas de Guatemala (AMJG), Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (OJ), y del  Instituto  de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).

Roselia Lima, de la AMJG, solicitó que los delitos de violación y agresión sexual, sean excluidos de las excepciones para otorgar este beneficio, el cual autoriza una reducción de hasta la tercera parte de la pena.

El diputado independiente Oliverio García Rodas dijo que, debe analizarse a profundidad  el tema de las exclusiones, ya que podría considerarse inconstitucional, como sucedió anteriormente con el artículo 6 de la Ley Contra el Femicidio.

Marlon López, presidente de Asociación de Jueces y Magistrados del OJ resaltó, que se deben hacer estudios técnicos, científicos y cuantitativos de los efectos de la iniciativa, ya que se incrementarían cinco audiencias más por cada sindicado y podría afectarse la celeridad de los  procesos.

El diputado Conde Orellana agradeció los aportes recibidos de las instituciones públicas y organizaciones civiles, que servirán para enriquecer el informe final que remitirán a la Junta Directiva del Congreso, antes de que finalice el mes de julio.

Por Rosemary Recinos.

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Comisión Permanente del Congreso de la República, que preside Alvaro Arzú Escobar, y la Instancia de Jefes de Bloque, escucharon al ministro de Finanzas Públicas (Mifin), Julio Héctor Estrada y al titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, quienes solicitaron se retome la discusión de la iniciativa 5334, que dispone reformas al Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.

Este proyecto de ley contiene reformas a 12 artículos que proponen temas como la liquidación de contratos y mecanismos de agilidad en las compras, “Una de las reformas contempla la reducción de los tiempos de recepción de ofertas, actualmente se toman hasta  45 días, con esta reforma se reduciría a 20 días calendario”, comentó el Ministro de Finanzas.

Otra de las disposiciones contenidas en la iniciativa es la resolución de controversias en cuanto a la aplicación de las fianzas, la cual brindará mejores herramientas al Estado para la agilización y ejecución de las mismas, en caso que la empresa no cumpla con lo estipulado en el contrato,  “Incluso se podrá inhabilitar a los malos proveedores como contratistas del Estado”, dijo Mencos.

Nineth Montenegro de la bancada Encuentro por Guatemala, recordó que hace algunos años se trabajaron reformas a este Decreto, incluso se llevaron a cabo audiencias públicas, pero ninguna de las instituciones presentes hizo estas propuestas, “Ese era el momento preciso para incluir todas las reformas que ahora consideran urgentes”, lamentó la diputada.

Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la solicitud del diputado Orlando Blanco de la bancada UNE, quien considera importante la integración de una Comisión Legislativa Especial, que tendría a cargo realizar acercamientos con la Corte de Constitucionalidad, para solicitar que agilicen su resolución acerca de la opinión consultiva que envió el Congreso de la República, sobre las reformas a Ley Electoral y de Partidos Políticos.

“Estamos pocos meses de iniciar la próxima contienda electoral y hasta el momento los partidos políticos no tienen claras las reglas a las que deberán apegarse”, argumentó el diputado Blanco, quien sugirió que la Comisión este integrada por los congresistas Nineth Montenegro (EG), Carlos Fión (CREO), Aníbal Rojas (VIVA), y dos miembros de Comisión Permanente.

Por Karen Mendoza.

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El diputado por Santa Rosa, Inés Castillo de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Ministerio de Finanzas Públicas (Mifin), y representantes del Consejo de Desarrollo Comunitario local, con el objeto de fiscalizar el derecho a la salud de los pobladores y el funcionamiento adecuado de los centros de salud.

El parlamentario instó a las autoridades a ampliar la cobertura de la red hospitalaria debido a que hay municipios de ese departamento que no cuentan con centro asistencial cercano, lo que pone en riesgo la integridad de las personas, además, agregó que, las condiciones actuales del Hospital Nacional de Santa Rosa, no son las adecuadas pues su alta demanda ha provocado su colapso.

“El tema de hospitales es extenso, pero ese hospital excedió su capacidad de atención, sé que es necesario un presupuesto alto para asistir a los enfermos pero debemos trabajar en ello de inmediato”, indicó el diputado.

Las autoridades del MSPAS, también fueron cuestionadas sobre el repunte de casos en enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer entre otras.

“Yo me comprometo con usted a entregarle la información requerida porque también nos servirá para poder dar seguimiento al cuadro clínico de cada paciente”,  señaló el ministro, Carlos Soto,  quien agregó que ya se trabaja en mejorar la atención en ese departamento, sin embargo se necesitan más  recursos.

El viceministro del Mifin, Víctor Martínez, manifestó que se harán las coordinaciones necesarias para encontrar los espacios presupuestarios y atender los requerimientos este mismo año.

El diputado Castillo también solicitó priorizar la instalación de una Escuela Nacional de Enfermería en el departamento, para contar con el recurso humano. “Este proyecto también debe contar con los recursos necesarios para que sea una realidad”, finalizó el legislador.

Por Isabel Mazariegos.

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Diputados que integran el Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH), Capítulo Guatemala, coordinado por legislador Jairo Flores de la UNE,  continuaron con su participación en el VI Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se realiza en la ciudad de Antigua Guatemala.

Luisa María Calderón, legisladora Mexicana, quien coordinadora la entidad, felicitó a Guatemala, por ser uno de los países que más avances ha tenido en el combate contra el hambre en la región. “Nos tienen sorprendidos con la Ley de Alimentación Escolar y los esfuerzos que hacen entre todas las bancadas del legislativo”, puntualizó.

El diputado Flores, durante su discurso de inauguración enfatizó su compromiso para aprobar leyes que ayuden a reducir la desnutrición en el país, y aseguró que uno de los grandes avances, fue la reciente aprobación de la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 16-2017), que ha sido calificada como de las más positivas de la región latinoamericana.

“La aprobación de este Decreto, es el fruto del esfuerzo de diputados de distintas bancadas, siendo está es una ley que ayudará a reducir las estadísticas de muerte  por desnutrición crónica en todo el país”, enfatizó el congresista.

El encuentro tuvo como objetivo contribuir al posicionamiento del derecho a la alimentación dentro de las agendas nacionales de los países participantes, en el marco de la agenda 2030, donde se espera la socialización de los avances y desafíos de cada uno de los países de América Latina y el Caribe participantes.

Durante el encuentro, diputados de distintos países enfocaron sus objetivos en  obtener herramientas para combatir el hambre dentro de su población, considerando Guatemala como uno ejemplo a imitar.

Por Karla Herrera.

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El diputado independiente Germán Velásquez,  exigió a representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que esa institución se involucre en la creación de políticas en materia de prevención, en situaciones como desastres naturales que constantemente ponen en riesgo la vida de los guatemaltecos.

Para tal efecto el legislador se reunió con Claudia Maselli, Procuradora Adjunta y Andrea Aldana, Defensora del Derecho a la Alimentación, de la PDH, a quienes hizo ver la importancia de la institución intervenga en crear e implementar los protocolos para la prevención de potenciales desastres.

El congresista mencionó como ejemplo el caso de la zona afectada por el Volcán de Fuego, como en zonas aledañas a volcanes, en todo el territorio nacional, para establecer rutas de evacuación adecuadas, a las que denominó \"Caminos de la Vida\".

El diputado, también  se refirió a los frecuentes accidentes de tránsito, la mayoría protagonizados por unidades del servicio de transporte extraurbano de pasajeros y solicitó la atención de la PDH, a fin de que participe en el eje de prevención y verifique la implementación de medidas destinadas a evitar este tipo de tragedias.

Además, mostró su preocupación por la conservación del agua y pidió a las funcionarias generar campañas a nivel nacional, para procurar la conservación y saneamiento del vital líquido.

Las representantes de la PDH, informaron que se desarrolla un estudio, por parte de la Universidad de San Carlos,  que busca garantizar la pureza del agua y se comprometieron a rendir cuentas en el mediano plazo para verificar los resultados de las peticiones del parlamentario.

Por Rodrigo Arias.

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Como parte de su labor de mediación el diputado Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió con representantes legales de la finca Cerro Redondo, ubicada en Barberena Santa Rosa, y miembros de la Asociación Civil Puerto Iztapa, quienes afrontan varios procesos de desalojo por ocupación de propiedad privada.

Según manifestó el abogado Walter Divas, la finca en cuestión es propiedad privada, lo que sustentó con documentos del Registro General de la Propiedad (RGP), sin embargo lleva varios años ocupada por 43 familias, quienes aducen que compraron los terrenos, pero nunca han presentado los documentos legales que los avalen.

Felipe Santos González encargado del despacho de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), señaló que, se ha tratado de realizar una ruta de dialogo con las familias asentadas en el lugar. “El problema es que se niegan a presentar documentos que avalen la compra de los terrenos”, lamentó el funcionario.

El legislador instó a los representantes de la Asociación Puerto Iztapa, para que presenten los comprobantes de pagos que señalan haber hecho por las tierras. “Otra medida que se puede adoptar para resolver el conflicto, es instalar  una mesa de diálogo donde participen diferentes instituciones, entre ellas el Fondo de Tierras”, explicó el legislador.

Por Wendy Sandoval.

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