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Diputados de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron con José Luis Benito, ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; funcionarios de la Dirección General de Caminos, (DGC); de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL), y alcaldes de los departamentos de Guatemala y Peten, para dialogar sobre la ejecución de los proyectos carreteros en dichas regiones.

Uno de los tramos abordados es el que comunica al municipio de San Raymundo, departamento de Guatemala, con la aldea Sajcavillá, de San Juan Sacatepéquez, Pese a que se cuenta con una donación de 48 mil quintales de cemento por parte de una empresa privada, aún no se ha levantado el evento.

“No entendemos por qué el retraso en este proyecto cuando una empresa cementera, como apoyo a la comunidad, está ofreciendo el material. No hay    avances al respecto”, indicó el parlamentario Carlos Barreda.

El Ministro comentó que se deben hacer los estudios correspondientes,  los cuales duran alrededor de seis meses, más los eventos de las bases para la adjudicación. “Giraré instrucciones para que se completen los requisitos necesarios y que este proyecto se pueda concretar”, dijo.

Luis Estrada, alcalde de San Francisco, Petén, denunció que continúa pendiente la reparación del tramo que comunica a su territorio con los municipios del Chal y Sayaxché,  y solicitó su pronta ejecución debido  ya que es un acceso importante y se encuentra en pésimas condiciones.

También se cuestionó a los funcionarios por la baja ejecución tanto en  Covial, con un 23 por ciento; como en Caminos, con un 35 por ciento. Otros que jefes ediles reclamaron que sus proyectos no aparecen ni siquiera  en el Plan Operativo Anual 2019, por lo que esta tarde se reunirán en el ministerio de Comunicaciones, para analizar caso por caso en busca de una solución.

Por Rosemary Recinos.

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El Congreso de la República entregó un aporte de recursos propios al Ministerio de Finanzas por Q10 millones para que se establezca un fondo para la atención de los niños y niñas que quedaron huérfanos, así como los que fueron afectados por quemaduras debido a la erupción del Volcán de Fuego, el pasado 3 de junio.

Así lo dio a conocer el presidente del Organismo Legislativo, Alvaro Arzú Escobar, durante la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque que se celebró este día para tratar diferentes temas.

Con este aporte el  Congreso  cumple con lo establecido en el Artículo 5, del Decreto 14-2018, con el que se ratificó el Estado de Calamidad tras la erupción del Volcán de Fuego. Las unidades ejecutoras del presente fondo, son la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

“Es el Ministerio de Finanzas el que se hará cargo de entregar Q5 millones a la PGN y Q5 millones al Ministerio de Salud para la atención de estos menores. En su momento estaremos invitando al Ministro de Salud y al Procurador General de la nación para que informen a los parlamentarios sobre el uso de estos fondos”, dijo el presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar.

El pasado 4 de junio, el Congreso de la República aprobó de emergencia, con al menos 105 votos, el Decreto14-2018 con el que ratificaba el Decreto Gubernativo 1-2018 por medio del cual el Ejecutivo declaró estado de calamidad en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, tras la erupción del Volcán de Fuego.

Por Wendy Sandoval

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El diputado Walter Félix, jefe de la bancada URNG-MAÍZ, sostuvo una reunión con autoridades de los ministerios de Finanzas Públicas (Minfin), Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y del Instituto Nacional de Bosques (Inab), para mediar en favor de los integrantes de la Red Nacional de Comunidades Organizadas, quienes solicitan una ampliación de Q73 millones para el programa de Incentivos forestales, conocido como PINPEP.

El legislador habló de la necesidad de asignar más recursos a los programas forestales a cargo del Inab, los cuales dijo “tienen un efecto positivo al ser una fuente de empleo y contribuyen a preservar el medio ambiente”.

El viceministro de finanzas, Víctor Martínez, informó que para el año 2019 se ha asignado un presupuesto de Q162 millones 114 mil para el programa de incentivos forestales para poseedoresde pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal o agroforestal (PINPEP); unos Q24 millones más que en 2018.

Para los integrantes de la Red Nacional de Comunidades Organizadas este dinero no es suficiente ya que ha aumentado considerablemente el deseo de los pequeños propietarios de participar, lo cual aseguran es beneficioso para el país y genera empleo.

“Estamos conscientes de la necesidad de tener el financiamiento adecuado debido a que año con año se suman más usuarios en los programas de reforestación”, opinó Rony Granados, gerente general del Inab.

Los funcionarios se comprometieron ante el diputado a entregar la solicitud de ampliación presupuestaria al Ministerio de Finanzas el próximo 15 de agosto del presente año. “La cartera de Agricultura es la que debe encontrar el espacio presupuestario en los programas que tiene a su cargo”, dijo el Viceministro de Finanzas.

El programa de incentivos forestales beneficia a 73 mil 371 personas directamente e indirectamente a 218 mil 763. Anualmente se recuperan 2 mil 500 hectáreas bosque, siendo las Verapaces, Petén y el occidente del país las áreas más beneficiadas.

Por Isabel Mazariegos

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El presidente del Congreso de la República, Álvaro  Arzú Escobar, participó en el lanzamiento del décimo segundo censo poblacional y séptimo censo habitacional, en el Palacio Nacional de la cultura, junto con el mandatario, Jimmy  Morales; el vicepresidente, Jafeth Cabrera; el ministro de Economía, Acisclo Valladares; y el gerente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Mauricio Guerra.

Durante el lanzamiento del Censo 2018 denominado “Abre la Puerta al Censo”, el presidente del Legislativo entregó a dos censistas, en forma simbólica, una mochila que contiene una gorra, playera y chaleco, como parte del inicio de trabajo de campo que empieza hoy  23 de julio y concluye el 16 de agosto.

El censo de población y vivienda es un proceso por medio del cual se hace un conteo y diagnóstico de todas las personas y viviendas del país en forma simultánea. La información está protegida, bajo secreto y se utiliza para fines estadísticos.

Unas 20 mil personas entre censistas, supervisores y pílotos, participarán en el proceso  en todo el territorio nacional. El último censo se hizo hace 16 años.

Entre las preguntas que se harán está: ¿Cuántas persona viven en la vivienda?, ¿Si la vivienda es propia o alquilada?, ¿Cómo elimina la mayor parte de la basura?, ¿Cuántas personas  laboran en la vivienda?..., entre otras.

Los censores no puede preguntas cosas personales como el salario,  información bancaria y lugar de trabajo,  por lo que se hace la recomendación que si alguien hace este tipo de preguntas se pueden denunciar al 1514.

Por Karla Herrera

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La instancia de Jefes de Bloque y Comisión Permanente escucharon este lunes a autoridades del Ministerio de Economía (Mineco) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), quienes durante su exposición pidieron  apoyo a los legisladores con el fin de concientizar a la población sobre la importancia del XII Censo Poblacional y VII de Vivienda, que arrancó hoy con su lanzamiento oficial en el Palacio Nacional de la Cultura.

Según lo explicó Acisclo Valladares, titular del Mineco, esta herramienta que consta de tres etapas (la precensal, censal y post censal), contará con un despliegue de no menos de 14 mil censistas debidamente identificados, quienes recopilarán la información de los guatemaltecos a partir del 23 de julio hasta el 16 de agosto.

“La diferencia de este censo con otros, es que ahora Guatemala cuenta con una cartografía digital con datos georeferenciados que cumple con estándares internacionales lo cual permitirá obtener datos validos y confiables permitiendo la reorientación de las políticas públicas del Estado”, aseguró Valladares.

Entre las dudas de los congresistas destacó lo referente a seguridad con la que se llevará a cabo el proceso, la contratación del personal para el efecto, así como la campaña de socialización que se le ha dado al tema. “Nos preocupa el tema seguridad y confianza que se le dé a la población, para garantizar que este ejercicio sea exitoso”, dijo el subjefe del Partido de Avanzada Nacional, Manuel Conde.

Nestor Guerra, gerente del INE, afirmó que dicho ente han trabajado en alianzas interinstitucionales que garanticen la seguridad de los guatemaltecos. “Los censistas están completamente identificados lo cual genera confianza al entrevistado, para el efecto se ha habilitado el número 1514 donde los ciudadanos podrán pedir orientación sobre el proceso y podrán consultar los datos del personal encargado de la recopilación de los datos”.

Indicó también que esta segunda fase que concluirá el 16 de agosto, dará paso a la etapa post censal, que constituye el análisis de la información y la que finalizará en agosto del 2019, fecha en el que se tendrá el resultado. “Es importante que la población este consiente que la información que bride será utilizada únicamente para fines estadísticos y esta protegida bajo el secreto estadístico, que esta normado en el Decreto 3-85 de la Ley Orgánica del INE”, concluyó Guerra.

Por Karen Mendoza

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La Comisión Pesquisidora, electa para conocer el antejuicio promovido en contra del ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Carlos Soto Menegazzo, se reunió este día para conocer las pruebas de descargo presentadas por el antejuiciado, tal y como lo establece la Ley en Materia de Antejuicio

El antejuicio 147-2018, fue promovido contra el ministro del MSPAS, Carlos Soto, por la licenciada María Rosy Beltrán, por una supuesta desobediencia a una orden del Juzgado de Trabajo emitida el 22 de marzo de 2018, de reinstalar en su área laboral, a una trabajadora de esa entidad,

Los pesquisidores  Javier Hernández, segundo vicepresidente;  Estuardo Galdámez, primer secretario y Jorge Arévalo, quinto secretario, se reunieron con Soto Menegazzo para informarle de cómo se encuentra el proceso en su contra.

“Al parecer existe un desistimiento de parte de la demandante y de la sala de Trabajo y Previsión Social correspondiente,  debido a que la persona aludida habría sido reinstalada en sus funciones”, informó el Segundo Vicepresidente.

La próxima semana la Comisión Pesquisidora se reunirá nuevamente con el objetivo de elaborar el informe final del expediente, el cual será entregado al pleno del legislativo para su conocimiento posterior.

La Ley en Materia de Antejuicio establece que la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

Para el desempeño de sus funciones, todos los funcionarios y empleados están obligados a prestar su plena colaboración a la Comisión. Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso.

Por Fernando Bolaños

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Funcionarios del Ministerio de Salud, Contraloría General de Cuentas y Dirección de Bienes del Estado, comparecieron ante diputados de la Comisión de Pueblos, quienes pidieron un informe de los avances en la construcción del Centro de Salud de la aldea Salquil Grande, municipio de Nebaj, departamento de Quiche,  en favor de los 28 mil habitantes de la localidad.

En la reunión estuvieron presentes autoridades ancestrales y pobladores de la referida aldea quienes pidieron la intermediación de los diputados ya que desde hace cinco años vienen luchando por que se empiece la obra, y no hay modo.

“Como autoridad exigimos que  se agilice la construcción de esa obra. Sabemos que se tienen los recursos disponibles y queremos que el Ministerio de Salud cumpla y concluya la construcción”, dijo Miguel Rivera, representante de la Municipalidad Indígena en llegar a cabo la construcción”.

El diputado independiente Eduardo Cruz Gómez, representante por el distrito del Quiché, explicó que “desde el año 2012 la población de la aldea solicitó la construcción del centro de salud, la cual se ha atrasado por culpa de varias dificultades y obstáculos legales en las instituciones encargadas en ejecutar los proyectos de infraestructura”.

Según explicó hay fondos para ejecutar la obra, y exigió a las autoridades de Salud, Contraloría General de Cuentas y Dirección de Bienes del Estado que agilicen los trámites y empiecen a construir.

Julio García Colindres, viceministro de Atención Primaria en Salud, contó que han revisado la documentación y que todo está en orden.   “Los recursos financieros, Q1.5 millones,  ya están destinado y programados. “Estamos a la espera que se complete el trámite administrativo en la Dirección de Bienes del Estado y otras instituciones para iniciar la construcción de la obra”, aseguró.

Fernando Fernández, sub contralor de la Contraloría de Cuentas, comentó que uno de los obstáculos es que no pueden construir en terrenos que no sean propiedad del Estado. “Sabemos que hay una acta de parte de la corporación municipal que indica que se hizo la donación del terreno, pero falta por completar el procedimiento, hasta que esto no se haga es imposible invertir en la construcción de lo contrario nos veremos obligados a interponer una denuncia penal”.

La representante de la Dirección de Bienes del Estado informó que el expediente está en esa institución pero que se deben completar otros requisitos legales. “Estaré enviando hoy por la tarde un informe ejecutivo para que los diputados lo conozcan y las demás instituciones encargadas se enteren del caso”.

En el desarrollo de la reunión el diputado independiente Eduardo Cruz Gómez y el congresista Víctor Manuel Cruz, del bloque FCN-Nación, insistieron en que es urgente que se agilicen los procedimientos administrativos en las instituciones y se complete la documentación del caso, también indicaron que es preciso que se garantice el derecho a la salud y vida de los pobladores de esa área ixil del país.

El parlamentario Leocadio Juracán, de Convergencia, emplaz a las autoridades para que agilicen los procedimientos y que se inicie la construcción del centro de salud para que funcione y atiendan a los habitantes de la aldea Salquil Grande, Nebaj, Quiché.

“Convocaremos a una nueva reunión para que nos informen de los avances y se concluya con la documentación del caso”, dijo el diputado Juracán.

Por José Castellanos

 

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Los congresistas de la Comisión de Turismo están preocupados por el impacto negativo que ha ocasionado en el comercio y turismo de cruceros el cierre temporal de la Ruta Nacional 14; y junto con autoridades locales, gubernamentales y vecinos trabajan en la búsqueda de una solución y una ruta alterna que viabilice el traslado de los visitantes que ingresan al país en barco, por Puerto Quetzal, y quieren visitar Antigua Guatemala.

“Debemos encontrar una pronta solución al problema, ya que esto puede afectar seriamente la situación de ingreso de turistas a Guatemala”,  lamentó el diputado Marcos Yax.

Para tratar el tema, los congresistas se reunieron con representantes de agencias de viajes,  municipalidad de Villa Nueva e Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), con quienes trataron la posibilidad de crear o abrir rutas alternas para que los turistas que llegan al país en crucero puedan visitar antigua Guatemala y regresar a la hora que tiene estipulado el barco para zarpar.

Con el cierre temporal de la Ruta Nacional 14 ha disminuido la afluencia del turismo de cruceros a Antigua Guatemala. Los comerciantes aseguran que cerca de un 15% de la clientela son turistas que bajan de los cruceros y ya no llegan, lo cual está afectando económicamente a los negocios.

Una aproximado de 120 embarcaciones ingresan al país al año con turistas; el principal destino terrestre es Antigua Guatemala y el traslado se ha visto afectado por el cierre de la Ruta Nacional 14. La ruta más expedita en estos momentos es la de Bárcenas, Villa Nueva, sin embargo se complica por la alta afluencia vehicular.

Los afectados piden a las autoridades de Amatitlán, Villa Nueva y Santa Lucía Milpas Altas su apoyo para que fluya el tránsito y brinden seguridad a quienes visitan el país por barco y quieren visitar por unas horas a la Ciudad Colonial.

Los congresistas crearon una mesa de trabajo donde se dará seguimiento al tema y anunciaron que efectuarán visitas de campo para evaluar  la posibilidad de abrir rutas alternas además de la de Bárcenas, Villa Nueva.

Por Estuardo Zeceña

 

 

 

 

 

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) entregaron un análisis de las anomalías encontradas en ejecución presupuestaria hecha durante el Estado de Calamidad que fue decretado por el Ejecutivo tras la erupción del volcán de Fuego, el pasado tres de junio.

La diputada Nineth Montenegro, jefa de bancada, dijo que al 12 de julio se habían adjudicado  364 adquisiciones por Q686 millones; de estas el 81 por ciento fueron compras hechas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

Montenegro lamentó que no hay claridad en estos gastos. “Mientras el CIV adjudicó  la  construcción de 1 mil viviendas a una empresa privada,  el Fondo de Desarrollo Social (FODES), ha comprado material de construcción que no sabemos si es para entregarlo a la empresa o si se utilizará en otras cosas, lo cual representa una ilegalidad en ambos casos”.

Las dudas se amplían en el sentido que tampoco existe la certeza de que las 1 mil viviendas sean para los damnificados de la tragedia del volcán de Fuego, o si las van a destinar hacia otros proyectos, por lo que los congresistas explicaron que consideran pertinente citar a los representantes del CIV y del FODES para la próxima semana.

Los diputados quieren además que les expliquen a qué se debe la sobrevaloración que han encontrado en las compras hechas por el FODES, que incluyen costaneras, láminas acanaladas, arena de río y otros materiales de construcción.  “Estimamos que la sobrevaloración podría alcanzar  unos Q2.5 millones”, explicó la congresista.

El diputado Dorian Taracena advirtió que tampoco encontraron los contratos que deberían existir para avalar la construcción de las viviendas, mucho menos el establecimiento de las fianzas, lo que deja desprotegidos los recursos del Estado.

En un segundo tema, los congresistas presentaron un balance de la ejecución presupuestaria general del Estado, donde evidenciaron que continúan existiendo mayores gastos en funcionamiento comparado con la  inversión social.

“La administración central ha ejecutado hasta el momento  un 42% del Presupuesto General de la Nación 2018, pero los ministerios que deben invertir en el desarrollo social son los que menores porcentajes presentan, y a pesar de esa ineficiencia pretenden aumentar en más de Q11 mil millones el presupuesto  del próximo año”, concluyó la diputada Montenegro.

Por Mayra Recinos

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