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La diputada Delia Back, del bloque Alianza Ciudadana (AC), se reunió este jueves con autoridades de la Dirección General de Caminos, y de Conservación Víal (Covial), del Ministerio de Comunicaciones, para trasladarles la solicitud de los pobladores de seis aldeas de municipios de Chimaltenango, quienes piden la construcción de puentes colgantes y la habilitación de rutas de acceso en comunidades afectadas por la erupción del Volcán de Fuego.

El alcalde de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango, Bernabé Ajín, pidió que se habiliten dos puentes colgantes y un tramo carretero que comunica a seis comunidades, entre ellas: Panimaché 1, Panimaché 2, El Porvenir, Santa Sofía y Los Yucales. Los comunitarios están en alto riesgo ya que habitan en los alrededor de las faldas del volcán de Fuego. “Sin vías de comunicación no tendríamos la capacidad de evacuarlos al momento de ocurrir otro desastre natural”,  indicó angustiado el jefe edil.

Juan José Hanser, director General de Caminos, dijo que lamentablemente este año no cuentan con presupuesto aprobado para la ejecución de ese tipo de proyectos, sin embargo, harán los análisis correspondientes para incluirlos en su Plan Operativo Anual (POA), del 2019.

Juan Carlos Méndez, director de Covial, tampoco pudo dar una respuesta inmediata a la necesidad de los pobladores. “Desde el 2010 se aprobó un Acuerdo Gubernativo que nos prohíbe como institución  la construcción de puentes, sin embargo continuamos dando mantenimiento a los tramos carreteros”, dijo Méndez.

La diputad Back lamentó que ninguno de los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones pueda resolver los problemas que enfrentan los guatemaltecos. “Señores comunitarios ni Covial ni Caminos tienen la capacidad de construir a corto plazo las obras que ustedes tanto necesitan, lo mejor es buscar otras instituciones que puedan solventar esta crisis”, concluyó la congresista.

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La diputada Sandra Morán, subjefa de la bancada Convergencia, se reunió con varias organizaciones y representantes de comunidades que sufren discriminación,  a quienes invitó a participar, con sus aportes, en la elaboración de una nueva iniciativa que tipifique y prevenga los delitos por prejuicio.

Durante la sesión de trabajo, la diputada analizó junto con los presentes, la iniciativa 5278 que disponía aprobar sanciones a los crímenes por prejuicio y reformar el decreto 17-37 del Congreso de la República, Código Penal, la cual recibió dictamen desfavorable el año pasado, debido a que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, consideró innecesaria la modificación a dicho artículo.

En su afán de retomar el tema y legislar al respecto, la diputada Morán manifestó que es necesario solicitar la participación del sector justicia a la mesa técnica, con el fin de  presentar los argumentos necesarios para demostrar que “se necesita una ley específica para castigar los delitos como corresponda”,  opinó la diputada Morán.

Víctor Ávila, asesor legal de la organización SOMOS, sugirió hacer una exposición de motivos con datos estadísticos de violencia que sufren las personas por discriminación, para  recordar la importancia de la aprobación de esta ley.

Para concluir, y atendiendo las peticiones de las organizaciones, la legisladora solicitó a cada uno de los presentes que trasladen sus propuestas para enriquecer el contenido de la nueva iniciativa, y los exhortó a que inviten a otras organizaciones a unirse. “Mientras más seamos, es mejor”, concluyó la parlamentaria.

Por Astrid González

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El presidente del Congreso, Alvaro Arzú Escobar, e integrantes de la Comisión de Economía junto con el presidente del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), Carlos Tabush, presentaron la iniciativa de ley que crea el Instituto de Vivienda, con la cual se busca dar facilidades a las personas para que puedan acceder a un techo digno.

El diputado Arzú Escobar expresó que “la iniciativa es una herramienta que ayudará a los guatemaltecos a cumplir su sueño, pues el contar con una vivienda propia y con todos los servicios básicos, dignifica a la persona”.

Los integrantes de la Comisión de Economía, y el presidente del FHA, Carlos Tabush, explicaron que la normativa busca que más guatemaltecos, puedan acceder de una forma fácil a una vivienda, a través  de un financiamiento propio.

“Lo que se busca es que el trabajador y el patrono otorguen una cuota mensual al Instituto de Vivienda para almacenar un fondo, que luego serviría para compra de la vivienda”, explicó el presidente de la Comisión de Economía, Carlos Barreda.

El déficit cualitativo, referente a las viviendas que no cuentan con servicios básicos o que necesitan mejoras sustanciales en aspectos como piso o techo, es de  cerca del 1 millón 298 mil 220 unidades, “En el 2017 la falta de vivienda en el país era de 1 millón 598 mil 970 unidades, esto es, 53 mil 972 más que en el 2016”, informó el presidente del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).

El presidente del Congreso dijo que en los próximos días se estará buscando el apoyo de las diferentes bancadas para que el proyecto sea conocido lo antes posible. “La norma entra en la agenda de reactivación económica que se impulsa desde la presidencia del Organismo Legislativo”, dijo Arzú Escobar.

Por Byron Ramírez

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Congresistas de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario se reunieron con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y el delgado departamental de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en San Marcos, para conocer informe de  la CNEE sobre cortes colectivos de energía eléctrica hechos por la Distribuidora de Energía Eléctrica de Occidente S.A (Deocsa), en los municipios de Tacaná y San Pablo en San Marcos.

A la reunión acudieron personeros y técnicos de Deocsa, de Energuate y los alcaldes de los municipios de Tacana y San Pablo, quienes denunciaron que les están cortando el suministro del servicio eléctrico y que hay un incremento en las facturas.

Al respecto, José Rafael Argueta, gerente de Fiscalización de la CNEE indicó que ellos están cumpliendo con la ley. “No se han cumplido con algunos pagos de cuotas en el caso de la municipalidad de Tacaná donde existe un convenio de pago por la deuda de más de Q 14 millones y no se han ejecutado. El incremento significativo en valor de la facturación es debido al aumento en la demanda que genera gastos esa es la razón del incremento”.

Eugenio Hernández, alcalde de Tacaná y José Rafael Maldonado, jefe edil de San Pablo, se mostraron inconformes con el resultado de los informes y aseguran que los habitantes están molestos, debido a que los cortes del alumbrado público está afectando la seguridad, específicamente en el caso urbano del San Pablo.  En Tacaná, el jefe edil aseguró que ya han cancelado y que  están al día en los pagos”.

“Como autoridades nos vemos perjudicados y afectados ya que las comunidades nos exigen y demandas al límite de querernos agredir. Es insoportable que corten el servicio por varios días, incluso meses y es por eso que nosotros como representes estamos interesados en que se solucionen los problemas”, dijo el diputado Juan Carlos Salanic, integrante de la comisión, del bloque UNE.

Luis Enrique Morales, delegado departamental de la PDH, dijo que ellos no van a proteger los interés de ninguna entidad privada. “Nuestra misión es velar para que no sean violados los derechos de los ciudadanos y aquí hay violaciones graves y serias, tenemos que accionar de forma inmediata para detener las anomalías que lesionan los derechos colectivos de la sociedad”.

lLa diputada Lesly Valenzuela de Paz, presidenta de la referida sala de trabajo, solicitó al delegado departamental de la PDH que interponga un amparo en las instancias judiciales para que se restablezca inmediatamente el servicio eléctrico. “Vamos a evaluar varias acciones a seguir, ya que hay incumplimiento de Deocsa y un débil accionar de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica”.

Por José Castellanos

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La diputada Sofía Hernández Herrera, del bloque Alianza Ciudadana (AC), se reunió con funcionarios de los ministerios de Energía y Minas, Economía, Ambiente y Recursos Naturales, y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), a quienes requirió información sobre las causas del incendio  de la planta de gas propano Tropigas, en la zona 12, de la capital.

“Nos preocupa que es un producto altamente inflamable y peligro para la salud de las personas, y que hay viviendas cercanas a las instalaciones de las plantas de gas propano. Nuestro interés es que exista mayor seguridad para la población, es por eso que estamos fiscalizando el caso al cual estaremos dando seguimiento”, comentó la representante Hernández Herrera.

A la reunión acudieron representantes de las empresas Zetas Gas, Da-Gas, Gas Único, Grupo Tomza, Gas Metropolitano y Tropigas, a quienes se les solicitó un informe de operaciones y de medidas de seguridad.

Los representantes de las empresas privadas, tanto comercializadoras como distribuidoras de productos de gas propano en el país, informaron  que se han incrementado los protocolos de seguridad, entre planes y medidas de prevención para actuar de inmediato por cualquier incidente que pueda pasar, como el ocurrido el domingo último.

“Hemos constatado que lo que motivó las explosiones fue una válvula de protección que falló y fracturó la parte de seguridad de la válvula. No hubo forma de detener el flujo del gas, el cilindro perdió el control y golpeó contra otros cilindros y estos generaron las chispas que provocaron el fuego y se activó el protocolo de seguridad”, explicó Ronald Salanic, ingeniero industrial de la empresa Tropigas.

Los representantes de las empresas privadas de gas propano indicaron que a partir de los hechos se han incrementado los protocolos de seguridad tanto dentro de las instalaciones como fuera de las plantas.

Las autoridades de los ministerios de Energía y Minas, Economía, Ambiente y Recursos Naturales, y la Diaco dieron a conocer que se enviaron a representantes para que verificaran e inspeccionaran lo ocurrido y se están analizando las acciones legales y medidas a seguir.

Alejandro Pereira, director de la Diaco dijo: “Es lamentable lo que sucedió en las instalaciones de la empresa del grupo Tomza y fueron buenas las medidas de seguridad industrial que optaron, así como la intervención de los cuerpos de socorro ya que no se registraron hechos lamentables ni tragedias humanas.

Por José Castellanos

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La Comisión del Menor y la Familia se reunió con varias instituciones gubernamentales que tienen bajo su responsabilidad fomentar programas para el desarrollo y protección integral de la niñez y la adolescencia, para conocer los resultados del análisis de los informes sobre la ejecución presupuestaria del 2017, y primer semestre del 2018.

Los parlamentarios cuestionaron a los funcionarios por la falta de cumplimento en el envío de los informes y solicitaron una explicación por la baja ejecución presupuestaria que dejó en evidencia el análisis hecho por la Comisión.

En total fueron 11 las instituciones evaluadas, y se concluyó que todas presentan  una ejecución abajo del 50%, hecho que preocupa a la Comisión ya que esto representa un impacto negativo en el desarrollo de los menores.

“¿Por qué si se cuenta con el dinero, se ha ejecutado tan poco?”, cuestionó el legislador Walter Félix, presidente de la Comisión, quien agregó que le interesa conocer las medidas para solucionar la mala ejecución del gasto.

El viceministro de educación, Daniel Domingo López, respondió que en el caso de la  cartera que representa “los primeros meses, la baja ejecución presupuestaria se dio por los procesos administrativos”.

Para concluir, los diputados indicaron que propondrán que se lleven a cabo reuniones bilaterales integradas por la Comisión del Menor y la Familia, y varias instituciones ligadas al tema, con el propósito de coadyuvar en la ejecución de los programas en favor de los menores.

“Hagamos las cosas a conciencia para alcanzar las metas previstas y asegurar el crecimiento del país”, recomendó el diputado, Leonardo Camey; a lo que el Legislador Félix agregó: “Trabajaremos a fondo en este tema, ya que  el desarrollo integral de la niñez  y la familia es estratégico para el desarrollo integral del país”, concluyeron.

Por Astrid González

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Integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), que coordina el congresista Jairo Flores (UNE), se reunieron con Mario Touchette, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, y Eduardo Stein de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), quienes presentaron a los legisladores la “Estrategia a Largo Plazo para Reducir la Desnutrición Crónica Hacia el Año 2030”.

En opinión del diputado Flores, dicho documento refleja que una de las grandes falencias del Estado en cuanto al combate de este flagelo es la falta de coordinación interinstitucional. “Este informe nos provee una análisis completo de lo que no ha permitido que las políticas públicas en esta materia, presenten resultados favorables”.

“Se debe fortalecer la coordinación a nivel departamental, y es sumamente importante la inclusión del sector privado para el desarrollo de las condiciones que le permitan a Guatemala, reducir los indicadores en este tema de forma eficiente”, dijo el representante del PMA.

Otro de los temas  primordiales en la estrategia es que se retomen programas como el de transferencias monetarias condicionadas y la ventana de los mil días. Modelos que han sido implementados exitosamente en países como Chile, Perú y Brasil, según lo expuesto por Touchette.

Por aparte, el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza, y coordinador del FPH, anunció la intención de  celebrar un foro público con la participación de los diversos sectores de la sociedad guatemalteca, en el que se analice la referida propuesta.

Según registros del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cuatro de cada diez niños menores de cinco años, que suma el 43.4% de este grupo etario en Guatemala,  presentan desnutrición crónica, condición que provoca falta de retención escolar, baja productividad, propensión a adquirir enfermedades y pérdida del coeficiente intelectual, efectos irreversibles durante toda la vida.

Por Karen Mendoza

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Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Superintendencia del Transporte Público Municipal, comparecieron ante diputados de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República, para explicar, tal y como les habían solicitado en reuniones anteriores, las razones por las cuales no se ha pagado la cuota patronal al seguro social de los trabajadores del transurbano.

Edgar Guerra, defensor de los usuarios  del transporte público de la PDH, indicó que de acuerdo al expediente EIO.GUA.3602-2017/DESC, y otros expedientes acumulados, se declaró la  violación del derecho humano a la seguridad social de los trabajadores de las empresas Expansión Corporativa Milenium, S.A.; y Rutas Metropolitanas de Transporte, S.A.

“De acuerdo a los derechos reconocidos en el artículo 100 de la Constitución Política de la República, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la PDH determinó desde febrero pasado que existe eminente violación a los derechos de los trabajadores de las empresas en mención”, explicó Guerra.

Los congresistas también trataron el tema referente a la ampliación de la denuncia planteada por el MINTRAB por incumplimiento de Leyes laborales. “No  solo es el impago de la cuota patronal, se debe incluir el delito de retención del dinero de los trabajadores, ya que todos estos años les han hecho el descuento pero no han trasladado los recursos al IGSS”, aseveró el diputado Pop quien pidió una solución pronta al problema.

En primera instancia, el subgerente financiero del IGSS, Edson Rivera, deberá presentar a la Comisión una ruta legal que permita a los trabajadores del transporte poder acceder a los servicios del Seguro Social. “Esto es un derecho humano, y es inconcebible que debido al incumplimiento de los patronos se estén perdiendo vidas de guatemaltecos trabajadores”, lamentó Pop.

A la reunión  asistieron el viceministro de Trabajo, Francisco Sandoval; Jonathan del Cid, superintendente de Transporte Público Municipal y representantes de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), quienes escucharon las quejas de los trabajadores y la solicitud de los diputados, quienes continuarán dando seguimiento al tema hasta que  se solucione el problema.

Otra de las peticiones hechas por el congresista es la agilización de los procesos para autorizar nuevas líneas de transporte, así como la cancelación de las rutas que no cumplen con los requisitos establecidos, actividad que está  a cargo de la Superintendencia del Transporte Público Municipal.

Por Mayra Recinos

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Integrantes de  la Comisión de la Mujer, que preside el diputado Aníbal Rojas, sostuvieron una reunión con el director del Instituto Nacional Demócrata (NDI) Hugo Novales, para coordinar la instalación de las mesas técnicas, el próximo 6 de agosto, donde se analizarán las iniciativas de ley 5376 y 5395, en favor de los menores y de la identidad de género, respectivamente.

“La discusión tendrá una duración de dos meses y para enriquecer el contenido de las propuestas se invitará a la sociedad civil, sectores de justicia y gobierno, para que presenten su aportes”, enfatizó Hugo Novales.

La Iniciativa 5376 pretende aprobar la Ley para la Protección Integral, Acceso a la Justicia, Reparación  Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia  Sexual, Explotación  Sexual y Trata  de Personas, propuesta por la  diputada  Sandra Morán y Enrique Álvarez, el 15 de febrero de este año.

La ley 5395, de identidad de género, presentada por los diputados Walter Félix y Sandra Morán, busca el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Establece que todas las personas tienen el derecho de ser libres de discriminación, sobre su preferencia sexual.

La vicepresidenta de esta sala de trabajo, diputada Ileana Calles, quien presidió la reunión, aseguró que se espera que las mesas técnicas sean de utilidad para el análisis de estas iniciativas de ley. “Las conclusiones y aportes serán tomados en cuenta a la hora de emitir dictamen”, dijo.

Por Karla Herrera

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