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Con el  fin de solucionar las inconformidades de los habitantes del departamento de  Totonicapán, por los cobros que el Registro Nacional de Personal (RENAP) realiza para  los distintos trámites, los diputados Iván y Edgar Arévalo, Juan Alcázar y Manuel Barquín, sostuvieron una reunión con  representantes de los 48 cantones de dicho  distrito, Director del RENAP,  Rudy Gallardo y Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla.

La reunión  se llevó  a cabo debido al rechazo que manifiestan los vecinos  de Totonicapán, porque ahora en el Renap para  la adquisición del DPI, partidas de nacimiento, actas de defunción,  que son entregados por el RENAP, se cobran más de 16 quetzales  a pesar que el precio anterior era de 2 quetzales.

De esa cuenta, la petición de los  representantes de los 48 cantones es que  continúe lo establecido en el Convenio  firmado por autoridades del RENAP y líderes de Totonicapán en 2008,   el documento contempla que el cobro por cualquier trámite es de 2 quetzales.

“Nosotros como diputados representantes de Totonicapán, estamos en la disposición de realizar negociaciones entre el directorio del RENAP y los habitantes de nuestro departamento,  y buscar el beneficio  para la población y evitar incidentes”,  aseguró el diputado Ivan Arévalo de la bancada del Partido Patriota.

Los integrantes  del Directorio del RENAP,  el cual es  presidido por el Ministro de  Gobernación, Mauricio López Bonilla, manifestaron que analizarán la solicitud y la próxima semana darán respuesta a sus peticiones.

Por Karla Herrera.

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El diputado Amílcar Pop  quien preside la Comisión de Probidad, retomó la investigación que se sigue  en contra  de los responsables de cometer abusos deshonestos y sexuales  desde hace varios años, en contra de niñas y niños en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz.

Para dar seguimiento al tema, el parlamentario  citó a las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, y la Defensoría de la Mujer Indígena, ya que existen varias denuncias en contra de un ciudadano francés que desde el 2006 ha cometido abusos sexuales contra menores del lugar, sin que al momento existe una acusación formal.

“Se ha generado un marco de impunidad y se han reproducido esas violaciones contra mujeres y niños por parte de este ciudadano francés. Además, existen denuncias3. contra un padre de familia, que trabaja para este extranjero, que  ha cometido abuso contra su hija, dejando tres hijos producto de ese incesto”, comentó el legislador.

Ante su preocupación, el diputado dio plazo de una semana para que el Ministerio Público y la PGN, avancen y agilicen los procesos penales en contra de las personas sindicadas de abusos deshonestos contra mujeres y niños.


Por Elizabeth Linares.

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El diputado Amílcar Pop  quien preside la Comisión de Probidad, retomó la investigación que se sigue  en contra  de los responsables de cometer abusos deshonestos y sexuales  desde hace varios años, en contra de niñas y niños en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz.

Para dar seguimiento al tema, el parlamentario  citó a las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, y la Defensoría de la Mujer Indígena, ya que existen varias denuncias en contra de un ciudadano francés que desde el 2006 ha cometido abusos sexuales contra menores del lugar, sin que al momento existe una acusación formal.

“Se ha generado un marco de impunidad y se han reproducido esas violaciones contra mujeres y niños por parte de este ciudadano francés. Además, existen denuncias3. contra un padre de familia, que trabaja para este extranjero, que  ha cometido abuso contra su hija, dejando tres hijos producto de ese incesto”, comentó el legislador.

Ante su preocupación, el diputado dio plazo de una semana para que el Ministerio Público y la PGN, avancen y agilicen los procesos penales en contra de las personas sindicadas de abusos deshonestos contra mujeres y niños.


Por Elizabeth Linares.

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La Comisión de Apoyo Técnico invita a diputados y asesores del Congreso de la República de Guatemala a recibir el Diplomado Realidad Nacional IV promoción.

El Presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, diputado Carlos Alberto Martínez Castellanos a través del Instituto de Estudios Legislativos -IEL- y el apoyo del Instituto de Análisis e Investigación de los problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC- y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria –NIMD- convoca al Diplomado Realidad Nacional IV Promoción a realizarse a partir del mes de Julio del presente año. 

Los interesados pueden realizar su pre inscripción  en las oficinas de la Comisión Legislativa,  ubicadas  en el octavo nivel del  edificio 7 y 10,   proceso que concluirá el jueves 26 de junio.

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Por unanimidad el  Pleno diputados y diputadas del Congreso de la República aprobaron una Moción Privilegiada, para elegir y juramentar a los profesionales del derecho Julio Cesar Rivera Clavería, Edgar Enrique Lemus Orellana y Ronny  Elías López Jerez, como  integrantes del Consejo del Ministerio Público.

El Consejo del Ministerio Público  es presidido por  la Fiscal  General de la República, Thelma Aldana,  por lo que  duran en sus funciones  el mismo tiempo según el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.  “El congreso de la República una vez nombrado el  Fiscal General, elegirá   a tres miembros entre los postulados  a dicho cargo, para el periodo que corresponda al Fiscal General del Ministerio Público…”.

La normativa interna,  también  establece  las funciones y atribuciones de los integrantes del Consejo. Articulo 21,  El consejo podrá citar al Director de la Policía Nacional Civil y a los funcionarios de los demás órganos de seguridad del   Estado para que rinda informes y opiniones.

Durante la sesión,  se concluyó  la aprobación de la Ley para la Protección de Obtención Vegetales, en donde el principal objetivo de la misma es el reconocimiento y protección de los derechos del obtentor de una variedad vegetal nueva, amparado por un título de protección vegetal.

Además,  el Pleno Legislativo aprobó un Acuerdo Legislativo por medio del cual, se declara el nueve de junio de cada año como el Día de Miguel Ángel Asturias Rosales, como reconocimiento póstumo al aporte del Nobel de la Literatura Universal.

Por Karla Herrera.
 

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El Presidente de la Comisión de Legislación, Oliverio García Rodas conjuntamente con los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia escuchó este día un recorrido histórico sobre la pena de muerte en Guatemala,  así como del Recurso de Gracia, hecho por tres diferentes instituciones.

Durante la reunión, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, realizaron un análisis de cómo se ha aplicado la pena de muerte en el país  y sobre las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado en los casos que ha sido consultada.

Según,  David Dávila del Centro de Estudios de Guatemala (CEG),  la pena de muerte ya no es aplicable en nuestro país. “La CIDH  en sus sentencias ha estipulado que Guatemala no puede ampliar  a otros delitos la pena de muerte y en los que ya lo tienen como el de secuestro, ya no  es aplicable”.

El Presidente de la Comisión de Legislación, Oliverio García Rodas indicó que lo expuesto este día  será tomado en cuenta en el análisis que los diputados deben realizar para emitir un dictamen, aunque advierte que este es un tema de amplia discusión. “En la próxima reunión que llevaremos a cabo el 25 de junio, contaremos con la presencia del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien nos presentará un diagnóstico de la realidad del Sistema Penitenciario.

Las Iniciativas que hacen referencia al indulto o Recurso de Gracia, que se encuentran pendientes de dictamen son la 4728 Ley Reguladora del Recurso de Gracia o Perdón Presidencial de la Pena de Muerte  y  4817 Ley para la Regular el Recurso de Gracia en la Legislación Guatemalteca.

Por Mayra Recinos.
 

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El Presidente de la Comisión de Legislación, Oliverio García Rodas conjuntamente con los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia escuchó este día un recorrido histórico sobre la pena de muerte en Guatemala,  así como del Recurso de Gracia, hecho por tres diferentes instituciones.

Durante la reunión, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, realizaron un análisis de cómo se ha aplicado la pena de muerte en el país  y sobre las resoluciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado en los casos que ha sido consultada.

Según,  David Dávila del Centro de Estudios de Guatemala (CEG),  la pena de muerte ya no es aplicable en nuestro país. “La CIDH  en sus sentencias ha estipulado que Guatemala no puede ampliar  a otros delitos la pena de muerte y en los que ya lo tienen como el de secuestro, ya no  es aplicable”.

El Presidente de la Comisión de Legislación, Oliverio García Rodas indicó que lo expuesto este día  será tomado en cuenta en el análisis que los diputados deben realizar para emitir un dictamen, aunque advierte que este es un tema de amplia discusión. “En la próxima reunión que llevaremos a cabo el 25 de junio, contaremos con la presencia del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, quien nos presentará un diagnóstico de la realidad del Sistema Penitenciario.

Las Iniciativas que hacen referencia al indulto o Recurso de Gracia, que se encuentran pendientes de dictamen son la 4728 Ley Reguladora del Recurso de Gracia o Perdón Presidencial de la Pena de Muerte  y  4817 Ley para la Regular el Recurso de Gracia en la Legislación Guatemalteca.

Por Mayra Recinos.
 

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Los  jefes  de  las  bancadas  Winaq,  Amílcar  Pop  y  URNG-MAÍZ ,  Walter  Félix, se  reunieron  con  autoridades  del  Ministerio  de  Cultura,  Comisión  Liquidadora  de  FONAPAZ   y  Contraloría  General  de  Cuentas,  para  que  dieran  a  conocer  los  informes  oficiales  sobre  la  ejecución  del  Programa  Nacional  de  Resarcimiento  y  los  avances  en  los  proyectos  de  vivienda  y  centros  culturales  en  varios  departamentos.

“Estamos  preocupados  por los   24  millones  de  quetzales  que  fueron  asignados,   para  la  construcción  de  cuatro  conservatorios  de  música  que  fueron  despilfarrados  en  el  gobierno  anterior,    hay  funcionarios  responsables del  mal  uso de los recursos financieros;  también  existe  la  inquietud  por  más  de  28  millones  de  quetzales  para  la  construcción  de  viviendas  para  víctimas  del  conflicto  armado  interno. Vemos  que  las  instituciones no  están  respondiendo   a  lo  que  se  pacto”, refirió el  jefe  de  la  bancada  Winaq,   Amílcar  Pop.

Por  su  parte,   Héctor  Valdez,  integrante  de  la  Comisión  Liquidadora  de  FONAPAZ,  comentó:  “Estamos  pendientes  del  traslado de los expedientes   y  los  espacios  presupuestarios al  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  se han analizado 17  proyectos   entre  ellos,  la  construcción  de  más  4  mil  viviendas,   mausoleos  y  centros  culturales”.

A  la  reunión  fue  se  citado  el  Presidente del  Programa  Nacional  de  Resarcimiento, Jorge Herrera,   para  que   explicara  cómo  está  el  avance  de  los  convenios  suscritos  con  otras  instituciones  para  resarcir  a  las  víctimas, sin embargo no asistió, lo que provocó que líderes de las   Comunidades   de  Población  en  Resistencia  (CPR),  manifestaran  su  inconformidad.

Por José Castellanos.

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Los  jefes  de  las  bancadas  Winaq,  Amílcar  Pop  y  URNG-MAÍZ ,  Walter  Félix, se  reunieron  con  autoridades  del  Ministerio  de  Cultura,  Comisión  Liquidadora  de  FONAPAZ   y  Contraloría  General  de  Cuentas,  para  que  dieran  a  conocer  los  informes  oficiales  sobre  la  ejecución  del  Programa  Nacional  de  Resarcimiento  y  los  avances  en  los  proyectos  de  vivienda  y  centros  culturales  en  varios  departamentos.

“Estamos  preocupados  por los   24  millones  de  quetzales  que  fueron  asignados,   para  la  construcción  de  cuatro  conservatorios  de  música  que  fueron  despilfarrados  en  el  gobierno  anterior,    hay  funcionarios  responsables del  mal  uso de los recursos financieros;  también  existe  la  inquietud  por  más  de  28  millones  de  quetzales  para  la  construcción  de  viviendas  para  víctimas  del  conflicto  armado  interno. Vemos  que  las  instituciones no  están  respondiendo   a  lo  que  se  pacto”, refirió el  jefe  de  la  bancada  Winaq,   Amílcar  Pop.

Por  su  parte,   Héctor  Valdez,  integrante  de  la  Comisión  Liquidadora  de  FONAPAZ,  comentó:  “Estamos  pendientes  del  traslado de los expedientes   y  los  espacios  presupuestarios al  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  se han analizado 17  proyectos   entre  ellos,  la  construcción  de  más  4  mil  viviendas,   mausoleos  y  centros  culturales”.

A  la  reunión  fue  se  citado  el  Presidente del  Programa  Nacional  de  Resarcimiento, Jorge Herrera,   para  que   explicara  cómo  está  el  avance  de  los  convenios  suscritos  con  otras  instituciones  para  resarcir  a  las  víctimas, sin embargo no asistió, lo que provocó que líderes de las   Comunidades   de  Población  en  Resistencia  (CPR),  manifestaran  su  inconformidad.

Por José Castellanos.

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