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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional, citaron a Kamilo Rivera, viceministro de Seguridad, y a Erwin Tzi Juárez, director de la Policía Nacional Cívil, para analizar los  índices de violencia en los departamentos de Jalapa  y Santa Rosa.

Durante la cita se conoció que Guatemala es el departamento que más crímenes reporta, mientras que  Jalapa ocupa el lugar número 13, registrando un aumento del 3 por ciento en comparación al año pasado. “Esto lo que manifiesta es que no están teniendo éxito las acciones que se han implementado”, comentó el diputado Napoleón Rojas.

En cuanto a las extorsiones, el viceministro Juárez indicó que este delito ocupa el primer lugar a nivel nacional, resaltando que se debe en parte a que antes la población no se atrevía a denunciar y ahora lo hace más.

Así mismo explicó que existe un Plan Nacional de Seguridad, implementado por el ministerio de Gobernación y ejecutado por la PNC, que está teniendo resultados positivos a nivel general, pero que hay departamentos que no se han podido controlar. “Jalapa es uno de ellos, por lo que ya estamos diseñando un plan específico para estas regiones”.

En cuanto a Santa Rosa se solicitó más patrullas y refuerzos policiales para resguardar la seguridad de la población, ya que en esta zona también se ha incrementado la violencia. Los parlamentarios citarán en dos semanas a los funcionarios nuevamente,  para conocer el avance en estas acciones.

Por Rosemary Recinos

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Los diputados Leonel Lira, Nineth Montenegro y Doriam Taracena, de la bancada Encuentro por Guatemala, se reunieron este jueves con autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), con quienes analizaron cambios al Acuerdo Gubernativo 5-2013, Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Decreto 10-2012.

Dentro de las propuestas de los legisladores, resaltó la modificación al Artículo 30 del citado reglamento. “Creemos que con la eliminación de las palabras, consumidor final o CF, en aquellas facturas que se realicen a mano, se podría evitar de gran manera una subfacturación, tomando en cuenta que dichas facturas no pueden ser presentadas por los contribuyentes para reclamar crédito fiscal”, dijo el congresista Lira.

Abel Cruz, superintendente de la SAT, explicó que el ente recaudador ha trabajado por más de dos años en el desarrollo de la factura electrónica. La primera fase se implementará a finales del año, con un estimado de 345 contribuyentes especiales. “La meta es que para el año 2020 Guatemala se cuente con este mecanismo en tiempo real y de manera electrónica”, agregó.

“Entre las ventajas destaca un eficiente control  de los contribuyentes en tiempo real, ya que al momento de la emisión de una factura electrónica automáticamente este movimiento quedaría registrado en la base de datos de la administración tributaria. El reto es contar con la capacidad de procesamiento de la información y cruce de los datos contenidos en este formato de factura”, puntualizo el funcionario.

Un paliativo que puede ser implementado inmediatamente para garantizar el control de las facturas fue el propuesto por el legislador Taracena. El congresista propuso agregar al formulario mensual del IVA una casilla en la que se reporte por parte del contribuyente el número de facturas que se emitieron a consumidores finales (CF).

“Vemos factible la propuesta, misma que vamos a considerar y estamos seguros que nos permitirá contar con mejores  controles tributarios que vendrán a facilitar el cruce de información, haciendo el proceso más ágil y transparente de lo que se hace a la fecha”, concluyó Cruz.

Por Karen Mendoza

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El presidente del Organismo Legislativo, Alvaro Arzú Escobar, se reunió con un grupo de empresarios de varios sectores económicos del país y el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, con quienes discutió el tema de conflictividad social que afecta la inversión y generación de empleo.

“Hemos escuchada las inquietudes que existen entre los empresarios de las diferentes Cámaras, quienes manifestaron su sería preocupación respecto de la conflictividad social que se da en todo el país y que detiene la inversión y generación de empleos”, explicó el presidente Arzú Escobar ante los medios de comunicación.

Los empresarios indicaron en la reunión que no encuentran el apoyo necesario en materia de cumplimiento de leyes que garanticen la seguridad de las empresas inversoras y el Estado de Derecho que debe prevalecer, notando que existe un incremento en delitos que afectan las inversiones,  las empresas y la clase trabajadora que ve disminuidas sus oportunidades de acceso a empleo.

El titular de la cartera de Gobernación explicó que escuchó las opiniones del sector productivo del país y recordó que uno de los ejes de la política de seguridad ciudadana es el apoyo y facilitación del desarrollo económico de las industrias a través de implementar la certeza en materia de seguridad.“La conflictividad social en algunos casos particulares tiene otro tipo de intereses y es importante que se den estos acercamientos con empresarios de varios sectores, nos interesa apoyarlos en el tema de generar la certeza en seguridad”, dijo el Ministro.

El Presidente Arzú confirmó su compromiso con los representantes del sector industrial comercial y agrícola del país, en observar el cumplimiento de las leyes en materia de protección de las inversiones que generan estabilización económica y empleo al país.

Por Fernando Bolaños

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La Comisión de la Mujer del congreso de la República, que preside el diputado Aníbal Rojas, (VIVA), inició  el proceso de audiencias públicas para analizar la iniciativa 5376, ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación sexual y trata de personas.

Durante la jornada de este día participaron un aproximado de 25 organizaciones interesadas en presentar sus postura en cuanto al contenido de la iniciativa 5376, entre ellas: Asociación Gente Positiva, Instituto de Derecho Familiar, Asociación Miriam, WorldYouthAllience, Plan Internacional, Observatorio en Salud Reproductiva OSAR, Incidejoven y otras.

La diputada Sandra Morán, ponente del proyecto de ley, explicó  que es necesario que el Estado brinde las herramientas necesarias para que las niñas y adolescentes víctimas de estos flagelos puedan continuar con sus proyectos y tener una vida digna.

“Agradezco el espacio que nos brinda la Comisión para poder tener un diálogo de altura sobre el  contenido de la iniciativa de ley  y esperamos que al concluir con la fase de audiencias podamos contar con un dictamen favorable”, dijo la diputada Morán en su discurso de apertura.

El diputado Rojas considera que uno de los puntos que mayor discusión generará en este tema es el artículo 7, el cual establece el tema del aborto en embarazos forzados, por lo que esperan poder escuchar a todas las organizaciones interesadas que se han acercado a la Comisión.

La próxima semana continuarán con las reuniones donde incluirán discusiones y análisis sobre la iniciativa 5395, ley de identidad de género.

Por Mayra Recinos

 

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El diputado Oscar Argueta, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió  con Leonor Toledo, Gobernadora de Suchitepéquez; funcionarios del Ministerio de Agricultura,  Ganadería y Alimentación, y extensionistas  de dicha región para analizar las consecuencias en la agricultura de la canícula prolongada en esa región.

“La ayuda se está coordinando de manera interinstitucional,  sin embargo en este momento los pequeños agricultores tienen reservas de las cosechas anteriores”,  afirmó Luis Franco, titular de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural (DICORER).

Edgar Letona, extensionista del municipio de Santo Domingo, aseguró que lo dicho por Franco no es tan cierto y que no cuentan con reservas para mitigar esta sequía, por ello solicitó a los funcionarios que gestionen la entrega de alimentos lo antes posible  a las más de 5 mil 400 familias agricultoras  afectadas en todo el departamento.“No hay alimentos para llegar a septiembre, ya que el año pasado ocurrió lo mismo y también se perdió la cosecha”, dijo.

Dory Arévalo, extensionista de Santo Tomás la Unión, indicó que se necesitan planes a largo plazo, como   programas  para reservorios de agua y monitoreos continuos de las lluvias y la temperatura para cambiar las fechas de cosecha de acuerdo  los fenómenos meteorológicos.

“Actualmente tenemos capacidad para atender a 24 mil familias en todo el país,  pero que requeriremos más recursos para comprar el producto necesario ya que este año son más los damnificados”, comentó Ramiro Bolaños, director de Asistencia Alimentaria y Nutricional.

El diputado Argueta expresó: “Vemos falta de coordinación y conocimiento del área por parte de los funcionarios, por lo que les he requerido  que el 8 de este mes me presenten una hoja de ruta de cómo van a solventar esta situación, y con proyecciones a mediano y largo plazo”, comentó el diputado Argueta.

Por Rosemary Recinos

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Como parte de las actividades de la semana en favor de la agricultura, diputados que integran el Frente Parlamentario Contra el Hambre, se reunieron con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), para evaluar la situación de la agricultura en el país.

Durante la reunión, el representante de la FAO en Guatemala, Mynor Estuardo Estrada, aseguró que el objetivo de la reunión con los diputados que integran  el Frente Parlamentario contra el Hambre, es unir esfuerzos para mejorar la tenencia de tierras, y enseñar a los agricultores el manejo sustentable, para  que las siembras sean útiles para la alimentación  y se reduzcan   los problemas de hambruna.

El funcionario ofreció apoyo al gobierno de Guatemala y se comprometió con los diputados del Frente Parlamentario Contra el Hambre a buscar los mecanismos para reducir la hambruna en país.

Según las estadísticas de la FAO, el 59.3% de la población guatemalteca vive en condiciones de pobreza; y el 12% de los hogares rurales que se dedican a la agricultura no poseen tierras. Otro aspecto negativo es que a pesar de que del territorio guatemalteco cuenta con 10 mil 888 hectáreas de tierra, solo 7 mil 354 están dedicadas a actividades agropecuarias, pastos y forestales.

“Luego de ver estas estadísticas surge la necesidad de realizar un buen manejo de la tierra para agricultura, por lo que es necesario que se le enseñe a los agricultores a trabajar las tierras, sembrando no solo maíz, sino legumbres y frijol, que es importante para alimentación”,  enfatizó el diputado Juan Manuel Díaz  Durán, diputado de la bancada Visión con Valores e integrante del Frente Parlamentario contra el Hambre.

Por su parte, el diputado Víctor Manuel Cruz  Clavería, sugirió que las tierras que se han extinguido y están en manos del Estado  podrían dárselas a los campesinos, para que  las trabajen.

Por Karla Herrera

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Bajo el  Acuerdo 19-2018,  los diputados al Congreso de la República, juramentaron a los relatores titulares y suplentes  de la Oficina de Nacional de Prevención de la  Tortura y  otros Tratos o Penas  Crueles Inhumanas o  Degradantes,  para un periodo que culmina el 25 marzo del 2022.

Los electos como titulares son: Cecilia Ilusión Barrios Ortega, Otto José Paz Kroeli y  Mario  Roberto Veras Pappa. Los suplentes: Oscar Leonel Solís  Corzo, Danilo Antonio Tager Castellano y Alberto Lemus Nájera.

La aprobación del acuerdo, con 89 votos a favor, se dio durante la primera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República, que inicio este  miércoles 1 de agosto y concluirá  el próximo  30 de noviembre.

Durante esta sesión también se aprobó el punto resolutivo 3-2018 para “lamentar y rechazar enérgicamente las acciones de violencia y represión causadas por las fuerzas públicas  y grupos ilegales armados,  en contra de la sociedad y grupos de oposición”. El punto resolutivo fue solicitado y apoyado por  varios legisladores.

La sesión también se aprovechó para conocer varias  iniciativas de ley, como la 5449, presentada por el diputado Estuardo Galdámez que pretende aprobar la Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, que fue envida a la comisión de Asuntos Municipales, para su estudio.

Otra propuesta de ley presentada fue la 5448, para aprobar la Ley de Anuncios en Vías  Urbanas, Vías Extraurbanas y similares,  con el fin de regular la colocación de los anuncias y evitar la contaminación visual, esta propuesta fue enviada a la comisión de asuntos municipales.

También se conoció la iniciativa de  Ley 5461, presentada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, para el control del tabaco y sus productos,  que fue  enviada a la Comisión de Salud.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas, que preside el diputado Leocadio Juracán, junto con organizaciones civiles, llevaron a  cabo el foro denominado “Discriminación y exclusión de los pueblos indígenas en las políticas públicas”, con el objetivo de concientizar a las autoridades de gobierno y la población en general de los graves problemas que enfrenta este sector de la población.

La actividad se celebró en el Salón del Pueblo del Palacio Legislativo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebrará el próximo 9 de agosto, con la participación de funcionarios de distintas instituciones, autoridades competentes, representantes de  sociedad civil, organismos internacionales y misiones diplomáticas acreditadas en el Guatemala.

El discurso de apertura estuvo a cargo del diputado Juracán, del bloque Convergencia, quien dijo: “Hemos hecho un análisis de la situación actual de los derechos individuales y colectivos de las comunidades, y hemos constatado que en el año 2018 se han aumentado las amenazas, muertes  criminalización, represión, violencia y hasta cierto sentido un odio inmenso contra la población indígena del país”.

Walter Figueroa, coordinador del área de gestión pública para el desarrollo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), presentó un análisis sobre la inversión pública en pueblos indígenas, los retos del Estado para orientar las políticas, programas y planes de inclusión, y la asignación de los recursos públicos. “El gasto público social no se está orientando hacia las poblaciones indígenas y esto hace que la situación se agrave y se aumente la problemática del sector”, resumió.

La Procuradora Adjunta de la PDH, Miriam Roquel Chávez, indicó que la institución que representa tiene las funciones principales en los pueblos indígenas como “un eje transversal que abarca niñez, juventud, mujeres y la población adulta. “La Procuraduría de los Derechos Humanos se suma a las demandas y continuamos con la defensa de los derechos fundamentales de la población”.

Durante el foro participaron representantes de organizaciones de los pueblos indigenas, quienes denunciaron violaciones a los derechos humanos, represión, amenazas y criminalidad en contra de lideresas y líderes comunitarios en distintas comunidades. También la falta de acceso a servicios de salud, hostigamiento de hidroeléctricas, desalojos forzados de comunidades por autoridades policiales, entre otros desmanes.

Miriam Domínguez, comisionada coordinadora de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), se refirió a los resultados de la actividad y comentó que “estos foros tienen la objetivo de seguir sensibilizando a toda la institucionalidad pública para que dentro de nuestro mandato, acciones, programas y planes gubernamentales visibilicemos el derecho a los pueblos indígenas y reorientemos los presupuestos para mejorar las condiciones y la situación”.

El diputado José de la Cruz Cutzal, de FCN Nación, y representante por Sololá lamentó que históricamente los pueblos sigan siendo discriminados. “Estamos buscando los mecanismos para que se detengan las violaciones a las comunidades. En el tema del Censo Poblacional y de Vivienda estamos pidiendo que se tomen en cuenta muchas cosas para los pueblos indígenas”.

Al final de la actividad se emitieron varias recomendaciones como el compromiso del Estado para la aplicación de medidas afirmativas, aplicar y ejecutar las garantías y derechos ya reconocidos en el corpus iure, que el Estado garantice los derechos individuales y colectivos de las mujeres, los pueblos indígenas; así como los derechos ambientales hacia la población.

Para  concluir, los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas junto a líderes comunitarios y de organizaciones campesinas, mayas y xincas, en conferencia de prensa, denunciaron la exclusión, represión, intimidación, criminalización, amenazas y asesinatos de lideresas y lideres en distintas partes del territorio nacional.

Por José Castellanos

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Las diputadas Sofía Hernández y Karla Martínez, de la bancada Alianza Ciudadana,  junto con representantes del departamento de Huehuetenango, sostuvieron una sesión de trabajo, a la que asistieron funcionarios de los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, Contraloría General de Cuentas y  Ministerio Público, como seguimiento al proyecto de construcción del Hospital Distrital de San Pedro Necta, en dicha región.

El proyecto que inició en el 2009 se encontraba detenido debido a procesos judiciales pendientes de dilucidar, sin embargo esta mañana representantes del Ministerio Público informaron que se desestimó la denuncia penal, ya que no se encontraron indicios  de que se estuviesen cometiendo ilícitos con los recursos. “Con esto  se libera el  proceso y se permite que se continúen las acciones para que se pueda  levantar el evento en los próximos meses”, indicó la parlamentaria Martínez.

La obra tiene un avance físico del 48.93 por ciento; originalmente estaba a cargo del Fondo Nacional para la Paz, luego fue trasladada al Fondo de Desarrollo Social, donde ya se inició el proceso de liquidación. “Nosotros estamos por establecer el convenio de entrega de este bien  al Ministerio de Salud para que se pueda continuar con su ejecución”, contó Carlos Vásquez, ministro de Desarrollo Social.

“Hemos estado acompañando este proceso desde hace más de dos años y nos sentimos satisfechas de que se haya   logrado desentrampar este proyecto que será  de mucho beneficio para   la población de Huehuetenango”, externó la parlamentaria Hernández.

Las diputadas solicitaron a Boris de León Mota, director de la Unidad de  Planificación Estratégica del Ministerio de Salud, que a más tardar para el 22 de agosto se concluya con  la planificación de la  ejecución correspondiente, para que este proceso no se demore más de lo necesario y se pueda levantar el evento en Guatecompras lo antes posible.

Por Rosemary Recinos

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