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Diputados de la Comisión de la Mujer, que preside el representante Aníbal  Rojas, de la bancada Visión con Valores (VIVA), abrieron este lunes el proceso de audiencias públicas para el análisis de la Iniciativa de Ley 5395, que dispone aprobar la identidad de género.

Entre las organizaciones que hoy participaron están: Iglesia Vida Real, Alianza  Evangélica de  Guatemala,  Iglesia Católica, Asociación Gente Positiva  Asociación la Familia  Importa,  Colectivo de Hombres Trans Transformación y   Red de Mujeres Trans.

El objetivo de las audiencias públicas es conocer, durante las próximas semanas de agosto y septiembre, los  puntos de vista sobre la iniciativa que fue presentada por  los diputados Sandra  Morán  y  Walter  Félix, la cual fue enviada a  las Comisiones de la Mujer y Educación.

Durante su exposición,  representantes de las organizaciones a favor de  esta propuesta de ley, argumentaron que se debe dejar atrás  la discriminación hacia las personas  trans, a quienes se les ha velado el derecho a la salud,  educación y obtener una cuenta bancaria.

Representantes de las diferentes iglesias aseguran que se debe aplicar  el artículo uno de la Constitución Política de la República, de proteger a la familia y el bien común, y dijeron estar en contra de la propuesta de ley.

“Como diputados vamos a  seguir escuchando la opinión que cada sector, a fin de crear una idea previo a dar un dictamen. Durante las próximas semanas esperamos avanzar con  el estudio de cada artículo”, declaró  el presidente de esta sala de trabajo Aníbal Rojas

El contenido de la propuesta de ley 5395, que cuenta con 29 artículos, será analizada cada lunes durante las próximas cuatro semanas, hasta el 10 de septiembre. Está contemplado que participen unas 28 organizaciones.

Por Karla Herrera

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Con el fin de favorecer a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego, en Escuintla, el diputado Víctor Cruz Clavería (FCN Nación), presentó una iniciativa que reforma el Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, para que los bienes que han sido expropiados legalmente, puedan ser otorgados a las comunidades afectadas por desastres naturales, entre otros.

“El objetivo de este proyecto es garantizar que el Estado pueda dar una respuesta pronta a los guatemaltecos que salgan afectados por este tipo de eventos inesperados, no solo en esta oportunidad, sino cada vez que sea necesario”, dijo el diputado Cruz Clavería.

El congresista explicó que el artículo 48 de dicha Ley determina quienes prioritariamente se verán beneficiados con los bienes extinguidos, por lo que propone que se agreguen como entes prioritarios a las comunidades agrarias afectadas por algún desastre natural.

Cruz Clavería, representante por el departamento de Escuintla, aprovechó la oportunidad para pedir el apoyo de los diputados con el fin de pueda convertirse en decreto lo antes posible, pues considera que  será de mucho beneficio para los guatemaltecos más necesitados.

Por Mayra Recinos

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El congresista Leocadio Juracán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que se instalará una mesa técnica con el fin de mejorar las condiciones en que prestan sus servicios las madres cuidadoras del programa Hogar Comunitario, el cual es coordinado por la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente(SOSEP).

La mesa contará con la participación de representantes de los ministerios de Trabajo y Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas, y Procuraduría de Derechos Humanos. El objetivo es que esta actividad, que actualmente funciona bajo la modalidad de voluntariado, sea reconocida.

“Este programa existe hace más de 25 años y no se reconoce una relación de trabajo entre las madres cuidadoras y el Estado, sin embargo sí se les exige cumplir con  requerimientos específicos, obligaciones y horarios”, declaró el diputado Juracán.

Byron Paredes, defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos, expresó: “Aquí existe una clara violación a sus derechos laborales,  vemos una intención perversa  de no querer reconocer esta relación, siendo que es el Estado quien debería de velar porque se reconozcan los derechos  de los trabajadores tanto públicos como  privados”.

Integrantes de dicho sindicato comentaron que ellas son quienes realizan la labor más dura con  los niños, y que el apoyo que se les entrega es de  Q1mil 400 por cuatro semanas de trabajo, por debajo del salario mínimo. Las delegadas y supervisoras del programa, si tienen contrato y  los  salarios que devengan son de  aproximadamente Q4 mil, por lo que consideran que se trata de discriminación racial.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados Edgar Cruz y Sandra Morán, de la Comisión de Pueblos Indígenas, se reunieron con representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Contraloría General de Cuentas (CGC), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN), Registro General de la Propiedad, autoridades indígenas y funcionarios del municipio de Nebaj, Quiché, para fiscalizar cómo va el trámite para que se autorice la construcción de un Centro de Salud en la comunidad Salquil Grande.

Líderes comunitarios y representantes municipales dieron a conocer que en la comunidad nunca han contado con servicios de salud, y a pesar de que se tienen prácticas ancestrales, como lo es la medicina natural, hay tratamientos que deben ser ejecutados por médicos especialistas.

Para facilitar el proceso, en el año 2012 los vecinos y la Municipalidad de Nebaj, Quiché, decidieron otorgar una porción de tierra al Estado para que construya en la misma dicho Centro de Salud, pero al momento no ha iniciado el trámite. Los funcionarios de Salud y Finanzas aseguran que el problema es la falta de certeza jurídica en cuanto a la propiedad absoluta de los terrenos.

Tras escuchar a las partes, los legisladores exigieron agilizar los trámites correspondientes y atender una solicitud que data de más de 5 años. Informaron que la próxima semana citarán a la cúpula de varias entidades del Estado, principalmente Ministerio de Salud, Contraloría y Registro General de la Propiedad para pedir resultados. “Es imposible que se limite el derecho constitucional  de la salud a la población Ixil”, expresó la diputada Morán.

Por Estuardo Zeceña

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Representantes del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS) y de la economía informal, se reunieron con el diputado Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, e integrante de la bancada Todos, para dialogar sobre una propuesta que permita a los trabajadores de este sector gozar de los servicios de salud.

Santiago Urbizo, sub gerente de planificación del IGSS, comentó que se harán los estudios correspondientes para determinar la viabilidad de este proyecto. “Tenemos que analizar la recuperación de costos de atención médica, en función del número de personas que se puedan incorporar”, manifestó.

María Camacho, representante de vendedores del  centro histórico, expresó: “Este primer acercamiento es muy importante para nosotros, ya que nunca hemos gozado de un seguro de salud, estamos expuestos a muchos accidentes y enfermedades y no tenemos los medios económicos para acudir a un hospital privado”. Agregó que aproximadamente hay más de cinco mil vendedores no registrados, y están interesados en la posibilidad de recibir también una  pensión para su vejez.

“El sector informal representa  casi el 70 por ciento de la población laboralmente activa en nuestro país y es preocupante que no cuente con Seguro Social, por eso hemos propiciado esta reunión”, aseguró el diputado Arango.

Informó que en  tres meses se reunirán  nuevamente para conocer  un plan específico por parte del IGSS, para que puedan cotizar de acuerdo a sus ingresos  y obtener así los beneficios de estar afiliados a esta institución.

Por Rosmary Recinos

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El diputado Leocadio Juracán, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, junto con el comisionado del Congreso, procurador de los derechos humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, dieron una conferencia de prensa para condenar la criminalización, persecución y asesinato de líderes comunitarios defensores de la vida y de sus territorios , en los últimos meses.

“Según los datos que manejamos, en el   año 2017 hubo   328 ataques, de los cuales 52 fueron asesinatos; 45 contra mujeres y el resto contra hombres, en lo que va del año se registran 18 asesinatos”, dijo Rodas Andrade quien aseguró que como institución han dado acompañamiento a las familias de los defensores asesinados, y lamentó que las autoridades del Ministerio de Gobernación no muestren voluntad política para abordar el tema

“Hay un límite de la paciencia, y hay un sentimiento de impotencia ante estas actitudes,  se han solicitado 32 medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de las cuales hasta el momento solo nueve han sido otorgadas”, dijo preocupado el diputado Juracán.

Juracán y Rodas hicieron un llamado al Ministerio Público para que en un tiempo razonable tenga resultados de los autores materiales e  intelectuales de estos asesinatos, pues consideran que ha existido un patrón que hace pensar que existe una estrategia de intimidación directa hacia las organizaciones campesinas que abogan por los derechos humanos y la defensa de sus territorios.

La criminalización, el despojo, los desplazamientos internos, desalojos, asesinatos, persecución, es la clara evidencia que a más de 20 años de la firma de los acuerdos de paz, aún no hemos salido del conflicto armado interno, indicaron los conferencistas.

“Como diputado y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República quiero reafirmar mi compromiso para que se respeten los derechos humanos y que se respondan  las demandas que tienen las diferentes organizaciones indígenas, campesinas,  del gremio periodístico y sindicalistas”, concluyó el congresista.

Por Mayra Recinos

 

 

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Las diputadas de la bancada Alianza Ciudadana, Delia Back y Eva Monte, se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con el objetivo de verificar las acciones que dicha cartera ha llevado a cabo para que el Centro de Urgencias Médicas de Tecpán, Chimaltenango suba de categoría a Hospital Regional.

Con este proyecto, se busca beneficiar a la población del municipio de Tecpán, ya que actualmente para recibir servicios de salud los pacientes se tienen que trasladar hasta la cabecera departamental. “Las ambulancias de los centros de salud se tardan hasta hora y media para trasladare al Hospital de Chimaltenango, hay pacientes embarazadas o niños que se han visto seriamente perjudicados con consecuencias graves o mortales  por este tema”, dijo la diputada Delia Back.

Las autoridades dijeron que están haciendo todas las gestiones administrativas correspondientes para que el Centro de Urgencias Médicas de Tecpán, Chimaltenango suba de categoría a Hospital Regional. Entre ellas solicitar un presupuesto para el funcionamiento adecuado del nosocomio que es de Q8 millones.  También se está trabajando en la creación de manuales de funciones de puestos y procedimientos, ya que está por iniciar el proceso de contratación de médicos especialistas.

Las legisladoras solicitaron a los funcionarios de Salud poner en marcha en un lapso de tiempo corto el proyecto, y que de ser posible esté funcionando antes de culminar el presente año.

Por Estuardo Zeceña

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La congresista Marleni Matías Santiago, representante por el departamento de Baja Verapaz, y de la bancada UNE, se reunió con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), y  Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), a quienes solicitó que atiendan a las comunidades afectadas por la canícula prolongada  en los municipios del referido distrito.

A la reunión acudieron alcaldes y representantes de los municipios de San Miguel Chicaj, San Jerónimo, Purulhá, Santa Cruz el Chol, Rabinal y Salamá, quienes mostraron su pesar y preocupación. Demandaron a las autoridades que se agilicen las acciones gubernamentales para que se apoye inmediatamente al menos 22 mil familias afectadas por los efectos dañinos del fenómeno natural.

“Nos preocupa mucho la situación actual que están viviendo las familias afectadas en las comunidades de Baja Verapaz, que en su mayoría son pobres, por los efectos de la canícula que ya se prolongó demasiado. Queremos que se atiendan a los campesinos lo antes posible, ya que la mayoría están en el corredor seco”, indicó la representante verapacense Marleni Matías.

Durante la reunión las autoridades de la Sesan y el director departamental del Maga, Carlos Gonzales Choc, intervinieron a petición de la diputada Matías, pero no dieron datos y cifras exactas de las familias afectadas y las perdidas de las cosechas, por lo que están obligados a enviar informes lo antes posible.

Uno de los integrantes de la corporación municipal del municipio de San Miguel Chicaj, que participó en la reunión, dijo que el no tener datos correctos y exactos de parte de los funcionarios afecta aun más a la solución de la crisis alimentaria en las áreas y municipios dañados.

“El problema es manejar datos ficticios e incorrectos. La fuente de información más fiable son las municipalidades. Hay que tener cuidado ya que tenemos carencias de agua, salud, alimentos”, explicó el funcionario edil de San Miguel Chicaj.

Francisco Orrego, vice alcalde de Santa Cruz el Chol, refirió: “Muchas personas han adquirido micro créditos y préstamos para el cultivo de granos básicos y lamentablemente se perdió todo. en el caso del municipio de El Chol, los agricultores no se pueden dar el lujo como en años anteriores de hacer cultivos por regadío porque esos abrevaderos, afluentes y arroyos la municipalidad los está negociando con los propietarios para poder abastecer a las familias para que esa agua sea para el consumo humano”.

Al concluir la reunión, la congresista  y los alcaldes hicieron una serie de peticiones como más de 17 mil raciones, agilizar la salida de alimentos para los municipios de Baja Verapaz, entrega de semillas mejoradas, y fertilizantes entre otras medidas urgentes.

Además se dialogo para que se agilice la ejecución de los fondos del programa que se estará trabajando con la cooperación alemana KFW y el Estado de Guatemala que por la vía de un préstamo para tres departamentos como lo son Zacapa, El Progreso y Baja Verapaz.

Por José Castellanos

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Diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional, citaron a Kamilo Rivera, viceministro de Seguridad, y a Erwin Tzi Juárez, director de la Policía Nacional Cívil, para analizar los  índices de violencia en los departamentos de Jalapa  y Santa Rosa.

Durante la cita se conoció que Guatemala es el departamento que más crímenes reporta, mientras que  Jalapa ocupa el lugar número 13, registrando un aumento del 3 por ciento en comparación al año pasado. “Esto lo que manifiesta es que no están teniendo éxito las acciones que se han implementado”, comentó el diputado Napoleón Rojas.

En cuanto a las extorsiones, el viceministro Juárez indicó que este delito ocupa el primer lugar a nivel nacional, resaltando que se debe en parte a que antes la población no se atrevía a denunciar y ahora lo hace más.

Así mismo explicó que existe un Plan Nacional de Seguridad, implementado por el ministerio de Gobernación y ejecutado por la PNC, que está teniendo resultados positivos a nivel general, pero que hay departamentos que no se han podido controlar. “Jalapa es uno de ellos, por lo que ya estamos diseñando un plan específico para estas regiones”.

En cuanto a Santa Rosa se solicitó más patrullas y refuerzos policiales para resguardar la seguridad de la población, ya que en esta zona también se ha incrementado la violencia. Los parlamentarios citarán en dos semanas a los funcionarios nuevamente,  para conocer el avance en estas acciones.

Por Rosemary Recinos

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