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Pobladores de diferentes comunidades de Santa Catarina Mita, Jutiapa, acudieron al diputado Carlos Mejía de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), para  denunciar  los  daños  y el socavamiento causados al río Ostúa que recorre parte de su municipio.

Durante la reunión los vecinos denunciaron que la empresa Vado Hondo, desde hace varios años realiza extracciones de arena y piedra en el río, lo cual ha  dañado la  biodiversidad,  los bosques de galería y aumentado  el riesgo de inundaciones,  pues el socavamiento de su cauce provoca la erosión de las orillas, poniendo en peligro vidas humanas.

El Viceministro de Energía y Minas,  José de la Vega indicó que han realizado inspecciones y que de acuerdo a los reglamentos,  la empresa ha cumplido con los diferentes requisitos, por lo que no existen motivos para suspender las actividades.  Sin embargo comentó la disposición de efectuar un análisis en  conjunto, para determinar la veracidad de las denuncias de los habitantes.

El parlamentario Mejía estableció que para dar seguimiento al tema realizará  una nueva reunión el 10 de diciembre,  donde incluso  analizarán  un informe de la  Contraloría General de Cuentas, pues trascendieron denuncias respecto a  la mala calidad en la construcción de un puente sobre el río Ostúa que debido a los embates de la naturaleza se destruyó por completo.

A la reunión también asistieron el Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, César Vinicio Montero, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Colectivo Madre Selva.

Por Mayra Recinos.

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Con el propósito de analizar la situación financiera del  Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) y preocupado por la continuidad del programa de Alfabetización, el Presidente de la Comisión Legislativa de Probidad, Amílcar Pop, se reunió con el Viceministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, el  Director Técnico de Presupuesto, José Gustavo Arévalo y  el Secretario Ejecutivo de CONALFA, Domingo Xitumul.

La reunión se llevó cabo para conocer la situación real que atraviesa CONALFA considerando que los trabajadores de la institución no han recibido su pago respectivo, lo cual aunado a la falta de materiales didácticos  agrava el problema.

“Mi mayor preocupación es que los programas de alfabetización no continúen o se estanquen, porque se corre el riesgo de no alcanzar la  meta para reducir los índices de  analfabetismo en el país. Esperamos que el gobierno lo tome en cuenta y  lo antes posible se les pueda cancelar los salarios pendientes”,   comentó el diputado Amílcar   Pop.

“Como trabajadores de CONALFA nos inquieta la situación, porque no podríamos cumplir con alfabetizar a más de 200 mil personas por año, para reducir el índice de analfabetismo que actualmente es de más de un  millón 400 mil personas”, señaló por su parte,  Patricia  López  encargada de los programas por alfabetización.

Durante la citación  se dio a conocer que actualmente existen 12 mil alfabetizadores que realizan el trabajo de enseñar a leer y escribir  a personas de más de 15 años de edad  en los 338  municipios del país, quienes no han recibido su salario desde el mes de julio. Al analizar el tema,  el Viceministro de Finanzas,  Edwin Martínez  aseguró que  se gestionará  el desembolso de los recursos durante la primer semana del mes de noviembre.


Por Karla Herrera.
 

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Con el propósito de analizar la situación financiera del  Comité Nacional de Alfabetización (CONALFA) y preocupado por la continuidad del programa de Alfabetización, el Presidente de la Comisión Legislativa de Probidad, Amílcar Pop, se reunió con el Viceministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, el  Director Técnico de Presupuesto, José Gustavo Arévalo y  el Secretario Ejecutivo de CONALFA, Domingo Xitumul.

La reunión se llevó cabo para conocer la situación real que atraviesa CONALFA considerando que los trabajadores de la institución no han recibido su pago respectivo, lo cual aunado a la falta de materiales didácticos  agrava el problema.

“Mi mayor preocupación es que los programas de alfabetización no continúen o se estanquen, porque se corre el riesgo de no alcanzar la  meta para reducir los índices de  analfabetismo en el país. Esperamos que el gobierno lo tome en cuenta y  lo antes posible se les pueda cancelar los salarios pendientes”,   comentó el diputado Amílcar   Pop.

“Como trabajadores de CONALFA nos inquieta la situación, porque no podríamos cumplir con alfabetizar a más de 200 mil personas por año, para reducir el índice de analfabetismo que actualmente es de más de un  millón 400 mil personas”, señaló por su parte,  Patricia  López  encargada de los programas por alfabetización.

Durante la citación  se dio a conocer que actualmente existen 12 mil alfabetizadores que realizan el trabajo de enseñar a leer y escribir  a personas de más de 15 años de edad  en los 338  municipios del país, quienes no han recibido su salario desde el mes de julio. Al analizar el tema,  el Viceministro de Finanzas,  Edwin Martínez  aseguró que  se gestionará  el desembolso de los recursos durante la primer semana del mes de noviembre.


Por Karla Herrera.
 

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En el marco del análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para  el Ejercicio Fiscal 2015, congresistas  de  la  Comisión  de  Finanzas  Públicas  y  Moneda,  que  preside  el diputado  Gudy  Rivera   iniciaron    el  proceso  de  Audiencias  Públicas  para  escuchar  a  diferentes  fundaciones  y  asociaciones sociales  que  brindan  servicios  de  salud  y  educación de forma gratuita  a  la  población, que solicitan   un  incremento  presupuestario, así como ser incluidas  en el plan de inversión para el año próximo.

En  la  jornada  de  Audiencias  Públicas   participaron los  Viceministros  de  Educación,  Edgar  García  y   de  Salud,  William  Sandoval,   para  evaluar  junto con  los  parlamentarios  las  diferentes  peticiones realizadas por  la  Fundación  Fe  y  Alegría,  Asociación  Don  Bosco, el  Centro  de  Epilepsia,    FUNDAORTO,  UNAERC e  Instituto  Neurológico  de  Guatemala, entre otras.  

“Hemos   decidido   abrir estos espacios  para  que  todas  aquellas  fundaciones  que  tienen  relación  con  los  Ministerios  de  Educación  y  Salud, puedan participar en el proceso,   este  día   atendimos  a  14  asociaciones  y  fundaciones que nos han solicitado apoyo  para ampliar sus asignaciones. Vamos a analizar sus propuestas para definir su  viabilidad”, comentó el diputado Iván Arévalo de la bancada del Partido Patriota.

Durante el desarrollo de las audiencias, Ligia  de  Claveri,  Gerente  General  de  FUNDAORTO mencionó: “Estamos  solicitando un incremento de   8  millones  de quetzales, para cubrir  la  demanda  de  700  cirugías,  de  remplazo  articular  de  rodilla  y  cadera  para  cumplir  con  los  requerimientos  de  la  población”.


Por José Castellanos.

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Miembros de la Asociación de ex soldados y ex especialistas del Ejército de Guatemala discapacitados de guerra (ADEGUA), visitaron al Presidente de la Comisión Extraordinaria de Asuntos  sobre Discapacidad,  Luis Pedro Álvarez de la bancada Encuentro por Guatemala,  para solicitar su apoyo en la aprobación  de Leyes que mejoren sus condiciones de vida.

Cecilio González,  representante legal de ADEGUA, durante la reunión explicó que la asociación está integrada por   mil 515 discapacitados de guerra, pero de ese total solamente un 35 por ciento recibe pensiones económicas que los ayudan a sobrevivir.  Mientras  el resto está a la deriva porque  no cumplen los requisitos para tener ayuda del Estado.

“Cuando nos metieron al Ejército durante el conflicto armado, nadie nos preguntaba si queríamos ir o no, ahora nos ponen mil requisitos para poder recibir una pensión que nos ayude a tener una vida digna, lo que verdaderamente no es justo”,  manifestó González.

El diputado Luis Pedro Álvarez   indicó que analizarán los Decretos 45-2001 y 44-2006, referentes a la Ley de Régimen Especial de las Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en el Orden Militar, así como el Acuerdo Gubernativo 382-2007, que establece que solo las personas con un 45 por ciento de discapacidad global pueden recibir pensiones, lo cual consideran injusto.

“Durante los primeros días del mes de noviembre citaremos al Ministro de Finanzas Públicas (Dorval Carías) y al Ministro de la Defensa Nacional (Manuel López Ambrocio),  para que en conjunto busquemos con los afectados las alternativas que  permitan  beneficiar a todos los discapacitados de guerra que tenemos en nuestro país”, concluyó Álvarez.

Por Mayra Recinos.
 

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Miembros de la Asociación de ex soldados y ex especialistas del Ejército de Guatemala discapacitados de guerra (ADEGUA), visitaron al Presidente de la Comisión Extraordinaria de Asuntos  sobre Discapacidad,  Luis Pedro Álvarez de la bancada Encuentro por Guatemala,  para solicitar su apoyo en la aprobación  de Leyes que mejoren sus condiciones de vida.

Cecilio González,  representante legal de ADEGUA, durante la reunión explicó que la asociación está integrada por   mil 515 discapacitados de guerra, pero de ese total solamente un 35 por ciento recibe pensiones económicas que los ayudan a sobrevivir.  Mientras  el resto está a la deriva porque  no cumplen los requisitos para tener ayuda del Estado.

“Cuando nos metieron al Ejército durante el conflicto armado, nadie nos preguntaba si queríamos ir o no, ahora nos ponen mil requisitos para poder recibir una pensión que nos ayude a tener una vida digna, lo que verdaderamente no es justo”,  manifestó González.

El diputado Luis Pedro Álvarez   indicó que analizarán los Decretos 45-2001 y 44-2006, referentes a la Ley de Régimen Especial de las Clases Pasivas para Discapacitados del Estado en el Orden Militar, así como el Acuerdo Gubernativo 382-2007, que establece que solo las personas con un 45 por ciento de discapacidad global pueden recibir pensiones, lo cual consideran injusto.

“Durante los primeros días del mes de noviembre citaremos al Ministro de Finanzas Públicas (Dorval Carías) y al Ministro de la Defensa Nacional (Manuel López Ambrocio),  para que en conjunto busquemos con los afectados las alternativas que  permitan  beneficiar a todos los discapacitados de guerra que tenemos en nuestro país”, concluyó Álvarez.

Por Mayra Recinos.
 

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El diputado Carlos Mejía de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, se reunió con el Viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas; autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; Energuate y representantes de distintas comunidades de San Marcos, para dar seguimiento a la problemática de cobros injustificados y tarifas elevadas de la energía eléctrica en dicho departamento.

Durante la reunión, habitantes de distintas comunidades de San Marcos refirieron al diputado Mejía, que son 138 mil usuarios afectados que además de cobros excesivos a la tarifa de energía, deben pagar sobrefacturación, alumbrado público y tasa municipal.

“El tema de la energía eléctrica ha sido un problema grande en el país, que nace a raíz de las imprudencias y negligencias de una empresa que no quiere resolver los problemas de la gente,  generando confrontación y que se ha expandido  a 18 departamentos. Vamos a dar seguimiento al tema para encontrar una solución pronta a estos conflictos”, comentó el legislador.

Por otra parte, el parlamentario se reunió con autoridades de la Procuraduría General de la Nación, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Registro de la Propiedad y Fondo de Tierras, para tratar de solucionar el conflicto que ha surgido en cuanto al derecho de propiedad de 48 mil hectáreas de tierras en la Sierra Santa Cruz, Izabal.

Al respecto el diputado Carlos Mejía refirió: “Se emitió una resolución por parte de un juzgado que indica que Fundaeco, que actualmente tiene a su cargo la  extensión territorial, deberá devolver al Estado para que sean administradas a través de Conap”.

Por Elizabeth Linares.
 

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El diputado Carlos Mejía de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, se reunió con el Viceministro de Energía y Minas, Edwin Rodas; autoridades de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica; Energuate y representantes de distintas comunidades de San Marcos, para dar seguimiento a la problemática de cobros injustificados y tarifas elevadas de la energía eléctrica en dicho departamento.

Durante la reunión, habitantes de distintas comunidades de San Marcos refirieron al diputado Mejía, que son 138 mil usuarios afectados que además de cobros excesivos a la tarifa de energía, deben pagar sobrefacturación, alumbrado público y tasa municipal.

“El tema de la energía eléctrica ha sido un problema grande en el país, que nace a raíz de las imprudencias y negligencias de una empresa que no quiere resolver los problemas de la gente,  generando confrontación y que se ha expandido  a 18 departamentos. Vamos a dar seguimiento al tema para encontrar una solución pronta a estos conflictos”, comentó el legislador.

Por otra parte, el parlamentario se reunió con autoridades de la Procuraduría General de la Nación, Comisión Nacional de Áreas Protegidas, Registro de la Propiedad y Fondo de Tierras, para tratar de solucionar el conflicto que ha surgido en cuanto al derecho de propiedad de 48 mil hectáreas de tierras en la Sierra Santa Cruz, Izabal.

Al respecto el diputado Carlos Mejía refirió: “Se emitió una resolución por parte de un juzgado que indica que Fundaeco, que actualmente tiene a su cargo la  extensión territorial, deberá devolver al Estado para que sean administradas a través de Conap”.

Por Elizabeth Linares.
 

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La situación financiera de  la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC),  fue analizada por los diputados de la bancada Encuentro por Guatemala, en una citación a la que  acudieron representantes del Ministerio de Salud Pública, Hospital Roosevelt, Hospital San Juan de Dios, Fundación Amor, empresa Baxter, Contraloría General de Cuentas y UNAERC.

El diputado Luis Pedro Álvarez  manifestó que les preocupa que la deuda  de 40 millones de quetzales que UNAERC tenía  a sus proveedores el año pasado,  se ha incrementado a  110 millones, monto que  supera el presupuesto anual de la institución.

El Viceministro de Salud Pública, William Sandoval, dio a conocer que esperan que el Congreso de la República apruebe la Iniciativa de emisión de Bonos del Tesoro, donde se estipulan 100 millones de quetzales para la unidad en mención, de lo contrario pondrían sus expectativas en la aprobación del Presupuesto General de la Nación del próximo año, donde se les asigna una partida presupuestaria de  227 millones de quetzales, con lo cuales consideran pueden cubrir  sus deudas.

“Dentro de nuestro análisis también  fiscalizamos la contratación de un centro de hemodiálisis en Escuintla, que deja muchas dudas ya que se está cobrando más de lo que los mismos proveedores han ofrecido, contratación que se llevó a cabo a través   de una figura que no está contemplada en la Ley de Contrataciones del Estado,  por ello citamos a las autoridades de la Contraloría para que ellos puedan hacer sus evaluaciones correspondientes”,  indicó el congresista Álvarez.

Al finalizar la reunión de trabajo, los congresistas ratificaron su compromiso con las autoridades de UNAERC, para buscar los recursos económicos que necesitan,  pues consideran de suma importancia el funcionamiento de una institución que atiende a más de 3 mil 600 enfermos renales en el país.

Por Mayra Recinos.
 

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