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El diputado José Arturo Martínez, jefe de la bancada Todos, se reunió con pobladores del departamento de Suchitepéquez, quienes solicitan que se supervise el tramo carretero que comunica el municipio de San José la Máquina a con la playa de Tulate,  debido a que, según dicen, se está empezando a deteriorar el asfalto y la ruta todavía no ha sido inaugurada.

El tramo  consta de 32 kilómetros,  y es la segunda fase del proyecto que inicia en Cuyotenango, sin embargo pobladores aseguran que no tuvo la ejecución adecuada ya que se evidencia  un deterioro prematuro.

“Estamos molestos e inconformes  porque los trabajos no se  hicieron  bajo  parámetros que garanticen su durabilidad y seguridad. No es posible que el tramo ya se esté agrietando y que lo quieran entregar en ese estado”, manifestó el poblador José Morales.

Agregó que fueron muchos años pidiendo al Gobierno que reparara este trayecto, por lo que no van a permitir una mala obra. “Queremos que se suspendan los trabajos  finales hasta que no se realice un informe del estado de la carretera y se busque una solución, ya que de lo contrario porque esto podría terminar en un conflicto social”, expresó.

A la reunión fue citado José Luis Benito, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pero no llegó, por lo que  el diputado Martínez  acordó programar una nueva citación y visitar el lugar en dos semanas, para encontrar una solución a esta problemática.

“Manifiesto mi apoyo  y me comprometo a realizar el acompañamiento en Suchitepéquez para verificar que se tomen las acciones pertinentes por parte de los funcionarios responsables”, manifestó el parlamentario.

Por Rosemary Recinos.

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La Comisión de Transparencia y Probidad, que preside el diputado Amílcar Pop, inició con las mesas de trabajo para analizar el contenido de la Ley General de Telecomunicaciones 94-96, del Congreso de la República, con vistas a posibles reformas.

A esta primera reunión acudieron representantes de las empresas de telefonía que operan en el país, radios comunitarias, sociedad civil y Selvin Juárez, superintendente de telecomunicaciones, quienes darán a conocer sus puntos de vista técnicos respecto a la Ley para que los tomen en cuenta a la hora de hacer modificaciones.

Amílcar Pop, de la bancada Winaq, habló de la importancia de que se lleven a cabo este tipo de debates. “Los análisis serán tomados como base para concluir y comparar si es relevante o no, una propuesta de Reforma a la Ley actual de Telecomunicaciones”, expresó.

En representación de la sociedad civil, Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Projusticia, expresó su preocupación, y solicitó que se analicen en profundidad los cambios para evitar que resurja el fantasma de Guatel, con el fin de tener control de las telecomunicaciones.

Dicha situación fue calificada como ilegal por los representantes de las empresas de telefonía. Manuel Sisniega, experto en el tema,  recordó que la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia en la que ratifica a la SIT, como encargada de las frecuencias radioeléctricas.

Por Fernando Bolaños

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Como parte de su labor de fiscalización, los diputados Nineth Montenegro, Doriam Taracena y Leonel Lira, de la bancada Encuentro por Guatemala (EG), en conferencia de prensa, anunciaron este martes que solicitarán una investigación sobre los 167 ascensos que se registraron en la cúpula policial, de enero a la fecha.

A consideración de los congresistas, del total de los ascensos, 136 no cumplen con los requisitos que establece la Ley de la Policía Nacional Civil (PNC) y sus reglamentos. “De conformidad con el artículo 20, literal e, de la Ley de la PNC, para ser promovidos se debe cumplir con una evaluación anual; la cual no encontramos en 23 de los expedientes”, explicó la jefa de bancada.

“Tenemos conocimiento que el actual Ministro de Gobernación aprobó un Acuerdo Ministerial que permitió que varios agentes pudieran ascender sin cumplir con lo establecido en los literales f y g del artículo en mención,  referente a la cualificación profesional otorgada por la asistencia a cursos de formación y especialización”, agregó la diputada.

Otro de los resultados de su investigación fue el tema relacionado a las “remociones”, tema que no cuenta con asidero legal, ya que dentro del reglamento de la normativa policial no existe esa figura jurídica. “En la PNC los agentes pueden ser ascendidos o destituidos, pero no pueden aplicar las remociones, ya que los cuerpos de seguridad no están sujetos a las disposiciones de la Ley del Servicio Civil, lo que representa una ilegalidad”, explicó la legisladora.

Los diputados aprovecharon la oportunidad para indicar que enviarán una misiva a la Contraloría General de Cuentas en donde piden que se haga una investigación exhaustiva de los expedientes, pues desde su punto de vista existen diversas faltas a la Ley. “De ratificar los hallazgos, esperaríamos que la Contraloría presente las denuncias correspondientes”, concluyó la diputada Montenegro.

Por Karen Mendoza

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El presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, diputado Carlos Barreda, junto con Carlos Tabush, presidente del  Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), presentaron a distintos medios de comunicación un análisis detallado de la iniciativa de ley número 5484, que promueve la reactivación económica y ahorro para la familia.

La iniciativa, que es parte del paquete de leyes de reactivación económica,  crea el Instituto de Ahorro para la Vivienda como una entidad estatal financiera y de crédito.

Se establece una contribución especial sobre el salario promedio, ordinario y extraordinario, de los trabajadores que se llamará “Contribución AVI”. El trabajador aportará el 2% de su salario mensual, y el patrono el 4.16%.  Esos fondos estarán destinados exclusivamente a la adquisición de vivienda.

“Queremos compartir con los medios de comunicación esta propuesta para que ustedes puedan difundir esta política social en beneficio de la clase trabajadora”, dijo el diputado Barreda.

La iniciativa de ley ingresará en los próximos días al pleno, y de ahí a comisión para su estudio y dictamen. Como ponentes de la propuesta se encuentran el presidente del Organismo Legislativo, diputado Alvaro Arzú Escobar, así como los congresistas Carlos Barreda, Jairo Flores, Iliana Calles, entre otros.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión de Trabajo se reunieron con Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), para conocer los avances en la elaboración del reglamento del Convenio 175 sobre el trabajo a tiempo parcial; y de la ratificación, en el Congreso, del Convenio 169 sobre consultas a pueblos indígenas y tribales. Ambos son tratados internacionales ratificados por el Estado Guatemalteco ante la Organización internacional del Trabajo (OIT.

Junto con la ministra Teleguario acudieron a la reunión los viceministros Gabriel Aguilera Bolaños, del área de  Previsión Social y Empleo, y  Francisco Sandoval García, del despacho Administrativo del Trabajo. También estuvo presente Martin Salcalxot, de la Unidad de Pueblos Indígenas y Derechos Laborales de esa institución.

Respecto del convenio 175, sobre el trabajo a tiempo parcial, la Ministra dijo que “fue ratificado por el Congreso de la República en enero del año pasado, decreto 2-2017. El Ejecutivo cumplió con depositarlo en las oficinas de la OIT,  y el 28 de febrero del 2018 entró en vigencia. Guatemala es el primer país en Latinoamérica en ratificar el acuerdo, y a nivel mundial somos la nación 17 en certificarlo, estamos a la espera que se emita una nueva opinión o dictamen por la PGN.

“Es importante tener las reglas claras para que en un documento se nos permita tener certeza jurídica  tanto a los trabajadores y los empleadores para su implementación en el país”, añadió Teleguario

Los congresistas Juan José Porras, de la bancada Viva; Edgar Armando Sandoval, de FCN-Nación; Marco Antonio Lemus, de la UNE; y Ovidio Monzón Pedroza, del bloque Todos, se interesaron además por  las acciones que se están ejecutando para la implementación del Convenio 169 sobre la consulta a Pueblos Indígenas y Triviales.

“Este Convenio obliga a los Gobiernos que lo ratifican a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, y a consultar con ellos todas aquellas decisiones que afectan a su desarrollo económico o social. Exige asimismo a los Gobiernos que respeten los derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, dijo en un comunicado la OIT el día de la ratificación.

La titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social recordó que el convenio 169 fue ratificado en el año 1996 y entró en vigor en el mes abril del mismo año. “Ya han pasado más de 20 años en que fue ratificado este convenio y la Corte de Constitucionalidad ha emitido resolución y hace recomendaciones para que se elabore un reglamento, estamos acatando ese mandato para que se implemente en el Guatemala el convenio”.

Los funcionarios mostraron un mapeo de las 87 consultas hechas en Guatemala convocadas por los pueblos indígenas con resultados de 53 a minería, 8 hidroeléctricas, 19 no definidas.

El diputado Edgar Armando Sandoval Trigueros, secretario de la junta directiva de esa sala legislativa dijo que el “objetivo de la reunión es conocer el trabajo y acciones que están realizando en los convenios internacionales con la OIT y en el caso del convenio 169 estamos interesados ya que vamos a trabajar en las iniciativas de ley en el tema de la consulta a los pueblos indígenas”.

En ese sentido, la próxima semana se volverán a reunir para darle seguimiento a los temas ya que quedó pendiente en que los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, informen sobre la aplicación del Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización.

Según reportes de prensa, el 18 de julio de 2017, el presidente Jimmy Morales junto a  Óscar Chinchilla, presidente del Congreso de la República, y   Aura Leticia Teleguario, ministra de Trabajo, presentaron la guía operativa para efectuar las consultas comunitarias a pueblos indígenas, en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT,  la cual serviría para llevar a cabo consultas a los pueblos indígenas sobre los proyectos que se impulsen en sus comunidades.

El instrumento fue negociado durante ocho meses de diálogo con líderes comunitarios y dirigido por el Ministerio de Trabajo. La guía establece que se deberán hacer consultas a los pueblos indígenas en proyectos relacionados con temas del medio ambiente, educación y seguridad, así como sobre medidas administrativas en sus territorios.

El presidente anunció que esa guía sería enviada al Organismo Legislativo para que sirviera como un documento para elaborar la iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas.

Por José Castellanos

 

 

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La Comisión de Salud ha estado sosteniendo reuniones esta semana para avanzar en la agenda legislativa y cumplir con el estudio y dictamen de las iniciativas que han sido remitidas a esa sala de trabajo por el Pleno de los Diputados al Congreso de la República.

Entre las iniciativas que se encuentran a discusión está la 4712 que pretende regular la donación de órganos. El proyecto de decreto fue presentado al pleno en 2014 y aprobado en tercer debate. El año pasado se detuvo la discusión por artículos y redacción final debido a una serie de problemas legales, y ahora la comisión la retoma para solventar las dudas, mejorar el contenido y que pueda ser una realidad.

La Comisión de Salud también analiza el contenido de la iniciativa 5342, “Ley Nacional de Vacunación”, la cual busca que el Estado garantice la “inoculación adecuada de los infantes como método de prevención de enfermedades”, en los últimos años se ha registrado un descenso en vacunación de niños entre 18 a 29 meses debido al desabastecimiento.

Los diputados también, para su dictamen, la iniciativa 5461 ley de control del tabaco y sus productos; la 5391 Ley de rastros para evitar enfermedades por contaminación de carne de res a la población, y la 5424 de Donación de Alimentos, la cual será presentada al pleno para su aprobación en los próximos días.

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Durante la reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva de este lunes, los diputados aprobaron la agenda legislativa que se conocerá en las sesiones ordinarias de este martes 7 y jueves 8 de agosto, a partir de las 14:00 y 10:00 horas, respectivamente.

El martes, los diputados conocerán en primera lectura dos iniciativas, la primera que dispone aprobar la ley para el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas (5405), otra es la iniciativa 5367, ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango.

De igual manera, en su tercer debate, se discutirá  el registro 5119, iniciativa que propone una ampliación del plazo de legalización de terrenos ubicados en distintos asentamientos del país, dicha propuesta fue incluida en el orden del día a solicitud del jefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (Creo), Carlos Fión.

Otra de las iniciativas en agenda es la que declara cada 8 de marzo como el día nacional de las víctimas de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, y aprueba una pensión vitalicia a las niñas y adolescentes sobrevivientes.

Asimismo, los jefes de los diferentes partidos políticos, representados en el Pleno del Congreso  aprobaron la agenda para la plenaria del jueves, en la que resalta la discusión en tercer debate por artículos y redacción final del proyecto que dispone aprobar la ley de fortalecimiento al emprendimiento (5241), que forma parte de la agenda de reactivación económica que impulsa la administración del presidente Alvaro Arzú Escobar.

De aprobarse la misma posicionaría al país a la vanguardia en la región centroamericana al establecer figuras legales y mecanismos que apoyen directamente a personas emprendedoras, facilitándoles fuentes de financiamiento y capacitación.

En la sesión de ese día también se contempló la inclusión de las iniciativas 4947 y 4781, la primera de ellas dispone la aprobación de la ley de agricultura familiar y la segunda propone modificaciones al Código Municipal relacionadas con el arbitrio del alumbrado público, propuestas que fueron solicitadas por el subjefe de la bancada  de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda.

En la reunión participaron el presidente de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Carlos Solórzano; y el ministro de Salud Pública, Carlos Soto Menegazzo a quienes se les pidió información sobre la situación jurídica y el estado de salud del exdiputado Manuel de Jesús Barquín DurÁn, entre otros.

Carlos Solórzano informó, en respuesta al cuestionamiento del presidente Arzú de un posible fallecimiento, que efectivamente tras complicaciones cardiacas y pulmonares Barquín falleció pasada la una de la tarde.

La trágica noticia causó revuelo entre los legisladores, por el tema en el abuso de la prisión preventiva y las pocas acciones del comisionado del Congreso de la República en materia de Derechos Humanos, por lo que diputados coincidieron que será un tema prioritario de fiscalización en el Organismo Legislativo.

Por Karen Mendoza

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Por unanimidad, los rectores de las universidades del país, eligieron este lunes al superior de la Universidad Mesoamericana, como presidente de la Comisión Postuladora que deberá presentar al Congreso una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de Jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

La elección se llevó a cabo en las instalaciones del Congreso de la República,  donde los rectores de las 14 universidades del país, fueron recibidos por el presidente del legislativo Alvaro Arzú Escobar, quien luego de dar la bienvenida y leer la convocatoria para la elección a Contralor, dejo en manos del rector de la Universidad del Valle, Roberto Moreno, la elección.

El Pleno de los Diputados al Congreso, aprobó el Decreto 18-2018, para una nueva convocatoria para la integración de la Comisión Postuladora que debe recoger los expedientes de los  candidatos a  ocupar el cargo de Contralor General de  Cuentas, el próximo 13 de octubre.

La postuladora está integrada por un representante de los rectores de las universidades del país, los decanos de las facultades  que incluyan la carrera de contaduría   pública   y   auditoria     de   cada   universidad   del   país,  y   un   número equivalente  de representantes  electos por   la asamblea  general del  Colegio  de Economistas,   Contadores   Públicos,   Auditores   y   Administradores   de   Empresas, como se establece en el artículo 233 de la Constitución Política de la República.

Tras haber sido electo como presidente de esta Comisión, el  rector de la  Universidad  Mesoamericana, Félix Javier Serrano, aseguró que se realizará la convocatoria para que se integre la Comisión, proceso que podría llevarse algunas semanas. Luego de esto ya se haría la convocatoria para la recepción de documentos de  candidatos para asumir el cargo de contralor.

Según el ahora presidente de la Comisión Postuladora seria hasta finales de noviembre cuando se podría tener al próximo contralor, por lo que mientras no se realice la elección, la Ley Orgánica de la Contraloría  señala en su artículo 24 que será el director de probidad, quien asuma temporalmente,  hasta que haya una elección.

Por Karla Herrera

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El diputado Ferdy Elías Velásquez sostuvo este día varias reuniones con altos funcionarios de Salud y Educación con el fin de fiscalizar la ejecución de las referidas carteras y el uso de fondos provenientes de ampliaciones presupuestarias y préstamos del BID.

Para el efecto se reunió con José Gustavo Arévalo, viceministro Administrativo-Financiero del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS); y Oscar Hugo López, ministro de Educación, a quienes pidió detalles de los gastos y fondos con los que cuentan ambas instituciones. También estaba citado el Ministro de Comunicaciones pero no asistió.

En el caso de Salud, el congresista  pidió detalles  sobre la distribución y  ejecución de los recursos monetarios provenientes de una ampliación presupuestaria y de un préstamo con el BID, en la red de hospitales nacionales.

“Nosotros ya hicimos los requerimientos al Ministerio de Finanzas y solo estamos pendientes de que se complete la documentación en la institución y se pueda emitir un acuerdo gubernativo para que se oficialicen los fondos y se puedan ejecutar los Q60 millones de ampliación”, explicó Arévalo.

Los fondos se usarán para comprar insumos médicos, medicinas y artículos para 10 hospitales a través de eventos y licitaciones públicas.

El  diputado Ferdy Elías, también se reunió con el  ministro de Educación, Oscar Hugo López, a quien solicitó un informe de la ejecución del préstamo, por Q150 millones, aprobado por el Congreso de la República, Decreto 10-2018, para el “Programa para el Mejoramiento de Cobertura y Calidad Educativa”.

Según el Ministro, la Cartera de Educación será la encargada de administrar y evaluar el proyecto, con el apoyo de algunas auditorías externas contratadas por medio de un proceso de licitación, con el objetivo de transparentar el desarrollo del mismo.

“Con el programa se tienen fijados varios objetivos, entre los que sobresalen beneficiar a niños con útiles escolares, material didáctico, profesionalización a docentes, alimentación escolar, así como la instalación y remozamiento de centros educativos en mal estado”, dijo López.

El Ministro indicó al legislador que están completando los requisitos para solicitar el primer desembolso, para que este se lleve a cabo aproximadamente en el mes de septiembre.  Posteriormente se  creará la unidad ejecutora

Por José Castellanos y Estuardo Cezeña

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