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El congresista por el departamento de Jutiapa, Carlos Santiago Nájera Sagastume, de la Unidad Nacional de Esperanza (UNE), se reunió con personeros de la distribuidora de energía eléctrica Energuate, autoridades del INDE, Alcalde, presidentes de los Cocodes y líderes comunitarios de cuatro caseríos del municipio de Conguaco del referido departamento, con el propósito de que se suministre por primera vez el servicio de energía eléctrica, y se beneficie a más de 2 mil 500 habitantes de la región suroriental del país.

Durante la reunión se informó que más de 60 comunidades en el municipio de Conguaco no cuentan con el servicio esencial de energía  eléctrica. Las aldeas están dentro del rango de pobreza y pobreza extrema, y solo cuentan con el servicio alternativo de energía solar térmica. “Los aparatos no cargan con la suficiente energía para que duren el tiempo que se necesita”, se quejan los vecinos.

Fabián Cortez González, alcalde de la corporación municipal de Conguaco, Jutiapa contó que conoce muy bien a esas comunidades y a sus habitantes. “Han hecho hasta lo imposible para lograr tener el servicio, pero han llegado personas mal intencionadas a estafarlos y engañarlos con venderles la luz. Se les ha mentido y son de escasos recursos, hasta han vendido sus gallinas y animales de corral para tener luz”.

Uno de los líderes comunitarios del caserío los Cerrones comentó que ellos ya han comprado los postes del alumbrado que son de madera y que hasta los han colocado en la tierra. “Ya compramos los insumos y los aparatos que se requieren, solo estamos esperando que nos conecten el servicio”.

Alex Girón Castillo, del área de Electrificación de Energuate, y Carlos Osoy, gerente de Electrificación Rural del INDE, explicaron los procedimientos que  cada institución tiene que llevar a cabo en la instalación y conexión del servicio. “En primer instancia debemos  hacer una vista de campo y ver las condiciones y cómo se encuentran las comunidades. Se tienen que verificar varias indicaciones para que se puedan llevar a cabo los proyectos de electrificación rural”, expresó Girón Castillo, personero de Energuate.

Carlos Osoy, gerente de Electrificación Rural del INDE, se comprometió a regularizar la red. “Ustedes nos tienen que presentar un diseño así como otros requisitos técnicos como los derechos de servidumbre entre otras acciones,  con el fin de llenar la documentación del caso”.

El diputado Carlos Santiago Sagastume, del referido departamento de oriente opinó que ya es hora que las comunidades logren tener su propia energía. “Sabemos que la mayoría son pobres pero esa no es un limitante para ellos,  ya que han demostrado a base de sus sacrificios y esfuerzos que necesitan el servicio eléctrico y esperamos que se muy pronto”.

Por José Castellanos

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El diputado Víctor Estrada Orellana, de la bancada Movimiento Reformador (MR), llevó a cabo una reunión con representantes de diferentes instituciones de gobierno y pobladores de El Progreso para dar seguimiento a denuncias de tala desmedida en esa región.

Con el fin de mediar en el problema y buscar soluciones, el diputado convocó a las partes en conflicto. Por un lado llegaron representantes del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Instituto Nacional de Bosques (INAB), y de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH); y por el otro Óscar Rodríguez, gobernador departamental de El Progreso; Mario Castro, alcalde municipal de San Agustín Acasaguastlán, y pobladores de varios municipios de dicho departamento.

Pobladores y autoridades de varias comunidades, principalmente de los municipios de San Agustín Acasaguastlán y Morazán, El Progreso, contaron  al diputado Estrada que están preocupados por la tala inmoderada de árboles en el área boscosa del lugar, especialmente en la Sierra de las Minas y le pidieron que investigue si la situación está dentro del marco legal.

Los afectados quieren que los aserraderos cumplan con los requerimientos que solicita CONAP e INAB para otorgar los permisos, y de ser así quieren que se regule y reduzca el número de hectáreas ya que opinan que hay un exceso en la tala, lo cual pone en peligro la vida silvestre, nacimientos de agua y demás recursos forestales.

Empresarios de aserraderos aseguran que están trabajando conforme a la Ley y los permisos necesarios, lo cual será verificado por el diputado quien acordó hacer una visita de campo para esclarecer la situación y tomar las acciones correspondientes en beneficio de la población.

Por su parte, las autoridades de gobierno coincidieron en que se ha abierto una investigación para dar seguimiento a las denuncias que datan de meses atrás, y que participarán en la visita de campo agendada. También se comprometieron a revisar los permisos otorgados a los aserraderos y pidieron apoyo para que desde el legislativo se puedan endurecer las sanciones establecidas en el Código Penal para los delitos ambientales.

Por Estuardo Zeceña

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La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Sofía Hernández, se reunió con autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y con jubilados del departamento de Huehuetenango, para verificar el estado y calidad del servicio que el seguro social presta a dicho sector de la sociedad.

Los jubilados aseguran que enfrentan muchas carencias y solicitaron la intermediación de la diputada, ya que no hay medicamentos y la atención a  pacientes de la tercera edad que padecen enfermedades como diabetes, hipertensión, entre otras, es muy deficiente.

Los interesados solicitan a demás la apertura de un Hospital en la cabecera departamental, ya que en las clínicas a donde asisten no hay muchos especialistas. “Tenemos un problema con el transporte, ya que tardamos demasiado tiempo en llegar hasta la cabecera del departamento; la atención es deficiente, y nuestras citas son cada 2 meses”, se quejó Víctor Palacios, Presidente de la Asociación de Jubilados de Huehuetenango.

Las autoridades del IGSS indicaron que harán las gestiones necesarias para abastecer de manera inmediata los centros de atención en dicho departamento. También dieron a conocer que para enero 2019 se tiene contemplada la inauguración de un hospital, el cual se encuentra en proceso de construcción.

“Espero que de verdad se tome en cuenta lo establecido hoy en la reunión, no es posible que el IGSS siga teniendo deficiencias en los servicios que brinda a jubilados y población en general, yo en lo personal le daré un estricto seguimiento al caso”, concluyó la legisladora Hernández.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión de Transparencia y Probidad, la cual preside el representante Amílcar Pop,  se reunieron con funcionarios de la Academia de Lenguas Mayas (ALMG), Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (Codisra), Contraloría General de Cuentas y Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), para fiscalizar la ejecución y funcionamiento de dicho centro de aprendizaje.

Marcos Santiago, presidente del Consejo de ALMG, informó que el presupuesto asignado para esta entidad es de Q 31 millones y que se cuenta con Q6 millones de saldo de caja del 2017.

Agregó que en lo que va del año se ha ejecutado el 33.84 por ciento, correspondiente a Q 9 millones, para actividades administrativas, como pago de planillas y servicios institucionales, mientras que para los programas lingüísticos y culturales Q 2 millones.

“Me preocupa esta situación, ya que como pueblos indígenas nos quejamos de que no tenemos recursos y sin embargo lo que se asigna no se ejecuta en su totalidad”, comentó el parlamentario Pop.

Agregó que  si este año tampoco se ejecuta el cien por ciento,  esto podría derivar en una reducción  presupuestaria, “lo que sería lamentable tomando en cuenta el racismo que existe en el Estado para hacer inversión pública en nuestras comunidades”, afirmó.

El subcontralor de Cuentas, César Armando Elías, indicó que en la pasada auditoría efectuada a dicha academia se encontraros varios hallazgos relacionados con la  contratación de trabajadores,  transporte de personas y gastos protocolarios, por lo que se presentaron las denuncias correspondientes.

El diputado Pop anunció que dará seguimiento este tema, ya que la difusión  de las lenguas mayas  es de suma importancia para eliminar las barreras lingüísticas en el país.

Por Rosemary Recinos

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La diputada Mayra Alejandra Carrillo, presentó en Dirección Legislativa del Congreso, un anteproyecto de ley para exonerar temporalmente a los cafetaleros del impuesto de exportación al quintal de café, como paliativo a las pérdidas registradas entre el año 2013 al 2016, y en ayuda a los damnificados por la explosión del Volcán de Fuego.

La ley tendrá una duración de cinco años y contempla que los recursos económicos equivalentes a la exoneración se inviertan en hacer cambios al 50% del parque cafetalero, que equivale a unas 150 mil hectáreas, para que se renueve con variedades que resistan a plagas como la roya.

En los últimos años la producción de café ha proyectado una baja, especialmente después de un severo ataque de roya que sufrieran varias regiones del país a finales del año 2013. Las pedidas rebasan los Q 1.95 millones de café oro (qq), equivalente a USD 331.5 millones.

“Hemos tenido reuniones con caficultores y alcaldes; nos han reportado las perdidas como la tendencia a la baja en la producción…, el café en un producto importante e histórico y está ligado al desarrollo económico del país y nos han solicitado se legisle en favor del gremio”, dijo en conferencia de prensa la diputada independiente Carrillo.

Respecto del fideicomiso del café que administra el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), señaló: “Personalmente creo que los fideicomisos solo se han prestado para una mala administración y son difíciles de auditar”.

El texto dice que la caficultura guatemalteca se encuentra en una crisis que genera como graves consecuencias el desempleo, la migración, el aumento en las tasas para préstamos a los caficultores y la negación en el otorgamiento de créditos para la siembra.

También destaca que la reciente catástrofe provocada por la erupción del Volcán de Fuego, ha afectado a más de 5 mil familias productoras de café y ha generado un fuerte impacto para este producto.

Reportes de la Asociación Nacional del Café (ANACAFE), dan cuenta de que el café actualmente ocupa el segundo lugar como producto agrícola de exportación en el país (superado únicamente por el azúcar). Es el producto agrícola con la fuente de empleo más alta en Guatemala con más de medio millón de empleos cada año; además los pequeños productores representan el 96.81% de 121 mil 292 productores en el país.

Por José Castellanos

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Como parte de la celebración del día Internacional de Pueblos Indígenas, los diputados de la Comisión del Menor y la Familia, presidida por el representante Walter Félix, llevaron a cabo el Foro: “La responsabilidad de las instituciones del Estado en la situación de deterioro de las condiciones de vida y limitaciones de derechos humanos a los  Pueblos Indígenas y a su Niñez y Adolescencia”.

Durante la actividad  se realizaron  exposiciones sobre la situación general de condiciones de vida de los Pueblos Indígenas y la inacción del Estado en el ámbito legislativo; pobreza y desnutrición infantil indígena, maltrato de la Niñez y Adolescencia indígena,  y la exigencia de los Derechos de la Niñez y la  Adolescencia Indígena ante los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala.

José Yac, de la organización Najeb, dio a conocer que el 90% de las mujeres indígenas no sabe leer ni escribir,  y que la mayoría de los pueblos indígenas se encuentran en el occidente del país, en los departamentos, de  Chimaltenango,  Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiche,  Sololá,  Totonicapán, Alta y  Baja Verapaz.

“Como presidente de la comisión del Menor y la Familia,  solicitamos al  Estado de Guatemala, cumplir con los compromisos para otorgar el acceso a la salud, educación y programas para evitar los embarazos en niñas y la muerte por desnutrición”, destaco el presidente de esta sala de trabajo, Walter Felix

Floridalma López,   representante de la niñez indígena, aseguró que  esperan que el Estado cumpla con sus obligaciones  para resguardar la integridad física y moral de los menores de edad.

Por Karla Herrera

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que preside el diputado Ronald Estuardo Arango (Todos), instaló este jueves una mesa técnica interinstitucional que será la encargada de atender el tema de adultos recluidos en el sistema penitenciario y menores institucionalizados que presentan algún tipo de discapacidad.

Dicha instancia está constituida por autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Ministerio de Gobernación (Mingob), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, Secretaría de Bienestar Social (SBS) y del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi).

“Nos preocupa la situación de adultos y menores en centros de detención y resguardo con discapacidad, razón por la que hemos instalado una mesa que abordará el tema con seriedad. La idea es que cada institución, involucrada en velar de que no se vulneren los derechos de estas personas, presenten a la Comisión las acciones que desarrollan desde su ámbito para atender a esta población”, explicó Arango.

Sebastián Toledo, representante del Conadi, dijo con preocupación que a la fecha hay más de 5 mil discapacitados institucionalizados en centros públicos y privados, que no cuentan con las garantías de acuerdo a la condición que presentan. “Hay casos en los que el juez no tiene la suficiente información de los padecimientos del recluso y estos no son referidos a la institución adecuada para su atención”, agregó.

En el tema de salud, José Roberto Molina, viceministro del MSPAS, dijo que el 27.49 por ciento del presupuesto de esa cartera, es destinado para cubrir las necesidades de ese sector, sin embargo aseguró que el recurso económico no es suficiente  para atender de manera integral a todas personas.

Por aparte, el presidente de la sala legislativa anunció que trabajarán en un cronograma con el fin de definir las acciones puntuales. “La intención es implementar una herramienta que nos permita medir con tiempos específicos las condiciones en las que se encuentra este sector que no ha tenido la atención adecuada por parte del Estado”, puntualizó Arango.

Por Karen Mendoza

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Los relatores de la Oficina Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de Guatemala, llevaron a cabo una sesión solemne previo al acto de toma de posesión de relatores titulares y suplentes electos para el período 2018-2022. Como presidente fue electo Mario Roberto Veras Pappa.

Bajo el Acuerdo 19-2018,  los diputados al Congreso de la República eligieron el pasado 2 de agosto como relatores titulares a: Cecilia Ilusión Barrios Ortega, Otto José Paz Kroeli y  Mario  Roberto Veras Pappa; y a Oscar Leonel Solís  Corzo, Danilo Antonio Tager Castellano y Alberto Lemus Nájera, como suplentes.

El relator Carlos Solorzano, explicó que desde el momento en que se realizó la elección de todos los relatores, y con la toma de posesión de los mismos,  se podrá  trabajar en  dos grupos. El plan es hacer visitas periódicas a los centros de detención, con el fin de mantener un monitoreo constante, para evitar que se registren tratos crueles e inhumanos en cárceles y hospitales.

El presidente electo, Veras Pappa, dijo que trabajará principalmente en un plan de acción para poder habilitar nuevas oficinas que les permitan tener mayor control de sus monitoreos constantes en bienestar de los derechos humanos y la protección de la vida.

Por Mayra Recinos

 

 

 

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Durante la sesión ordinaria de este miércoles, los  diputados al Congreso de la República, conocieron en su segundo debate la iniciativa de ley 5367,  para la Agilización de la Ejecución de Libramiento de Cabecera Departamental de Chimaltenango.

La propuesta de  ley, presentada por los diputados de la bancada  Creo, pretende iniciar con las gestiones necesarias para ejecutar el proyecto para la construcción de un anillo periférico que reduzca el congestionamiento vehicular en la ruta de  Chimaltenango, vía obligatoria para quienes viajan hacia el occidente.

Seguidamente se inició con la discusión en tercera lectura de la iniciativa de ley 4947, de la agricultura familiar, la cual tiene como objetivo principal es contribuir con la meta nacional de reducir en 10% la desnutrición crónica en niños menores de dos años de edad, mediante la promoción de la agricultura familiar en los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, mejorando la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos.

En su discurso en el pleno, el diputado Nery Samayoa, de la bancada Movimiento Reformador, aseguró estar de acuerdo con la normativa, pues la misma ayudará a la reducción de la desnutrición y la migración por falta de empleo, por lo que espera el apoyo para ser aprobada.

En la próxima sesión ordinaria en el pleno del  Congreso, se buscará  continuar con la aprobación de estas iniciativas de ley, que serán de beneficio para la población en general.

Por Karla Herrera

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