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Los legisladores que integran la Comisión de Trabajo se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para verificar el cumplimiento y aplicación de los Convenios 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación;  y 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ambos  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su momento fueron ratificados por el Estado de Guatemala.

Con respecto al Convenio 87, los representantes de la cartera de Trabajo mostraron a los congresistas un informe sobre los sindicatos existentes, los inactivos, y los que se encuentran en proceso de autorización. Asimismo las acciones que han tomado en cuanto a la publicidad y promoción de la libertad sindical, como campañas publicitarias, entre otras.

La seguridad que se brinda a sindicalistas en caso de amenazas o hechos de violencia también fue contemplada en la reunión, ya que los congresistas expresaron que es importante que el Ministerio de Trabajo vele por el ejercicio de la libertad y protección de la sindicación en Guatemala.

En cuanto al Convenio 169, que se refiere a los derechos de Pueblos Indígenas y Tribales, los legisladores indicaron que es de vital importancia socializar el tema de la consulta, ya que existen iniciativas de ley que tratan el tema, por lo que se prevé la creación de mesas de diálogo.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión Transparencia y Probidad, que preside el representante Amílcar Pop, sostuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Comisión Presidencial de Diálogo, Procuraduría de Derechos Humanos y pobladores de los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, con el objetivo de fiscalizar el proceso de cierre de la mina Marlín.

La  compañía Montana Exploradora, propietaria de la mina Marlin, concluyó  con las operaciones extractivas  en  mayo del año pasado,  para iniciar con el proceso de recuperación  y responsabilidad tanto  ambiental como social, sin embargo pobladores de la región manifestaron su inconformidad pues aseguran que no se están cumpliendo los  compromisos adquiridos.

Denuncian daños irreparables al medio ambiente, entre ellos: la desaparición de manantiales, contaminación microbiológica del agua en las zonas cercanas a la operación del proyecto, así como afecciones en su salud, y daños a la infraestructura de sus viviendas. “No es posible que la mina se retire sin resarcir los daños a la naturaleza y a  las familias afectadas y el Estado lo permita”, expresó el poblador Jacinto Morales.

El parlamentario Pop comentó: “Fueron más de 10 años de explotación de los recursos naturales y no vemos que realmente haya sido de beneficio para las comunidades, al contrario fueron años de corrupción,  y  no se ve desarrollo ni progreso”.

Durante la reunión Sergio Alejandro Flores, comisionado presidencial de diálogo, expresó que desde el 2017  se le dieron seguimiento a  trece demandas, y que se ha estado mediando para lograr acuerdos entre la empresa y las comunidades.

Explicó que  en algunas  ocasiones se rompió el diálogo y se  tomaron medidas de hecho por parte de los pobladores, por lo que no se ha podido llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero que el proceso continúa y como Comisión están anuentes a seguir  intermediando en este conflicto.

Por su parte, Julio Recinos, viceministro administrativo de Ambiente, indicó que el estudio de cierre de la mina Marlin presentó varias inconsistencias y que luego de solicitar la opinión técnica a Conred, y a los  Ministerios de Energía y Minas y de Salud, se ha evidenciado  que no se llenan los requisitos para su aprobación.

El presidente de la sala legislativa solicitó más información a los funcionarios sobre el plan de cierre de la mina,  auditorías ambientales, así como de los resultados de las aguas residuales y de las evaluaciones sobre las viviendas dañadas, para continuar con la  fiscalización.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados Karla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva, y Julio Lainfiesta del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), en conferencia de prensa, manifestaron su preocupación por la no comparecencia del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Carlos Soto Menegazzo, a dos citaciones en las que se tratarían temas como muertes de menores por desnutrición y el cierre de las consultas externas en la red hospitalaria, entre otros.

El motivo principal de las reuniones fue el anuncio del cierre por tres días de  la consulta externa de los hospitales y centros de Salud a nivel nacional, el pasado 13 de agosto. Medida que fue tomada por los profesionales de la salud, en demanda de un ajuste salarial, estabilidad laboral y el establecimiento de un estatuto con el que sea crea un escalafón de puestos y salarios.

“En el Congreso estamos tratando de intermediar entre los médicos y el Ministerio,  pero es lamentable que las autoridades de Salud Pública no tomen con seriedad este tema. Queremos buscar las salidas al problema, por lo que buscamos el acompañamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Colegio de Médicos en función de contar con los criterios técnicos y evitar la politización”, dijo Lainfiesta.

Los profesionales se quejan de la mala infraestructura de los centros hospitalarios, los bajos salarios y las carencias de insumos médicos y quirúrgicos. “Es necesario propiciar el diálogo con las autoridades, por lo que en asamblea los médicos hemos decidido que las referidas unidades de atención, trabajen con normalidad, con el fin de no afectar a los guatemaltecos que van en búsqueda de los servicios médicos”, aseguró el doctor Jaime Cáceres, representante del Hospital General San Juan de Dios.

“No quitaremos el dedo del renglón en cuanto a la fiscalización de los recursos destinados en materia de salud, para que los mismos lleguen a  quienes lo necesitan. Intermediaremos entre las partes involucradas para que los médicos sean dignificados  con mejores condiciones salariares”, concluyó la congresista Martínez.

Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales, la cual preside la diputada Laura Franco Aguirre, de la bancada FCN-Nación, recibieron los resultados del análisis del Decreto 82-78, Ley General de Cooperativas, hecho por los representantes de la Mesa Técnica constituida para el efecto.

En la mesa, que analizó parte de los 65 artículos de los que consta el proyecto de reforma, participaron representantes de la Confederación Guatemalteca de Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Confecoac R.l.), sindicatos de cooperativas del país y expertos en temas financieros, entre otros.

“Dado el consenso de todas las subcomisiones de trabajo, dentro de la mesa técnica y como aporte nuestro del proceso de reforma al Decreto No. 82-78, Ley General de Cooperativas, al cual fuimos invitados por ustedes…, estamos entregando lo que de momento consideramos un anteproyecto que debe hacerse contener en dicha ley”, dice la nota.

Los congresistas citarán para una próxima reunión de trabajo a funcionarios de instituciones como la Contraloría General Cuentas (CGC), Superintendencia de Bancos (SIB) y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para que también den sus aportes.

Los diputados indicaron además que es de mucha importancia una reunión con los representantes del Banco Mundial (BM), aprovechando la visita oficial que hará al país una delegación de funcionarios de ese organismo internacional, “con el fin de conocer los puntos de vista y aspectos financieros, mercantiles y monetarios a nivel internacional, y enriquecer el contenido del anteproyecto de ley”.

La congresista Laura Franco Aguirre, del bloque FCN-Nación, y presidenta de la referida Comisión, habló de la importancia de socializar el documento enviado por los integrantes de la mesa técnica. “Hay que enriquecer el contenido y presentar un anteproyecto de ley con los cambios que se requieren como la regulación de las cooperativas de ahorro y crédito”, dijo.

Por José Castellanos

 

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El director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas (Renap), Enrique Aceituno,  solicitó a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, un aumento presupuestario de Q337 millones para el próximo año.

El dinero servirá principalmente para adquirir nuevos equipos para capturar y procesar los datos para la identificación de personas a nivel nacional. “Necesitamos cambiar la tecnología con que trabajamos, el proveedor de los servidores de la institución es francés y debe actualizar la memoria de espacio para registros, lo que puede costar unos Q60 millones”, argumentó el funcionario.

El legislador Gabriel Heredia, de la UNE, cuestionó la ejecución presupuestaria anual de la institución, los atrasos en entregas de los Documentos de Identificación Personal (DPI), así como el costo de los servicios que pagan los guatemaltecos por ser registrados.

Los diputados Alejandra Carrillo (Movimiento Reformador), e Inés Castillo (UNE), coincidieron en cuestionar los altos salarios de algunos funcionarios, entre los que figura el exministro de Gobernación, Francisco Rivas, con Q25 mil; y el director del Renap, con Q48 mil mensuales. También los altos pagos por concepto de alquiler de oficinas, poniendo de ejemplo el edificio central que equivale a medio millón de quetzales mensuales, pese a que no tiene parqueo ni áreas adecuadas para las personas hacen trámites.

El presidente de la Comisión de Finanzas, Ferdy Elías, de (FCN-Nación), solicitó un informe detallado de los gastos de funcionamiento, salarios, contratos y pago de servicios que hace la institución, con el objetivo de evaluar a detalle la solicitud del director del Renap.

Algunos legisladores adelantaron opinión e indicaron que mejor solicite un traslado presupuestario de alguno de los ministerios que no han cumplido su ejecución, y que exista el compromiso de acelerar el proceso de entrega del DPI.

Por Fernando Bolaños

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La diputada Sandra Morán,  de la bancada   Convergencia, se reunió con autoridades del Ministerio de Salud, Trabajo, y de la Procuraduría de Derechos Humanos, para buscar una solución al problema de los vendedores que se encuentran en las afueras del hospital Roosvelt.

A la reunión asistieron el viceministro de Previsión social y Empleo, Gabriel Aguilera; la encargada del departamento de inmuebles y bienes del Ministerio de Salud,  Glen Guerra; y representantes de  la Procuraduría de Derechos Humanos.

La diputa Morán manifestó su preocupación por un posible desalojo de los vendedores que están en los alrededores de este hospital, quienes en su mayoría subsisten por la economía informal.

“Entendemos de la necesidad  de empleo, ya hemos estado dialogando con los vendedores, que en su mayoría tienen más de un puesto de venta informal, para que inicien con microempresas legales”, enfatizó el Viceministro de Trabajo.

Los representantes del Ministerio de Salud aseguraron que a la mayoría de los vendedores que están ubicados en los alrededores del hospital Roosvelth se les ha ubicado una caseta en la plaza dentro del hospital, pero algunos de ellos han alquilado o vendido su derecho de llave, para seguir vendiendo en las afueras.

Al  concluir la reunión, se  conformó una mesa técnica de trabajo a la que se invitará a  los representantes de los vendedores, para llegar a un acuerdo, y buscar soluciones al problema sin afectar su economía.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Deportes se reunieron con autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), para dialogar sobre los resultados finales y los logros que obtuvo la delegación guatemalteca que participó en el torneo de los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, 2018.

Los congresistas se mostraron orgullosos del resultado de la delegación guatemalteca que obtuvo 84 medallas en total, colocando a Guatemala entre los mejores países de la región Centroamericana y de Latinoamérica.

La delegación estuvo integrada por 428 deportistas, 194 mujeres y 234 hombres. El abanderado fue el arquero Thomas Flossbach, y los escoltas: la tenista, Andrea Weedon, y el fondista verapacense, Mario Pacay.

A la reunión acudió Gerardo Estrada Mayorga, gerente general del Comité Olímpico Guatemalteco; y Azucena Morales, subgerente técnica de la  institución deportiva, entre otras autoridades del COG, a quienes los diputados interrogaron sobre los incentivos, becas, y apoyo que se les da a estos deportistas.

“Tenemos que estudiar en el sistema de las doce cajas de la institución y ver en qué estado se encuentran los atletas. Según el Programa de Retención de Talentos, con  una medalla de oro pueden recibir hasta Q 3 mil 400 de beca mensual, todo depende de las medallas y de los puestos”, dijo Estrada Mayorga, del COG.

Los congresistas insistieron en que se debe estimular a todos no solo a los que ganaron porque realmente hicieron un esfuerzo que trae noticias positivas para el país, y si representan a Guatemala es porque aquí son los mejores, y a lo mejor hay que apoyarlo.

“Estamos preparando una actividad especial para reconocer a los deportista que se sacrificaron, participaron y lograron su triunfo que para todos los guatemaltecos es un orgullo”, indicó la congresista Flor de María Chajon, presidenta de esa sala legislativa.

En otro punto, los integrantes de la Comisión se reunieron con Julia Acevedo, atleta  de la disciplina de baile deportivo quien habló de la necesidad de que se les reconozca en los estatutos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), como una asociación deportiva.

Los legisladores acordaron citar para una próxima sesión de trabajo a los dirigentes y autoridades deportivas de la CDAG para abordar el tema y buscar una solución. “No solo es esta disciplina deportiva la que quiere que se le reconozca , también está la Asociación de Porrismo”, explicó el diputado José Alejandro De León Maldonado, vicepresidente de la Comisión de Deportes.

Por José Castellanos

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La mesa técnica integrada por diputados de la Comisión de Desarrollo Social, representantes de los ministerios de Salud y Economía, Sesan, y Procuraduría de Derechos Humanos, continúan con la elaboración de un proyecto de ley que regule el etiquetado alimentos.

El objetivo es proporcionarle al consumidor, por medio  de sellos de advertencias nutricionales, la cantidad de grasa, azúcar y sodio que contiene el producto, para que pueda hacer una elección informada a la hora de comprar alimentos.

Durante la reunión se acordó ampliar el contenido del proyecto,  abarcando temas de educación para que se  incorpore por ejemplo, en el curriculum nacional básico, la enseñanza de las guías alimentarias para la población infantil.

“Según la datos de la Organización Panamericana de Salud, el costo de la diabetes  en Guatemala sobrepasa los  USD900 millones. De igual forma, el 71 por ciento de los adultos que viven en el área urbana  padece de sobrepeso y obesidad, siendo el Estado quien al final paga esta sobrecarga económica”, comentó el diputado Jairo Flores, presidente de la referida Comisión.

Eduardo Palacios, coordinador del Programa Nacional de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud, dijo que “es de vital importancia trabajar en la promoción, difusión y concientización de la alimentación saludable para reducir la morblidad y mortalidad prematura”.

En opinión del diputado Flores la propuesta es muy completa. “Esperamos presentarla la próxima semana. Apoyaremos este material, ya que será en beneficio de la población en general”.

Por Rosemary Recinos.

 

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El ministro de Gobernación (Mingob), Enrique Degenhart Asturias, expuso este lunes ante los Jefes de Bloque y Junta Directiva, los detalles del proceso de implementación del control telemático en el proceso penal, contenido en el Decreto 49-2016, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso el 22 de noviembre de 2016, con el fin de disminuir el hacinamiento en las cárceles del país.

“El instrumento en mención consiste en un dispositivo electrónico que se colocará a las personas en el tobillo y muñeca sujetas a arresto domiciliar o arresto residencial por orden de  juez competente”, explicó el titular de la cartera del interior a los congresistas.

El funcionario aseguró que la fase actual del proyecto está en el desarrollo de una mesa técnica interinstitucional en la que participan autoridades del Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal y del Sistema Penitenciario. “Dicha instancia es la encargada de los protocolos con los que se deberá regir la normativa, dando paso a la fase de licitación, la que prevé pueda hacerse en el mes de octubre”, agregó.

Entre las dudas que se generaron en la reunión fueron las relacionadas al atraso de la implementación de la ley, tomando en cuenta que han pasado 20 meses, luego de su entrada en vigencia en diciembre de 2016; así como el número de personas que se necesitaran para el monitoreo de dicha plataforma de control.

Degenhart afirmó que el atraso se originó tras el cambio de la propuesta. “En una primera instancia, el proyecto estará a cargo de la Policía Nacional Civil. Entrará a funcionar una unidad específica que tendrá la responsabilidad del control y monitoreo, y que contará con una nómina de no menos de 100 personas, que serán seleccionadas bajo el escrutinio más estricto”, expresó.

Durante la reunión, los legisladores aprobaron el orden del día que se conocerá en la sesión plenaria de este martes 14 de agosto, el cual incluye como único punto, el inicio de la interpelación del ministro de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Carlos Soto Menegazzo, a solicitud del diputado  Marvin Orellana, subjefe del bloque Alianza Ciudadana (AC).

La razón de la interpelación, según se argumenta en la misiva del congresista de AC, se debe a la poca respuesta que el titular del MSPAS ha dado a pobladores del departamento de Alta Verapaz, quienes han denunciado el atraso en la remodelación  de la emergencia del hospital de la localidad, contemplada desde hace dos años.

El artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su párrafo tercero, señala que si la interpelación se extendiera más de dos sesiones, el Congreso programará una última sesión adicional, cualquier día de la semana, durante la cual se podrán programar temas de agenda legislativa, incluyendo la interpelación en curso.

Por Karen Mendoza

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