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Diputados de la Comisión de Seguridad Alimentaria, que preside el representante Marcos Yax,  manifestaron su preocupación por los casos de desnutrición que se han registrado en el departamento de Jutiapa a raíz de la sequía que se vive en el país, ante la ausencia de lluvias.

“Nos preocupa que en Jutiapa, al igual que en los departamentos del corredor seco y algunos del occidente, se estén incrementando los casos de desnutrición, por lo que  las autoridades de gobierno encargados del tema, deben trabajar en conjunto para evitar que las cifras aumenten”, destacó el diputado Marcos Yax, presidente de la referida Comisión.

A la reunión asistió Juan Carlos  Carias, secretario de seguridad slimentaria; Manfredo Melgar, viceministro de seguridad alimentaria y nutricional (SESAN); Pedro Corado, gobernador departamental de Jutiapa; Cesar Elías, sub contralor de cuentas; Claudia Maselli, procuradora adjunta de Derechos Humanos; así como delegados de la SESAN, Ministerio de Salud y Educación.

Según las estadísticas, este año se han atendido  287 nuevos casos de desnutrición en el departamento de Jutiapa, la mayoría  niños menores de 10 años, por lo que los representantes del Ministerio de Salud, hicieron un llamado a las autoridades de SESAN, MIDES  y al Ministerio de Agricultura, a aumentar el presupuesto y personal para los centros de salud.

Nery Morales, delegado de la SESAN en Jutiapa, dio a conocer que mantienen un monitoreo para determinar los casos de desnutrición,  y que las familias afectadas puedan ser incluidas en los  programas de ayuda social, donde se les brindan bolsas de alimentos y fertilizantes.

Se dio a conocer que   hay más de 300 mil familias guatemaltecas afectadas por la sequía en todo el país, por lo que se podría analizar la posibilidad de declarar estado de calamidad en los departamentos del corredor seco, y algunos del occidente.

Por Karla Herrera

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La Comisión de la Mujer, presidida por el diputado Aníbal Rojas (Viva), analizó este jueves el artículo 7 de la iniciativa 5376, que plantea un sistema de protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora para niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual.

 

En la actividad participaron cerca de 65 organizaciones de la sociedad civil, entre las que resaltan Asociación Go Joven Guatemala, Coalición Ministerial Cristiana, Mujeres Transformando el Mundo, Alianza Evangélica de Guatemala, Asamblea Feminista, Instituto de Derecho a la Vida, entre otras, las cuales presentaron argumentos a favor y en contra de la normativa

 

Quetzali Cerezo, de la Asociación Movimiento por la Equidad en Guatemala (AME), aseguró que el Estado debe de garantizar que la maternidad ideal sea libre y deseada a través de estrategias interinstitucionales, que eviten la incidencia de casos de violaciones sexuales en menores.

 

“De lo contrario nos enfrentamos a la interrupción de la vida de una niña mediante un abuso violento, trayendo serias consecuencias para su desarrollo. El Estatuto de Roma, en su artículo séptimo, refiere que  el embarazo forzado es considerado un crimen a la humanidad, situación que hace que las menores en esta condición sean estigmatizadas”, agregó Cerezo.

 

Orlando Cabrera, del Instituto Juntos por la Vida, explicó que no ven  viable el proyecto de ley, bajo varias perspectivas: “No se considera la salud física y psicológica de la menor que interrumpe el embarazo”.

“Vemos con preocupación que se quiera aprobar una ley que excluye a otras victima de delito sexual y peor aun que no se contemple un castigo severo al abusador. Creemos que se debe de trabajar en soluciones de fondo como el acompañamiento a la víctima, el castigo al criminal y combate a la clandestinidad de los abortos”, afirmó Cabrera.

Al concluir la reunión, el congresista Rojas indicó que la mesa se reunirá nuevamente en los próximos días para continuar con el análisis de la propuesta. “Escucharemos a dependencias del Estado involucradas en el tema en virtud de contar con un dictamen ampliamente discutido”, anunció el legislador.

Datos del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa), del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, refieren que en lo que va del año, al menos 1 mil 475 menores, entre 10 y 14 años, tienen un embarazo no deseado a causa de un delito sexual.

Por Karen Mendoza

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La diputada Eva Nicolle Monte, de la bancada Alianza Ciudadana, se reunió con Reyes Patal, alcalde del municipio de Patzún, Chimaltenango; Juan Pablo Muñoz, coordinador de construcción de la empresa Construdam; y José Muñoz, coordinador de la división de supervisión  de la Dirección General de Caminos, para conocer los avances de la reparación de un tramo carretero que atraviesa dicha región.

El alcalde Patal comentó que la obra abarca 13 kilómetros y que  después de ocho meses únicamente se han asfaltado  2.5 km, por lo que se le solicitó a la empresa constructora que  agilice el proceso, ya que este tramo es de suma importancia para el desarrollo de la población, que se caracteriza por la producción de arveja china y brócoli.

“La ruta es de Patzicía  a Patzún, y nos preocupa porque la población ya está bastante molesta ante este atraso, y no queremos que surjan manifestaciones ante esta inconformidad”, señaló el jefe edil.

Por su lado, el representante de la empresa señaló que la demora se debe a que hasta en el mes abril recibieron  el anticipo por parte del ministerio de Finanzas, y que los procesos burocráticos por la ley de compras y contrataciones son muy lentos. “Recibimos el dinero dos meses después de terminar con una parte del área y esto nos limita para avanzar más rápido”, afirmó.

La diputada Monte, representante del departamento de Chimaltenango, expresó: “La carretera está totalmente deteriorada y es muy probable que ocurran accidentes de tránsito, por lo que seguiré con está fiscalización para verificar que se cumplan los plazos y que este año se pueda concluir  este proyecto”.

Por Rosemary Recinos.

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Los diputados Jaime Lucero y Julio Lainfiesta, de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), se reunieron con empresarios, autoridades del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, y el alcalde municipal de Jalapa, para verificar el estado y procedimiento de los permisos que se otorgan a las líneas de transporte colectivo para poder operar en el área, con el fin de evitar conflictividad social.

Según los transportistas del municipio de Jalapa, empresarios ajenos a la localidad, tienen la intención de registrar nuevas líneas de buses, lo cual crearía una sobrepoblación de estos vehículos, ya que los que trabajan actualmente cubren a cabalidad la demanda de la población; por lo que solicitan a las autoridades de Comunicaciones que no se otorguen las autorizaciones respectivas.

El viceministro de telecomunicaciones y  transporte, Cristian Aguilar, indicó que verificarán si en realidad hay solicitudes de registro de buses y darán seguimiento a las demandas de los transportistas de Jalapa, con el objetivo de evitar un conflicto directo entre empresarios de transporte. Además dijo que el 21 de agosto integrará una mesa de diálogo con la participación de todas las partes involucradas en la problemática.

Otro tema que se trató en la reunión fue la dificultad que tienen los transportistas para ingresar a Santa María Xalapán, Jalapa,  debido a la negativa de las autoridades locales, aduciendo que es su derecho consuetudinario. Las autoridades tomaron nota del problema y aseguraron que dialogarán con los líderes comunitarios para explicarles la necesidad que tienen los vecinos de movilizarse.

“Es importante que se llegue a un acuerdo en estos temas, y de esa manera evitar que la población sea la menos perjudicada”, expresó el diputado Lucero, quien dijo darán seguimiento a las mesas de diálogo para solventar los problemas que enfrentan los transportistas en la zona.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el representante Fernando Linares Beltranena, dictaminaron a favor de tres iniciativas de ley y en contra de dos que fueron envidas por el Pleno a esa sala de trabajo para su estudio.

Los proyectos que regresarán al Pleno para su trámite y posible aprobación, tras recibir el beneplácito de la Comisión son el 5375, para reconocer el día del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación; el 5440, sobre la Ley de Avisos Electrónicos; y el 5411  que dispone aprobar reformas al Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, Código de Comercio, para la implementación del cheque electrónico.

Las iniciativas de ley 5395, sobre identidad de género, que fue presentada por la diputada Sandra Morán; y la 5437, sobre las publicaciones electrónicas que fue presentada y retirada por la diputada Andrea Villagrán, recibieron dictamen desfavorable.

Durante la reunión también se informó que fueron enviadas por el Pleno a la Comisión, para su estudio y dictamen, las iniciativas 5474, presentada por el diputado Juan Ramón Lau, para que se les dé medida preventiva a los reos o sindicados de algún delito que sobrepasen los 70 años de edad; y otra enviada por el diputado Amílcar Pop “para que las consultas populares sean bien explicadas a los pueblos indígenas”.  Los legisladores recibieron copia de las iniciativas de ley para que sean analizadas, y puedan así opinar sobre su contenido en  una próxima reunión.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Deportes se reunieron con autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), para verificar el mantenimiento que se da los diferentes complejos a cargo de la confederación, así como los mecanismos para que se pueda incrementar el aforo del Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores.

Los parlamentarios explicaron que la intención de que se incremente la capacidad de ingreso de aficionados al estadio es aumentar el aforo en los partidos internacionales. Para la presidenta de la Comisión, Flor de María Chajón, el aumento del aforo del Estadio Nacional continúa como una asignatura pendiente, y que en conjunto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred),  se deberá tomar la decisión final.

Los representantes de la CDAG explicaron que el objetivo principal es brindar la mayor seguridad a los asistentes al Estadio. Según dijeron “en 2013, la CONRED emitió una serie de recomendaciones y disposiciones donde se explicaban los cambios que debían hacerse, entre ellos reducir la capacidad de asistencia, los cuales se cumplieron y que esperarían que con una reevaluación podría aumentarse el aforo hasta los 23 mil espectadores”.

El aforo en estos momentos es de 18 mil personas, distribuidas de la siguiente manera: 3 mil 685 en la localidad de preferencia, 3 mil 685 en la general sur, 3 mil 158 en tribuna, un mil 070 en palco y 3 mil 869 en la general norte y el resto distribuida en la gramilla.

Los diputados acordaron citar para una próxima reunión a representantes de la CONRED, CDAG, Ministerio de Cultura y Deportes para conocer las alternativas y que se puedan resolver las dudas sobre si se puede incrementar las localidades en el Estadio.

Por Byron Ramírez

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La iniciativa de ley 5367, que dispone aprobar la ley temporal para la agilización de la  ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango, fue aprobado en su tercera lectura por el Pleno de los Diputados al congreso, con 85 votos a favor.

En su exposición de motivos, los diputados de la bancada CREO, ponentes de la iniciativa de ley, argumentan la norma servirá de soporte legal para la conclusión del Proyecto de Libramiento, con una extensión total de 15.32 kilómetros, para evitar el paso de la Ruta Centroamericana CA-1, o carretera interamericana, por los municipios de El Tejar y Chimaltenango.

“Con esto se espera  negociar los derechos de vía con los propietarios particulares de los terrenos que  forman parte del trazo, por lo que se espera declarar de interés público  la obra y que se procesa  a la indemnización correspondiente a quienes se les expropie de sus patrimonios”, dijeron los congresistas.

Luego de haberse aprobado en tercera lectura, se inició con las votaciones  por artículos, por lo que espera que para la próxima semana se pueda continuar con esta fase y por redacción final.

Con esta ley se espera construir una vía  alterna para facilitar el paso de vehículos que diariamente transitan por el lugar rumbo a los departamentos y municipios del occidente.

Por Karla Herrera

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La diputada Lucrecia Samayoa, presidenta de la Comisión de Integración Regional, se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), y Registro Nacional de la Personas (Renap), con el objetivo de verificar los avances en el proceso de legalización de firmas de registradores civiles en las cabeceras departamentales de Huehuetenango, San Marcos, Retalhuleu, Quezaltenango, Escuintla, y Quiché, así como el tema de apostillado en los documentos de los menores de edad.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García, indicó que se está trabajando para favorecer la movilidad de los guatemaltecos que viven en zonas fronterizas y desean cruzar con fines turísticos o comerciales.

El Viceministro contó que en breve se firmará un convenio bilateral entre Cancillería y el gobierno mexicano, para  regresar al pase temporal lo que facilitará el comerció y movilidad entre las poblaciones fronterizas. En el caso de los menores se necesita una certificación de nacimiento debidamente apostillada y certificada por el MINEX.

La diputada Samayoa se mostró satisfecha con las respuestas e indicó que ve un avance en cuanto al proceso de la legalización de firmas de registradores civiles en cabeceras de varios departamentos, lo cual dijo “agiliza y economiza los trámites migratorios de las personas en áreas fronterizas”. Expresó que dará seguimiento a ambos temas.

Por Estuardo Zeceña

 

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Los legisladores que integran la Comisión de Trabajo se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para verificar el cumplimiento y aplicación de los Convenios 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación;  y 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ambos  de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su momento fueron ratificados por el Estado de Guatemala.

Con respecto al Convenio 87, los representantes de la cartera de Trabajo mostraron a los congresistas un informe sobre los sindicatos existentes, los inactivos, y los que se encuentran en proceso de autorización. Asimismo las acciones que han tomado en cuanto a la publicidad y promoción de la libertad sindical, como campañas publicitarias, entre otras.

La seguridad que se brinda a sindicalistas en caso de amenazas o hechos de violencia también fue contemplada en la reunión, ya que los congresistas expresaron que es importante que el Ministerio de Trabajo vele por el ejercicio de la libertad y protección de la sindicación en Guatemala.

En cuanto al Convenio 169, que se refiere a los derechos de Pueblos Indígenas y Tribales, los legisladores indicaron que es de vital importancia socializar el tema de la consulta, ya que existen iniciativas de ley que tratan el tema, por lo que se prevé la creación de mesas de diálogo.

Por Estuardo Zeceña

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