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Es necesario conocer el trabajo que han hecho las Organizaciones de Padres de Familia (OPF), OPF para otorgar las refacciones escolares y la reparación de los edificios escolares que están deteriorados.

A esa conclusión llegaron los diputados que conforman la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario tras celebrar una reunión de trabajo, en la que acordaron que para la primera semana de diciembre, citaran a los directores departamentales de educación, quienes deberán presentar el avance en el remozamiento de los establecimientos educativos del Estado.

Al momento sabemos  que solo algunos centros educativos han recibido ayuda del gobierno para reparar techos, baños y mobiliario, por lo que es necesario que cada director departamental presente un informe de sus departamentos, aseguraron los diputados que integran está comisión, la cual preside la congresista, Lesly Valenzuela.

Otro de los puntos abordados fue el referente a las  perspectivas que se tienen para el cumplimiento del programa de gratuidad, el cual establece que el  Ministerio de Educación debe asumir los gastos de la compara de equipó y suministros de limpieza, para evitar que se les pida el dinero o material a los padres de familia.

Por Karla Herrera

Fotos Edwin Méndez

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La falta de la tenencia de tierra ha generado conflictos en varias comunidades de Alta Verapaz y los diputados que integran la Comisión de Pueblos Indígenas buscan una solución para los mismos.

Por ello  se reunieron con autoridades del Ministerio de Agricultura y Finanzas, de la Secretaria del Dialogo Nacional, Fondo de Tierras (FONTIERRA), Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) y de  varias comunidades de Alta Verapaz.

Como parte de la solución, Axel López,  gerente de FONTIERRAS, aseguró que la institución cuenta con un presupuesto de Q126 millones, con lo que esperan   adquirir 8 fincas y solucionar 56 casos de tierras  en varios departamentos del país.

Para este jueves se programó un nuevo  diálogo con la participación de diputados,  representantes de las comunidades y las instituciones de gobierno involucrados en el tema.

Por Karla Herrera

Fotos. Elder Carío

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Con 84 votos favorables, diputados al Congreso aprobaron en su tercer debate la iniciativa 5498 Ley para la reactivación económica del café, mientras que la iniciativa 5311 que dispone reformas al decreto 51-92 del Congreso de la República, Código Procesal Penal también logró avanzar en su tercer debate tras el voto favorable de 87 legisladores. Ambas propuestas quedan pendientes de su aprobación por artículos y redacción final.

En la sexagésima sexta sesión celebrada este martes inició su aprobación por artículos y redacción final la iniciativa 5033, reformas al Decreto 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, dicho proyecto de ley será discutido en una próxima sesión para culminar su proceso de aprobación. El mismo propone prohibir el uso de luces led en los vehículos y de esa forma   garantizar la seguridad vial y reducir los percances viales a causa de la poca visibilidad al conducir.

Mientras que la iniciativa 5513 que propone la ley para la prevención y atención del cáncer de mama y cervicouterino fue leída en el Pleno siendo remitida a la Comisión de Salud para su análisis y dictamen. Así mismo, la iniciativa 5527 que dispone reformas al Decreto 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público, la cual  fue remitida a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Al concluir la sesión, los congresistas fueron convocados a sesionar este miércoles para continuar con la aprobación por artículos y redacción final de las reformas al Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Héctor Monroy/Edwin Méndez

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El dictamen favorable a la iniciativa  Ley de Promoción Saludable fue entregado a Dirección Legislativa por el diputado Jairo Flores, presidente de la Comisión de Desarrollo, quien se hizo acompañar de autoridades de instituciones como el    Ministerio de Salud Pública, de la Procuraduría de Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud  y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La mencionada ley exige a los empresarios brindar al consumidor,  por medio de sellos de advertencia,  información en torno a los valores y peligros nutricionales. “Es importante que las empresas impulsen sus productos con la responsabilidad de informar a la población de lo que va a consumir”, dijo el legislador Flores.

Esta normativa propone que en las etiquetas o sellos,  el proveedor advierta sobre los niveles de azúcares, grasas saturadas, sodio y edulcorantes que poseen los productos y prevenir enfermedades como diabetes, hipertensión y cáncer, entre otras, además de prevenir la obesidad.

“Felicito al diputado Jairo Flores por esta iniciativa ya que crea un impacto  perecedero en la lucha contra el hambre,  malnutrición y obesidad, es una iniciativa bien escrita que asegura un impacto positivo”, expresó el Dr. Tomo Kanda, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

“Esta iniciativa beneficia a todos los estratos sociales y principalmente a quienes tienen menos acceso a la salud”, comentó el representante del ministerio de salud, mientras el diputado Leonardo Camey   comentó que el dictamen es  un  aporte de la comisión para  beneficiar a los guatemaltecos. “Es el inicio de nuevos proyectos a realizar con el liderazgo del diputado Jairo Flores”, comentó el congresista Juan Manuel Díaz-Durán.

Por Astrid González.

Fotos Estuardo Zeceña

 

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 Una propuesta de enmienda al Presupuesto General de  Ingresos y Egresos del Estado 2019 fue presentada por el ministro de Finanzas, Víctor Martínez ante   la Mesa Técnica que analiza el proyecto y que  coordina el diputado Javier Hernández de FCN-Nación,.

Dicha enmienda tiene como principal propósito reasignar al Ministerio de Salud un monto de  Q351 millones  que se obtendrían de recortes a otras carteras, entre estas, Gobernación, agricultura, desarrollo y de la Defensa.

“Se readecuará  con reducciones el presupuesto de los ministerios de Gobernación, Q.25 millones; Defensa,  Q.25 millones, Agricultura Q.20 millones, Comunicaciones Q.70 millones y Desarrollo Social con 30 millones” expresó el ministro Martínez.

También se establece la realización de un estudio técnico para reorganizar los puestos y salarios de los demás trabajadores del área de salud, “este es el gran desafío para garantizar que cada trabajador reciba una remuneración acorde a su cargo y nivel académico” dijo el diputado Carlos Barreda, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Por su parte la legisladora Karla Martínez, Segunda Secretaria de Junta Directiva, comentó, “este es un incremento justo y merecido, es una lucha que viene desde hace muchos años, y hoy se están logrando los acuerdo para que sea posible”.

La enmienda fue firmada por los integrantes de la mesa técnica y se espera que pueda ser aprobada próximamente por el pleno del Congreso.

Por Rosemary Recinos

Fotos Miguel Plato.

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En un plazo aproximado de ocho días las autoridades de la Contraloría General de Cuentas (CGC), deberán entregar a los  integrantes de la bancada TODOS un informe circunstanciado con los hallazgos de la auditoría especial en torno a  la existencia de plazas fantasmas en el Ministerio Público (MP), durante la gestión de Thelma Aldana.

Una de estas plazas sería la del  hijo de Oscar Clemente Marroquín,  de Diario La Hora,  José Carlos Marroquín Pérez,  quien en uno de tres contratos devengó alrededor de Q1 millón por supuestas funciones de consultor local pese a estar 7 años fuera del país.    Marroquín Pérez nunca firmó y logró que se le ampliaran los contratos por medio de un mandatario, lo que le hace incurrir en ilegalidades, según la contraloría.

“Se está trabajando una auditoría especial,  la cual vamos a complementar con la información que nos ha sido entregada y esperamos que en 8 días se remita este informe a la bancada”, dijo el  Contralor en Funciones, Fernando Fernández.

En la reunión los legisladores entregaron un documento que consta de 165 páginas con la información que confirma las anomalías en dicha contratación y solicitó la inmediata investigación. Además cuestionaron a Fernández, sobre el procedimiento para reintegran los fondos erogados en esta contratación.

“No es posible que se admita esta robo al pueblo de Guatemala, exigimos se reintegre este dinero que bien pudo ser utilizado en beneficio de la población”, resaltó el diputado Felipe Alejos, primer Vicepresidente de Junta Directiva.

Otro de los temas que fueron discutidos en la reunión fue  la aparente participación de Marroquín como lobista personal de la ex fiscal y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), debido a que en su contrato no estipula funciones de esa naturaleza. Mientras que el diputado Felipe Alejos anunció acciones legales en contra de Marroquín Pérez por diversos delitos.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Rodrigo Arias.

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Un análisis a las reducciones presupuestarias que se aplicaron a las instituciones del sector justicia realizó el subjefe de la bancada de la Unidad de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, quien  junto a otros diputados sostuvo una reunión  de trabajo con representantes de esas instituciones.

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Ochoa,  indicó que originalmente ellos pidieron un presupuesto de Q140 millones, sin embargo, les disminuyeron Q2.3 millones. “Con esta reducción vemos un riesgo en los programas de modernización de la gestión, el desarrollo integral de la tecnología, las capacitaciones y en general peligra el acceso a la justicia”, dijo.

En el mismo sentido se pronunció el magistrado Nester Vásquez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al explicar que solicitaron Q2,985 millones, en el proyecto de presupuesto el Ministerio de Finanzas asignó Q2,386, sin embargo la Comisión legislativa de Finanzas les colocó Q1, 763 millones, lo que representa Q1,222 menos. “Prácticamente nos están regresando a los montos asignados en el 2015”, expresó Vásquez.

Gladys Morales, directora administrativa del Ministerio Público (MP),  en representación de la Fiscal General, Consuelo Porras, lamentó que de Q2, 792 millones que solicitaron, les asignaron Q1,599 millones. “Es decir Q1, 193 millones menos de lo que necesitamos para dar respuesta a las demandas de nuestras funciones”, dijo.  Con ese presupuesto no podremos en funcionamiento 25 fiscalías departamentales previstas para el 2019.

Otras instituciones como la Defensa Pública Penal (DPP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), también se vieron afectadas, por lo que solicitaron a los diputados de la UNE, su intermediación para continuar funcionando. Esteban Mollinedo, director del  DPP expreso que de Q350 millones solicitados, solo les asignaron Q243. Mientras el INACIF solicitó Q471 millones, le colocaron Q250 millones.

“Vamos a llevar este tema a la instancia de Jefes de Bloque, no deja de preocuparnos esta situación que debilita al sector justicia del país; los motivos obviamente son políticos, pero los resultados son nocivos para todos los guatemaltecos”, concluyó el jefe de la bancada, Orlando Blanco.

 Por Mayra Barillas Recinos

Fotos Elder Carío

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Ante la Instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Nester Mauricio Vásquez Pimentel  expuso la situación  que podría atravesar ese órgano administrador de justicia para el próximo año, tras el recorte de cerca Q1,222 millones en su presupuesto.

De acuerdo con el magistrado, para el 2019 el techo presupuestario del OJ fue propuesto en Q2, 985 millones, recursos que fueron recortados en un 20 por ciento por el Ministerio de Finanzas Públicas y en un 40 por ciento en el dictamen del proyecto de presupuesto para el próximo año.

“Se han atacado los saldos de caja que tiene el Organismo Judicial, sin embargo hay que entender que de los casi Q1, 600 millones de recursos solo  Q619 millones son ingresos propios. Este recorte  pone en riesgo la apertura de nuevos juzgados”, lamentó Vásquez Pimentel.

Los congresistas acordaron que será la mesa técnica que analizará el tema y dará  una solución a la crisis financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un aumento salarial a los profesionales de la salud que atienden la red hospitalaria en el país.

Por aparte, las agendas legislativas que se conocerán en las sesiones ordinarias del próximo martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de noviembre a partir de las 14:00 y 10:00 horas fueron aprobadas en la reunión de esta instancia.

En su segundo debate serán discutidos los registros 5466 y 5474, reformas al Decreto 51-92, Código Procesal Penal y que  plantean novedades como el cese al encarcelamiento en la etapa intermedia del proceso y ofrece una medida sustitutiva a personas de la tercera edad involucrados en algún delito.

Los congresistas retomarán la discusión en tercera lectura del proyecto que dispone aprobar la ley para la reactivación económica del café, que incluye una ampliación por 25 años de la vigencia del beneficio constituido en el 2001 a favor de este sector económico. Dicho registro fue incluido en la agenda por el subjefe del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda.

En este punto se agregó,  a solicitud del congresista Manuel Conde del Partido de Avanzada Nacional (PAN) la iniciativa 5311, la cual plantea reformas al Decreto 51-92 Código Procesal Penal al establecer el procedimiento especial de aceptación de cargos, con lo que se espera el descongestionamiento en el sistema penitenciario. Mientras que en tercer debate, por artículos y redacción final se prevé que pase el registro 5257, reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo.

Para el miércoles, el único punto en agenda será la aprobación por artículos y redacción final de las reformas al Decreto 1-85, de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos (5059, 5158). La discusión se retomará en el artículo 10 que reforma el 27 Bis relacionado a la inscripción de las asambleas.

En tanto,  el jueves los legisladores continuarán con la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar la ley de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado por el ejercicio fiscal 2019.

Por Karen Mendoza

Fotos Héctor Monroy

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En la sexagésima quinta sesión ordinaria celebrada este lunes en  el Congreso de la República fue aprobada en su tercer debate la iniciativa 5496 que dispone aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal 2019.

Fueron 113 votos a favor,  los legisladores avalaron que la propuesta continúe su trámite quedando pendiente su aprobación por artículos y redacción final.

Durante la sesión también se aprobó con 103 votos el Acuerdo 23-2018 que contiene el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Organismo Legislativo para el ejercicio fiscal 2019 el cual asciende a Q 792 millones 036 mil. De estos recursos, se destinarán Q100 millones a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos; Q13 millones para el Parlamento Centroamericano y Q2.4 millones para la Corte Centroamericana de Justicia.

En esta jornada de trabajo también fue conocida en su segundo debate la iniciativa 5204 que propone  aprobar la ley de dignificación del trabajador de salud, la cual será programada  para su trámite siguiente.

Al concluir, el Presidente del Legislativo, diputado Álvaro Arzú Escobar convocó a los legisladores a sesionar este martes para continuar con la agenda de trabajo.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Rodrigo Arias/Héctor Monroy.

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