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El monto del Presupuesto General de la Nación 2019 podría ascender a Q89 mil millones, dijo el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada, durante una reunión de trabajo convocada para este día en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Los diputados citaron al Ministro de Finanzas  y al viceministro, Víctor Martínez, para conocer los niveles de ejecución presupuestaria al mes de agosto del 2018, así como las proyecciones que manejan para el próximo año.

El diputado Carlos Barreda, subjefe de la UNE, pidió el dato oficial sobre el porcentaje de lo ejecutado del presupuesto 2018. Estrada indicó que al 20 de agosto el porcentaje de lo ejecutado era de  un 52.7 por ciento y que esperan llegar a un 95 por ciento para fin de año.

Orlando Blanco, jefe de bancada, dijo que era muy difícil subir los niveles de ejecución en apenas 4 meses que le restan al año, lo que significarían una ejecución 36 mil millones por mes, lo cual considera poco factible. “Lo más preocupante es que continúa la tendencia de que ministerios tan importantes como el de Desarrollo Social, Salud y Agricultura tiene bajos niveles de ejecución”, dijo Blanco.

En cuanto al presupuesto 2019, los funcionarios declararon que sería financiado con préstamos y Bonos del Tesoro, por un monto de aproximadamente Q 20 mil millones y calculan un déficit de un 12 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El diputado Barreda solicitó un borrador de los cálculos que manejan para el próximo año, con el fin de verificar aumentos a diferentes Ministerios. “En Educación se debe reflejar el aumento derivado de la Ley de Alimentación Escolar, en el Ministerio de  Salud el aumento a los salarios de los médicos, y al Tribunal Supremo Electoral quienes deben llevar a cabo las próximas elecciones generales”.

Además propuso a los funcionarios de Finanzas Públicas que soliciten una auditoría al Registro Nacional de la Personas (RENAP), y a la Universidad de San Carlos de Guatemala, quienes han solicitado aumentos significativos en sus presupuestos, pero no se ven reflejados, por lo que consideran que podría existir una mala utilización de los fondos.

“Le pedimos señor Ministro que nos envíe por escrito, lo antes posible, un borrador del escenario presupuestario del cierre fiscal 2018, así como las estimaciones del presupuesto 2019”, concluyó el diputado Barreda.

Por Mayra Recinos

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Congresistas de la Comisión de Cultura, que preside el diputado, Mario Velásquez Pérez, de Creo,  se reunieron con autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes y de la dirección de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), a cargo del Ministerio de Comunicaciones, para evaluar cómo van los trámites legales para la reparación de la Escuela tipo Federación Ulises Rojas para niñas, ubicada en la cabecera departamental de la región suroccidental del país.

Las instalaciones del centro educativo  quedaron dañadas  durante el terremoto del 7 de noviembre 2012. Dos aulas y el Salón de Actos “Juan José Arévalo Bermejo” están dañados, pero por ser patrimonio cultural se necesita la autorización de algunas instituciones, entre ellas el Instituto de Antropología e Historia, para que la UCEE proceda a la restauración.

Gladys Palala, viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, indicó que han estado dando el apoyo técnico y el acompañamiento con los requerimientos en la supervisión de la documentación para que se complete el expediente y se autorice la reconstrucción del edificio. “Las autoridades del Ministerio de Educación nos indicaron que a finales del mes de julio se iba a ingresar la papelería completa a Patrimonio y nosotros nos hemos comprometido a que en 15 días se pueda entregar la resolución final”.

La funcionaria explicó además que como institución están comprometidos a que el proyecto de restauración se lleve a cabo. “La documentación se encuentra en la Dirección del Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas. Depende de ellos que la ingresen al Ministerio de Cultura, donde se demorará aproximadamente dos semanas”.

Javier Maldonado, director de la UCEE, dijo que el proceso ha sido “bastante largo” y ha tenido “muchas complicaciones en el camino”. “Estamos conscientes de que el área de San Marcos es altamente sísmica. Hemos visitado el establecimiento y se han tenido reuniones con la mesa técnica encargada para solucionar el problema. Dictaminamos que el área es inhabitable. Estamos en la mejor disposición de hacer los trabajos, pero hay atrasos administrativos”, refirió

Dijo que en el Plan Operativo Anual del año que viene tiene contemplados esos proyectos. El problema es que no tienen suficientes fondos.

“Como representante del departamento de San Marcos tengo una responsabilidad y obligación de fiscalizar este proyecto para que se concluya la construcción de la escuela. La población del lugar, los maestros y padres de familia están preocupados por la situación, ya que hay casi 500 niñas que reciben clases en ese lugar”, dijo el diputado Mario Velásquez Pérez, electo por San Marcos.

Finalmente los congresistas solicitaron un informe de los viajes al extranjero de Rosa María Tacán Vásquez, directora General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas, a cargo del Midecu.

Por José Castellanos

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El diputado Manuel Conde Orellana, del  Partido de Avanzada Nacional (PAN),  preocupado por la acumulación de los desechos mobiliarios y electrónicos en los centros educativos del país, sostuvo una reunión con el ministro de Educación Oscar Hugo López; el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos; y la viceministra de Cultura y Deportes, Gladys Padilla, con el fin de buscar una solución al problema.

Durante la reunión, Oscar  Hugo López  dijo que no se deshacen de las sillas, escritorios, pupitres, pizarrones  y material electrónico debido a que “la Contraloría no permite deshacerse de ellos por ser adquisición del  Estado”, pese a que los restos son foco de roedores, malos olores. Además de que se desperdician  espacios que pudieran ser usados para otras cosas.

Ante esto, el Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, dijo que para poder desechar el mobiliario del Estado se debe reformar la Ley de la Contraloría.

El diputado conde dijo que conformará una comisión integrada por los ministerios de Educación, Cultura, Finanzas, Ambiente, Defensa y Contraloría, para buscar una solución al problema y trabajar en posibles reformas a la ley, la cual  se reunirán dentro de dos semanas.

Apárte el legiladorinformó que El Programa Nacional de Rescate y Restauración de Institutos Históricos, iniciará con el remozamiento de cinco centros educativos del municipio de Guatemala siendo estos:  Instituto Central,  Belén, Aqueche, Inca y Comercio.

Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario sostuvieron una reunieron para informar que la próxima semana estarán participando en un foro para analizar, junto con consultores internacionales, las altas tasas de intereses que las entidades bancarias cobran a los guatemaltecos por uso de tarjeta de crédito y préstamos, con el fin de buscar una solución al problema que agobia a muchos guatemaltecos.

“Este evento es de mucha importancia para nosotros como legisladores. Queremos que los expertos internacionales nos compartan experiencias de otros países en ese temática, para que nosotros podamos tomar decisiones de carácter institucional como Organismo Legislativo y dar una respuesta favorable a la población que le aqueja esta conflictividad en sus finanzas”, expuso la diputada Lesly Valenzuela de Paz, que dirige la Comisión de trabajo.

La congresista dijo que en la actividad participará también el congresista Ronald Estuardo Arango Ordoñez, de Todos, quien es ponente de la Ley de Tarjetas de Crédito, cuya aprobación quedó detenida en 2016 luego de que los magistrados de la CC resolvieron que contraviene la Constitución Política de la República. “Es evidente la inconstitucionalidad y es susceptible de causar daños irreparables”, detalla parte del fallo que emitió  en esa ocasión el órgano superior constitucional.

El representante  Arango Ordoñez, dijo que  en respuesta a la resolución de la CC presentó un amicus curiae (ofrecimiento voluntario de opinión) donde insistió “que no hay inconstitucionalidades al respeto de la Ley de Tarjetas de Crédito”, y que aún está a la espera de que se resuelva lo antes posible en beneficio de los usuarios.

Por José Castellanos

 

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Los diputados de la Comisión del Migrante, dirigida por el diputado José Arturo Martínez, sostuvieron una reunión con las autoridades CONAMIGUA, para conocer los avances en favor de los Connacionales durante estos meses, tras la toma de posesión de esa entidad.

El secretario del Consejo Nacional  de Atención para el Migrante en Guatemala (CONAMIGUA), Carlos Narez,  informó que ya han cancelado la deuda que la institución venía arrastrando con los trabajadores por falta de presupuesto. “Se pagó también el bono catorce y aguinaldo del 2017 y 2018, y lo que se debía de telefonía, vehículos e internet”, dijo.

Otro de los avances es haber reiniciado con los programas de apoyo para los migrantes guatemaltecos. Destaca la solicitud del Estatus de Protección Temporal (TPS), y el apoyo a las reformas para la ley de CONAMIGUA, las cuales están en discusión en el Congreso de la Republica.

“Como presidente de la Comisión del Migrante espero que CONAMIGUA haga un buen trabajo para apoyar a los connacionales que se encuentran en otros países, por lo que  daremos seguimiento al trabajado que realizan”, dijo el diputado Martínez.

Por Karla Herrera

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Representantes de la Organización Alianza Cristiana para Huérfanos  impartió este día,  a diputados que integran la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, el taller denominado: Situación y Vida de los Niños y Adolescentes Huérfanos Guatemaltecos.

El taller tiene objetivo sensibilizar a los participantes sobre las experiencias que atraviesan los menores cuando son separados de los padres biológicos e institucionalizados. “Nuestro mayor interés es que los diputados tomen conciencia de los graves problemas que atraviesan  nuestros niños y adolescentes.  Considero que podemos avanzar en diferentes temas e iniciativas pendientes de aprobación en el Congreso”, dijo el diputado Walter Félix, presidente de la referida  sala de trabajo.

Dentro de las iniciativas que mencionó el diputado Félix se encuentran la 4921, ley de protección integral de la primera infancia, que solo ha alcanzado su aprobación en segundo debate;  la 5285 ley del sistema nacional de protección integral de la niñez y adolescencia, también detenida en el segundo debate; y  la iniciativa de ley 5205, ley de educación sexual integral en la niñez y adolescencia, entre otras.

El diputado Félix explicó que existen muchas iniciativas que se han quedado estancadas en su aprobación, sin embargo, con la realización de este taller, esperan contar con el apoyo de los diputados para poder aprobarlas en un corto plazo.

Representantes de la Organización Alianza Cristiana para Huérfanos, indicaron que este taller también ha sido impartido a diferentes jueces y empleados judiciales, así como a funcionarios de las instituciones del Estado que trabajan directamente con niños y jóvenes que atraviesan esta problemática.

Por Mayra Recinos

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El congresista independiente German Velásquez Pérez, electo por el Listado Nacional, se reunió con autoridades y representantes de la Mesa Técnica permanente para la Gestión de Riesgo en Agua Potable, Saneamiento e Higiene, para verificar los avances en el cumplimiento de la Política Nacional de Agua y Saneamiento a nivel nacional.

El diputado Velásquez Pérez, integrante de la Comisión de Salud del Congreso, indicó que de las 340 municipalidades que hay en el país, más de 100 no están clorando el agua, lo cual es fuente de enfermedades. “Como país debemos de cumplir con los compromisos de las metas priorizadas (Guatemala) en la Agenda Global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, dijo.

La Mesa Técnica Permanente para la Gestión de Riesgo en Agua Potable, Saneamiento e Higiene, está integrada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, el Instituto de Fomento Municipal, a través de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -INFOM/UNEPAR-; la SE-CONRED, la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sanitaria (AGISA), Red de Agua y Saneamiento (Rasgua),  y Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), entre otras instituciones.

Jorge Mario Molina, representante de Rasgua, agradeció al congresista por su preocupación y por darle seguimiento al tema. Destacó que por varios años no se le ha puesto interés, lo cual afecta principalmente a las personas de escasos recursos.

“Después del terremoto en nuestro país del año de 1976, los guatemaltecos nos quedamos no solo conmocionados sino que faltos de atención y de servicios, mayormente del recurso hídrico. Prueba de esto es que no se invierte y se asignan fondos para solventar el problema”, acotó Molina, de la Red de Agua y Saneamiento.

Los delgados de la SESAN rindieron un breve informe sobre 6 aspectos de la situación actual, las acciones se que han ejecutado y lo que faltan hacer en cumplimiento de la Política Nacional de Agua y Saneamiento en el país.

Al concluir la reunión, el diputado German Velásquez dijo que se reunirán con otras instituciones y entidades públicas, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para conocer los avances en el tema.

También solicitó a los presentes que se comprometan a cumplir con las metas priorizadas en Guatemala en los acuerdos de la Agenda Global de los ODS.

Por José Castellanos

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Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), comparecieron ante la diputada Thelma Ramírez (UNE), presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional, quien se ha dado a la tarea de fiscalizar la entrega de las Transferencias Monetarias y el manejo de otros programas de esa cartera, específicamente en el departamento de Izabal.

La congresista manifestó su malestar cuando preguntó sobre los resultados del censo o estudio socioeconómico que ella había solicitado hicieran, el 6 de agosto último, en los municipios de Izabal, y le dijeron que no habían empezado con el proyecto. “Esto ayudaría a actualizar los listados de las familias necesitadas”, indicó Ramírez.

Carlos Vidal, viceministro de Protección Social del Mides, explicó que cumplieron con impartir ciertas capacitaciones a su personal, lo cual también era un compromiso adquirido con la parlamentaria, sin embargo, el estudio socioeconómico es una gestión que pueden realizar únicamente con la autorización del Viceministerio de Planificación y Política.

“Me comprometo a realizar hoy mismo las gestiones para que dicho Viceministerio pueda agilizar la autorización del estudio socioeconómico en la región lo antes posible, aunque no puedo especificar fechas”, argumentó Vidal

La diputada Ramírez, representante por el departamento de Izabal, señaló con indignación que a su distrito lo  han dejado afuera de muchos programas sociales, con el argumento de que no se encuentra dentro de los priorizados para recibir ayuda, sin embargo con el acompañamiento de mujeres comunitarias confirmaron que existe pobreza y pobreza extrema.

“El Decreto 1-2012, que da vida al Mides, establece dentro de sus objetivos que deben atender a toda la población guatemalteca. Al dejar fuera a los pobladores de Izabal están incumpliendo con la Ley, por lo que de ser necesario presentaré denuncias penales”, expresó la diputada

Además tampoco descarta demandar al titular de la cartera del Mides, Carlos Velásquez, ya que por tercera ocasión lo ha citado y no ha querido comparecer.

Por Mayra Recinos

 

 

 

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En una extensa jornada de trabajo, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Ronald Arango, escucharon este martes a representantes del sector empresarial organizado, quienes entre otras cosas, solicitaron a los diputados que le hicieran llegar a la Procuraduría de Derechos Humanos un documento donde muestran su malestar por el bloqueo de carreteras, y piden se protejan los derechos del sector económico en país.

“Nos comprometimos a hacer llegar este documento a la PDH, con el fin de que sean respetados los derechos tanto de los manifestantes como de los sectores que dinamizan la economía en el país”, informó el diputado Arango.

Roberto Dardón,  encabezó la comitiva de los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), quien explicó las consecuencias económicas que tiene el bloqueo de carreteras en el país.

Fanny de Estrada, directiva de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) informó que detrás de los cierres de los tramos carreteros, hay pérdidas económicas que asciende a no menos de USD 42 millones diarios, debido a lo que el país deja de exportar.

“Entre los departamentos que se ven más afectados por esta situación son San Marcos, Petén, Quiché y Guatemala, entre otros, lugares donde se registra la mayor producción del país”, dijo.

En otro punto de agenda, los congresistas intervinieron para ayudar a buscar una solución al problema de la Hidroeléctrica Sac-Já, en el municipio de Purulhá, Baja Verapaz, la cual fue intervenida por lo pobladores en abril de este año.

Raúl Aguilar, de la Junta directiva de la Hidroeléctrica Sac-Já, explicó que se calculan pérdidas de por lo menos USD 2.7 millones, tras la invasión de la planta generadora por parte de pobladores de la comunidad Monte Blanco, de la referida localidad.

Los pobladores han dañado la  estructura de la obra afectando la toma de agua y el canal de distribución del líquido de Sac-Já, lo cual afecta directamente al ecosistema del lugar. “Entre los destrozos se ha identificado el corte de árboles que tenían cientos de años en el área. Lo peor es que las comunidades que colindan a la hidroeléctrica que se veían beneficiados con trabajo indirecto, ahora se han quedado sin ingresos”, agregó.

Aguilar aseguró además que la entrada en funciones de la generadora de energía eléctrica se dio en un marco de total legalidad, debido a que para su instalación cumplieron con todos los estudios tanto de impacto ambiental, como el social requeridos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. “Se cumplió además con la socialización en las comunidades del proyecto y ninguna presento objeciones, por lo que no entendemos  la repentina oposición del proyecto”, concluyó.

Por Karen Mendoza

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