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La Comisión Extraordinaria de Estudio y Análisis del Cambio Climático del Congreso de la República, que preside el diputado Pablo Duarte, sustuvo una reunión de trabajo para escuchar la  propuesta de reformas, hecha por la Asociación Utz Ché, a la Iniciativa 4812, Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en Guatemala (PROBOSQUE).
Víctor López, director de Utz Ché, fue el encargado de presentar el contenido de las cinco reformas a los artículos 5, 8, 10, 14 y 19 de la Iniciativa de Ley en mención, las cuales están encaminadas a propiciar una mayor participación de las comunidades en la aprobación de  programas de reforestación d el Instituto Nacional de Bosques (INAB).
Solicitan, entre otras cosas, que no se excluya a los bosques estratégicos que dan agua al país, que los pequeños propietarios sean priorizados, que los servicios ambientales que brindan los bosques sean reconocidos   en el presupuesto público, que el financiamiento de la institución forestal sea a través de la entrega del 10% que el Ministerio de Agricultura le debe asignar todos los años y por último la creación de un comité técnico que permita que las comunidades puedan tener una silla en la toma de decisiones.
Los representantes de la Gremial Forestal consideran que no es viable ninguna de las propuestas y que solo vendrían a atrasar la aprobación de una Ley que es urgente para el país.
El diputado Duarte indicó que la Iniciativa de PROBOSQUE daría continuidad al Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), el cual según la Ley caducaría el próximo año, por lo que es ineludible su aprobación a la brevedad posible. “Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para convocar a una sesión extraordinaria, con el fin de  que antes que finalice el actual período de receso parlamentario pueda ser aprobada de urgencia nacional”, dijo.
Por Mayra Recinos

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En cumplimiento con el Artículo 10 de la Ley en Materia de Antejuicios, la Comisión Pesquisidora encargada de analizar la solicitud de Antejuicio planteada en contra del Ministro de Desarrollo Social,  Édgar Leonel Rodríguez Lara; la cual preside el diputado Julio López Villatoro, dio audiencia pública a la parte denunciante, con el fin de brindar un informe circunstanciado al Pleno del Congreso.
Durante la audiencia los diputados Delia Back y Mario Yanes, del Bloque legislativo LIDER, ratificaron la demanda penal en contra del funcionario por haber incurrido en los delitos de coacción, amenazas, coacción contra la libertad política, falsedad ideológica, falsedad material, abuso de autoridad, peculado, concusión, fraude, conspiración, asociación ilícita y violencia contra la mujer.
El Ministerio de Finanzas trasladó al  MIDES Q101 millones 800 mil para la compra de maquinaria pesada, que sería utilizada en los trabajos de reconstrucción por el estado de calamidad decretado en 7 departamentos del país a consecuencia del fuerte sismo ocurrido el  7 de julio del 2014.
“Esperaría que la Comisión Pesquisidora, que fue conformada por CREO, UNE y LIDER, tomen la mejor decisión, porque no podemos seguir permitiendo que estos abusos se den  en la compra de maquinaria simplemente,  por una comisión de 10 ó 20 por ciento, lo que necesitamos es que la ayuda llegue a los guatemaltecos”, indicó la diputada Delia Back.
Al finalizar la reunión el congresista López Villatoro indico que la Comisión Pesquisidora acordó citar al Ministro, el próximo miércoles 24 de junio a las 10:00 horas en el Salón del Pueblo de este Alto Organismo, con el fin de que pueda presentar y exponer un informe de la denuncia interpuesta en su contra. “Hemos escuchado la ratificación de los diputados denunciantes y les solicitamos  su colaboración, a fin de   poder presentar la documentación  que complete el expediente para tener los elementos  necesarios y  rendir un informe ante el Pleno del Congreso”, concluyó.
Por Karen Mendoza

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El  diputado  Roberto  Kestler,  del  Bloque  Legislativo  TODOS,  se  reunió  con  representantes del Ministerio de Comunicaciones, Alcaldes municipales y vecinos de El Tejar, Chimaltenango para conocer los avances  en  la  construcción  del  anillo  periférico  de  15.5  kilómetros, que tiene un costo de Q. 100  millones.
Durante  la  reunión  se  supo que  a pesar de que las  autoridades  del  Ministerio  de  Comunicaciones  iniciaron  con  los  trabajos  de  construcción  la obra se  ha  suspendido  en  varias  oportunidades  por  orden   de  la  Contraloría  General  de  Cuentas. Por su parte  los  representantes  de  Caminos  informaron  que   retiraron  los  rótulos  en  el  kilometro  48  donde  se  iniciaría  el  proyecto.      
“Chimaltenango  es la puerta al  occidente  del  país. Por lo que creemos importante que se use el dinero que se tiene presupuestado para la obra y den inicio los trabajos encaminados a desfogar  toda  la  carga  vehicular   del  occidente , para que  no  se  pase  por  la  cabecera  de  Chimaltenango,  a  la  fecha  no  se  ha avanzada  nada  y  los  problemas  siguen”, lamentó  el diputado  Roberto  Kestler,  representante  del  distrito. 
El congresista indicó que seguirá fiscalizando la obra y solicitó al Ministerio de Comunicaciones y autoridades locales que den mantenimiento a algunas carreteras de la localidad que se encuentran en el abandono.
Por José Castellanos

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La Comisión Pesquisidora que analiza el antejuicio promovido contra el Presidente de la República, Otto Pérez Molina, sostuvo este día una complicada jornada de trabajo durante la cual se conoció la renuncia de uno de los diputados integrantes y se recibió el informe de descargo del mandatario de la nación
Inmediatamente después de que se aprobara la agenda del día, se conoció la renuncia del diputado Baudilio Hichos, quien presidía dicha intancia. “Debido a denuncias hechas en mi contra he decido abandonar la presidencia de la  comisión pesquisidora con el fin de facilitar las investigaciones y que se aclare mi situación, ya que siempre he sido respetuoso de la Ley”, indicó el congresista de la bancada Lider.
Pese a ello la Comisión siguió trabajando. El diputado Fernando García, secretario de dicha instancia, dijo que habiendo mayoría y con la aprobación el resto de integrantes, continuarían su labor, por lo que recibieron de manos del director ejecutivo de administración de la presidencia, Carlos Alvarado, el informe de descargo enviado por el Presidente Otto Pérez Molina, en respuesta a la demanda interpuesta en su contra por el diputado Amílcar Pop, por su supuesta vinculación con el escándalo de defraudación aduanera conocido como La Línea.
El documento se recibió peso a la oposición del diputado Hugo Morán, de la bancada Creo, quien razonó su voto en contra. “Considero que basados en el Artículo 17, Inciso C) de la Ley de Antejuicios, no debimos haber recibido un informe, sino haber escuchado de viva voz al mandatario, por lo que pido que quede en Acta mi oposición”, dijo.
El diputado Mario Linares,  no estuvo de acuerdo con lo dicho por Morán. A su criterio el Artículo 208 del Código Procesal Penal, indica que los mandatarios no están obligados a rendir personalmente el informe, por lo que apoyó la decisión de recibirlo.
Los congresistas quedaron a la espera de que el Pleno acepte, o no, la renuncia del diputado Hichos y que se realice la elección del nuevo integrante, por lo que explicaron que en breve anunciarán  la fecha de la próxima reunión.
La Comisión Pesquisidora fue integrada la semana pasada de la siguiente manera: Baudilio Hichos, Presidente; Fernando García, Secretario; Mario Linares, Vocal; Hugo Morán, Vocal y Armando Chun, Vocal.
Por Mayra Recinos

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Los integrantes de la Mesa de Trabajo Legislativa, encargada de analizar las reformas al Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado, la cual preside la diputada Nineth Montenegro, concluyó este día una nueva jornada de audiencias públicas en donde recibieron  cinco propuestas  con aportes de funcionarios del Estado, gremiales y organizaciones conformadas por  la sociedad civil.
En la reunión se contó con la participación de Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas; Leonel Rodas, presidente del Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos (GREFARMA); Roberto Quezada, representante de la Liga Pro Patria; Arturo Letona del Colegio de Farmacéuticos y Diego Marroquín del Movimiento Cívico Nacional.
El Contralor General  propuso que se agregue un párrafo al Articulo 1 al Decreto 57-92, en donde indique que la Ley constituye el único instrumento legal, que regula todo lo relacionado con la adquisición de bienes, servicios y suministros. “Estamos en la mejor disposición de sumarnos a la tarea de dar propuestas que reformen la ley, que es el eje transversal de la transparencia, que a su vez impulsa el desarrollo del país”, enfatizó el funcionario.
El presidente del GREFARMA, Leonel Rodas, explicó la importancia de fortalecer el sistema de compras por contrato abierto, y que el tema en materia de compra de medicamentos sea especialmente clasificado en la ley. “Esperamos que estas propuestas lleguen al pleno sin tocarlas, ya que nuestro compromiso de salud es para todos los guatemaltecos y específicamente para los más necesitados”.
Al finalizar la reunión, la diputada Montenegro dijo que el próximo martes se estará reuniendo de nuevo la mesa de técnica en donde se espera la participación de más sectores que ayuden a la construcción de una propuesta final, que se espera sea conocida por el Pleno del Legislativo lo antes posible.
Para conocer todas las ponencias que han sido entregadas a la Mesa Técnica de Análisis a la Ley de Contrataciones, puede hacerlo en: old.congreso.gob.gt/mesas/lcontrata.html, y  al correo: reformaleycontrataciones@gmail.com
Por Karen Mendoza

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Los diputados Jean Paul Briere y Carlos Barreda, quienes integran la Mesa técnica legislativa de Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, sesionaron por segunda vez esta semana con las diferentes organizaciones y personas individuales inscritas, para discutir los temas de financiamiento a los partidos políticos y el sistema electoral.
Durante las propuestas presentadas está la de fijar un techo de campañas electorales, fortalecimiento al Tribunal Supremo Electoral y fiscalizar y publicar los aportes y donaciones de los partidos de forma periódica, entre otras.
En el tema del sistema electoral se plantearon diversas propuestas entre las que la mayoría de organizaciones y personas que participan en la Mesa técnica, coincidieron en la no reelección de diputados y alcaldes, y mejorar la distribución de distritos electorales.
El congresista Paul Briere indicó que “se han dado avances en la discusión de estos temas pero se verá el avance final en dos semanas, cuando se sistematice todas las propuestas y aportes de las personas que han contribuido en la discusión de las Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos”.
Agregó que la próxima semana sesionarán tres días para avanzar en la discusión de los temas de la democratización interna de los partidos políticos, el fortalecimiento al TSE, el voto en el extranjero y lo estratégico y táctico de la reforma electoral.
Por Elizabeth Linares

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El presidente del Congreso de la República, Luis Armando Rabbé Tejada, se reúne con el máximo dirigente del Cacif, Jorge Briz, quien le manifiesta la intención del sector empresarial organizado del país de participar en las Mesas técnicas legislativas de trabajo, en especial, en la de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), plantearía propuestas para una nueva normativa. “Es un tema importante para el país y dimos a conocer la voluntad de nuestro sector de apoyar para que se hagan cambios estructurales en esta ley con el fin de fortalecer la democracia”, dijo el presidente del Cacif.
También hablaron de la importancia de que el Congreso sesione para aprobar el Convenio de Cooperación Financiera con el Gobierno de la República de China, Taiwán, para construir la carretera de Sanarate a El Rancho.
“Es una carretera importante para el desarrollo del país y si Congreso no aprueba el convenio de cooperación se perderían US$50 millones que serían de gran beneficio para el país”, dijo Briz.
El 12 de junio del 2014, los gobiernos de Guatemala y Taiwán firmaron un convenio para la ampliación a cuatro carriles del tramo Sanarate a El Rancho. El proyecto tiene un costo de US$125 millones, Taiwán donaría US$50 millones y prestaría otros US$50 millones más. La contrapartida la tiene que poner Guatemala. Esta ampliación abarcará 27,45 km y la carretera sería de cuatro carriles.

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Los integrantes de la Mesa técnico Legislativa, encargada de analizar las reformas al sector justicia, y la de Seguridad y Justicia del Congreso de la República,  las cuales preside el diputado Oliverio García Rodas sostuvieron una intensa jornada de trabajo  junto a representantes del MP, Cicig, OJ y sociedad civil y sector pro justicia. El objetivo es intercambiar ideas y propuestas encaminadas a reformar y mejorar la legislación del país en esa materia.
Se contó con la participación de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Thelma Aldana; el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez y el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh),  Alberto Brunori, quienes han trabajado en un informe sobre reformas al Decreto 40-94, Ley Orgánica del MP y  la  Ley de la Carrera Judicial, respectivamente.
Thelma Aldana, Fiscal General del MP destacó la importancia de reformar  la Ley Orgánica del Ministerio Público, para  la creación de juntas disciplinarias, y  la regulación de la carrera fiscal. “Esperamos que se hagan los análisis correspondientes y que efectivamente se reforme la ley, para el fortalecimiento del MP”, indicó.
El comisionado de la Cicig se mostró satisfecho con el ejercicio que lleva a cabo el Congreso. “Hemos venido participando en la Mesa de Seguridad y Justicia desde hace  años, y ahora hemos encontrado que hay voluntad de todos los sectores de  la sociedad civil  en establecer profundas reformas, por lo que de tal cuenta se debe aprovechar la coyuntura, para que estas reformas tengan un impulso mayor y se puedan hacer con la prontitud y responsabilidad necesarias”..
Al finalizar la jornada de trabajo, el diputado García Rodas manifestó su satisfacción por el resultado de la reunión e indicó que esperan tener listo el documento que contenga las reformas el próximo 1 de julio, “Los operadores de justicia tienen la responsabilidad de presentar una propuesta consensuada para hacer  las reformas que tanto necesita Guatemala”, concluyó.
Además se conformó una comisión específica integrada por CICIG y MP en acompañamiento de jueces y magistrados del Organismo Judicial quienes tendrán la tarea de hacer  la revisión y redacción final de las dos propuestas de reformas.
Por Karen Mendoza

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Con la presencia de diversas organizaciones de la sociedad civil y diputados al Congreso de la República, se inauguraron las mesas de de trabajo  para el análisis de las reformas a la  Ley del Servicio Civil Decreto 17-48, que son dirigidas por el diputado Pedro Muadi.
“El objetivo de estas mesas es recibir las propuestas de cada organización del Estado, sociedad  civil, sindicatos y personas individuales sobre qué reformas se deben hacer a la  Ley del Servicio civil. Cada agrupación tendrá 15  para exponer sus propuestas”, expresó el Diputado  Pedro Muadi.
Hasta el momento 80 organizaciones han solicitado espacio para exponer sus inquietudes y propuestas, en ellas la Oficina Nacional del Servicio Civil, quien fue la primera en exponer asegurando que se deben buscar  los mecanismo necesario para mejorar la carrera del  Servicio Civil.
Otra de las organizaciones que expusieron la necesidad de aplicar el artículo 113 de la Constitución Política de la República, fue la Fundación Mirna Mack. Entre las propuestas que plantea está que los empleados del Estado sean contratados por oposición, con salarios equitativos y  sin discriminación de género y etnia.
Las mesas se celebran con el apoyo del  Instituto Holandés. Wolfgang Ochaeta, director de esa organización indicó que el objetivo es que “la sociedad civil exponga sus propuestas, para luego analizar cada una de ellas, y  lograr una ley que beneficie a la población en general”.
Por Karla Herrera

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