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Congresistas de la Comisión de la Juventud, sostuvieron este día una reunión de trabajo para analizar la ejecución presupuestaria de este año del Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve), debido a denuncias de posibles anomalías en distintos rubros como la contratación de personal, gastos en capacitaciones a jóvenes, y compras de suministros e insumos para la institución juvenil.

La diputada Andrea Villagrán Antón, de Todos, y vicepresidenta de la referida sala legislativa, habló de la importancia de fiscalizar las finanzas del Conjuve, y comprobar la veracidad o no de las denuncias ciudadanas en contra del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Juventud, Edgar Chin.

Entre las anomalías se detalla que en el Plan Operativo Anual 2018 hay varias contradicciones financieras. Ejemplo de ello es el Programa del Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes. Según un informe en manos de los diputados, de los Q281 mil 813.69 presupuestados para este mes, solo se gastaron Q.89, 991 en Servicios  Personales.

Durante el mes de junio tampoco hubo gastó en programas para el beneficio de la juventud. “Existe una mayor cantidad del presupuesto asignado al personal, instalaciones y materiales de oficinas, lo que indica que se hace muy difícil realizar actividades de beneficio real para el sector juvenil”, lamentan los congresistas.

Los diputados Andera Villagrán y Raúl Romero consideraron que es oportuno y necesario citar para los próximos días a las principales autoridades del Consejo Nacional de la Juventud para que expliquen y detallen la situación financiera.

“Es fundamental que vengan a explicar las supuestas anomalías, y las razones de la baja ejecución en la puesta en marcha de proyectos a favor de la juventud. También citaremos a las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, entre otras instituciones”, acotó el congresista Raúl Romero, de la bancada Fuerza.

Por José Castellanos

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Más de 111 organizaciones de la sociedad civil participaron en las audiencias públicas convocadas por la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, que culminaron hoy, para  analizar el contenido de la iniciativa 5376, ley para la protección integral, acceso a la justicia, reparación digna y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual, explotación sexual y trata de personas.

Durante la jornada de hoy se escuchó la opinión de varias organizaciones, entre ellas, Alas de Mariposa, iglesia Luterana, Asociación de Ginecología y Obstetricia, Asociación de Abogados Evangélicos, y Gente Positiva. El objetivo de las audiencias era analizar de forma integral el contenido de la propuesta, sin embargo, el artículo siete, referente a la autorización de la interrupción del embarazado, por violación, en niñas de 10 a 14 años, captó de nuevo especial atención entre los presentes.

Aldo Dávila, de la organización Gente Positiva, al igual que otras organizaciones, se unió al llamado hacia los diputados para que aprueben esta ley. “No nos escuchen a nosotros como organizaciones, vayan directamente hasta donde estás esas niñas embarazadas y pregúntenles qué es lo que sienten, de esa manera podrán legislar de una forma más justa”, expresó.

Las organizaciones religiosas que se hicieron presentes, pidieron a los congresistas que protejan la vida desde su concepción tal como lo establece la Constitución,  y se enfoquen en  fortalecer la educación y  endurecer los castigos para los violadores, ya que es ahí donde inicia el verdadero problema.

“Sabemos que el artículo siete tiene muchas probabilidades de ser descartado, pero les pedimos que por favor no boten el proyecto por completo, no les fallemos a las niñas, no las dejemos de nuevo abandonadas, son niñas de 10 años con embarazos no deseados, luchemos por ellas”, dijo la diputada Sandra Morán, de la bancada Convergencia, y ponente de la ley.

El presidente de la sala de trabajo Aníbal Rojas, de VIVA, agradeció a los presentes por su participación, dio por concluidas las audiencias y dijo que  después de escuchar a más de cien organizaciones tendrán elementos para dictaminar la iniciativa. “Aunque abiertamente reconozco mi lucha por la defensa de la vida desde su concepción, no soy el único integrante de la Comisión y prevalecerá la opinión de la mayoría de los parlamentarios que la integran”, manifestó.

Por Mayra Recinos

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Diputados de la Comisión de Asuntos Electorales se reunieron con representantes del Instituto Nacional Demócrata (NDI),  quienes dieron su opinión sobre la el contenido de los artículos 19 y 33, que se encuentran en la iniciativa de  ley 5389,  que fue enviada por el Tribunal Supremo Electoral, para reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El artículo 19 habla sobre los partidos distritales que podrán postular candidatos para diputados y corporaciones municipales. En opinión de Hugo Novales del NDI, esto no es del todo conveniente. “Con esta propuesta se corre el riesgo de aumentar la fragmentación y demandas de autonomía, pues existirían más candidatos que espacios a ocupar”, dijo.

También se trató el tema de la revocatoria del mandato que se propone en la reforma al artículo 33 de la LEEP,  para  diputados, corporaciones municipales, presidente y vicepresidente. El TSE propone que la revocatoria de mandato  pueda ser solicitada luego de dos años de haber asumido el puesto, y será con el apoyo de más del 40% de firmas de ciudadanos, que estén empadronados y que sean del lugar donde se solicita la revocatoria.

En este tema el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, Luis Antonio Alfonso, aseguró que para ellos esto no es factible, pues la revocatoria se da cada cuatro años, cuando a la población  participa en la contiendas electorales y  decide si un diputado, alcalde, sigue en los puestos, por lo que no es necesario  que se apruebe. Finalmente se dio a conocer que se continuará con el análisis de estos dos artículos,  previo a dar un dictamen a la iniciativa de ley.

Por Karla Herrera

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Diputados de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones no Gubernamentales, presidida por la parlamentaria  Laura Franco, se reunieron con José Alejandro Arévalo, Superintendente de Bancos de Guatemala; Fernando Fernández, Subcontralor de Cuentas; y representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), para analizar la creación de una nueva ley que permita fiscalizar el desempeño de las cooperativas de ahorro y crédito en el país.

“La ley vigente tiene más de 30 años, ya es obsoleta, y lo que buscamos es fortalecer la iniciativa con los aportes y experiencias de los entes involucrados. A la fecha son más de dos millones de cooperativas de ahorro y crédito que operan y la mayoría no están inscritas en la SAT”, dijo la diputada Franco.

El superintendente Arévalo indicó que desde 1956, y hasta 1978,  las cooperativas eran fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos,  sin embargo a partir de esa fecha el movimiento cooperativo decidió hacer su propio régimen legal.

“Estas cooperativas han crecido, y existen algunas que manejan  más de Q 1 mil setecientos millones, y tienen alrededor de dos millones de afiliados, que confían su dinero en estas entidades”, dijo el experto.

Fernández explicó que “actualmente es la Inspección General de Cooperativas,  quien realiza esta fiscalización, aunque sería conveniente que  estuvieran inspeccionadas por la SAT, ya que manejan capitales que rebasan a algunas entidades bancarias”.

“Esperamos entregar un buen proyecto de ley antes de que concluya este año y que tenga la estructura para regular el funcionamiento de este sector”, concluyó el diputado Byron Chacón, de la bancada FCN-Nación.

Por Rosemary Recinos

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Con 88 votos a favor, diputados al Congreso de la República aprobaron, en la trigésima octava sesión ordinaria celebrada este miércoles, el Decreto 16-2018 por medio del cual se declara el 8 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia Ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

La normativa con registro 5420, establece en su artículo 2, que las 15 menores sobrevivientes del incendio en el Hogar Seguro, tragedia acaecida en marzo del 2017, sean beneficiadas con una pensión vitalicia de Q5 mil, los primeros tres años;  y su equivalente al salario mínimo a partir del cuarto año en adelante.

El decreto, que entrará en vigencia un día después de ser publicado en el diario oficial, dispone además que las menores sean incluidas gradualmente a programas sociales del Ejecutivo, para su reinserción a la sociedad.  Asimismo establece que la fuente de financiamiento provendrá de fondos propios del Legislativo. La ponente de la ley en mención es la diputada por el listado nacional, Alejandra Carrillo.

En otro punto de agenda, los congresistas aprobaron  con 81 votos el Decreto 17-2018, que ratifica el Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias que data del año 1972, conocido como el Convenio de Londres.

Dicho mecanismo tiene como fin primordial fomentar los controles efectivos de todas las fuentes de contaminación del mar, y la adopción de todas las medidas posibles para prevenir su contaminación. A la fecha 87 son los países que han ratificado este tratado internacional; entre los que resaltan México, Perú y España.

Por aparte fue conocida en su primer debate la iniciativa 5272, que dispone aprobar la ley para la protección de la vida y la familia. Dicha propuesta generó un amplio debate en la plenaria del pasado martes, con opiniones a favor y en contra de la normativa presentada por el jefe del bloque Visión con Valores (Viva), Aníbal Rojas.

Asimismo en el punto de iniciativas de ley se conoció el registro 5453, que dispone la creación del sistema nacional de control interno y la auditoría para fortalecer el control del gasto público. La propuesta fue trasladada a las comisiones de Finanzas Públicas y Moneda, y de Transparencia y Probidad para su estudio y dictamen en conjunto.

Tras tres horas de  sesión ininterrumpida el trámite se detuvo por no contar con la mayoría calificada (105) para la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 5367, ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango. La instancia de Jefes de Bloque se reunirá el lunes 27 de agosto para consensuar el orden del día de las sesiones de la próxima semana.

Por Karen Mendoza

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Legisladores de la Comisión de Integración Regional, que preside la diputada Lucrecia Samayoa Reyes, sostuvieron una reunión de trabajo con Juan Luis Benito Ruiz, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV);  y Juan Carlos Méndez, director de Covial y subdirector de Caminos; para conocer las razones de por qué no avanzan  las obras en varios tramos carreteros.

La falta de avance físico está afectado la economía y salud de las comunidades, ya que les cuesta mover mercadería y trasladarse a centros de salud por emergencias, dijeron los diputados quienes están preocupados por el malestar de los pobladores.

Dentro de los proyectos abandonados están: Cuatro Caminos a Pologua, de Pologua a Chiquibal, Chiquibal hacia la Ruta Nacional - 09 – Norte, y de San Ramón a Rio Espíritus, del departamento de Huehuetenango.

En Quetzaltenango se encuentran abandonados los siguientes tramos: Cito Zarco al peaje de Zunil, del peaje Zunil a Las Rosas, del peaje de Zunil hacia Almolonga, y la cabecera departamental del referido distrito.

Los congresistas aseguran que las empresas han incumplido con los términos de los contratos, entre otras  irresponsabilidades. “A las empresas constructoras Aspetro, compañía CGL y la empresa Architrac, se les debe de sancionar conforme la ley estipula”, insistieron los congresistas.

Lucrecia Samayoa, representante por Huehuetenango; Juan Carlos Salanic, electo por Quetzaltenango; y el diputado independiente por el distrito de Quiché, Eduardo Cruz Gómez Raymundo; cuestionaron a Juan Luis Benito Ruiz, ministro de Comunicaciones, al respecto.

Benito dijo que va a solicitar un informe de los casos, el cual en cuento esté elaborado le trasladará a los Congresistas. “Nosotros solo podemos hacer los que la ley nos obliga y como funcionarios debemos de cumplir”, explicó el funcionario.

A la reunión también  acudió Fernando Fernández, subcontralor de la Contraloría General de Cuentas (CGC), a quien le solicitaron que haga una auditoria general de las empresas que están incumpliendo con los diferentes contratos y que se ejecuten las acciones penales, ya que son varias las comunidades afectadas.

Por último, los parlamentarios Juan Carlos Salanic, Lucrecia Samayoa y  Eduardo Cruz Gómez, requirieron que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Contraloría General de Cuentas, agilicen los trabajos o busquen los mecanismos que la ley indica para que se avance en los trabajos de los proyectos de infraestructura.

Por José Castellanos

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Diputados de la Comisión de la Mujer, que preside el representante Aníbal Rojas, continúan con el análisis de las iniciativas 5376, Ley para la protección Integral, acceso a la justicia, reparación digna, y transformadora a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas; y de la  5395, sobre Identidad de Género.

Este día se recibieron los aportes de representantes del ministerio de Salud, Procuraduría de Derechos  Humanos, Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), Asociación Pro Bienestar de la Familia (Aprofam)  y Registro Nacional de las Personas (Renap).

Uno de los puntos importantes es el relacionado con la  interrupción voluntaria del embarazo, contenido en el primer proyecto de ley mencionado. Establece que el único requisito para este procedimiento es completar  un formulario de consentimiento informado y el señalamiento de la causal.

“Aunque somos participes de la educación sexual y reproductiva,  como institución no apoyamos la interrupción, ni siquiera antes de las 12 semanas del embarazo  ya que es un tema muy sensible y delicado que necesita mayor análisis y discusión”, comentó Víctor López, director ejecutivo de Aprofam.

Leticia Aguilar, de la Seprem, se manifestó a favor de que se apruebe, ya que considera que la implementación de estas políticas son importantes como país, porque  permiten avanzar en el cumplimiento de los compromisos y lo mandatos internacionales.

Con respecto al tema de identidad de género, la diputada Sandra Morán manifestó que en Guatemala todavía existen derechos humanos  que no se reconocen y que se debe luchar por su  cumplimento sin distinción alguna, incluyendo el de las personas transgénero.

“Esperamos concluir con estas audiencias la próxima semana, para proceder a emitir el  dictamen correspondiente, en el que se tomaran en cuenta todas estas valiosas opiniones”, informó el diputado Rojas.

Por Rosemary Recinos

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Estudiantes y docentes del Instituto Normal Central para Señoritas Belén solicitaron la intervención del diputado Aníbal Rojas ante autoridades de los Ministerios de Educación y Cultura y Deportes, debido al mal estado en que se encuentra la infraestructura del plantel.

Según las afectadas, desde hace varios años el establecimiento no recibe el mantenimiento adecuado en su infraestructura. Explicaron que uno de los motivos del atraso es que, por haber sido declarado Patrimonio Cultural del Centro Histórico, el Ministerio de Educación necesita la autorización del Viceministerio de Patrimonio, para poder hacer mejoras.

Se quejaron además de que, en varias ocasiones, las autoridades se han negado a atender la solicitud aduciendo falta de financiamiento.

La viceministra administrativa de Educación, María Barrios, indicó que tienen contemplado llevar a cabo varios proyectos en establecimientos educativos del centro histórico, para lo cual solicitarán una ampliación presupuestaria.

El congresista Rojas, luego de escuchar la problemática, expresó a docentes y alumnas que dará seguimiento al tema; y solicitó, para la próxima semana, un informe detallado del caso a autoridades de Educación.

“Es lamentable que no se dé el mantenimiento debido a estos inmuebles que albergan a nuestros estudiantes. Estaré pendiente de las acciones que se puedan poner en marcha”, advirtió el diputado Rojas a los funcionarios que asistieron a la reunión.

Por último, el legislador dijo que, ante las circunstancias, fiscalizará que el préstamo  aprobado por el Congreso de la República durante el presente año, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$150 millones, realmente sea utilizado para Educación y que incluya el remozamiento de centros educativos.

Por Estuardo Zeceña

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Diputados de la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario, presidida por la diputada Lesly Valenzuela, se reunieron para verificar denuncias por abusos y cobros excesivos en la distribución de energía eléctrica en todo el país.

Los congresistas consideran que es necesario interpelar al Ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang Navarro, para que explique todo lo relacionado con su cartera y los controles que tienen sobre la distribución de generadoras privadas en el país.

Los congresistas expresaron que desde el Legislativo es necesario analizar cambios a la Ley General de Electricidad, y con ello evitar abusos en cuanto a distribución y cobros.

Otro de los temas en la reunión fue el incumplimiento en la construcción de carreteras. Los legisladores supieron sobre algunos proyectos que no se ejecutarán en el presente año, por lo que pedirán un informe al jefe de la cartera de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, José Luis Benito.

Como último punto de agenda, la diputada Valenzuela informó a los miembros de la Comisión que está a la espera de que la Corte de Constitucionalidad resuelva el amparo que, esa sala interpuso, para que se cumpla con artículo 107 de la Ley de la Protección al Consumidor y Usuario (6-2003), que fijaba un plazo de 5 años para la creación de la Procuraduría de Defensa y Protección al Consumidor y el Usuario (PRODECO).

Por Estuardo Zeceña

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