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El Presidente de la Comisión Extraordinaria por la Transparencia del Congreso de la República, Alejandro de León, se reunió  con  representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), para que, como encargados de dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008),  explicaran cuáles son los  avances respecto de su cumplimiento.
Rosa María Juárez, Secretaria de Acceso a la Información de la PDH, explicó al congresista que hasta el momento sólo el 63 por ciento de las instituciones obligadas han cumplido con la normativa.
“De un mil 237 sujetos obligados solamente 226 cumplen con tener su portal electrónico; a pesar de ello continuamos haciendo los esfuerzos para lograr su cumplimiento”, indicó.
Informó que durante el año 2014 hubo 757 denuncias por incumplimiento de entrega de informes a la PDH por parte de los sujetos obligados. “Somos  conscientes de la importancia que tiene esta Ley para el país, por esa razón continuamos capacitando  a las diferentes instituciones. En este momento  nos hemos enfocado en las técnicas de archivo para mejorar el área de registros públicos”, dijo la procuradora.
Al diputado Alejandro de León, quien integra la bancada Libertad Democrática Renovada (LIDER),  le preocupa  que, a cinco años de haber sido aprobada, la Ley no se cumpla a cabalidad.  “Quedamos a la espera  del informe anual que nos enviará  la PDH en el mes de abril. Con esta información planificaremos diferente actividades enfocadas a impulsar y supervisar el cumplimiento del Decreto 57-2008”, concluyó el congresista.

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El Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo Guatemala, coordinado por el diputado Hugo Morán, sostuvo una reunión con diversas organizaciones que velan por la seguridad alimentaria en el país, para elaborar la Ruta de Trabajo que los lleve a la aprobación de la Iniciativa de Ley de Alimentación Escolar y evitar una crisis alimentaria este año.
Lo que el Frente Parlamentario Contra el Hambre busca es institucionalizar algunos programas sociales, como el de alimentación en los centros educativos, para combatir las altas tasas de desnutrición en la niñez guatemalteca debido a la sequía, explico Morán.
Durante la sesión de trabajo, la confederación Oxfam Internacional, presentó al Frente Parlamentario Contra el Hambre un estudio del impacto generado por la sequía que afectó al territorio guatemalteco en el 2014.
El informe establece que “la cantidad de días sin lluvia superó en promedio los cuarenta días en todas las zonas evaluadas, lo que confirma el planteamiento de INSIVUMEH de que es la sequía más fuerte en los últimos 40 años. Un déficit de lluvias de esa magnitud indiscutiblemente genera un porcentaje alto de pérdidas en la producción agrícola que depende de la lluvia para su adecuado desarrollo, situación que se traduce en una reducción generalizada de la producción de granos básicos en toda la zona evaluada”.
Respecto de las previsiones de este año, Oxfam advierte que “habrá otro fuerte y atípico período de seis meses de escasez de alimentos o hambre estacional a partir del mes de abril hasta septiembre de 2015”.
“Lo que Oxfam nos mostró ilustra la necesidad de darle el debido seguimiento a la situación generada por la sequía. Reconocemos el reto para este año y nos preocupa el recorte de presupuesto asignado a las instituciones encargadas de contrarrestar la sequía”, dijo el diputado Morán.
El congresista anunció que analizarán en profundidad el informe y que en una próxima reunión plantearán propuestas concretas para evitar una crisis alimentaria en el país este año.

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El día 4 de marzo de 2015, la Diputada Mirza Arreaga Meza, en su calidad De Presidenta De La Comisión De Derechos Humanos sostuvo  una reunión de trabajo con el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral-TSE-, la cual tuvo como objetivo presentarles un proyecto para la realización  conjunta de actividades en materia de derechos humanos tomando en cuenta el año electoral.

La actividad consiste en incluir temas de derechos humanos en los talleres que imparte Instituto De Formación Y Capacitación Cívico-Política y Electoral,  a las candidatas (os) a elección popular en todo el país. Dentro de este proyecto se  tiene contemplado que los candidatos firmen un compromiso de respeto a los derechos humanos de  sus poblaciones.

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La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, citó por segunda ocasión a diferentes autoridades gubernamentales relacionadas con la seguridad del país, representantes de las empresas de telefonía y organizaciones sociales con el fin de verificar el cumplimiento del Decreto 8-2013, Ley de Equipos Terminales Móviles, el cual ordena el bloqueo de la señales de celular  desde los centros de prevención. Los representantes del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario no acudieron a la cita.
Según lo establecido en dicha Ley, el 24 de diciembre pasado venció  el plazo para que las tres empresas de telefonía (Claro, Tigo y MoviStar) bloquearan por completo el servicio desde los centros carcelarios del país, sin embargo, la diputada Montenegro señaló que un informe enviado por el Sistema Penitenciario (SP) revelaba que sólo el 23 por ciento estaba incomunicado.
Karen Cabrera, representante de la empresa Claro, indicó: “Nos parece extraño que el SP brinde este informe ya que las tres empresas hemos trabajado para cumplir al 100 por ciento con el bloqueo de las señales”. Añadió que el apoyo de parte de las instituciones gubernamentales ha sido insuficiente y recomendó hacer  un recorrido con el acompañamiento de los diversos sectores interesados en el tema.
La diputada Montenegro manifestó que es preocupante que hasta el momento la mayoría de llamadas de extorsión continúen realizándose desde las cárceles por lo que es necesario el monitoreo constante del cumplimiento de esta Ley.
“Nos preocupa que por segunda ocasión hemos citado a las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario y no se hicieron presentes, por lo que iremos al Ministerio Público a presentar una denuncia penal por desacato, amparados en el Artículo 168 de la Constitución Política de la República”, concluyó la congresista Montenegro.
Por: Mayra Recinos.

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El  Subjefe  del  Bloque  Legislativo  URNG – MAIZ,  Carlos Mejía,   se  reunió  con  Vinicio Bracamonte, de la  Secretaria  de  Asuntos  Agrarios (SAA);  Saúl Oliva, de la Procuraduría  General  de  la  Nación (PGN);  Robin Ruiz, del Fondo  de  Tierras  y  Julio Montenegro de  la  Fundación  para  la  Conservación  del  Desarrollo (FUNDAECO),  para  conocer  sobre los  avances  en el  proceso  de  adjudicación  de tierras a  13  comunidades  de  Livingston  departamento  de  Izabal,  a quienes les fueron arrebatadas anómalamente.
Saúl  Oliva,  Jefe  del  Departamento  Jurídico  de  la  PGN, recordó  que  hace  23  años  el  Instituto  Nacional  de  Transformación  Agraria  (INTA)  adjudicó  una  extensión de  tierras  a  FUNDAECO  para  fines  ecológicos, al parecer enforma anómala, por lo que la PGN pidió anulación de la inscripción de esta finca e inició un proceso legal para que se declarara lesiva a los intereses del Estado.
En mayo del  año  2014,  la  Sala  Primera de  lo  Contencioso  Administrativo  dictaminó que la adjudicación al INTA fue lesiva para el Estado de Guatemala, y ordenó la devolución de 643  caballerías  de  terreno  en  un área protegida del Estor,  Izabal , de las cuales más de 200, deben ser entregadas a varias comunidades q´eqchíes de la zona.
El  diputado  Carlos  Mejía,  informó que “la PGN  debe ejecutar de inmediato la resolución judicial,  ya que los  pobladores de las 13 comunidades  vienen  luchando,  desde  hace  muchos  años,  para  legalizar sus   tierras”. Explicó que durante la reunión se supo que Fundaeco  y  la  PGN llegaron a un acuerdo para que se cumpla la sentencia tal cual fue emitida.
“Estamos  en  la  etapa  de  cumplir  con  ese  fallo  y  darlela  adjudicación  a  las  nuevas  trece  comunidades ; le corresponde a Fontierra  legalizar  los  títulos  de  propiedad”, dijo el representante de la PGN, Saúl  Oliva.
Las partes acordaron  que  se  volverán  a  reunir en  el mes  de  mayo  para  conocer  los  resultados  de  varios  dictámenes emitidos  por  el Registro  de  Información  Catastral, CONAP  y   FONTIERRAS , todo ello coordinado  por  la  Procuraduría  General  de  la  Nación.        
Por José Castellanos    

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El Subjefe de la Bancada del Partido Patriota, diputado Luis José Fernández Chenal, se reunió con representantes de la Compañía Guatemalteca de Níquel –CGN–, del Ministerio de Comunicaciones, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, CONAP, Ambientalistas, Vecinos de Izabal y Sociedad Civil para hablar sobre los problemas de seguridad vial y el desgaste que el transporte pesado de productos extraídos por dos empresas mineras está haciendo en las carreteras y puentes de ese departamento.
Los vecinos de la localidad aseguran que semanalmente pasan por ese tramo un aproximado de 340 unidades con un peso de entre 35 a 40 toneladas cada una, lo cual ocasiona problemas viales, de seguridad para los pobladores y daños estructurales al Puente de Río Dulce, Izabal, por lo que solicitan se habilite una vía alterna.
El viceministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Cabrera, aseguró que se están investigando las denuncias y que tiene reportes oficiales de que circulan más camiones de lo autorizado cada hora, por lo que se harán nuevos operativos y se colocarán más puestos de control para pesar la carga que llevan los camiones.
“Me preocupa  la problemática sobre el Puente de Río Dulce ya que estamos en riesgo de que pueda sufrir algún tipo de colapso…; esperamos que podamos encontrar una solución antes de Semana Santa”, dijo diputado José Luis Fernández Chenal, quien anunció que la próxima semana visitarán el lugar para hacer un estudio de campo de la situación.
“Invitaremos a la Fiscalía Contra Delitos del Medio Ambiente, del Ministerio Público, para que den su acompañamiento al caso y poder deducir responsabilidades”, aseguró el congresista.
Tras conocer las denuncias de los vecinos y los reportes del Ministerio de Comunicaciones, Alexey Morin, director General de la CGN, manifestó su total disposición al diálogo con la distintas entidades involucradas y esperan encontrar una solución consensuada de beneficio para todas las partes.
La Compañía Guatemalteca de Níquel, S.A. posee dos Licencias de Exploración Minera en el departamento de Izabal, otorgadas para los proyectos FeNix y Montúfar. El proyecto FeNix, ubicado en el Municipio de El Estor, cuenta ya con licencia de Explotación y estudios ambientales aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente. La Licencia de Explotación para Montúfar, ubicado en el Municipio de Amates, está en trámite actualmente.
Por Karen Mendoza.

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Magistrados del Tribunal Supremo Electoral se reunieron ayer con las altas autoridades políticas del Congreso, encabezadas por el Presidente del Organismo Legislativo, Luis Rabbé, a quienes solicitaron una ampliación presupuestaria de Q189 millones para el proceso electoral, el cual se llevará a cabo en el mes de septiembre próximo.
Rudy Marlon Pineda Ramírez, presidente del máximo Tribunal Electoral informó a los diputados de la crisis financiera por la que atraviesa la institución y de la necesidad que tienen de una ampliación millonaria al presupuesto de  2015 para hacer frente a los gastos que supone la convocatoria y realización de unas elecciones generales.
En la reunión de Trabajo también estuvo presente Dorval Carías, Ministro de Finanzas Públicas, a quien el Congreso solicitó que el jueves 5 de marzo presente un informe técnico detallado sobre cuál sería la fuente de financiamiento para esa ampliación presupuestaria.
En declaraciones de prensa Carías adelantó que el dinero debe salir de los ingresos tributarios, los préstamos y los Bonos del Tesoro, siendo esta última opción la más viable.
Son los diputados al Congreso, por medio de una iniciativa de ley, los encargados de aprobar la ampliación presupuestaria solicitada por el TSE. Rudy Pineda indicó ayer que de no aprobarse se verá en la obligación de reducir gastos y programas.
Por Elizabeth Linares

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Integrantes  de  la  Mesa  Técnica  de  Seguridad  y  Justicia  que  coordina  el  Presidente  de  la  Comisión  de  Legislación  y  Puntos  Constitucionales,  diputado Oliverio  García  Rodas,  se  reunieron  con  el  Presidente  de  la  Comisión  del  Migrante,  Jean  Paul  Briere,  para  analizar, entre otras cosas,  el contenido de la iniciativa 4861, que dispone aprobar reformas al Decreto 95-98 del Congreso de la República, Ley de Migración.

Entre los cambios planteados está la tipificación del delito de Tráfico  Ilegal  de  Guatemaltecos , el cual será sancionado con prisión de ocho a doce años. La pena será aumentada en dos terceras partes cuando la persona migrante sea menor de edad, la mujer migrante se encuentre en estado de gravidez, se ponga en peligro la vida del migrante y si el autor o partícipe sea funcionario o empleado público, entre otros agravantes.

El proyecto de decreto permite además que las autoridades competentes  utilicen los métodos de investigación establecidos en el decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada y sus Reformas.
“La  esencia de la iniciativa  de  ley  es  brindarle   al  Ministerio  Público  y  al  Ministerio de Gobernación  las  herramientas  necesarias  para  que  puedan  investigar  y perseguir a todas  aquellas  personas  que  están  lucrando   y  engañando  a  los  guatemaltecos  que  buscan  migrar como una oportunidad  de  superarse”,  indicó el  diputado  Oliverio  García  Rodas.

Durante  la  reunión  se  recordó  que, además de las reformas a la Ley de Migración, se  han  presentado  varios proyectos de decreto para  la  persecución  de  “coyotes” y  para acabar contra las redes  de  traficantes  de  personas. La propuesta de los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia es que las iniciativas se unifiquen y se trasladen a las comisiones de Migración y la de Legislación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

“Queremos  unificar  las  iniciativas  de  ley  para  que  tengamos  lo  mejor en  una  sola  norma,  con el fin de  atacar a estas  estructuras  criminales  llamados  los  coyotes. Buscamos además que  se  modifiquen  las  leyes  de  Extinción  de  Dominio  y  Contra  el  Crimen  Organizado para  que  los  migrantes  sean  protegidos”, dijo el congresista Jean  Paul  Briere.

Por José Castellanos

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Integrantes de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, la cual preside el diputado Juan Manuel Giordano, de la bancada LIDER, se reunieron con representantes de diferentes organizaciones de jóvenes para continuar con la discusión del contenido de la Iniciativa 3896, Ley de Juventud.
Durante la reunión, el presidente de la Sala Legislativa indicó que la idea es trabajar este proyecto con las diferentes organizaciones de jóvenes para sacar una ley de consenso en la que se incluyan temas en favor de este sector de la población.
“Las modificaciones tiene que ver con los recursos que manejaría la Secretaría de la Juventud; se habla de un impuesto pero en este tema aún no se han alcanzado consensos”, comentó el legislador quien va a pedir apoyo a la Comisión de Finanzas para que asesore a los integrantes de la Comisión. Explicó que también hay cambios respecto de los derechos y obligaciones de los jóvenes, lo cuales se contemplan en la Iniciativa 3896.
La Comisión se reunirá dentro de 15 días para tener la versión final del proyecto y hacer una iniciativa viable para su discusión y aprobación en el Pleno del Congreso de la República.
Por Elizabeth Linares

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