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El diputado Manuel de Jesús Barquín, de la bancada Libertad Democrática Renovada (Lider), informó en conferencia de prensa, que la Corte Suprema de Justicia le dio trámite al antejuicio, encausado por ese bloque político, en contra del Titular del Ministerio de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, por “la compra poco transparente de maquinaria pesada por unos Q100 millones”.
Barquín explicó que el Congreso de la República deberá elegir a sorteo a una Comisión Pesquisidora, integrada por cinco legisladores, quienes deberán investigar el caso y emitir un dictamen respecto de si procede o no el antejuicio.
La Comisión pesquisidora examinará  los expedientes y demás documentos que hubieren, oirá a los acusadores, peticionarios, denunciantes o interesados, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y se practicará las diligencias que solicite tal funcionario, recabándose toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente. Asimismo practicará las diligencias que pida el Ministerio Público. El Pleno, si lo estima conveniente, podrá señalarle un plazo razonable para que emita su dictamen.
“Hemos dado los pasos que por derecho corresponden respetando el debido proceso, y la Corte Suprema de Justicia respondió bajo los argumentos sólidos y consistentes para dar lugar al antejuicio contra el Ministro de Desarrollo. Hoy la CSJ nos traslada el expediente al Congreso de la República para el trámite correspondiente”, comentó el parlamentario.
Agregó que en la próxima sesión, el jefe de la bancada Lider, solicitará al Pleno del Legislativo integre la Comisión Pesquisidora para dar seguimiento al antejuicio por comisión de delito contra el Ministro de Desarrollo Social.
Por Elizabeth Linares

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El diputado Selvin García, Tercer Vicepresidente de Junta Directiva del Congreso de la República, se reunió con representantes de diferentes instituciones relacionadas con proyecto de construcción de paradas del Transurbano, para hablar sobre la situación de abandono en que se encuentra y la baja calidad del servicio que prestan a los usuarios.
Ante la  presencia de vecinos de las zonas 21, 18, 6 y 1 de la capital, el diputado García solicitó información a la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), del avance de la ejecución del proyecto. Transcendió que de los Q60 millones que fueron asignados solo se han ejecutado 51, los Q10 millones restantes los deberá liquidar el Fondo para el Desarrollo (FONADES), cuando le sea traslado el expediente.
Los representantes de la Liquidadora indicaron que con los recursos asignados se construyeron 509 paradas  exclusivas para Transurbano  de las cuales solo 144 estaban iluminadas.
“De las 509 paradas,  400 están en mal estado y no cuentan con seguridad, por lo que el día de hoy estamos retomando el tema para gestionar que se reactive el proyecto de Transurbano  y se cumpla con dar el servicio que en un principio se prometió a la población”, manifestó el diputado Selvin García, de la bancada Compromiso Renovación y Orden (CREO).
El congresista anunció que convocará a una nueva reunión donde espera contar con la presencia del Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y la Directora de la a Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, (DIACO), Silvia Escobar.
A la reunión asistieron delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Contraloría General de Cuentas (CGC), Ministerio de Desarrollo Social y Comisión Liquidadora de FONAPAZ.
Por Mayra Recinos

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La Junta Directiva del Congreso de la República, la cual preside el diputado Luis Rabbé, conoció las solicitudes de antejuicio contra los Ministros de Energía y Minas, Erick Archila y de Desarrollo Social, Édgar Rodríguez, las cuales fueron remitidas a este Alto Organismo por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para su trámite correspondiente.
El Tercer Vicepresidente del Congreso, Selvin García, explicó que el antejuicio contra el  Ministro de Energía y Minas  fue solicitado por una asociación de juristas del país. El de Édgar Rodríguez por un diputado de la bancada Libertad Democrática Renovada (LIDER). Ambos procesos fueron encausados por incumplimiento de deberes y supuestas anomalías.
“Estas solicitudes podrán ser conocidas en el pleno siempre y cuando contemos con el quórum necesario”, manifestó el diputado García.
El Primer Vicepresidente del Organismo Legislativo, Arístides Crespo, informó que existe un tercer caso de antejuicio planteado contra el Ministro de Salud, Enrique Monterroso, por la bancada LIDER, el cual está detenido debido a que  el titular de la Cartera de Salud planteó un amparo en la Corte de Constitucionalidad. "El Congreso deberá esperar la resolución para continuar con el proceso", dijo el Congresista.
El Pleno de los Diputados deberá elegir cinco representantes al azar, para que integren las Comisiones Pesquisidoras encargadas de analizar y presentar un informe sobre si procede o no retirar la inmunidad a los funcionarios para que enfrenten procesos legales.
Por Mayra Recinos

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La  congresista  Mirza  Arreaga  Meza,  presidenta  de  la  Comisión  de  Derechos   Humanos del Congreso,  se  reunió  con  representantes  de  las Organizaciones   que  integran  la  Mesa  a  Favor  de  las  Niñas  y  las   Adolecentes,  quienes  solicitaron  que  sea  aprobada  la  iniciativa  4746 que, entre otras cosas, busca modificar el artículo 81 del Código Civil  para  que las niñas no puedan contraer matrimonio antes de los 18 años. 
La  iniciativa  de  Ley  recibió, el 14  de  octubre  del  año  2014,  dictamen  favorable de  la  Comisión  de  Legislación  y  Puntos  Constitucionales.   Está pendiente  que  la  sala  de  trabajo  de  Derechos  Humanos   emita  su  dictamen  correspondiente  y que el proyecto de decreto sea discutido y,  a solicitud de las referidas organizaciones, aprobado por el pleno de los diputados.
Marilis Barrientos, directora de Advocacy de World Vision Guatemala manifestó  que,  como  parte  de  la  Mesa  a  Favor  de  las  Niñas,  vienen trabajando  esta  iniciativa  de  ley  desde  hace  dos  años  con  diputados  de  la  Comisión de  Legislación  y  Puntos  Constitucionales. “Se ha dado un  paso importante  porque  tiene  un  dictamen  a  favor,     lo que queremos  es  evitar  los  casamientos  a  temprana  edad  porque  las  niñas  tienen  que  tener  un  desarrollo  integral”.
Los integrantes de la mesa  multisectorial  a  favor  de  la  niñez  apoyaron durante la reunión la aprobación de esta y otras leyes en pro de los menores  debido “al aumento de  los casos  de  violación  sexual  a  niñas  en la provincia   y  la  capital,  la  violencia  intrafamiliar y  la  trata  de  personas”.   Recordaron  que  este  año  el  Estado Guatemalteco  debe  de  rendir  un  informe   sobre  los  derechos  de  la  Niñez.
La  diputada  Mirza  Arreaga,  del   bloque  Legislativo  LIDER,   dijo que   cuando en la  legislatura pasada,  año 2010,  fue  presidenta  de  la  Comisión  de  la  Mujer,  presentó  una  iniciativa  para  que  el  Ministerio  de  Educación,  como  el  rector  de  la  educación  en  el  país,   incluyera  cursos  sobre sexualidad a  los  niños  y  niñas  en  los  establecimientos  del  área  urbana  y  rural , pero no fue aceptada por  algunas  autoridades  superiores.`
Tras escuchar todos los argumentos y la solicitud de las organizaciones, la congresista   indicó  que como Comisión están promoviendo que  a  la  mayor  brevedad  se  apruebe  la  iniciativa  de  ley  4746  para  que  los  matrimonios  en  las  niñas  y  niños  no sea antes de los 18  años. “Continuaremos analizando  el  tema,  ya  que  es  complicado,  pero  estamos  en  la  mayor  disposición  de  apoyar el proyecto”, dijo. 
Por José Castellanos                              

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El  Subjefe  de la  bancada  URNG-MAÍZ,   Carlos  Mejía, sostuvo una reunión con representantes de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Secretaría de Asuntos Agrarios, Bienes del Estado, Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala (PNUD), para verificar los avances en la  entrega  de  títulos  de  propiedad  por la reconstrucción de viviendas que fueron  dañadas  durante el paso de la  Tormenta Tropical Stan, en el año 2005.
En  la  reunión  participaron   presidentes  de  los  Consejos  Comunitarios  de Desarrollo de  las  aldeas  los  Tecomates, en el departamento de San Marcos, y  la  Palmita, Primavera  y  Santa María El Naranjo, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango   quienes  solicitan   se  agilice el proceso de escrituración para, entre otras cosas, poder atender algunos problemas que enfrentan como el colapso de los pozos sépticos de las comunidades que representan. Las municipalidades locales no pueden dar la atención debida porque  los beneficiados no cuentan con las escrituras que les den soporte legal a sus peticiones.
“Me preocupa la lentitud con la que se ha avanzado en el proceso de legalización de los terrenos, debido a que por la carencia de los papeles, estas comunidades no pueden tener acceso a servicios básicos como agua potable, luz eléctrica y drenajes, entre otros. En una próxima reunión esperamos tener avances que ayuden a agilizar la entrega de la totalidad de las escrituras”, manifestó  el  diputado  Carlos  Mejía.   
El Congresista informó que se estarán reuniendo el próximo 7 de mayo para fiscalizar el   avance en el proceso de escrituración y legalización de los terrenos, para que de esta manera se beneficie a las comunidades afectadas y evitar futuros conflictos.
Por Karla Herrera

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Diputada Mirza Arreaga Meza, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, sostuvo reunión con Representantes de UNICEF, Señor Justo Solórzano y Dora Alicia Muñoz, quienes indicaron que 14.5 personas mueren cada día a causa de la violencia y que por lo menos 1 es niño, niña o adolescente.  Que con las muertes diarias de adultos alrededor de 40 niños, niñas o adolescentes quedan en la orfandad.

Que todos los días se registran 23 casos de violencia sexual infantil y 31 de maltrato infantil, que el 76% de los casos quedan en la impunidad.

Presentaron la Estrategia de los Sistemas de Protección a nivel Departamental que está en proceso de adecuación y solicitaron apoyo para el avance de la iniciativa Ley de protección a la Niñez y Adolescencia Migrante no Acompañada y Separada de su Familia y del Combate al Tráfico Ilícito de Migrantes, así como para aquella que establece la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio.

La Señora Presidenta, indicó que considera que dichos instrumentos son necesarios para la protección de la niñez y adolescencia, sobre todo aquellos casos de niñas que son violadas y que resultan con embarazos que afectan su proyecto de vida, y que muchas de ellas fallecen al momento del parto, que se hace necesario legislar y socializar la normativa para que desaparezcan estos hechos que en muchos lugares son tomados como naturales.

Como Comisión se está promoviendo que  a  la  brevedad  se  aprueben iniciativas que tienen como objetivo la prevención de estos hechos y  otros que atentan contra los derechos humanos de la población guatemalteca.   

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Con el propósito de buscar una solución a la demanda de los habitantes de las comunidades el Esfuerzo y Veracruz del municipio San Juan Bautista, departamento de Suchitepéquez, el diputado Carlos Mejía, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG),  se reunión con autoridades de la Procuraduría de Derechos Humanos, Registro Nacional de la Propiedad y Asuntos Agrarios.
Durante la reunión los habitantes de estas dos comunidades, unas 100 familias, solicitaron ser inscritos en el Registro de la Propiedad de Quetzaltenango y pertenecer a este departamento en donde esperan tener el apoyo necesario para su desarrollo.
“Esperamos que dentro de dos meses se pueda dar una solución final a este conflicto que viene desde hace varios años, por lo que tendremos otras reuniones para que todo quede legalmente establecido y que  los terrenos de la comunidad pertenezcan al Departamento de Quetzaltenango”, explicó el diputado Carlos Mejía.
Por Karla Herrera

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A solicitud de comunitarios de la Cooperativa Nueva Guatemala, Tecún Umán, del departamento de El Petén, el diputado Walter Félix de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), habló con representantes del Registro de Información Catastral (RIC), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Fondo de Tierras (Fontierras), para solucionar problemas que afrontan con algunas propiedades.
Los pobladores de la Comunidad en mención son víctimas del conflicto armado interno. Se exiliaron en México y  fueron repatriados a partir de  1998 y ubicados en fincas del Estado en la zona norte del país, las cuales exigen les sean entregadas legalmente.
Según indicó el diputado Walter Félix, es injusto que debido a problemas catastrales los pobladores tengan años luchando tener  certeza jurídica sobre las tierras que les fueron otorgadas por el Estado, en cumplimiento de  los Acuerdos de Paz.
“Las instituciones involucradas en  el tema hemos hecho análisis jurídicos y administrativos para encontrar una ruta legal y administrativa que ayude a solucionar el problema”, indicó el encargado del RIC en El Petén, Edwin Villalobos.
El diputado Walter Félix recomendó reactivar la mesa de diálogo que se ocupaba de este caso, por lo que el próximo lunes habrá una nueva reunión en el Congreso de la República, con la participación de representantes del Registro de la Propiedad. Las parcelas que los comunitarios reclaman son las identificadas  en el RIC como: 71B, 60B, 61B, 3B y otra que aún está  pendiente de código.

Por Mayra Recinos

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Los  congresistas  Delia  Back  y  Flavio  Yojcom,  presidentes  de  las  Comisiones  de  la  Mujer  y  de  Pueblos  Indígenas  del  Congreso  de  la  República, respectivamente, cuestionaron a representantes de la  autoridad  para  el  Manejo  Sustentable  de  la  Cuenca  del  Lago  de  Amatitlán  -AMSA-,  sobre  la  aprobación  del  contrato  millonario suscrito con una empresa extranjera, para sanear el referido recurso hídrico.
Los congresistas lamentaron la inasistencia a la cita de Francisco  Ramos,  director  de  AMSA; el representante  legal  de  la  Empresa  beneficiada con el contrato  M.  TARCIC  ENGINEERING  Litd.,  funcionarios de gobierno y los representantes del  sector  empresarial  que  integran  la  comisión  específica  de  los  sectores  que  intervienen  en  el  Control  del  uso  de  los  Recursos  de  la  Cuenca  del  Lago  de  Amatitlàn.
El objetivo era que  explicaran cuál fue el  procedimiento  que se siguió para adjudicar contratos por Q137.8 millones a M. Tarcic Engineering Ltd. para verter una fórmula que servirá para descontaminar el lago de Amatitlán, de los cuales ya se desembolsaron Q22 millones.
El cuestionamiento no pudo ser aclarado por los delegados AMSA  que llegaron a la reunión.  Indicaron que solo conocían  detalles  generales  y  que no tenían información detallada de la ejecución del primer desembolso.
La  diputada  Delia  Back  de  la  bancada  Lider,  se mostró insatisfecha con la información y solicitó a la  Contraloría General  de  Cuentas y  la  Fiscalía  de  delitos  Contra  el  Ambiente  del  Ministerio  Publico, que investiguen el contrato y la ejecución del dinero.
Al  finalizar  la  citación la congresista planteó una demanda por malos manejos en el  juzgado  de  turno  para  que  se  pueda  investigar el caso y   se  deduzcan  responsabilidades penales. “Estamos  accionando  legalmente,  ya  que  ningún  representante  de  la  junta  interinstitucional  ante  AMSA pudo dar cuentas sobre el proceso de contratación  ni del uso de  la  asignación  de  recursos  provenientes  de  Fonapaz , entidad que está en  proceso  de  liquidación, lo cual consideramos anómalo”, argumentó la congresista.
Durante la reunión, los representantes  de  la  sociedad  civil  del  departamento  de  Amatitlán  entregaron a los diputados  un  proyecto  de reforma del  reglamento  de  AMSA  ydel  decreto  No.  64-96,   Ley  que crea la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán, cuya cuenca tiene una extensión de 381.31 Km2 y está formada por catorce municipios de dos departamentos, Guatemala y Sacatepéquez.
Por José Castellanos

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