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La diputada Nineth Montenegro y el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala, dieron a conocer en conferencia de prensa los resultados de la fiscalización de la entrega de Mi Bolsa Segura en el departamento de Huehuetenango y el incumplimiento de las normas de control y contención del gasto público contenidas en el oficio circular firmado por Otto Pérez Molina, de fecha 1 de abril 2015.
Lo primero que detectaron los diputados es que las Bolsas con propaganda política que entregó el partido oficial en ese departamento no fueron 2 mil sino 9 mil, por lo que la multa que les impuso el TSE en ese entonces debió haber sido de  Q 8.7 millones y no de Q1.9 millones.
El TSE multó al partido oficial luego de que se publicaran  fotografías de la Bolsa Segura distribuida en Huehuetenango con fotografías de políticos oficialistas.
Montenegro denunció también que los Documentos Personales de Identificación (DPI´s), están duplicados. “Vemos con preocupación que existan hasta 16 beneficiarios con el mismo número de DPI. También hay personas que se trasladan de una localidad a otra para recibir varias veces la Bolsa”, dio a conocer la congresista.
“Otro punto importante que queremos evidenciar es que no se cumplieron las Normas de Control y Contención del Gasto Público que anunciaron las autoridades, por el contrario vemos que sigue habiendo recursos sin restricción para los contratos bajo el sub-renglón 18, entre otros aspectos”, denunció Montenegro.
El renglón sub-18 se refiere a la prestación de servicios técnicos y profesionales originados por la suscripción de contratos o convenios para la ejecución o  administración de programas y/o proyectos públicos.
Los congresistas concluyeron la conferencia de prensa anunciando que solicitarán a la Contraloría General de Cuentas que se pronuncie por la supuesta utilización de recursos públicos para campaña electoral. También pedirán a los directivos del Registro Nacional de las Personas que investiguen la duplicidad de DPI´s y que entreguen un informe circunstanciado.
Por Mayra Recinos

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La diputada Mirza Arreaga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presentó el foro “Armonización Legislativa y Control de Convencionalidad para Garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres”, como parte del Diplomado en Derechos Humanos e Interseccionalidad, que se está impartiendo los viernes en el Organismo Legislativo.
En la actividad participaron Julio Carranza,  representante de UNESCO; Gloria Porras Escobar, Presidenta de la Corte de Constitucionalidad y Alda Facio Montejo del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU.
El programa, que inició el 24 de marzo y concluirá el día 15 de julio, tiene como objetivo promover la representación política legislativa de poblaciones en situación de riesgo social para la transversalización de los derechos humanos en la función parlamentaria.
Entre los participantes, unas cincuenta personas, hay representantes de movimientos de mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, población Indígena, niños, niñas, jóvenes, medios de comunicación y trabajadores del Organismo Legislativo. 
“Es importante que la población en general conozca el trabajo tanto de fiscalización como legislativo que efectúa la Comisión de Derechos Humanos para lograr la armonización en la legislación interna”, manifestó la Congresista, quien recordó el trabajo que está haciendo esa Sala Legislativa para elevar de 16 a 18 años la edad para que las niñas puedan contraer matrimonio, entre otras cosas.
Por Etty Launge y José Castellanos

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El diputado Gustavo Echeverría, del Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunió con la Directora Ejecutiva  Nacional del Registro de Información Catastral (RIC), Emilia Ayuso de León y el  Director de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular (UDEVIPO), Ricardo González, con el fin de dar seguimiento a la legalización de tierras en el departamento de Zacapa.
Las aldeas afectadas son El Jute y San Miguel, en los municipios de Huité y Cabañas, las  cuales están ubicadas en una finca con más de 26 copropietarios.
“Vamos  a instalar una mesa técnica en donde invitaremos a funcionarios del Fondo de Tierras y la Secretaría Agraria para resolver este conflicto, buscar los fondos para que se pueda comprar la finca, si es que hay voluntad de los copropietarios en venderla, y de esta cuenta encontrar una solución a los habitantes de El Jute y San  Miguel para que tengan certeza jurídica de que la tierra que habitan es de ellos”,  manifestó el diputado Echeverría.
Durante la reunión también se conoció el avance de la legalización de lotes del proyecto  “Pueblo Modelo”, ubicado en el casco urbano de Zacapa; el cual surge en el año 2002 en la administración del exmandatario Alfonso Portillo, como una propuesta para solucionar los problemas habitacionales de ese departamento.
El Director de UDEVIPO, Ricardo González indicó que el proyecto consta de 1 mil 885 lotes. Hasta el momento han sido entregadas 436 escrituras, 120 están en proceso de escrituración y alrededor de 200 expedientes están incompletos, por lo que espera que con la mesa técnica los habitantes se acerquen a la institución para poder regularizar su situación.
Al concluir la reunión, el legislador comentó que visitarán estas comunidades el próximo 8 de mayo con el fin de crear la mesa técnica y así informar a la población del proceso a seguir para la solución esta problemática en Zacapa.
Por Karen Mendoza

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El 22 de abril de 2015, Diputada Mirza Arreaga Meza sostuvo una reunión de acercamiento con el Doctor Ricardo García Bernal, Director de País, ONUSIDA en donde se abordaron temas como las reformas a la Ley General para el combate del virus de inmunodeficiencia humana –VIH- y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida –SIDA- y de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos antes el CIH/SIDA, Decreto 27-2000 y de los Objetivos 90-90-90.

Ambos funcionarios coincidieron que las reformas son necesarias por lo que se hace indispensable realizar el cabildeo ante los honorables diputados y diputadas.  La señora Presidenta manifestó que en el 2010 se inició un proceso de evaluación y cabildeo de la iniciativa, puesto que ya las organizaciones de la sociedad civil habían llegado a un consenso, sin embargo el diálogo se interrumpió ya que se pretendía que CONASIDA, estuviera adscrita directamente a la Vicepresidencia, ya que en ese momento el Vicemandatario era un médico.  El Doctor García Bernal que esa no es ya cuestión de discusión, que comprende que el ente rector de la Salud es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y lo que se pretende es avanzar y discutir cuestiones de fondo.

Por otro lado el Doctor García Bernal, abordó los Objetivos 90-90-90, que se refieren a que para el año 2020 un 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico; que el 90% de las personas que conocen su estado serológico reciban tratamiento; y que el 90% de las personas en tratamiento contra el VIH tengan una carga viral indetectable por lo que su sistema inmunológico seguiría siendo fuerte y ya no serían infecciosos. Estos objetivos 90-90-90 aplican tanto a los niños como a los adultos, hombres y mujeres, pobres y ricos, y en todas las poblaciones.  Niveles aún más altos necesitarán ser alcanzados entre las mujeres embarazadas.

El logro de los objetivos 90-90-90 para 2020 todavía dejaría un 27% de personas que viven con el VIH con cargas virales no suprimidas, por lo que la ampliación de las inversiones en estrategias comprobadas de prevención del VIH será fundamental para poner fin a la epidemia del sida. Las metas recomendadas de respuesta acelerada para los programas de prevención son incluso superiores a las recomendadas anteriormente.

La Diputada Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos manifestó todo su apoyo y se comprometió a incorporarse a las instancias que sean necesarias para impulsar la aprobación de las mencionadas reformas y coadyuvar de acuerdo a su mandato para alcanzar la meta de los Objetivos 90-90-90.

 

 

 

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Con la intención de conocer porqué se suspendió la entrega de Mi Bono Seguro a más de 100 familias, en el departamento de Chimaltenango, el diputado Alejandro de León, presidente  de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia se reunió con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, delegados departamentales y familias afectadas.
“Es lamentable que se den este tipo de situaciones, se les retira la ayuda a quienes no quieren participar en política. Esperamos que en los próximos días nos envíen un informe del  listado de quiénes reciben la ayuda, ya que este  tipo de denuncias se han estado dando en varios departamentos del país”, denunció el  Diputado Alejandro de León.
Carlos Amiel, Viceministro de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social y Debbie Colocho, jefa del programa Mi Bono Seguro se comprometieron a analizar cada uno de los casos con el fin de conocer las razones por las cuales se retiró la ayuda a los vecinos, y de haber anomalías tomarán medidas conducentes.
“Investigaremos a cada una de las familias incluidas en el programa y a quienes manejan MI Bono Seguro en Chimaltenango, para  verificar que la ayuda esté llegando a quienes realmente lo necesiten”, dijo el viceministro.
Por Karla Herrera

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El diputado Amílcar Pop, jefe de la bancada Winaq, exigió al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales, que vele por los derechos de los trabajadores temporales que migran a Canadá debido a que son víctimas de abusos patronales y violación de sus derechos laborales por parte de autoridades migratorias.
Pop sostuvo una reunión con Morales, en el Congreso de la República, en la cual también participaron delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH y representantes de Asociación Civil Guatemaltecos Unidos por Nuestros Derechos (AGUND).
José Sicajau Xoc, presidente de AGUND, dio a conocer a los presentes varios casos de abusos y denunció la existencia de anomalías en el reclutamiento de personal para ir a trabajar a ese país.
El diputado instó al Ministro de Relaciones Exteriores a tomar cartas en el asunto ya que esta no es la primera vez que se denuncian atropellos a los derechos humanos y laborales de los guatemaltecos por autoridades del Consulado de Guatemala en Canadá e irregularidades en el reclutamiento de personal, el cual está a cargo de la Fundación de reclutamiento de Trabajadores Extranjeros (FERME).
El  congresista  pidió Morales la destitución del Cónsul de Guatemala en Canadá, Federico Urruela, por incumplimiento de labores, pues en lugar de proteger a los connacionales ha girado injustamente órdenes de repatriación inmediata cuando se presenta alguna denuncia o inconformidad con el trabajador.
“Estoy preocupado por lo que ha planteado el congresista durante la reunión, pero quiero dejar en claro que no me temblará la mano para retirar del cargo a ningún empleado del Ministerio que incumpla con sus labores o realice actividades fuera de su competencia, por lo que en dos semanas entregaré un informe sobre el caso”, indicó el Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Morales al concluir la reunión
Amílcar Pop anunció que realizará las gestiones necesarias para que se apruebe lo antes posible un Acuerdo Gubernativo que establezca un reglamento claro de reclutamiento de trabajadores en el extranjero.
Por Mayra Recinos

 

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El diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala, se reunió con Israel Lemus, Viceministro de Salud Pública; Jorge Mario Pinot, director general de Hospitales; Carlos Mencos, Contralor General de Cuentas y Analisa Castillo, representante de la Fundación Amor, para verificar que se esté dando  el servicio de hemodiálisis a enfermos renales crónicos.

“La Fundación Amor tenía un convenio desde hace dos años con la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC) y el Ministerio de Salud Pública, el cual finalizó el pasado 7 de abril. Queremos saber si lo prorrogarán o se tomarán  otras modalidades para prestar  el servicio y no dejar a las personas desamparadas”, comentó el parlamentario.

La Fundación Amor lleva 12 años atendiendo a más de 700 pacientes con esa enfermedad a través de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (UNAERC), pero con el vencimiento del contrato hay temor de que se interrumpa el servicio.

“Como fiscalizadores del gasto público intervendremos para que el Ministerio de Salud, Unaerc y la Fundación Amor logren ampliar el convenio o proponer una mejor alternativa que sea de beneficio para la atención a enfermos con este padecimiento”, aseguró el diputado Luis Pedro Álvarez.

Las autoridades consultadas indicaron que entregarán un informe al diputado y que trabajarán para que se prorrogue el contrato.

Por Elizabeth Linares

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El subjefe de la bancada Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Carlos Mejía, dialogó con funcionarios de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), empresa Energuate, Ministerio de Energía y Minas y pobladores de comunidades de Quetzaltenango y San Marcos, con el fin de buscar soluciones a los problemas que enfrentan por cobros indebidos y falta de servicio de energía.
En el primero de los casos los pobladores de la comunidad la Palmita, ubicada en Coatepeque, Quetzaltenango, recordaron los problemas que tienen desde hace tiempo con el cobro atrasado de energía por el uso de una bomba de agua que opera en el lugar, la cual está desconectada.
“Estamos sumamente satisfechos ya que la presidenta  de la CNEE, Carmen Urizar, dijo que  el problema de La Palmita ya fue solucionado por lo que en los próximos días realizarán una nueva facturación con el monto correcto”, indicó el diputado Mejía.
En el caso de las Comunidades de Catarina y Ayutla del departamento de San Marcos, los vecinos se quejaron que desde hace cuatro días no cuentan con el servicio eléctrico,  por lo que el congresista solicitó que se realice una revisión de los casos lo antes posible.
“La próxima reunión se llevará a cabo el 7 de mayo del presente año, con el fin de realizar una nueva revisión de este y otros casos que se presenten”, concluyó el diputado Carlos Mejía.
Por Mayra Recinos

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El Presidente del Congreso de la República, Luis Rabbé y diputados de la agrupación Mi País, se reunieron con trabajadores no sindicalizados del Hospital San Juan de Dios, quienes pidieron su intermediación para que se les haga efectivo el pago de unificación de bonos al salario base,  el cual está incluido en el convenio bilateral que se firmó el pasado 9 de abril, entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Sindicato de Trabajadores del sector salud, y que forma parte del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo del MSPAS.
En la citación estuvieron presentes la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSEC), Patricia García; el Viceministro de Administración Financiera, Edwin Martínez; el Director Técnico de Presupuesto, José Gustavo Arévalo y el Director del Hospital San Juan de Dios, Julio Alfonso Figueroa, quienes informaron sobre el avance de los procesos administrativos que se llevan a cabo para el cumplimiento del convenio antes mencionado.
“La ONSEC ya hizo su parte, y el Ministerio de Finanzas está solo a la espera de que el Ministerio de Salud solicite los fondos, debido a que la asignación de cerca de  Q342 millones ya fue aprobada. Cuando se cumpla con el requisito se hará  efectivo el pago que beneficiaría a los más de 28 mil trabajadores del sector salud”, explicó el Viceministro de Finanzas Edwin Martínez.
Durante la reunión el presidente del Congreso Luis Rabbé, se mostró a favor de que se respeten los derechos laborales. “Apoyo la lucha de sus derechos laborales y que sus voces sean escuchadas. De tal cuenta, el día de hoy mediante el diálogo hemos encontrado una solución a las dudas que los aquejan, siéntanse orgullosos de ser trabajadores del sector salud ya que tienen una ardua tarea en beneficio de todos los guatemaltecos”, enfatizó el presidente Rabbé.
Los trabajadores del Hospital San Juan de Dios manifestaron su agradecimiento al Presidente del Congreso y a los diputados que conforman la agrupación Mi País, ya que sus dudas fueron aclaradas. El diputado Carlos Herrera, cuarto secretario de Junta Directiva se mostró complacido por el resultado de la reunión e informó que en ocho días estarán visitando este nosocomio.
Por Karen Mendoza

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