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Los integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia, la cual coordina el diputado Oliverio García Rodas, se reunieron para discutir la posibilidad de hacer imputables a los menores en conflicto con la ley penal y las formas de reinserción y rehabilitación.
La Mesa de Seguridad y Justicia está constituida por la sociedad civil,  Procuraduría de Derechos Humanos, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Organismo Judicial, Instituto de Defensa Pública Penal, UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
Tras analizar el tema de los menores, los presentes concluyeron que la legislación es la adecuada, y que se deben asignar recursos a programas de rehabilitación y reinserción en la sociedad de jóvenes en conflictos con la ley. También hablaron de la necesidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley.
“La asistencia de las organizaciones de la sociedad  civil, de algunas instituciones del Gobierno y de la Cooperación Internacional sigue siendo efectiva. Se sacaron importantes conclusiones que servirán para el dictamen que finalmente elabore la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales sobre algunas iniciativas que tenemos relacionadas con ese tema”, declaró el diputado García Rodas
Durante la actividad del Movimiento ProJusticia presentó una propuesta de modificación a la Ley de Comisiones de Postulación.
Al finalizar la reunión el diputado García Rodas indicó que dentro de quince se volverán a reunir para continuar con la discusión de temas de interés nacional relacionados con seguridad y justicia. “El aporte de la sociedad civil es importante para que los legisladores podamos conocer el pensamiento de este sector de la población”, concluyó.
Por Karen Mendoza

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Diputados del Bloque Legislativo TODOS se reunieron con el subcontralor de Calidad de Gasto, César Elías, a quien le solicitaron un informe de la auditoría efectuada por la compra  sin licitar de 2 millones 150 mil mochilas escolares que hizó el Ministerio de Educación (Mineduc), por medio  de la Dirección General de Educación Física (Digef).
La empresa beneficiada con el contrato por excepción fue Importaciones y Distribuciones Comerciales de Guatemala S.A. a la cual se le pagaron Q 64 millones 820 mil 504 por la compra de las mochilas; a un precio unitario de Q34.80.
La Contraloría determinó que la compra se había hecho dentro de los rangos aceptables que regula la Ley de Contrataciones del Estado. “La Contraloría en observancia a las normas técnicas de auditoría llevó a cabo el proceso para verificar el posible hallazgo de anomalías. Terminada la fase de auditoría  concluimos en que el precio de compra es razonable”, indicó el Subcontralor.
Los legisladores no aceptaron la conclusión de la CGC. “Vemos con preocupación  el informe de la Contraloría; es imposible que el embalaje y la distribución cueste dos veces más que el precio del producto que se está adquiriendo”, denunció el diputado Ronald Arango del Bloque TODOS.
Al concluir la reunión los diputados recomendaron a la contraloría acompañar la entrega de las mochilas para que se haga de manera transparente.
Por Karen Mendoza

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En  conferencia  de  prensa,  el  diputado  Luis  Pedro  Álvarez,  de  la  bancada  Encuentro  por  Guatemala,  dio  a  conocer  que  está fiscalizando  los  avances  en el  proceso  contencioso  administrativo  por medio del cual  busca  la  nulidad  del  contrato  de  usufructo  y  arrendamiento  de  35  caballerías  de  tierras  suscrito  entre  la  Empresa  Portuaria  Quetzal  y  la  entidad  Terminal  de  Contenedores  Quetzal,  Sociedad  Anónima.     
El  14  de  junio  de  2012  la  empresa Terminal  de  Contenedores  Quetzal, S.A. solicitó  a  la  Empresa  Portuaria  Quetzal  que le alquilara  esa área para  poder operar por medio de  un  contrato  de  usufructo  oneroso  por  25  años,  prorrogables  por  25  años  mas.
El  11  de  julio  de  2012,  se  otorgó  el  Contrato  de  Usufructo  Oneroso,  pero la forma tan poco transparente en que se hizo provocó que la  bancada  Encuentro  por  Guatemala  interpusiera, el  15  de  julio  de  2013, una demanda  Contenciosa  Administrativa  con  el  objeto  de  declarar   la  Nulidad  del  Contrato  Administrativo.  La acción legal fue admitida  para  su  trámite  el  27  de  agosto  de  2013  ante  la Sala  Sexta  de  lo  Contencioso   Administrativo.
Tras  15  meses  de acciones  legales  como  recursos  de  nulidad  y  Excepciones,  la  Sala  Sexta  resolvió, en  febrero  de  2015 , enmendar  el  procedimiento y retrotraer   el  proceso  hasta  la  interposición  de la  demanda.
De nuevo se otorga  a  las partes un  plazo  para  presentar sus argumentos ante las denuncias. Una penal por  el  corte  no  autorizado  de  la  especie  protegida  de  árbol  de  mangle  y  el  proceso  Contencioso  Administrativo  por anomalías en el arrendamiento de tierras.
Al respecto, el diputado Luis  Pedro  Álvarez  indicó que continuarán con las demandas ya que tras una visita al lugar pudo constatar que hubo delitos penales y civiles en el negocio entre la  Empresa  Portuaria  Quetzal  y  la  entidad  Terminal  de  Contenedores  Quetzal,  Sociedad  Anónima.     
Por José Castellanos

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El presidente del Organismo Legislativo, Luis Armando Rabbé Tejada, hace un llamado a los diputados al Congreso de la República, para que asistan a la sesión plenaria programada para este jueves a las 10:00 horas, y de esta forma poder avanzar en la agenda legislativa.
El llamado del presidente se hizo luego de la Sesión Ordinaria del martes último, declarada permanente, la cual por la falta de asistencia de los congresistas no se pudo llevar a cabo.
La sesión iniciaría con la continuación de la fase de exposición de motivos de la solicitud de un voto de falta de confianza contra la ministra de Educación, Cynthia del Águila, el cual fue solicitado por el diputado Roberto Alejos.
“Hacemos un llamado a los congresistas para que asistan al pleno y así poder continuar con la agenda que se tiene prevista”, solicitó el diputado Luis Rabbé.
Entre los puntos de la agenda legislativa pendiente de aprobación está:
•La convocatoria mediante la cual el Pleno del Legislativo elegiría  a los representantes, titular y suplente de este Alto Organismo ante el Directorio del RENAP.
•La elección de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.
•El informe de integración de las Comisiones Legislativas de Trabajo.
Entre los dictámenes y proyectos de decreto pendientes de discusión está:
•Ley de Fomento al Establecimiento, Recuperación, Restauración, manejo Producción y Protección de Bosques en Guatemala –PROBOSQUE-.
•Proyecto de Decreto que dispone aprobar Convenio de Cooperación Financiera entre Guatemala y la República de China (Taiwán).
Por Karla Herrera

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El diputado Alejandro de  León, presidente de la   Comisión Extraordinaria por la Transparencia sostuvo una reunión con el  Director General de la Escuela de Educación Física (DIGEF),  Martín Machón, para conocer el procedimiento que se sigue para la compra de equipo deportivo.
El diputado le comentó a Machón que  a la Comisión han llegado denuncias de malos manejos en contra de la empresa Comercial Impotex, la cual fue contratada para la adquisición de  2 millones  500 mil mochilas  para estudiantes de primero a sexto grado de las distintas escuelas del país.
El director de la DIGEF dijo que los señalamientos en contra de la empresa en cuestión son infundados y que ya se verificó y se cumplió con la entrega de las mochilas en las diferentes escuelas del país.
“Lo que pretendemos es evitar que los recursos del pueblo sean utilizando con otros fines. Esperamos que  las autoridades de la DIGEF, nos envíen un informe de los establecimiento a donde fueron enviadas las mochilas”, informó el Diputado Alejandro de León.
Karla Herrera
 

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Los diputados Jaime Martínez Lohayza, Carlos Martínez y Julio Longo de la bancada Libertad Democrático  Renovada  (LIDER),  sostuvieron una reunión con el alcalde de Jalapa, Elmer Guerra y representantes de caficultores de ese departamento quienes le solicitaron su apoyo para la aprobación de un fideicomiso para el café,
La ayuda vendrá a beneficiar a varias familias de caficultores de distintos municipios de ese departamento quienes han sido afectados por la roya del café, desde hace varios meses.
“Esperamos que nuestra solicitud tenga eco en los congresista y   puedan aprobar el fideicomiso que vendría a ser de gran ayuda para los cafetaleros que hay tenido perdidas por la plaga de la Roya que afecta al café”, dijo el alcalde Elmer Guerra.
El diputado Carlos Martínez dijo que atenderá la solicitud y presentarán un proyecto de ley para beneficiar a los caficultores que han sufrido pérdidas por la Roya del Café.
Karla Herrera

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El diputado Carlos Mejía, de la bancada URNG-Maíz, se reunió con funcionarios de la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente (SOSEP), de los ministerios de Salud Pública y de Trabajo, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos, para verificar los avances en la emisión de carnets para adultos mayores con el fin de que gocen de los beneficios establecidos en la Ley de Protección para las Personas de la Tercera, decreto 80-96.
Durante la reunión, Patricia Obando, de la SOSEP explicó que el carnet lo emiten las gobernaciones departamentales de forma gratuita y que la PDH verifica el cumplimiento. Contó que la Secretaría cuenta con el Programa “Mis Años Dorados” y que tiene 53 centros de atención para adultos mayores.
“Estamos en 19 departamentos y este año contaremos con la apertura de nueve centros más, lo cual nos permitirá ampliar la cobertura para atender a las personas que pertenezcan a este programa”, dijo la Secretaria Patricia Obando.
Por su parte, el congresista Carlos Mejía indicó que continuará trabajando en el tema para que se cumpla con lo establecido en la Ley, la cual tiene como función crear y proponer políticas de la tercer a edad a nivel nacional, capacitar a personas individuales y jurídicas  en el orden de prioridad así como la emisión de los carnets para los adultos de nuestro país.
Por Elizabeth Linares

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El Presidente del Congreso de la República, Luis Armando Rabbé  Tejada y el diputado Édgar Cristiani, segundo secretario de Junta Directiva, recibieron la visita de Lily Tsmogiannis, fundadora de The JT Children Foundation, quien  solicitó la aprobación de una Iniciativa de ley que exonere del impuesto al valor agregado y derechos arancelarios a las importaciones de bienes, suministros e insumos que dicha entidad utiliza en beneficio y asistencia social de la población guatemalteca, en Tecpán.
Durante la reunión, Lily Tsmogiannis, le presentó al diputado Luis Rabbé un video del trabajo que  hace la fundación, desde el 2007, en apoyo a niños  con discapacidad y personas mayores a través de programas de fisioterapias,  terapias de lenguaje, talleres ocupacionales, sicología y rehabilitación.
“La aprobación de este Proyecto de Ley nos ayudaría a obtener el equipo que se necesita, ya que los impuestos son altos y la exoneración es la llave tener en el futuro un centro de rehabilitación mejor equipado”, dijo Tsmogiannis.
El diputado Cristiani, quien conoce el trabajo de la Fundación personalmente, apoyó la solicitud de Tsmogiannis. “Queremos también que se otorgue una condecoración a la presidenta Tsmogiannis por medio de una acuerdo de Junta Directiva por la labor social que JT Children Fundation realiza en nuestro país”, comentó.
El presidente del Congreso, Luis Rabbé, se mostró muy complacido con el trabajo que hace la Fundación en el departamento de Tecpán, e indicó que trasladará la solicitud de Tsmogiannis a los jefes de bloque para que la conozcan y la apoyen en una próxima Sesión Plenaria.
Por Elizabeth Linares

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La diputada Nineth Montenegro y el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala, dieron a conocer en conferencia de prensa los resultados de la fiscalización de la entrega de Mi Bolsa Segura en el departamento de Huehuetenango y el incumplimiento de las normas de control y contención del gasto público contenidas en el oficio circular firmado por Otto Pérez Molina, de fecha 1 de abril 2015.
Lo primero que detectaron los diputados es que las Bolsas con propaganda política que entregó el partido oficial en ese departamento no fueron 2 mil sino 9 mil, por lo que la multa que les impuso el TSE en ese entonces debió haber sido de  Q 8.7 millones y no de Q1.9 millones.
El TSE multó al partido oficial luego de que se publicaran  fotografías de la Bolsa Segura distribuida en Huehuetenango con fotografías de políticos oficialistas.
Montenegro denunció también que los Documentos Personales de Identificación (DPI´s), están duplicados. “Vemos con preocupación que existan hasta 16 beneficiarios con el mismo número de DPI. También hay personas que se trasladan de una localidad a otra para recibir varias veces la Bolsa”, dio a conocer la congresista.
“Otro punto importante que queremos evidenciar es que no se cumplieron las Normas de Control y Contención del Gasto Público que anunciaron las autoridades, por el contrario vemos que sigue habiendo recursos sin restricción para los contratos bajo el sub-renglón 18, entre otros aspectos”, denunció Montenegro.
El renglón sub-18 se refiere a la prestación de servicios técnicos y profesionales originados por la suscripción de contratos o convenios para la ejecución o  administración de programas y/o proyectos públicos.
Los congresistas concluyeron la conferencia de prensa anunciando que solicitarán a la Contraloría General de Cuentas que se pronuncie por la supuesta utilización de recursos públicos para campaña electoral. También pedirán a los directivos del Registro Nacional de las Personas que investiguen la duplicidad de DPI´s y que entreguen un informe circunstanciado.
Por Mayra Recinos

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