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La actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras Escobar fue electa por el pleno del Congreso de la República, como magistrada titular  para representar a este alto organismo del Estado, ante la Corte de Constitucionalidad; mientras que la profesional en derecho María de los Ángeles  Araujo Bohr fue designada como magistrada suplente.

Las profesionales fueron electas de entre una lista de 13 de candidatos, quienes superaron un proceso de revisión transparente y a profundidad de al menos 30 expedientes por parte de la Comisión de Postulación, presidida por la diputada Nineth Montenegro.

1. María Eugenia Morales Aceña de Sierra

2. María de los Ángeles Araujo Bohr              

3. Gloria Patricia Porras Escobar                     

4. Juana Solís Rosales                                      

5. Arturo Alfredo Herrador Sandoval              

6. Fanuel Macbanai García Morales              

7. Mynor Custodio Franco Flores                     

8. Eddy Giovanni Orellana Donis                      

9. Roberto Molina Barreto                                  

10. Arturo Martínez Gálvez                                

11. Ana Luisa Noguera Morales                         

12. Nidia Violeta Domínguez Tzunum             

13. Alejandro José Balsells Conde         

Gloria Patricia Porras  es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria de la  Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una Maestría en Derecho Internacional Pública,  diplomado en Derecho Indígena, ha tenido cargos de administración pública como;  Coordinadora Departamental del Instituto de la Defensa Pública, Coordinadora de la Unidad de Capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal, Supervisora General del Ministerio Público y actualmente  es Presidenta de la Corte de Constitucionalidad.

María de los Ángeles Araujo Bohr, fue electa  en 2011 magistrada suplente ante la CC,  postulada por el Congreso de la República, Ha sido  Jefa del Departamento de amparos e inconstitucionalidades de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas, Abogada Directora y Procuradora en el Departamento de lo Contencioso Administrativo del Ministerio de Finanzas Públicas, Catedrática de Derecho Fiscal, Financiero, Tributario y Administrativo en la Universidad San Carlos y en la Universidad Rafael Landívar y Catedrática de post grado y revisora de tesis en la Universidad San Carlos de Guatemala, entre otras.

Las magistradas tomaran posesión de su cargo el próximo 14 de abril, junto a los designados por la Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados, Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ejecutivo.

Por Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión de Paz y Desminado, que preside el congresista Edwin Maldonado, quien se constituirá en querellante adhesivo, se reunieron con Williams Mansilla Fernández, Ministro de la Defensa Nacional y  Enrique Juchuña Cumez, director del Instituto Adolfo V. Hall del Sur, para dar seguimiento al caso de supuesta violación contra una de las estudiantes del Instituto educativo militar, en el departamento de Retalhuleu.
El ministro de la Defensa indicó que ante lo ocurrido se tomaron varias medidas que van desde  lo disciplinario en el personal hasta la remoción del cargo del director del departamento administrativo y del jefe de servicio de las instalaciones del Instituto Adolfo V. Hall de ese departamento.
“Estoy afrontando esta situación porque es un caso importante y  en todo momento hemos tenido las puertas abiertas a la investigación”, comentó Mansilla.
El parlamentario Edwin Maldonado indicó que para dar seguimiento y garantizar  la transparencia del proceso  se constituirá como querellante  adhesivo en el proceso  de investigación que se lleva.
“Debemos  garantizar los derechos básicos de los jóvenes que estudian en las instalaciones militares por lo que a partir de ahora se revisarán los protocolos de seguridad y protección de los hombres y mujeres que se encuentren en los establecimientos”, mencionó el congresista.
En la reunión participaron también Carlos Enrique Barquín y Luis Enrique Morales, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), así como de organizaciones sociales que luchan por la protección de los derechos básicos de las personas.
Por Elizabeth Linarez

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En el tercer día de audiencias, la Comisión Específica para la Revisión y Análisis a la Ley de la Juventud escuchó los planteamientos de 33 organizaciones religiosas, sociales y de jóvenes, quienes buscan se  modifique dicha normativa.
La iniciativa de Ley contempla proteger y promover los derechos y deberes de la juventud, establece políticas públicas de desarrollo integral para atender los problemas y necesidades de los jóvenes, propicia la plena participación de la juventud en lo social, político, económico, cultural y ambiental, incentiva la coordinación de las instituciones públicas y reconoce el aporte de la juventud al desarrollo nacional.
En el tema de salud busca que se brinde atención integral, de calidad y diferenciada a través de programas de salud, principalmente preventiva, curativa, nutritiva, mental, sexual, reproductiva y de rehabilitación y promueve medidas de apoyo y atención integral en salud para la juventud en situación especial.
Los diputados integrantes de la Comisión Específica para la Revisión y Análisis de la Ley de la Juventud, Eva Monte y José Rodrigo Valladares mostraron su satisfacción por la participación de la sociedad civil que está planteando sus argumentos para modificar la normativa.
Ana Gabriela Ibarra, de la Asociación de Sección de la Familia, de la Comisión de Laicos y Vida Consagrada, de la Conferencia Episcopal de Guatemala expresó que algunos artículos han generado controversia y se oponen a la iniciativa.
Karla Godoy, Ericka Mendoza y Brendy Alicia, de agrupación Amigos de la Juventud por el Desarrollo y la Paz, ven con optimismo y apoyan los cambios a la Ley de la Juventud pues consideran que hace falta mayor participación y organización, integralidad y por sobre todo reconocer los derechos de los jóvenes del país.
Para este lunes 14 de marzo, los diputados integrantes de la Comisión Específica para la Revisión y Análisis de la Ley de la Juventud esperan poder atender y escuchar los planteamientos del último grupo de representantes de la sociedad civil.
Por Selvin Rustrián

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Los diputados de las Comisiones de Integración Regional y de Recursos Hídricos se reunieron con Carlos Raúl Morales, Ministro de Relaciones Exteriores,  para conocer la Política de Estado en Materia de Cursos de Aguas Internacionales y evaluar la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto de Ley de acuerdo con las necesidades del país.

Los parlamentarios conocieron que el 75 por ciento de los recursos hídricos que llegan a México, El Salvador y Honduras provienen de cuencas nacionales y que, para evitar problemas y armonizar el uso de los recursos, urgen políticas internacionales de gobernanza que contengan los principios de soberanía de los estados de disponer de sus recursos naturales, desarrollo sostenible y desarrollo humano transgeneracional, entre otros.

El diputado Carlos Chavarría que preside la Comisión de Integración Regional, opinó que es necesario elaborar una nueva ley de aguas pues las anteriores han quedado engavetadas con el fin de regular su uso tanto interno como transfronterizo. “Guatemala provee agua a otros países y ellos aprovechan nuestros recursos por lo que tendrán que hacerse convenios bilaterales”, dijo.

Para el parlamentario Ferdy Elías Velásquez, presidente de la Sala Legislativa de Recursos Hídricos  es de gran importancia  dejar establecido que los países que se benefician de las aguas de Guatemala contribuyan a la  conservación  y al mantenimiento de nuestros recursos.

El Canciller Carlos Raúl Morales se comprometió con los congresistas a colaborar en la elaboración de una nueva Ley que apoye las políticas públicas en materia de aguas nacionales e internacionales.

Se identifican18 sistemas acuíferos transfronterizos entre las regiones de Guatemala-México hasta Costa Rica-Panamá; 16 de estos están ubicados en zonas de fronteras Guatemaltecas.

Por Elizabeth Linares

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Preocupados por la baja ejecución de proyectos de desarrollo, integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, la cual preside la representante Thelma Ramírez, citaron este día a la Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Minfin, Regina Farfán y al Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Ángel Moir, a quienes cuestionaron sobre la asignación de presupuesto para los Consejos Municipales de Desarrollo.

“Estaremos vigilantes en función de la priorización de aquellos rubros que resuelvan los problemas estructurales del país”, indicó la congresista Thelma Ramírez.

El titular de Segeplan informó  que el  Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) usa los soguientes criterios para la distribución de los recursos: 30 por ciento en función de la población (18 por ciento población rural y 12 por ciento población urbana), 5 por ciento recaudación fiscal, 25 por ciento como aporte fijo, 40 por ciento pobreza extrema y el 10 por ciento en función del índice de participación ciudadana

Durante la actividad se conoció que la priorización del listado geográfico del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación  para el ejercicio fiscal  2016, que aprobó el Congreso el año pasado establece la ejecución de 616 proyectos para Educación, 80 Salud, 1192 infraestructura, 329 agua potable, 3 electrificación, 208 drenajes y 8 para manejo de desechos.

En total, según registros de la Segeplan, este año se tiene contemplada la ejecución de 2 mil 438 proyectos con un costo de Q2 millones 101 mil 908, de los cuales hasta el momento tan solo 68 han sido aprobados.

El retraso se debe, según Miguel Angel Moir, a que las municipalidades  asignan  el presupuesto de una manera  discrecional. Ejemplo de ello es que el año pasado las corporaciones cerraron con una ejecución del 25 por ciento y dejaron 1 mil 672 proyectos de arraste, los cuales se suman a las tareas pendientes en materia presupuestaria.

La Viceministra Farfán indicó que para los proyectos de arraste deben ser reprogramados por las unidades de planificación municipal, tendiendo como fecha límite el próximo 29 de abril.

Por Karen Mendoza

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Los partidos políticos que infrinjan las normas establecidas en la nueva Ley Electoral, las cuales están en discusión en el Congreso de la República, serán sancionados con multas que van desde US$500 a US$250 mil, amonestaciones públicas e incluso la cancelación total de la ficha de inscripción.

Así lo dispusieron ayer los diputados al Congreso quienes, con mayoría calificada (105 votos a favor), reformaron los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, referentes a campañas anticipadas y propaganda ilegal.

“Hemos avanzado con la aprobación de la Ley, pero existe la posibilidad de que se pida un fondo de revisión de varios artículos que ya se aprobaron,  como el tema de la paridad  y la elección de familiares de diputados, pero debemos paciencia e ir con toda la tolerancia necesaria para analizar cada artículo”, dijo el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol.

El debate que por el momento se ha llevado a cabo en el Congreso de la República ha sido calificado de gran altura, el cual se puede seguir en directo por el canal 57 de TV Claro Avanzado, la página web www.congreso.gob.gt y por radio en http://mifeyewezi.jimdo.com/

“Durante estos días de analizar las reformas a la Ley Electoral, se ha podido ver que el Congreso  ha recuperado la capacidad de  debate, pero se debe reflexionar detenidamente qué es lo que conocemos y aprobamos para evitar equivocaciones”,  expresó  el diputado  Oliverio García Rodas.

Este día el Congreso avanzó en la discusión de 40 artículos de los 85 que tiene la ley; la discusión continuará el jueves a las 10:00 horas.

Por Karla Herrera

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La poca transparencia que históricamente ha habido en Guatemala sobre la fuente de financiamiento de las campañas políticas ha llegado a su fin. Los diputados al Congreso de la República reformaron este día el artículo 21 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que obliga a las agrupaciones partidarias a rendir cuentas y publicitar sus gastos.
“Estamos avanzando en conocer las reformas a la Ley Electoral; lamentablemente algunos artículos no han obtenido los votos necesarios para ser aprobados, pero vamos poco a poco, por lo que esperamos continuar en estos días conociendo cada artículo hasta aprobar el proyecto de reformas a la Ley”, explicó el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol.
El máximo líder político del Organismo Legislativo se mostró satisfecho con la aprobación, entre otras cosas, del artículo que obliga a los partidos a llevar sus registros contables y hacer públicos sus fuentes de financiamiento  y gastos de campaña. “Las malas prácticas del pasado llegan a su fin”, dijo Taracena Díaz-Sol.
El presidente del Congreso lamentó que no se haya aprobado el artículo sobre la inclusión  étnica y de género. “Quienes votaron en contra serán juzgados por la historia”, dijo.
Tras cinco horas de discusión, la Junta Directiva del Congreso declaró un receso hasta mañana a las 11:30 horas, para continuar con la aprobación del proyecto de reformas a la Ley Electoral, el cual cuenta de de 85 artículos de los cuales ya han sido aprobado 25.
Por Karla Herrera

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El presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, sostuvo este día su compromiso con la población guatemalteca de luchar, desde su curul, en favor de la paridad electoral y la transparencia en el Congreso.
“Las batallas que se están perdiendo en estos momentos, son batallas que se recuperarán en el término de dos meses  debido a que se tiene que convocar  para una nueva generación de reformas” aseguró el parlamentario en referencia a la improbación ayer del artículo de la ley Electoral que establecía cuotas mínimas de participación para las minorías.
Taracena Díaz-Sol, dijo que solicitará  a los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales, que integren una mesa técnica, en donde estén involucrados todos los sectores de la sociedad, con el fin de  iniciar el proceso del análisis de una nueva generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
En el tema de transparencia el presidente del Congreso lamentó que cuatro expresidentes de este Organismo estén siendo sometidos a la justicia y se comprometió a mantener la política de Puertas Abiertas y la transparencia en el Legislativo.
Respecto de la decisión del Presidente Constitucional de la República de vetar el decreto 13-2016 del Congreso de la República, que sancionaba a los funcionarios que no acudieran a las citaciones al Congreso, dijo que se solicitará la opinión de la Corte de Constitucionalidad (CC). “Parte importante del ser diputado es citar a los ministros  y que estos vengan a rendir cuentas” dijo Taracena.
Informó además que presentará una denuncia en el Ministerio Público (MP), por la desaparición de una piedra lunar y el cuadro del fósil de un pez que se extravío durante la presidencia del exdiputado Gudy Rivera, 2012, por ser bienes del Estado.
Por Karen Mendoza

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Con el propósito de fortalecer la legislación en favor de la niñez y la adolescencia, diputados de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República, que preside el congresista Walter Félix, se reunieron con representantes de organizaciones de la sociedad civil e internacionales para definir los temas prioritarios, iniciativas y posibles reformas a diferentes normativas, las cuales se incluirán dentro del plan de trabajo de la referida sala legislativa para el presente año.
La actividad inició con un foro sobre la “Situación Actual de la Niñez y la Adolescencia en Guatemala”,  el cual contó con la participación de Marilis Barrientos, directora de World Vision Guatemala, quien informó que se han   incrementado las denuncias en el Ministerio Público sobre violencia intrafamiliar y   trata de personas con fines de explotación sexual.
Los participantes acordaron que entre los temas que serán incluidos en la agenda de discusión para este año están los referentes al derecho a la salud, educación, deporte, reincorporación a la sociedad de los niños deportados y posibles reformas a  la  Ley de Adopciones aprobada en el 2007.
Los integrantes de la Red Niña Niño propusieron que se establezca la autonomía de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia, se mejore la recaudación fiscal, disminuyendo  los privilegios fiscales y se asignen mayores recursos  para al fortalecimiento de esta entidad.
“Iniciaremos la próxima semana una mesa técnica para continuar atendiendo las solicitudes y propuestas de las distintas agrupaciones que velan por los  derechos del menor, con el fin de definir los temas de fiscalización y legislación que abordaremos este año”, indicó el diputado Félix.

Por Rosemary Recinos
 

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