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Una reunión con el vicemiistro de Educación, Héctor Alejandro Canto y con representantes de maestros que laboran por contrato en el departamento de San Marcos sostuvo el diputado Mario Velásquez Pérez, quien preside la Comisión de Cultura.

En la reunión los docentes plantearon la solicitud para que se les otorguen plazas bajo el renglón 011, con lo cual buscan garantizar la estabilidad laboral que no poseen ahora con el renglón bajo el cual fueron contratados.

San Marcos es un departamento con 30 municipios y en la mayoría de ellos los institutos de educación básica  funcionan con maestros por contrato, que en muchas ocasiones  enfrentan problemas cada inicio de año para que se les renueve el contrato respectivo, señalo el parlamentario.

La Sala de trabajo determino dar seguimiento a este tema en semanas próximas a fin de que se realicen los procesos para la creación de plazas 0-11.

Por Wendy Sandoval

Fotos. Jeaneth Cifuentes.

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Este martes el Pleno del Congreso de la República celebró la primera sesión del período extraordinario que comenzó el 1 de diciembre y culminará  el 13 de enero próximo.

En esta sesión, se retomó la interpelación al Ministro de Desarrollo Social, Carlos Velásquez Monge, para el efecto los interpelantes dieron lectura al preámbulo del juicio político siendo la parte introductoria del proceso.

En una próxima sesión, se espera que los interpelantes inicien  con las 130 preguntas básicas que formularon con el propósito de cuestionar al funcionario sobre su desempeño al frente de la Cartera de Desarrollo Social.

La interpelación es una de las atribuciones que tiene el Organismo Legislativo, dicho proceso permite que los funcionarios de Estado rindan cuentas sobre el desempeño de la cartera que tienen a su cargo.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Roberto Aguja

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En la última reunión de trabajo del periodo legislativo 2018, los diputados de  la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales  emitieron y firmaron dictámenes favorables para varias iniciativas de ley.

“Creemos que las iniciativas que hoy avalamos son de importancia para la población y prueba de ello es la que tipifica el delito de extorsión que está afectando a muchas personas en el país y esperamos que sean aprobados por el Pleno del Congreso de la República en próximas sesiones”, dijo el diputado Fernando  Linares Beltranena, quien preside la sala de trabajo.

Esta propuesta, No. 5458,  propone  reformar  el artículo 261 del Código Penal,  tipifica el delito de extorsión y aumenta  de 10 a 20 años la pena de prisión  para quienes cometan este ilícito penal.  El ponente es el congresista independiente Oliverio García Rodas.

Otros proyectos que recibieron dictamen fueron, el  5471 que reforma el delito de robo y hurto de fluidos de servicios públicos de electricidad y el  5475, que reforma el Decreto 2- 89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial que modifica el artículo 106,  relacionado a la cantidad de las horas de trabajo de los Jueces de Paz.

Los congresistas indicaron que estarán realizando los consensos necesarios para que los proyectos de ley parte de la agenda legislativa y sean aprobados en el pleno.

Por José Castellanos

Fotos Roberto Aguja

 

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Conocer y atender las principales demandas de la población y garantizar el acceso a la salud a fue posible gracias al Parlamento Móvil, programa que fue impulsado por la Comisión de Salud y Asistencia Social durante el 2018.

Este logró forma parte de los avances detallados  en la memoria de labores presentada  por la sala en mención, presidida por la diputada Sofía Hernández (AC), quien se mostró satisfecha al cumplirse las principales metas de la comisión que presidió.

“Le puedo decir al pueblo de Guatemala, misión cumplida, se ha trabajado para  un mejor sistema de salud y se ha legislado en favor de la población garantizando el bienestar de los guatemaltecos”, manifestó la legisladora.

En cuanto al trabajo de campo, los miembros de la comisión visitaron Los hospitales y centros de salud de Alta Verapaz, Quetzaltenango, Baja Verapaz y Huehuetenango, en donde fiscalizaron y evaluaron temas como atención, abastecimiento, seguridad y funcionamiento de las unidades para luego mediar ante las autoridades respectivas para atender las sugerencias y demandas planteadas durante las visitas.

Por Isabel Mazariegos

Fotos Jeaneth Cifuentes

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La firma de un convenio que permita saldar la deuda vigente que tienen con ENERGUATE  los hospitales nacionales, regionales y  los centros de salud, fue parte de los avances obtenidos por la mediación efectuada por la Comisión de Salud del Congreso.

De acuerdo con la diputada Sofía Hernández, presidenta de esta sala de trabajo, hay riesgo de una  crisis en el servicio de energía eléctrica que,  de no atenderse,   afectaría el funcionamiento de los centros hospitalarios.  “La energía eléctrica es un servicio básico para un hospital, la suspensión del servicio puede poner en riesgo la atención que se brinda”, resaltó la congresista.

Representantes de ENERGUATE detallaron que la deuda  asciende a Q 2 millones y explicaron que varios de los centros tienen de 1 a 10 facturas pendientes,  por lo que accedieron a firmar el convenio en el que detallan las fechas que se deberán hacer los pagos, caso contrario, suspenderán el servicio.

Mientras que el viceministro de hospitales, Mario Figueroa, reconoció que si existe atraso en el pago del servicio que obedece a temas administrativos y se puede corregir, sin embargo existe una corresponsabilidad con los directores ya que deben estar al día en los pagos y evitar la crisis. Añadió que no existe comunicación con la empresa ENERGUATE ya que algunos recibos llegar atrasados.

Los directores de los hospitales nacionales y regionales indicaron que en algunos casos el impago se debe a que  el recibo llega fuera de fecha o no se tienen los fondos necesarios para saldarlos.  Además solicitaron  que se revisen los registros porque hay hospitales que ya han hecho algunos pagos y aún aparecen como deudores.

Integrantes de la comisión indicaron que darán seguimiento al tema y estarán vigilantes ante el convenio que solicitaron con el propósito de evitar inconvenientes a futuro y garantizar el funcionamiento adecuado de la red hospitalaria.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Rodrigo Arias P.

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El anteproyecto de ley 5458 que reforma el artículo 261 del Código Penal y tipifica el delito de extorsión, recibió dictamen favorable de los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Fernando Linares Beltranena.

La reforma pretende desarrollar de forma técnica la descripción de los elementos del delito de extorsión, propone tipificarlo  y aumentar  la pena de prisión de 10 años a 20 años de cárcel al que cometa este ilícito penal. El ponente del proyecto de ley es el diputado independiente Oliverio García Rodas.

No fue el único dictamen favorable de la comisión, pues también dieron el aval para la iniciativa 5471, Reformas al delito de robo y hurto de fluidos, presentada por el diputado Linares Beltranena, la cual aumenta las penas y delitos por esos ilícitos. “Queremos desincentivar estas acciones porque  atentan contra la seguridad de los servicios de utilidad pública en el territorio”, dijo el congresista.

El tercer dictamen fue para la iniciativa 5475, propuesta por el diputado Fidel Reyes Lee, integrante de la comisión y de la bancada UNE, quien busca aprobar reformas al Decreto 2-89 del Congreso de la República,  Ley del Organismo Judicial, específicamente al artículo 106  relacionado a la cantidad de las horas semanales de trabajo de los Jueces de Paz.

“Todos los temas que tratamos hoy son de mucha importancia y el principal es el tema de las extorsiones de los pandilleros ya que hay muchas personas que están padeciendo este problema y el simple hecho de una llamado telefónica es calificativa de extorsión y este flagelo social debe de erradicar por eso dictaminamos a favor, dijo el diputado Linares Beltranena.

Por José Castellanos

Fotos. Rodrigo Arias P.

 

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Como parte de los  esfuerzos de la mesa técnica legislativa que analizó la crisis financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), sus integrantes sostuvieron una nueva reunión con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la máxima casa de estudios en el país.

De acuerdo con el titular de finanzas, Víctor Martínez, luego de un análisis de la ejecución de las distintas carteras del Gobierno Central, se ubicaron espacios que suman Q43 millones, “estos fondos se suman a los Q199 millones, que ya se tenían como aporte extraordinario para la San Carlos, y que permitirán que pueda tener un cierre este año sin dificultad financiera”, agregó.

Otro de los temas abordados fue el avance de la suscripción del convenio interinstitucional de apoyo técnico entre la universidad y la cartera del tesoro, que tiene como fin que la USAC sea integrada a los sistemas de transparencia Sicoin, Guatenóminas y Siges que maneja el Estado.

Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos aseguró que la semana pasada el Consejo Universitario autorizó la suscripción del convenio en mención. “Solo estamos a la espera que finanzas no remita un diagnóstico de los alcances y que nuestro equipo legal afine algunas modificaciones que se le deben de hacer a este compromiso, por lo que esperaríamos firmar el documento el próximo 29 de diciembre”, dijo.

Al finalizar el encuentro los congresistas acordaron reunirse el próximo lunes 17 de diciembre, con el entendido de que Finanzas Públicas, informe sobre nuevos espacios en apoyo extraordinario que permitan alcanzar los Q401 millones que necesita la USAC para honrar sus compromisos de este año.

“Vemos muchos avances, en cuanto a los recursos que serán destinados a la universidad para subsanar la crisis, en tal virtud hemos pedido a sus máximos representantes adherirse a herramientas de rendición de cuentas que permitan transparentar su gasto. Por ello, se ha solicitado a la Contraloría entregar ese mismo día el informe de la auditoría forense, de las finanzas de esta casa de estudios”, concluyó Javier Hernández, presidente de la sala legislativa.

Por Karen Mendoza

Fotos. Roberto Aguja

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Una iniciativa de ley que propone la protección al niño y adolescente que sea trasladado fuera de las fronteras del país sin la documentación legal migratoria presentó la diputada Ileana Calles, subjefe de la bancada FCN Nación, quien durante la presentación estuvo acompañada de integrantes de la Asociación de Mujeres Guatemaltecas Abogadas.

La propuesta también contempla penas más severas en contra de quienes trasladen a los menores de edad. Con esta propuesta se busca  evitar que  los verdaderos padres pongan en riesgo la vida de  sus hijos, y los expongan  al  trauma y sufrimiento de migrar,  además de disminuir la posibilidad de que personas sin escrúpulos hagan negocio con ellos, explicó  la congresista.

“Existen  casos donde los menores son hijos de mujeres pandilleras o prostitutas que viven en áreas rojas, y por algún motivo son asesinadas, esos niños quedan a cargo de algún vecino, que muchas veces los venden para servir de escudo o protección”, lamentó.

La iniciativa modificaría  el artículo 156 Ter, del Código Penal , el cual quedaría  de la siguiente manera:  Quien traslade fuera del territorio de Guatemala a menores de edad de cero meses a doce años de edad, o adolescentes de 13 a 17 años, serán sancionados con prisión de seis a ocho años. También adiciona al artículo 25 del Código Procesal Penal, que se refiere al criterio de oportunidad,  mencionado en el artículo 156 Ter, antes mencionado.

La legisladora agregó que si el hecho lo comete alguno de los padres o ambos padres, se solicitará al juez que se le otorgue criterio de oportunidad para sustituir la pena de prisión, con el fin de no dejar sin amparo a los menores.

La diputada indicó que espera que este tipo de proyectos de ley puedan tener el apoyo en el pleno del Congreso, con el fin de cumplir con el mandato constitucional de proteger a la persona y a la familia.

Por Mayra Barillas Recinos.

Fotos  Jeaneth Cifuentes

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La iniciativa Ley de Acceso a la Vivienda presentaron los diputados Felipe Alejos y Juan Ramón Lau, primer vicepresidente y tercer Secretario de Junta Directiva respectivamente, quienes explicaron que en la propuesta se contempla  exonerar el pago del impuesto del timbre fiscal, equivalente al tres por ciento del valor de la propiedad en las segundas compraventas.

“En Guatemala existe un déficit de vivienda de alrededor de 1.6 millones y esta iniciativa  facilitará a las familias con menos recursos adquirir una propiedad de segundo uso”, comentó el diputado Alejos.

Agregó que la propuesta busca  reformar el artículo 7 de la ley de Impuesto al valor Agregado y el artículo 2 a la ley de Timbres Fiscales, “suprimir  dicho impuesto   reduce  los costos para adquirir residencia,  se favorece a los guatemaltecos de clase media baja y se pone fin  a la doble tributación,  puesto que en la primera ya fue afecta  a un impuesto del 12 por ciento del IVA y las segundas y siguientes compraventas ya no deben volver a pagarlo”.

Por su parte el parlamentario Lau  comentó que este es un tema constitucional, ya que el Estado está obligado a proteger a la familia, y que al adquirir una casa, se les brinda mayor estabilidad a los integrantes de este núcleo tan importante para toda sociedad.

Por Rosemary Recinos.

Fotos Jeaneth  Cifuentes

 

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