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Para promover la discusión sobre el impacto económico que ha generado la entrada en vigencia del Decreto 7-2015, “Ley de Tarjetas de Crédito”, el diputado Ronald Arango, del Bloque Legislativo TODOS, realizó  un foro con la participación de representantes de la Asociación para la Defensa de los Usuarios de las Tarjetas de Crédito (Adutacred),  Asociación de Emisores de Medios de Pago de Guatemala (AEMPG) y un analista económico.
El foro fue organizado para analizar las 13 inconstitucionalidades planteadas a los artículos 4, 9, 11 y 16, entre  otros,  del Decreto 7-2015, por parte de los emisores de tarjetas de crédito, el cual entró en vigencia el pasado 8 de marzo.
En dichos artículos se estipula el límite de crédito, se fijan tasas de interés, se reestructura el adeudo y se establece el riesgo de hacer compras por internet, factores que según los emisores de tarjetas pueden influir en el decrecimiento económico y porque consideran que va contra la libertad de mercado.
Omar López, director de ADUTACRED, asegura que en términos generales existe un crecimiento económico positivo que genera ganancias de Q 2 mil 480 millones a las empresas emisoras de tarjetas, esto en contraste del 60 por ciento, de guatemaltecos que se ven afectados con problemas de deudas.
“Estamos abiertos al diálogo por eso queríamos escuchar a los sectores involucrados para fortalecer una Ley que en su espíritu es buena y lo que busca es proteger al usuario de los abusos que algunos emisores ejercían a los tarjetahabientes”, dijo el diputado Arango.
El analista económico, Mariano Rayo, opina que existe la necesidad de instalar una mesa técnica de trabajo, en donde no solo participen los emisores de tarjetas de crédito, sino que también se cuente con la opinión de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala con el fin de afinar una ley, que si bien es cierto protege al tarjetahabiente  también garantice las obligaciones del mismo al adquirir este sistema de pago.
Durante dos años, la iniciativa de ley estuvo esperando ser aprobada por el Pleno del Congreso y fue hasta el año pasado que la normativa fue discutida durante tres sesiones y aprobada de urgencia nacional con el voto de 112 legisladores.
Para conocer más detalles sobre esta Ley puede visitar la página web: www.congreso.gob.gt.
Por Karen Mendoza

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“Los derechos y las condiciones de vida de los menores y adolescentes en el país son mínimos y vulnerables y existe una baja inversión en programas y el debilitamiento de las instituciones”. A esta conclusión llegaron los integrantes de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia quienes presentaron su informe anual los diputados de la Comisión del Menor y la Familia del Congreso de la República.
“La inversión diaria en salud y educación es de Q6.26 por niña o niño, mientras que en el caso de los adolescentes la cifra disminuye a Q1.27”, expresó Otto Rivera, presidente de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Tras recibir el informe, el diputado Walter Félix, presidente de la referida Sala Legislativa, lamentó la situación en la que se encuentra la niñez guatemalteca.
“Vamos a instalar una mesa técnica para analizar el informe y formular propuestas que fortalezcan las políticas de bienestar y protección de los menores y adolescentes”, dijo el congresista quien además  consideró necesario modificar la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, para que existan sanciones más drásticas contra las personas que atenten contra la integridad de los menores y adolescentes.
Por Selvin Rustrián

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El Diputado Ferdy Elias, se reune con alcaldes del departamento de Quiché y Ministro de Ambiente.

En esta reunión de trabajo realizada en la cabecera del departamento de Quiché, con los alcaldes del departamento, se  conto con  la presencia del Sr. Ministro de Ambiente y Recursos Naturales Sydney Samuels, tocando diferentes temas ambientales de beneficio para los 21 municipios.

Dentro de los temas tratados esta la socializacion de una iniciativa de Ley de Aguas y el cumplimiento al acuerdo gubernativo que obliga a las municipalidades al tratamiento primario de aguas servidas. 

 

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La actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Patricia Porras Escobar fue electa por el pleno del Congreso de la República, como magistrada titular  para representar a este alto organismo del Estado, ante la Corte de Constitucionalidad; mientras que la profesional en derecho María de los Ángeles  Araujo Bohr fue designada como magistrada suplente.

Las profesionales fueron electas de entre una lista de 13 de candidatos, quienes superaron un proceso de revisión transparente y a profundidad de al menos 30 expedientes por parte de la Comisión de Postulación, presidida por la diputada Nineth Montenegro.

1. María Eugenia Morales Aceña de Sierra

2. María de los Ángeles Araujo Bohr              

3. Gloria Patricia Porras Escobar                     

4. Juana Solís Rosales                                      

5. Arturo Alfredo Herrador Sandoval              

6. Fanuel Macbanai García Morales              

7. Mynor Custodio Franco Flores                     

8. Eddy Giovanni Orellana Donis                      

9. Roberto Molina Barreto                                  

10. Arturo Martínez Gálvez                                

11. Ana Luisa Noguera Morales                         

12. Nidia Violeta Domínguez Tzunum             

13. Alejandro José Balsells Conde         

Gloria Patricia Porras  es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogada y Notaria de la  Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una Maestría en Derecho Internacional Pública,  diplomado en Derecho Indígena, ha tenido cargos de administración pública como;  Coordinadora Departamental del Instituto de la Defensa Pública, Coordinadora de la Unidad de Capacitación del Instituto de la Defensa Pública Penal, Supervisora General del Ministerio Público y actualmente  es Presidenta de la Corte de Constitucionalidad.

María de los Ángeles Araujo Bohr, fue electa  en 2011 magistrada suplente ante la CC,  postulada por el Congreso de la República, Ha sido  Jefa del Departamento de amparos e inconstitucionalidades de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Finanzas, Abogada Directora y Procuradora en el Departamento de lo Contencioso Administrativo del Ministerio de Finanzas Públicas, Catedrática de Derecho Fiscal, Financiero, Tributario y Administrativo en la Universidad San Carlos y en la Universidad Rafael Landívar y Catedrática de post grado y revisora de tesis en la Universidad San Carlos de Guatemala, entre otras.

Las magistradas tomaran posesión de su cargo el próximo 14 de abril, junto a los designados por la Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados, Universidad de San Carlos de Guatemala y el Ejecutivo.

Por Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión de Paz y Desminado, que preside el congresista Edwin Maldonado, quien se constituirá en querellante adhesivo, se reunieron con Williams Mansilla Fernández, Ministro de la Defensa Nacional y  Enrique Juchuña Cumez, director del Instituto Adolfo V. Hall del Sur, para dar seguimiento al caso de supuesta violación contra una de las estudiantes del Instituto educativo militar, en el departamento de Retalhuleu.
El ministro de la Defensa indicó que ante lo ocurrido se tomaron varias medidas que van desde  lo disciplinario en el personal hasta la remoción del cargo del director del departamento administrativo y del jefe de servicio de las instalaciones del Instituto Adolfo V. Hall de ese departamento.
“Estoy afrontando esta situación porque es un caso importante y  en todo momento hemos tenido las puertas abiertas a la investigación”, comentó Mansilla.
El parlamentario Edwin Maldonado indicó que para dar seguimiento y garantizar  la transparencia del proceso  se constituirá como querellante  adhesivo en el proceso  de investigación que se lleva.
“Debemos  garantizar los derechos básicos de los jóvenes que estudian en las instalaciones militares por lo que a partir de ahora se revisarán los protocolos de seguridad y protección de los hombres y mujeres que se encuentren en los establecimientos”, mencionó el congresista.
En la reunión participaron también Carlos Enrique Barquín y Luis Enrique Morales, representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), así como de organizaciones sociales que luchan por la protección de los derechos básicos de las personas.
Por Elizabeth Linarez

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En el tercer día de audiencias, la Comisión Específica para la Revisión y Análisis a la Ley de la Juventud escuchó los planteamientos de 33 organizaciones religiosas, sociales y de jóvenes, quienes buscan se  modifique dicha normativa.
La iniciativa de Ley contempla proteger y promover los derechos y deberes de la juventud, establece políticas públicas de desarrollo integral para atender los problemas y necesidades de los jóvenes, propicia la plena participación de la juventud en lo social, político, económico, cultural y ambiental, incentiva la coordinación de las instituciones públicas y reconoce el aporte de la juventud al desarrollo nacional.
En el tema de salud busca que se brinde atención integral, de calidad y diferenciada a través de programas de salud, principalmente preventiva, curativa, nutritiva, mental, sexual, reproductiva y de rehabilitación y promueve medidas de apoyo y atención integral en salud para la juventud en situación especial.
Los diputados integrantes de la Comisión Específica para la Revisión y Análisis de la Ley de la Juventud, Eva Monte y José Rodrigo Valladares mostraron su satisfacción por la participación de la sociedad civil que está planteando sus argumentos para modificar la normativa.
Ana Gabriela Ibarra, de la Asociación de Sección de la Familia, de la Comisión de Laicos y Vida Consagrada, de la Conferencia Episcopal de Guatemala expresó que algunos artículos han generado controversia y se oponen a la iniciativa.
Karla Godoy, Ericka Mendoza y Brendy Alicia, de agrupación Amigos de la Juventud por el Desarrollo y la Paz, ven con optimismo y apoyan los cambios a la Ley de la Juventud pues consideran que hace falta mayor participación y organización, integralidad y por sobre todo reconocer los derechos de los jóvenes del país.
Para este lunes 14 de marzo, los diputados integrantes de la Comisión Específica para la Revisión y Análisis de la Ley de la Juventud esperan poder atender y escuchar los planteamientos del último grupo de representantes de la sociedad civil.
Por Selvin Rustrián

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Los diputados de las Comisiones de Integración Regional y de Recursos Hídricos se reunieron con Carlos Raúl Morales, Ministro de Relaciones Exteriores,  para conocer la Política de Estado en Materia de Cursos de Aguas Internacionales y evaluar la posibilidad de elaborar un nuevo proyecto de Ley de acuerdo con las necesidades del país.

Los parlamentarios conocieron que el 75 por ciento de los recursos hídricos que llegan a México, El Salvador y Honduras provienen de cuencas nacionales y que, para evitar problemas y armonizar el uso de los recursos, urgen políticas internacionales de gobernanza que contengan los principios de soberanía de los estados de disponer de sus recursos naturales, desarrollo sostenible y desarrollo humano transgeneracional, entre otros.

El diputado Carlos Chavarría que preside la Comisión de Integración Regional, opinó que es necesario elaborar una nueva ley de aguas pues las anteriores han quedado engavetadas con el fin de regular su uso tanto interno como transfronterizo. “Guatemala provee agua a otros países y ellos aprovechan nuestros recursos por lo que tendrán que hacerse convenios bilaterales”, dijo.

Para el parlamentario Ferdy Elías Velásquez, presidente de la Sala Legislativa de Recursos Hídricos  es de gran importancia  dejar establecido que los países que se benefician de las aguas de Guatemala contribuyan a la  conservación  y al mantenimiento de nuestros recursos.

El Canciller Carlos Raúl Morales se comprometió con los congresistas a colaborar en la elaboración de una nueva Ley que apoye las políticas públicas en materia de aguas nacionales e internacionales.

Se identifican18 sistemas acuíferos transfronterizos entre las regiones de Guatemala-México hasta Costa Rica-Panamá; 16 de estos están ubicados en zonas de fronteras Guatemaltecas.

Por Elizabeth Linares

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Preocupados por la baja ejecución de proyectos de desarrollo, integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, la cual preside la representante Thelma Ramírez, citaron este día a la Viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Minfin, Regina Farfán y al Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia, Miguel Ángel Moir, a quienes cuestionaron sobre la asignación de presupuesto para los Consejos Municipales de Desarrollo.

“Estaremos vigilantes en función de la priorización de aquellos rubros que resuelvan los problemas estructurales del país”, indicó la congresista Thelma Ramírez.

El titular de Segeplan informó  que el  Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) usa los soguientes criterios para la distribución de los recursos: 30 por ciento en función de la población (18 por ciento población rural y 12 por ciento población urbana), 5 por ciento recaudación fiscal, 25 por ciento como aporte fijo, 40 por ciento pobreza extrema y el 10 por ciento en función del índice de participación ciudadana

Durante la actividad se conoció que la priorización del listado geográfico del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación  para el ejercicio fiscal  2016, que aprobó el Congreso el año pasado establece la ejecución de 616 proyectos para Educación, 80 Salud, 1192 infraestructura, 329 agua potable, 3 electrificación, 208 drenajes y 8 para manejo de desechos.

En total, según registros de la Segeplan, este año se tiene contemplada la ejecución de 2 mil 438 proyectos con un costo de Q2 millones 101 mil 908, de los cuales hasta el momento tan solo 68 han sido aprobados.

El retraso se debe, según Miguel Angel Moir, a que las municipalidades  asignan  el presupuesto de una manera  discrecional. Ejemplo de ello es que el año pasado las corporaciones cerraron con una ejecución del 25 por ciento y dejaron 1 mil 672 proyectos de arraste, los cuales se suman a las tareas pendientes en materia presupuestaria.

La Viceministra Farfán indicó que para los proyectos de arraste deben ser reprogramados por las unidades de planificación municipal, tendiendo como fecha límite el próximo 29 de abril.

Por Karen Mendoza

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Los partidos políticos que infrinjan las normas establecidas en la nueva Ley Electoral, las cuales están en discusión en el Congreso de la República, serán sancionados con multas que van desde US$500 a US$250 mil, amonestaciones públicas e incluso la cancelación total de la ficha de inscripción.

Así lo dispusieron ayer los diputados al Congreso quienes, con mayoría calificada (105 votos a favor), reformaron los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, referentes a campañas anticipadas y propaganda ilegal.

“Hemos avanzado con la aprobación de la Ley, pero existe la posibilidad de que se pida un fondo de revisión de varios artículos que ya se aprobaron,  como el tema de la paridad  y la elección de familiares de diputados, pero debemos paciencia e ir con toda la tolerancia necesaria para analizar cada artículo”, dijo el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol.

El debate que por el momento se ha llevado a cabo en el Congreso de la República ha sido calificado de gran altura, el cual se puede seguir en directo por el canal 57 de TV Claro Avanzado, la página web www.congreso.gob.gt y por radio en http://mifeyewezi.jimdo.com/

“Durante estos días de analizar las reformas a la Ley Electoral, se ha podido ver que el Congreso  ha recuperado la capacidad de  debate, pero se debe reflexionar detenidamente qué es lo que conocemos y aprobamos para evitar equivocaciones”,  expresó  el diputado  Oliverio García Rodas.

Este día el Congreso avanzó en la discusión de 40 artículos de los 85 que tiene la ley; la discusión continuará el jueves a las 10:00 horas.

Por Karla Herrera

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