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Diputados  al Congreso de la República,  eligieron  a Nydia  Lissette Arévalo Flores de Corzantes  como directora del Instituto de la Defensa Pública Penal IDPP, para el período que inició el seis de agosto del 2014  y concluye el cinco de agosto del 2019.
Para el efecto, el Pleno de los diputados aprobó el acuerdo 17-2016 que en su artículo segundo dice: “La Directora General del Instituto de la Defensa Publica Penal ejercerá las funciones, atribuciones y competencias establecidas en la ley respectiva”.
“Ha sido una de las elecciones más difíciles que hemos tenido, la cual se logró con más de 105 votos  y tiene toda la fuerza. Que  bueno que el Congreso haya cumplido con eso porque teníamos presiones de las cortes pidiendo  que cumpliéramos con esa obligación”, declaró el presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol.
Por Karla Herrera

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El diputado Jean Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso de la República, se mostró satisfecho con la suspensión del Contrato denominado "Servicio Técnico Especializado para Modernizar el Registro y Documentación del Contrato Migratorio", por parte del Ministerio de Gobernación.
En opinión del parlamentario la compra debe hacerse en forma transparente con todos los mecanismos de licitación pública, tal como lo establece la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y no por el método de excepción, por lo que debe repetirse el proceso.
“Se de la importancia de contar con un sistema de control migratorio para llevar en una forma ordenada el registro de las personas que ingresan y salen del país, pero todo debe realizarse con transparencia", declaró Jean Paul Briere, para quien el sistema ayudará a evitar, en un gran porcentaje, el tráfico de personas.
Unos de los principales señalamientos en contra de la adquisición del contrato es su elevado costo. “Es el mismo sistema que se implementó en Honduras. Aquí costó  Q878.9 millones, y allí 10 veces menos”.
El nuevo sistema de control migratorio usa recursos tecnológicos y de última generación que permiten registrar, almacenar y gestionar los datos biométricos y documentales de las personas que ingresan y salen del país.
En el acuerdo gubernativo 30-2014 se establecía que el control migratorio sería autofinanciado con los US$15 que pagan los turistas por impuesto de entrada y salida de Guatemala, algo que por el momento está en duda.
Datos proporcionados por la Comisión del Migrante dan cuenta de que al año, al menos un millón de personas ingresan vía área a Guatemala, sin embargo no se tienen datos migratorios de los ingresos por vía terrestre. Es ahí donde se busca fortalecer el registro.
Por Byron Ramírez.

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Los diputados del Bloque Legislativo, Unión del Cambio Nacionalista (UCN), encabezados por el representante Julio Lainfiesta, se reunieron este día con Abel Cruz, ministro en funciones del MINECO y Enrique Lacs Palomo, viceministro de Integración y Comercio Exterior, a quienes cuestionaron sobre el alza al arancel del cuadril de pollo.
La polémica surge luego de la orden girada el 3 de febrero por el Viceministro Lacs, la cual entró en vigencia el 16 de febrero de este año, donde se fija el cobro del arancel en 13.8 por ciento a las importaciones de pollo provenientes de Estados Unidos.
“Esta situación ha creado incertidumbre y especulación en los distribuidores del alimento, quienes aseguran que este producto podría sufrir un alza en el precio”, explicó el Jefe de Bancada Julio Lainfiesta.
El Viceministro de Economía informó que no existen motivos para incrementar el precio de dicho alimento y que solamente  se regularizó la lista de aranceles 2016 sobre importaciones procedentes de los Estados Unidos para adecuarla a lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana.
Según Datos del MINECO, en el país consume anualmente alrededor de 9 mil 900 toneladas de este producto lo cual lo sitúa como un alimento con un alto grado de rotación.
Po Karen Mendoza

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visita del Diputado Alvaro Velasquez  y ODHA al Hospital de salud Mental Federico Mora.

Concluson: se fortalecera la mesa tecica con el organismo Judial y propondran la Ley de salud mental

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Diputados al Congreso de la República elector por el departamento de Quetzaltenango solicitaron al Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Chea, que la Marimba “Voz de los Altos” quede bajo su responsabilidad y por ende que se haga cargo de su mantenimiento y de pagar el salarios de los maestros que la ejecutan.
La Marimba “Voz de los Altos” fue creada hace 82 años por la Zona Militar de Quetzaltenango pero, luego de la Firma de la Paz (1996), el Ministerio de la Defensa Nacional se desligó de los gastos y quedó a cargo de la Gobernación Departamental que la tiene en completo abandono.
“Nos preocupa que por trámites administrativos nuestra Marimba haya dejado de funcionar. Somos la cuarta generación de la marimba Voz de los Altos y nos causa dolor el saber que se está perdiendo parte de la historia”, dijo Giovanni Monterroso.
Los congresistas apoyan la recuperación de este patrimonio y por ello han solicitado al Ministro de Cultura y Deportes que realice las gestiones para institucionalizar la Marimba “Voz de los Altos”.
“Consideramos que nuestro instrumento nacional debe resguardarse para el beneficio de futuras generaciones de músicos”, declaró el diputado Juan Carlos Salanic.
El Ministro de Cultura y Deportes explicó que no es tan complicado el trámite para hacerse responsables, el problema radica en la falta de fondos económicos debido que este año la cartera que dirige sufrió de recorte de presupuesto. “Tenemos la voluntad política y haremos lo posible para mantener la historia que tiene la Marimba “Voz de los Altos”, aseguró.
La Marimba es el instrumento musical considerado Símbolo Patrio del país, luego de que el Congreso de la República aprobara en 1999, el Decreto 31-99 del artículo 171 de la Constitución Política de Guatemala.
El 12 de febrero de 2015, la Organización de Estados Americanos (OEA) declara a nuestro instrumento musical como Patrimonio Cultural de las Américas.
La Marimba es un instrumento musical idiófono, compuesto básicamente de una serie de tablillas de madera dura, suspendidas en sus nodos de vibración con sendos resonadores, dispuestos sobre una estructura también de madera, con cuatro patas. Al golpear cada tablilla con unas baquetas, el sonido se transmite a su correspondiente resonador de jícara, de bambú, de madera o de metal, proporcionándole así la debida amplificación. Dicho instrumento tiene posibilidades melódicas, rítmicas y armónicas. Se toca utilizando el instrumento conocido como huitzil.
Por Selvin Rustrián

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales, dirigida por la diputada Thelma Ramírez, se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y Procuraduría General de la Nación, a quienes trasladaron la solicitud de los trabajadores de la portuaria de Santo Tomas de Castilla, Izabal, de que se les haga efectivo un incremento salarial.
Los trabajadores de la portuaria explicaron, a los representantes de las citadas entidades, que desde hace más de tres años vienen solicitando que se les cumpla con pagarles el salario mínimo que para este año es de Q2 mil 497 con 04  al mes.
“Lamentamos que los jefes de las instituciones no hayan asistido a la reunión, pues con su ausencia no se pueden tomar las decisiones precisas para resolver los problemas, como en este caso del salario mínimo para los trabajadores de la portuaria, así como los despidos injustificados que se han dado en las municipalidades”,  lamentó la diputada Thelma Ramírez, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales.
Al concluir la reunión los legisladores acordaron que la semana que viene volverán a citar a la Ministra de  Trabajo Aura Leticia Teleguardio y a la Procuradora General de la Nación María Eugenia Villagrán para tratar nuevamente el tema y buscar soluciones.
Por Karla Herrera

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Diputados del bloque legislativo Movimiento Reformador (MR) se reunieron con Luis Eduardo Gómez Quilo, director General de Migración; Fernando Fernández, subcontralor General de Cuentas, y asesores del despacho superior de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para que informen sobre la suspensión del contrato con la empresa Security AssistanceGroup  para la modernización del registro y control migratorio de Guatemala.
Entre los cuestionamientos lanzados por el diputado Boris España, jefe de bancada, estaba el porqué de la rescisión del contrato por Q846.5 millones y cuáles fueron las razones que llevaron a la PGN a emitir un dictamen donde recomendaba evaluar la cancelación para evitar una demanda en  contra del Estado de Guatemala.
Gómez Quilo, director Migración, respondió que  el contrato fue rescindido en mayo del 2015 por el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, después de que la Contraloría General de Cuentas  presentara hallazgos en los procesos de licitación.
“Estamos trabajando nuevas bases de licitación para hacer una proceso transparente e internacional porque es necesario contar con controles migratorios de última generación en el país  para evitar el tránsito migratorio de posibles delincuentes”, explicó el funcionario de gobierno. Agregó que lo que ellos pretenden es que la población comprenda que la Dirección es un ente de seguridad nacional,  no solo una institución que emite pasaportes.
Nery Franco, asesor del despacho de la PGN dio a conocer que están investigando el hecho y que han planteado una denuncia penal en el Ministerio Público en contra de quienes resulten responsables.
“En la bancada estamos interesados en colaborar en el fortalecimiento de las instituciones, pero sobre todo en evitar que los recursos sean mal utilizados. Queremos defender los intereses de los guatemaltecos”, declaró el diputado Jaime Regalado.
Por Sayda Galicia

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Para analizar las acciones implementadas en cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Edwin Maldonado Lux, presidente de la Comisión Específica de Paz y Desminado del Congreso de la República, se reunió con las autoridades del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, Procuraduría de los Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la sociedad civil.
Durante la actividad, representantes de los Colectivos de Organizaciones por el Derecho a la Alimentación y Estudios Sociales Rurales (IXIM-Maíz) y el Consejo de Instituciones de Desarrollo (COINDE), expusieron que en esta nueva administración no ha habido ningún por lo que solicitaron que se reorienten las estrategias del derecho humano a la alimentación.
“Nos preocupa la falta de coordinación entre las dependencias de Gobierno. Vemos poca planificación y una baja ejecución presupuestaria en el combate a la desnutrición crónica y aguda. Nosotros como diputados continuaremos fiscalizando los el tema de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional”, dijo el diputado Maldonado Lux.
Por José Castellanos            

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Con el fin de garantizar la mejora de vida de los jubilados del país, sin afectar el ingreso de los trabajadores del Estado, este día el Presidente del Congreso de la República, Mario Taracena Díaz-Sol en conjunto con los Jefes y Subjefes de Bloque recibieron a dirigentes magisteriales quienes solicitaron se reforme  el Decreto 11-2016 que contempla un aumento de Q500 mensuales a las clases pasivas del Estado.
Tras escuchar la demanda de los sindicalistas, los diputados al Congreso de la República, llegaron a acuerdos importantes, entre ellos continuar con el incremento estipulado en dicha ley pero  cambiando la fuente de financiamiento.
La modificación contempla que la fuente de financiamiento sea dirigida  a las obligaciones de la carga del Tesoro y se estableció un plazo de 30 días para que se presente una nueva fuente de financiamiento permanente.
“Logramos acuerdos con los maestros. No vamos a dejar abandonados a su suerte a nuestros viejitos jubilados”, declaró el diputado Mario Taracena.
La iniciativa 4865 que  fue aprobada el pasado 02 de febrero, con el voto de  128 congresistas, buscaba aprobar la ley de Incremento Económico de las Jubilaciones de los Beneficiarios de las Clases Pasivas Civiles del Estado teniendo como fuente de financiamiento el incremento al Montepío que mensualmente aportan los trabajadores del Estado para este rubro.
De acuerdo con la escala de descuentos publicada en el Decreto, entre los que ganen Q400.01 y Q2 mil se descontaría una cuota laboral de 12 por ciento, entre Q2 mil 0.01 y Q4 mil un 13 por ciento, entre Q4 mil 0.01 a Q6 mil la deducción sería de 14 por ciento, mientras que entre Q6 mil 0.01 y Q8 mil el porcentaje es  del 15 por ciento.
En el rango de Q8 mil 0.01 y Q10 mil se descontaría 16 por ciento, mientras que de Q10 mil 0.01 en adelante un 17 por ciento.
Según datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hasta el  año 2015 se registraban 95 mil 793 jubilados. Por invalidez, 3 mil 154, por viudez u orfandad, 18 mil 68, y por jubilación general, 74 mil 571.
Por Karen Mendoza

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