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Los diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Apoyo a la Recaudación Tributaria del Congreso de la República se reunieron este día con Juan Francisco Solórzano Foppa, superintendente de Administración Tributaria (SAT), quien explicó que la meta establecida para la recaudación tributaria de este año no se podrá cumplir.
El Superintendente de la SAT explicó que para el presente trimestre se tiene una  brecha fiscal de Q 430 millones, esto  multiplicado por el resto de trimestres da un déficit de Q1 mil 600 millones por concepto de tributación.
“Es preocupante la situación actual, ya que varias personas no quieren tributar por el conocido Caso de la Línea. Por ello, es necesario transparentar cada proceso para que las personas tengan la certeza, del buen uso de los recursos”, expresó Solórzano.
Los integrantes de la dicha sala legislativa junto con el Superintendente de la SAT hablaron de la necesidad de dar apoyo para que pueda haber más presencia de la SAT en las aduanas, pues es necesario contar con una mejor recaudación, evitar el contrabando y así beneficiar a los comerciantes.
“En la Comisión estamos dispuestos a contribuir para solucionar los problemas actuales que atraviesa el ente recaudador: Se deben establecer  nuevos parámetros en las distintas instancias de la SAT y así poder obtener una mejor tributación por parte de los guatemaltecos”, comentó el diputado Rudy Castañeda.
Por: Selvin Rustrián

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Los diputados Carlos Barreda, Orlando Blanco y Jairo Flores, diputados, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se reunieron con Rubén Morales y Abel Cruz, ministro y viceministro de Economía respectivamente, para discutir un nuevo proyecto de Ley de Competencia, el cual quieren dar a conocer antes del 25 de abril.
En la reunión también estuvieron presentes Stella Zervoudaki, Embajadora de la Unión Europea, representantes del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
El diputado Carlos Barreda indicó que Guatemala no cuenta con una ley que regule los monopolios por lo que se plantea la necesidad de crear leyes  de competencia que permitan que los precios sean más bajos para los consumidores, a partir de la existencia de varias empresas oferentes  que permita acceder a más mercancías a los guatemaltecos.
“Sabemos que hay sectores que no quieren esta ley porque prefieren mantener sus privilegios, sus monopolios como el del azúcar, la banca o las telecomunicaciones. Urge que tengamos esta ley que permita una libre competencia y se logre una mejor eficiencia en el mercado, precios más bajos para los consumidores y mayor bienestar”, dijo Barreda.
El congresista comentó que se tiene hasta el 30 de noviembre para aprobar una ley de competencia que llene los estándares internacionales, ya que existen compromisos con la Unión Europea y con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, de lo contrario Guatemala podría sufrir sanciones comerciales que van afectar las exportaciones del país.
El Ministro Rubén Morales, dijo: “Estamos comprometidos para que se discuta esta iniciativa y se apruebe en función de la nueva economía que estamos  viviendo.  Somos el único país del continente americano que no tienen una ley de esta naturaleza y vamos a trabajar de manera abierta y transparente en función de las necesidades del país”.
Por Elizabeth Linares

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Los diputados que integran la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la República, cuestionaron este día a Edwin Estuardo Robles, director General de Transportes y a Ottoniel Sandoval, director del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, sobre algunas denuncias de actos de corrupción, colocación de puestos de registro, circulación de buses sin autorización y extensión de permisos temporales que han contribuido para que ocurran accidentes viales que han cobrado la vida de decenas de personas.
Robles comentó que han interpuesto 12 denuncias ante el Ministerio Público para que se investiguen anomalías en la extensión del otorgamiento de permisos y se pueda determinar quiénes son los responsables de cometer estos actos de corrupción.
Las respuestas ofrecidas por Robles no fueron del agrado de los legisladores quienes propusieron cerrar la Dirección General de Transporte por la incapacidad que demuestra su director.
El diputado Luís Contreras trató a Robles de mentiroso por evidenciar su desconocimiento de la colocación de puestos de control y desconocer artículos del Reglamento de Tránsito que le otorgan la potestad para cancelar líneas de transporte que incurran en la comisión de delitos.
“No es posible que usted como funcionario no conozca las leyes para castigar a los transportistas y pilotos que cometen delitos al manejar a excesiva velocidad, llevar gente en las parrillas y no puedan sancionar o castigar y además, que no se acuerde a que empresas usted les firmó permisos temporales”, dijo Contreras.
Por Selvin Rustrián

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Los diputados que integran la Comisión de Deportes del Congreso de la República, la cual preside el representante Mario Velásquez, se reunirán la próxima semana con las distintas autoridades deportivas del Consejo Nacional del Deporte (CONADER),  para discutir algunas propuestas para reformar la Ley Nacional del Deporte.
Entre las propuestas que se presentarán está la penalización y sanción a los deportistas que practiquen el dopaje. También se buscarán modificar las iniciativas 4873, “Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en Eventos, Espacios y Espectáculos Deportivos y/o de Recreación” y la 4538, “Ley de Creación de Fundaciones para el Fomento, Financiación y Seguimiento del Deporte de Alto Rendimiento.
“Hemos informado a los integrantes de la Comisión que el 20 de abril, nos reuniremos con el Presidente del CONADER y Delegado del Deporte por parte de la Presidencia de la República, Gonzalo Romero; el Viceministro del Deporte, Erick Sosa. Así también, con Gerardo Aguirre, Denis Alonso, Enrique Escobar y otras autoridades deportivas para que presenten sus propuestas que servirán para que analicemos las nuevas normativas que regirán el deporte del país”, dijo el diputado Mario Velásquez.          
José Castellanos

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La Comisión de Apoyo Técnico, la instancia de Jefes y Subjefes de Bloque y los integrantes de Junta Directiva del Congreso de la República, la cual preside el diputado Mario Taracena Díaz-Sol, se reunieron para continuar con la discusión del proyecto de reformas a la Leyde Servicio Civil del Organismo Legislativo.
La normativa que contiene 138 artículos y está dividida en 15 capítulos, norma el establecimiento de las relaciones laborales en el Legislativo.
Entre los 8 artículos analizados este día y que forman parte del primer capítulo de la ley, está el nepotismo en el que se establece la prohibición a diputados y trabajadores del Congreso de poder contratar a  familiares dentro de los grados de ley.
Definiciones como ascenso, manual de puestos, manual de salarios, nivel salarial, puesto, programa y promoción, entre otros fueron definidos y discutidos en la reunión de esta mesa ampliada.
“Esta octava legislatura quiere contribuir en los cambios que se necesitan y esta ley forma parte de ellos. Creo que es importante recordar que paralelamente a la discusión de esta Ley, se deben buscar acuerdos respecto al Pacto Colectivo porque se están aprobando temas que no tendrán retroactividad”, dijo Ovidio Monzón, diputado del Bloque TODOS.
Al concluir la sesión el diputado Manuel Conde Orellana, presidente de la Comisión de Apoyo Técnico manifestó su satisfacción por el trabajo realizado y expreso.
“Hemos avanzado en el análisis, aunque mi intención era terminar el título I de la propuesta que consta de 15 artículos, el equipo técnico preparará una nueva propuesta de redacción y esperamos reunirnos el viernes próximo. Nos mueve la intención de agilizar esta discusión”, dijo al agradecer el apoyo y compromiso de los diputados.
Por Karen Mendoza

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Diputados que integran la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República sostuvieron una reunión de trabajo para tratar la solicitud de mejoras laborales realizada por los trabajadores de la Portuaria Santo Tomas de Castilla, la deuda que tienen algunas municipalidades con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la propuesta para reformar la Ley Interna del Instituto de Fomento Municipal (INFOM).
Representantes de los trabajadores de la Portuaria Santo Tomas de Castilla solicitaron la intermediación de los diputados para que les sea otorgado el salario mínimo y promover mejores condiciones laborales para más de 600 empleados que desde 2014.
María Eugenia Villagrán, procuradora General de la Nación, comentó que analizarán los convenios que han firmado los trabajadores de la portuaria hace dos años y solicitarán a la Contraloría General de Cuentas que revise todos los contratos de los trabajadores.
Otro de los temas abordados fue la deuda de más de Q 1 mil millones que tienen varias municipales con el Seguro Social desde hace años. Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del IGSS, explicó que se encuentran analizando si pueden otorgar 60 meses de plazo a las comunas para que puedan cancelar sus deudas y así no afectar a sus empleados que se han quedado sin la prestación de los servicios del IGSS.
Las reformas a la Ley Interna del Instituto de Fomento Municipal, también fueron abordadas con Óscar Suchini, gerente del INFOM y Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales (ANAM), quienes plantearon que las propuestas sean analizadas detenidamente. Por ello, acordaron instalación de dos mesas de trabajo que se encargarán de buscar una solución a la deuda de las municipalidades con el IGSS y las reformas al INFOM.
Por Karla Herrera

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Con la finalidad de conocer el trabajo que hace el Registro Nacional de las Personas (RENAP), para registrar a los connacionales en diferentes países y que puedan votar en el extranjero, los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales, presidida por el representante Joel Domingo, se reunieron con Rudy Gallardo, director Ejecutivo del RENAP, quien  se mostró poco optimista sobre el tema.
“Las instituciones están débiles en el sentido monetario y es muy difícil que se dé el voto en el extranjero para las próximas elecciones. Nosotros necesitamos por lo menos Q 300 millones para el proceso del Documento de Identificación Personal (DPI) y así en estas condiciones estarían las otras instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo Electoral”, lamentó Gallardo.
El dos de marzo, el pleno del Congreso de la República aprobó el artículo uno del proyecto de Reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que instituye el derecho al voto en el extranjero para elegir únicamente a presidente y vicepresidente.
Para conocer la situación del Ministerio de relaciones Exteriores y de la Dirección de Migración, la referida  Comisión Legislativa citará a los encargados de esas carteras.
“El voto en el extranjero podría implementarse si se cumple con el tema financiero y de logística, sin embargo los connacionales no irán a votar por miedo que migración extranjera los detengan y sean deportados”, expresó el diputado Joel Domingo.
Según datos  del Renap en el extranjero hay más de dos millones de guatemaltecos, de estos 1.5 millones viven en Estados Unidos, y solo 50 mil se han registrado para realizar el trámite para obtener su DPI.
Por Selvin Rustrián

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El Presidente del Congreso de la República, diputado Mario Taracena Díaz-Sol  y  los integrantes de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que  preside el diputado Jairo Flores, entregaron la Iniciativa de Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, la cual fue consensuada en la Mesa Técnica Interinstitucional coordinada por el Primer Secretario de Junta Directiva, Carlos Barreda.
El proyecto, que fue presentado en Dirección Legislativa, busca fortalecer y transparentar las acciones de la SAT para  eficientar su administración y  aumentar la recaudación fiscal.
Uno de los principales aspectos,  según los integrantes de la Mesa Técnica, es la liberación del secreto bancario mediante orden de Juez competente para que la SAT  pueda obtener  información financiera de los contribuyentes  y así  evitar la defraudación fiscal.
“Este es un paso importante porque se podrá verificar si alguna institución está  manejando sus finanzas de una manera anómala, lo cual ayudará a mejorar la recaudación tributaria”, comentó el presidente de la Comisión de Finanzas, Jairo Flores.
El presidente de Junta Directiva Mario Taracena Díaz-Sol manifestó su compromiso para apoyar la aprobación inmediata del proyecto de Ley. “Tenemos una gran responsabilidad con esta Ley, por eso mi recomendación de dispensar el dictamen y conocerla lo antes posible en primera y segunda lectura”, indicó.
La ponencia establece también que el Directorio de la SAT será integrado por los ministros de Finanzas, Economía y el presidente del Banco de Guatemala. Podrá nombrar y remover al Superintendente, quien sería electo por un período de cinco años.
También crea la Unidad de aseguramiento y resguardo de la información relevante en materia fiscal que se obtenga al amparo de convenios o tratados internacionales,   el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero y  la Unidad de Apoyo Técnico del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero,
“Estoy contento por esta  propuesta que estamos  entregamos después de ocho semanas de trabajo. Se  tuvo una discusión lógica y práctica para obtener una ley técnica”, aseguró el ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada.
Por Sayda Galicia

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Los diputados del bloque legislativo de Convergencia, Sandra Morán Reyes y Álvaro Velásquez, se reunieron con Ricardo Guzmán, viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación y agrupaciones de motoristas organizados con el propósito de  buscar una solución conjunta que permita disminuir la tasa de accidentes viales en el país.
Durante la reunión el viceministro indicó que instalarán mesas técnicas para discutir cómo mejorar la seguridad de las personas que transitan en motocicleta así como la de las personas y pilotos del transporte colectivo.
“Hablamos de algunos ejercicios que se han hecho con  algunas  gremiales del transporte urbano, extraurbano y rutas cortas, así como con las municipalidades  y el Ministerio de la Defensa acompañados de la policía nacional civil para mejorar las condiciones de los pasajeros y conductores  de estos transportes”, comentó el funcionario.
En relación a la seguridad de las mujeres que son víctimas de la violencia, la  parlamentaria Sandra Morán interrogó a las autoridades sobre cuál es la atención que se les brinda y las acciones que impulsa el Ministerio de Gobernación ante estos casos.
“El viceministro nos informó que hay una aplicación que impulsa el ministerio conjuntamente con el Ministerio Público denominado el botón de pánico. Esta aplicación se instala  en los celulares y las víctimas pueden llamar a un número de cuatro dígitos y se pueden inscribir para ser  atendidas de forma inmediata”, explicó la diputada.

Por Elizabeth Linares
 

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