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El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, diputado Francisco Vitelio Lam, se reunió con Víctor Aguilar, viceministro de Minería e Hidrocarburos; Luis Ayala, director general de Hidrocarburos, y Silvia Escobar, titular de la Dirección de Atención y Asistencia del Consumidor (Diaco), para analizar el alza en el precio del gas propano.
En noviembre del año pasado este producto sufrió un incremento, el cual fue injustificado, según información del Ministerio de Energía y Minas,  por lo que la cartera trasladó la información a la Diaco, que presentó la denuncia en el Ministerio Público.
“El Ministerio de Energía no avala el precio actual del gas propano, pues el cilindro de 25 libras, que está en Q90, según nuestro estudio y monitoreo, debería costar Q75;  esperamos que el precio llegue al valor que  le corresponde y se beneficie la economía de las familias guatemaltecas”, indicó  Ayala.
Escobar indicó que se le da seguimiento a la denuncia presentada en el 2015 en contra de las compañías de gas por el delito de especulación de precios, y que el  expediente ya ha sido analizado por las fiscalías de Delitos Económicos y de Investigación Especial. “Estamos esperando que un juez pueda dictaminar la devolución de dinero a los consumidores”, agregó.
El diputado Lam indicó que “se buscan alternativas para bajar los precios, como el establecimiento de otras empresas en el país, para fomentar la competencia, o algún tipo de subsidio a la población más necesitada, como ya se implementa  en  El Salvador y Panamá”.
Agregó que continuarán pendientes de la demanda y estarán fiscalizando que si existe un reajuste por el alza de precios se pueda devolver a la población.
Por Rosemary Recinos

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Preocupados por la poca transparencia en el proceso de suscripción del contrato de usufructo adjudicado a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), para la administración del principal puerto ubicado en el Pacífico del país, diputados del Movimiento Reformador (MR) citaron hoy a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Secretaría General de la Presidencia, Portuaria Quetzal y los ministerios de Finanzas y de Comunicaciones.
En la reunión se evidenció que la firma española firmó el contrato por un plazo de 25 años a cambio de pagar a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) US$1 millón anual por el usufructo y US$4 dólares por cada contenedor que reciba en el puerto; por esta suma el Estado cedió 384 mil 171 metros cuadrados.
Al finalizar la reunión, el diputado Boris España, jefe del bloque MR dijo que darán un plazo de 5 días para que toda la papelería en relación al contrato sea remitida a la bancada, y estarán  vigilantes de las acciones de los entes jurisdiccionales pertinentes.
TCQ contempla la construcción de una terminal marítima de más 348 mil metros cuadrados en un usufructo prorrogable, pagando US $0.20 centavos por cada metro cuadrado, lo cual contrasta con el precio del mercado nacional, que es de US $20 por metro cuadrado.
El viernes pasado, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala revelaron detalles de una estructura de corrupción que, supuestamente, involucra a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, caso por el cual fueron capturadas más de 10 personas y al menos 2 están prófugas.
De acuerdo a lo reportado por los entes investigadores, los exgobernantes y el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, y el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, participaron activamente en las diligencias para  otorgar el contrato desde que inició la gestión del Partido Patriota.
La adjudicación, que data del 11 de julio de 2012, fue seriamente cuestionada por la opacidad en el proceso, por algunos diputados y organizaciones de sociedad civil; incluso, la PGN recomendó la nulidad del contrato al descubrir una serie de anomalías, que van desde la evasión de la observancia contenida en la Ley de Contrataciones del Estado hasta la figura legal, que en este caso debería de ser la de concesión.
Sin embargo, hasta el 12 de febrero de este año, el expediente se encuentra en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, a la espera de que el mandatario Jimmy Morales autorice a la PGN entablar la demanda por este caso.
El Puerto Quetzal fue construido en la década de 1980, con una estimación de vida productiva de 35 años; se constituye como una importante ventana al comercio internacional, donde hay un tránsito de no menos de 300 mil millones de contenedores al año. El 80 por ciento de las operaciones del puerto es por carga a granel y el 20 por ciento por contenedores.
Por Karen Mendoza

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A solicitud del diputado Boris España, de Movimiento Reformador, durante la sesión ordinaria de este jueves el pleno del Congreso fijó para el 17 de mayo, la interpelación al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada.
“El objetivo de es saber adónde se han enviado los recursos del Estado, cómo han sido utilizados, tomando en cuenta la crisis en salud, educación y seguridad”, detalló el legislador.
Durante la sesión también se conocieron  11  iniciativas de ley, como la propuesta de Ley Reguladora de la Conmuta de la Pena en los Condenados a Muerte, que fue trasladada a las comisiones  de Legislación y Puntos Constitucionales y Reformas al Sector Justicia  para que se analice cada uno de los puntos.
Asimismo, con el apoyo de 108 diputados quedó aprobado el Decreto 27-2016, que declara el 2 de mayo de cada año como Día del Profesional del Trabajo Social, para que los profesionales puedan gozar de asueto con derecho a remuneración.
“Es un logro que se ha obtenido en beneficio de quienes realizan este trabajo en los distintos departamentos, quienes dan el proceso de acompañamiento para buscar la superación de carencias sociales, económicas y culturales mediante la organización y promoción para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos”, destacó la congresista Sandra Morán, una de las ponentes.
Otro de los temas aprobados fue un punto resolutivo solicitado por el diputado Germán Velásquez,  para reconocer la importancia del agua y la celebración del Día de la Tierra e instar a las autoridades estatales, medios de comunicación y a la población en general a promover la conciencia ecológica y de campaña nacional permanente para el uso racional del vital líquido.
Por Karla Herrera

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, que coordina el diputado Boris España, se reunieron con Francisco Rivas Lara, ministro de Gobernación, a quien cuestionaron acerca de las acciones tomadas por esa cartera para suspender el contrato con la empresa Security Assistance Group Guatemala, S.A. (SAG), orientado a la modernización del registro, documentación y control migratorio de Guatemala.
El contrato en cuestión fue cancelado en el 2015 por el entonces ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, por falta de transparencia en el proceso de adquisición, acción respaldada por la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, tras una impugnación de SAG, en febrero de este año, esta institución recomendó dejar sin efecto la resolución que anula la adquisición del equipo por US$109.8 millones, unos Q846.5 millones.
El titular de la cartera del Interior indicó que hay suficientes elementos de prueba para iniciar un proceso de evaluación del contrato y determinar los delitos en los que se incurrió.
Además, resaltó la importancia del control migratorio para la seguridad del país y que es necesario el estudio adecuado de la factibilidad de un sistema que pueda responder a los requerimientos en los distintos puertos, aeropuertos y aduanas.
“Hay procedimientos mal hechos por parte de funcionarios del Gobierno anterior; en tal virtud, como bancada seguiremos vigilantes para que este proceso se aclare, por el bien de los intereses del Estado de Guatemala”, indicó el congresista España.
Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, anualmente ingresan al país un total de 1 millón 32 mil 92 visitantes no residentes, lo cual representa un crecimiento acumulado de 9.8 por ciento en relación con el año anterior.
La industria turística sigue posicionada como la principal fuente de divisas del país y durante el primer semestre del 2014 generó US $746.2 millones, lo que representa un crecimiento acumulado del 7.8 % en relación con el 2013, lo cual se posiciona por arriba de los ingresos generados por las exportaciones de azúcar y de café.
Por Karen Mendoza

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, que coordina el diputado Boris España, se reunieron con Francisco Rivas Lara, ministro de Gobernación, a quien cuestionaron acerca de las acciones tomadas por esa cartera para suspender el contrato con la empresa Security Assistance Group Guatemala, S.A. (SAG), orientado a la modernización del registro, documentación y control migratorio de Guatemala.
El contrato en cuestión fue cancelado en el 2015 por el entonces ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, por falta de transparencia en el proceso de adquisición, acción respaldada por la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, tras una impugnación de SAG, en febrero de este año, esta institución recomendó dejar sin efecto la resolución que anula la adquisición del equipo por US$109.8 millones, unos Q846.5 millones.
El titular de la cartera del Interior indicó que hay suficientes elementos de prueba para iniciar un proceso de evaluación del contrato y determinar los delitos en los que se incurrió.
Además, resaltó la importancia del control migratorio para la seguridad del país y que es necesario el estudio adecuado de la factibilidad de un sistema que pueda responder a los requerimientos en los distintos puertos, aeropuertos y aduanas.
“Hay procedimientos mal hechos por parte de funcionarios del Gobierno anterior; en tal virtud, como bancada seguiremos vigilantes para que este proceso se aclare, por el bien de los intereses del Estado de Guatemala”, indicó el congresista España.
Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, anualmente ingresan al país un total de 1 millón 32 mil 92 visitantes no residentes, lo cual representa un crecimiento acumulado de 9.8 por ciento en relación con el año anterior.
La industria turística sigue posicionada como la principal fuente de divisas del país y durante el primer semestre del 2014 generó US $746.2 millones, lo que representa un crecimiento acumulado del 7.8 % en relación con el 2013, lo cual se posiciona por arriba de los ingresos generados por las exportaciones de azúcar y de café.
Por Karen Mendoza

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Con 109 votos a favor los diputados al Congreso de la República aprobaron el decreto 26-2016 que reforma la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Entre las novedades está el voto en el extranjero a partir del 2019 y la creación de dos unidades de control y fiscalización de las finanzas de los partidos y medios de comunicación.
Los congresistas pusieron además tope al número de diputados (160) para el Congreso de la República, sanciones a partidos políticos y comités cívicos que incumplan con lo ordenado por  la ley, la igualdad en espacios públicos, el transfuguismo y  el control sobre el financiamiento.
Se estableció además que la primera vuelta de las elecciones generales serán en junio y la segunda vuelta, si se necesitara, dos meses después. También se aprobó que la presidencia del Tribunal Supremo Electoral se rotaría cada año entre los magistrados iniciando por el de mayor de edad en forma descendente.
“Me siento satisfecha por el trabajo que hicimos,  desde el año pasado cuando en la Comisión de Asuntos Electorales iniciamos con el análisis de la propuesta enviada por el Tribunal Supremo Electoral” destaco la diputada Mirma de Coro ex presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales.
Tras concluir la aprobación por artículos de la iniciativa y la lectura de la redacción final, los diputados aprobaron con 114 votos a favor un fondo de revisión de los artículos 3, 4, 9, 10, 11, 15, 25 y 52.
La congresista Sandra Morán presentó otra moción de revisión para que se aprobara la paridad electoral, la cual fue rechazada.
Por Karla Herrera

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El miedo a que suceda una tragedia similar a la de El Cambray II, de Santa Catarina Pínula, llevó a los vecinos de la colonia Jardines del Norte a buscar la intermediación de los diputados de la Comisión de la Vivienda, para buscar un lugar hacia dónde sean trasladados.
"Sus viviendas son afectadas por fisuras en paredes y pisos, lo que pone en riesgo su integridad física", aseguró Alejando Maldonado, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quien agregó que los vecinos deben ser trasladados a otro lugar pues el suelo está propenso a sufrir deslizamientos.
La Municipalidad de Guatemala, por su parte, apoyó la recomendación de desalojo de las viviendas ubicadas en las manzanas de la B a la F del residencial, pero no informa el sitio del traslado, aseguró Sandino Reyes, presidente de la Comisión de Vivienda.
En diciembre de 2014, la Conred y otras entidades no gubernamentales realizaron el estudio del suelo y la evaluación de las casas, pero hasta febrero de 2015 la comuna capitalina fue alertada del peligro, y los vecinos en octubre de ese mismo año.
Los pobladores solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de los diputados para que medien en la devolución de los pagos efectuados, pues no están dispuestos a perder la inversión realizada en un lugar que catalogaron como inseguro. Una de las vecinas de la colonia, (quien pidió mantener su nombre en reserva) pidió que se investigue a los representantes del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, argumentando que en algunos casos ha puesto a la venta “en remate” las viviendas devueltas.
Los denunciantes accionaron contra la empresa inmobiliaria que les vendió las residencias con el fin de recuperar la inversión. Ingrid Serrano, fiscal auxiliar del Ministerio Público, aseguró que hay una línea de investigación.
Reyes aseguró que buscarán dar una solución a las familias afectadas, por lo que el próximo miércoles habrá otra reunión para analizar si procede citar al alcalde capitalino Álvaro Arzú, a fin de que dé una explicación sobre de los permisos de construcción otorgados a la empresa lotificadora.

Por Byron Ramírez
 

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La crisis en el Ministerio de Salud, caracterizada por la falta de medicamentos, atención hospitalaria deficiente y carencia de alimentos para los pacientes motivó a la bancada Encuentro por Guatemala a hacer un análisis que permita sugerir soluciones.
Nineth Montenegro, jefa de dicho bloque, expresó que se visitaron 15 hospitales nacionales, donde encontraron que el desorden presupuestario es el principal problema.
"El sistema actual es tan perverso que en la mayoría de hospitales públicos la matriz de gasto se enfoca exclusivamente en el pago de personal",  aseguró la legisladora, quien agregó que los cuatro principales problemas son: falta de recursos y de planificación y control, corrupción y sobrevaloración de medicamentos.
Dentro del análisis presentado se estima que en los últimos 10 años el presupuesto global de Salud ha destinado el 60 % para el pago de personal incluido en el renglón 018, el 13 % para medicamentos y un 2 % a alimentos, mientras que el restante 25 % es para otros gastos.
"Sumado a esto, existen varias denuncias en el interior del país por la falta de personal para atender a la población", expresó Doriam Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala.
En los 15 hospitales fiscalizados se pudo verificar que 235 trabajadores tienen suspensión del Seguro Social y 74 tienen licencia sindical; de ellos, 144 pertenecen al Hospital Roosevelt.
La legisladora Montenegro aseguró que esta información será trasladada a las autoridades del Ministerio de Salud con el fin que tengan contexto de lo que sucede dentro de los centros hospitalarios.
Antecedentes
En 2012, la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso un amparo por la falta de medicamentos, y en febrero de 2016 se realizó la misma acción legal, esta vez sí amparada por la Corte de Constitucionalidad, por lo cual el Ministerio Público presentó una denuncia contra quien salga responsable de la falta de medicamentos.

Por Byron Ramírez
 

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La crisis en el Ministerio de Salud, caracterizada falta de medicamentos, atención hospitalaria deficiente y falta de alimentos para los pacientes motivó a la bancada Encuentro por Guatemala a hacer un análisis que permita sugerir soluciones.
Nineth Montenegro, jefa de dicho bloque, expresó que se visitaron 15 hospitales nacionales, donde encontraron que el desorden presupuestario es el principal problema.
"El sistema actual es tan perverso que en la mayoría de hospitales públicos la matriz de gasto se enfoca exclusivamente en el pago de personal",  aseguró la legisladora, quien agregó que los cuatro principales problemas son: falta de recursos y de planificación y control, corrupción y sobrevaloración de medicamentos.
Dentro del análisis presentado se estima que en los últimos 10 años el presupuesto global de Salud ha destinado el 60 % para el pago de personal incluido en el renglón 018, el 13 % para medicamentos y un 2 % a alimentos, mientras que el restante 25 % es para otros gastos.
"Sumado a esto, existen varias denuncias en el interior del país por la falta de personal para atender a la población", expresó Doriam Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala.
En los 15 hospitales fiscalizados se pudo verificar que 235 trabajadores tienen suspensión del Seguro Social y 74 tienen licencia sindical; de ellos, 144 pertenecen al Hospital Roosevelt.
La legisladora Montenegro aseguró que esta información será trasladada a las autoridades del Ministerio de Salud con el fin que tengan contexto de lo que sucede dentro de los centros hospitalarios.
Antecedentes
En 2012, la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso un amparo por la falta de medicamentos, y en febrero de 2016 se realizó la misma acción legal, esta vez sí amparada por la Corte de Constitucionalidad, por lo cual el Ministerio Público presentó una denuncia contra quien salga responsable de la falta de medicamentos.

Por Byron Ramírez
 

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