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El Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la República es el escenario en donde se reconoce la lucha y la protesta social heroica de la ciudadanía que manifestó en abril del año pasado en contra de la corrupción y el abuso de las autoridades.
El presidente del Congreso, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, tomó la iniciativa de reconocer este acontecimiento histórico dirigido por movimientos ciudadanos espontáneos, y lo hace con la exposición llamada “El despertar ciudadano”, que estará abierta a todo el público desde el 21 hasta el 29 de abril.
Como parte de estas actividades, que celebran el primer aniversario de esta lucha social y manifestación pacífica que revolucionó a Guatemala, habrá un foro con el mismo nombre que ocurrirá el lunes 25 de abril. En él participarán Ricardo Saénz, Juan Luis Font, Philip Chicolá y Orlando Blanco.
Entre tanto, los fotógrafos participantes son Luis Echeverría/Xinhua, Esteban Biba/EFE, Jorge López/Nuestro Diario, René Ruano/Nuestro Diario, Johan Ordóñez/AFP, Giancarlo Aguilar/independiente, José Chávez/independiente, Omar Soto/independiente, Alan Lima/Nuestro Diario, Juan Carlos Raxón/Nuestro Diario, y Eduardo González/Congreso.
En un mensaje al país, Taracena ha dicho que el Congreso seguirá luchando por mantener la agenda ciudadana y que las prioridades son la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha frontal contra el nepotismo y la impunidad.
Estos eventos estarán abiertos a todo el público y serán expuestos en horarios hábiles del Congreso de la República.

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COMUNICADO DE PRENSA.
Kaqaloq’oj che ri Uk´u´x Kaaj yey ri Uk´u´x Uleew, kuya toq´oob´ laa chwa ri  chaak ke ri siwaan tinamit. (Idioma Achi). 

   Como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la Republica:

1. Me solidarizo con la familia Alvarado Ruando quien ayer fue víctima de  la perdida de sus hijo Alberto Alvarado un menor de 13  años quien sin tener en cuenta que sería víctima de una historia territorial  muere  como muchos han caído convirtiéndose en un mártir más de esta lucha que se tiene entre Guatemala y Belice.
2. Repudio las políticas  represivas del vecino país de Belice por las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los Guatemaltecos sobre todo Indígenas en este caso específicamente Quekchi y Afro descendiente de habla inglesa.
Hago un llamado
A mantener la soberanía del país y su independencia, a la tolerancia, al respeto de los Derechos Humanos, a vivir en el área de adyacencia (Sartun)  sin persecuciones, discriminaciones ni actos racistas en contra de los pueblos que cohabitan  en el área.
Que se respeta la vida de los niños y niñas a vivir libre fuera de cualquier tipo de violencia ya amenazas.
Aplaudo y avalo la decisión del señor Presidente Jimmy Morales por la decisión de reforzar la seguridad y mantener  la  soberanía en la zona de adyacencia
A las autoridades al señor ministro de relaciones exteriores, al señor Ministro de la
Defensa. A la Procuraduría General de la Nación a los Derechos Humanos, al Ministerio Público a la señora Gobernadora Departamental  se le solicita que se realice la investigación profunda que ha en enlutado a la Comunidad de Pueblos Indígena Quekchi Afrodecendientes.
Que se instale una mesa  de dialogo para evitar que se sigan cometiendo violaciones a los Derechos de los Indígenas.
A la Comunidad Internacional  se le solicita su intervención para mediar en la No Violación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en específico de la niñez  Guatemalteca.

   Diputado al Congreso de la República

Marcos Yax

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Para conocer los detalles sobre la muerte del menor Julio Alvarado, de 13 años, el pasado miércoles en la Zona de Adyacencia con Belice, el diputado y presidente de la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia, Estuardo Galdámez se reunió con Carlos Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores y representantes del Ministerio de la Defensa, quienes explicaron los avances de la investigación en el ataque.
El viceministro Martínez expresó que el menor Julio Alvarado de 13 años fue asesinado de ocho impactos de arma de fuego, cuatro de ellos los tenía en la espalda. Además, indicó que esta familia no iba armada debido a ellos se dedican a la agricultura y rechazaron las declaraciones a través de un comunicado por parte del Gobierno de Belice.
Guatemala por el momento carece de información sobre las investigaciones que hace Belice y aseguró que se solicitó a la oficina de Adyacencia integrada por miembros de la Organización de Estados Americanos que realicen las investigaciones correspondientes para que el caso no quede en la impunidad, dijo Martínez.
“Lejos de investigar lo ocurrido y castigar a los responsables, esto parece que quedara impune por parte de Belice", expresó el legislador Estuardo Galdámez, que recordó que desde 1999 a la fecha, suman 10 guatemaltecos asesinados por soldados beliceños en la Zona de Adyacencia.
Debido a las acciones de violencia, el vicecanciller Martínez afirmó que si bien no se han dado por finalizadas las pláticas para resolver el diferendo territorial, hay una fricción grande por este tipo de casos donde un guatemalteco pierde la vida.
Por Byron Ramírez

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La ausencia de una normativa ordinaria que regule y controle las afluentes de agua podría llevar al país a extremos como padecer una crisis humanitaria, afirman dirigentes de organizaciones sociales. Boutros Boutros-Ghali, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que “el agua va a ser la causa de la próxima guerra mundial o, por lo menos, la próxima gran guerra en el Medio Oriente”.
Varios han sido los intentos realizados en el Congreso de la República por lograr la aprobación de una Ley de Aguas, pero  todos han sido fallidos.
Según registros de la Dirección Legislativa del Congreso, en1993 el diputado Arturo Escobar presentó una iniciativa que contenía una Ley General de Aguas; en 1996 el Organismo Ejecutivo envió otra propuesta de la misma índole. El  diputado Jorge Ríos Muñoz entregó en el 2003 la iniciativa 2865, que proponía la creación de una  Superintendencia del Agua. Desde entonces se han presentado 7 proyectos que han terminado archivados.
Hasta el momento las únicas normas jurídicas vigentes que hablan sobre el tema son los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de la República, y el artículo 346 del Código Penal, literal 2, referente a la gestión ambiental y delitos contra el ambiente, en las cuales se establecen de 2 a 6 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días de multa a quienes las infrinjan.
BLOQUEOS A LA INICIATIVA DE LEY
Para Víctor López Illescas, de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che, la norma no ha logrado avanzar debido a que no se ha consultado debidamente a los pueblos indígenas, especialmente a las comunidades de Totonicapán, las cuales en 2005 sintieron que se les arrebataba el derecho sobre el vital líquido de sus tierras ancestrales.
“Pero los mayores opositores a la Ley han sido los señores de la agroindustria, de los monocultivos del sur del país, quienes aprovechan toda el agua de las montañas, la usan libremente sin pagar impuestos y la contaminan; muchas veces bloquean los cauces por completo y ya ni siquiera llegan al mar, como denunciaron comunitarios sobre los ríos Madre Vieja y Achiguate, entre otros”,  dijo el denunciante.
Bernardo Roers, de la Asociación de Productores de Banano, de la Cámara del Agro,  quien participa de las reuniones que realiza la Comisión del Cambio Climático, reconoció que el sector utiliza el recurso hídrico porque “es importante para el desarrollo agrícola del país, pero ha llegado el momento de que se regule su uso, con el fin de evitar daños irreversibles”.

Los congresistas también han mencionado las causas que a según su criterio,han entrampado una norma de esta índole. El diputado Boris España, cuando presidió la Comisión de Ambiente en 2015, indicó que veía impedimento en las alcaldías porque argumentan que la autonomía municipal y el Código Municipal les dan competencias para abastecer a las comunidades.
El congresista Raúl Romero, actual presidente de la Comisión del Cambio Climático del Congreso, expresó que el principal obstáculo radica en que nunca se abrió un verdadero diálogo nacional para discutir el tema, previo a una aprobación, por lo cual espera que este año su comisión de trabajo logre aglutinar todas las propuestas y dejar este legado al país.
CONSECUENCIAS
Las consecuencias de la inexistencia de una normativa se ven reflejadas en que el mayor consumo de agua lo hace el sector agrícola, con 2 mil 200 millones de metros cúbicos anuales, para riego. La producción de energía emplea 2 mil 283 millones de metros cúbicos, y la industria 425 millones, según registros del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala.
Durante una reunión de trabajo en el Legislativo, Juan Carlos Godoy, representante de The Nature Conservancy en Guatemala, explicó que si no se emprende en este momento el camino para lograr una norma jurídica del agua, el país enfrentará, además de las consecuencias del calentamiento global, un sinfín de conflictos sociales que podrían provocar un estallido.
Recientemente, Sydney Samuels, titular del Ministerio de  Ambiente y Recursos Naturales, dijo que después de realizar una inspección aérea en el sur del país pudo contar al menos 50 desvíos de ríos en diferentes fincas dedicadas a cultivos, como la palma africana y la caña de azúcar, los cuales, según aseveró, afectan directamente los ecosistemas en detrimento de las poblaciones vulnerables y la vida marina.
ACTUALIDAD
El Gabinete de Gobierno se ha reunido para trabajar en  un documento que contenga el marco jurídico de una Ley General de Aguas, orientada a ordenar y controlar el uso del  vital líquido.
En un esfuerzo por contar con alguna herramienta para legislar sobre los recursos hídricos, este año los diputados de la bancada  Movimiento Reformador presentaron la Iniciativa 5058, que busca reformar el Código Penal, estipulando multas de hasta Q1 millón 500 mil quien altere sin autorización el cauce de un río, o prisión inconmutable desde 5 a 8 años.
Sin embargo la Iniciativa 5058  ha sido rechazada por comunitarios de la aldea Almolonga de Tiquisate, Escuintla. “No se puede criminalizar a los campesinosy multarlos con cantidades exorbitantes, pues por años han hecho uso de las aguas para sus siembras y su subsistencia; lo importante es llegar a acuerdos para la utilización sostenible del agua”, explicó Marco Antonio Lima.
En el Congreso de la República, las comisiones de Cambio Climático, Recursos Hídricos, Integración Regional, y de Ambiente han iniciado discusiones sobre la misma, por lo que el diputado Raúl Romero, quien preside la primera, anunció que propiciará un esfuerzo conjunto, e inició una serie de mesas interinstitucionales con el fin de contar con la participación del sector privado, social y gubernamental.
La población civil también ha levantado su voz, y desde el 11 de abril, se inició una protesta denominada “Marcha por el Agua”, integrada por tres vertientes: sur, norte y oriente, las cuales se unificarán e ingresaran a la capital este viernes para realizar diferentes manifestaciones pacíficas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tierra. Se espera contar con la presencia de al menos 30 mil pobladores del área rural, quienes han sido los más afectados por la contaminación de ríos e intercepción de sus caudales.
Godoy agregó que para tener éxito, una iniciativa de Ley General de Aguas debería incluir aspectos como la creación de una institución rectora multisectorial, un capítulo específico sobre la información y conocimiento de la situación de las aguas en el país, hablar sobre gestión y las retribuciones económicas del uso, e incluir el tema de la educación y conservación.
“Hasta hoy somos 15 millones de guatemaltecos que necesitamos el líquido para vivir, y en el 2025 se estima que seremos 25 millones; es necesaria una ley, porque tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua”, enfatizó Godoy.
Por Mayra Recinos
 

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Los parlamentarios Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia; Ferdy Elías, de Frente de Convergencia Nacional-Nación; así como Juan Carlos Salanic y Edwin Lux, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, se reunieron con representantes del Consejo de Pueblos Mayas, quienes entregaron un memorial con 50 mil firmas que respaldan a los líderes comunitarios que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año en los centros carcelarios de Huehuetenango, San Marcos y zona 18 de la capital.
Francisco Mateo, del Consejo de Pueblos Mayas, afirmó que la detención de sus compañeros fue ilegal, pues “el hecho de defender el agua y la madre tierra no es un delito”.
“Vamos a recibir las peticiones e intermediar, pero serán las autoridades correspondientes quienes deberán analizar a profundidad la petición de los compañeros”, expresó Juracán.
Se trata de 10 dirigentes comunitarios que fueron detenidos desde 2015, por oponerse a la instalación de hidroeléctricas y a trabajos de explotación minera, como el caso de La Puya, en San Pedro Ayampuc.
Por Byron Ramírez

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Al menos 150 municipalidades adeudan más de Q3 mil millones a instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Empresa Eléctrica de Guatemala, Instituto Nacional de Electrificación e Instituto de Fomento Municipal entre otras.
“Lo que se busca es que dichas instancias condonen las deudas por intereses que tienen las comunas y solo se pague el capital, porque no cuentan con fondos para liquidar, lo cual provoca que no se pague y se incrementen los montos”, manifestó el diputado Selvin García, de la coalición Compromiso, Renovación y Orden-Unionista.
Las deudas cada año se incrementan en intereses y gastos judiciales, y en muchos casos se duplica hasta en 200 por ciento; varias municipalidades no cuentan con fondos para pagar porque no generan ingresos propios, y por eso se busca la exoneración y facilitar en pagos, comentó el legislador.
“Es una forma idónea de ayudarnos a pagar dichos compromisos y tener ese plazo de 60 meses, porque solo pagaríamos capital; así tendríamos fondos para invertir en nuestras comunidades”, enfatizó Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.
Ambos entrevistados coincidieron en que es necesario reformar el IVA-PAZ para que las corporaciones municipales puedan contar con más recursos que provienen de esos ingresos.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) del Congreso de la República se reunieron con Carlos Velázquez Monge, director General de Aeronáutica Civil; María Eugenia Villagrán, procuradora General de la Nación (PGN) y Carlos Mencos, contralor General de Cuentas de la Nación (CGCN), para dar seguimiento a las anomalías en la contratación de personal y de contratos lesivos al Estado.
Allí, el Contralor de Cuentas indicó que el Estado deja de percibir alrededor de Q 50 millones en el arrendamiento del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora, que mide más de 13 mil metros cuadrados de la zona  adyacente para la distribución de combustible pues esa área se encuentra inutilizada y no ha permitido que se  puedan hacer las mejoras necesarias.
“Encontramos también que el equipo de cómputo adquirido por esta entidad está sobrevalorado por ello, hemos accionado penalmente ante el Ministerio Público”, comentó Carlos Mencos.
El diputado Luis Pedro Álvarez informó que dentro de la fiscalización realizada se encontraron hallazgos en la contratación de personal 029, quienes son contratistas y proveedores de la institución, que prestan distintos servicios dentro del aeropuerto.
“Existe  un conflicto de intereses  y tengo entendido que las personas van a ser destituidas. Con relación a los contratos que son lesivos, la Contraloría ya se pronunció al respecto y la PGN solicitó la nulidad de los mismos”, expreso el diputado Álvarez.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la comisión de la Defensa Nacional,  que preside la representante Ana Victoria Hernández, del bloque TODOS,  recibieron a directivos de la Asociación de Veteranos Militares de  Guatemala (Avemilgua),  quienes presentaron la propuesta de iniciativa de Ley de Creación de Programas de Inserción Social a Exintegrantes del Ejército de Guatemala, que beneficiaría a 42 mil jubilados castrenses.        
El proyecto contempla la creación de programas de capacitación para los agremiados que en su mayoría  son del área rural y conviven en comunidades vulnerables a los efectos y desastres naturales, como inundaciones, sequías y deslaves, además de subsistir con el flagelo de la inseguridad alimentaria, desnutrición y pobreza extrema. Los programas se encaminarían a proyectos de desarrollo rural, siembras, cultivos, pequeñas y medianas empresas, entre otros.         
Se busca contar con financiamiento estatal y se solicita que el Congreso incremente anualmente al presupuesto de ingresos del Ministerio de la Defensa Nacional una asignación de 0.5 por ciento Avemilgua, con la finalidad de utilizarla para reorganización, fortalecimiento y consolidación de toda persona que prestó servicio en el Ejército.     
La diputada Hernández  comentó que será analizada la petición, porque “busca contar con presupuesto y en este momento hay  dificultades financieras en el país”.                                                  
El general  José Luis Quilo Ayuso, presidente de Avemilgua, explicó que la intención es que los veteranos puedan contar con una prestación y apoyo financiero, e integrarlos a un proceso productivo. “Esto no solo es para los que están en condición de retiro, que son más de un  millón de exsoldados; en la asociación tenemos contabilizados no menos de 42 mil agremiados, y esto ayudara  también a quienes salen de las filas castrenses, detalló.
Por José Castellanos.

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Diputados al Congreso de la República aprueban el decreto 27-2016 que tiene por objeto dignificar y reconocer la labor profesional que desempeñan los y las profesionales del Trabajo Social en el desarrollo del país.
Para el efecto se declara el día dos de mayo de cada año, como “Día del Profesional de Trabajo Social”,  los y las profesionales de Trabajo Social gozarán de asueto con derecho a remuneración.
La iniciativa, que ingresó al pleno en el 2013 y recibió dictamen favorable de la Comisión de Previsión y Seguridad Social el  22 de septiembre del 2014, fue aprobada por más de las dos terceras partes de diputados al Congreso en un solo debate y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.
El 2 de mayo de 1949, surge la primera Escuela de Servicio Social, bajo el auspicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fecha desde la cual, el trabajo social guatemalteco ha incidido positivamente en el bienestar de la población desde el ámbito institucional público y privado, mediante su función de investigación de problemáticas sociales, diseño, dirección y ejecución de planes, programas y proyectos sociales que han generado impacto en los grupos de población más necesitados del país; generando participación activa, desde lo local y desarrollo dirigencial en la búsqueda autogestionaria de soluciones a la múltiple problemática derivada de la pobreza y exclusión social.
Los diputados ponentes fueron: Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Roberto Ricardo Villate Villatoro, Jean Paul Briere Samayoa, Manuel De Jesús Barquín Durán y Orlando Joaquín Blanco Lapola.

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