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Con 93 votos a favor, el pleno del Legislativo aprobó el decreto 29-2016 “Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado”,  por medio del cual readecúan Q2 mil 192 millones 392 mil 991 de los Q9 mil 426 millones, 471 mil 204 que fueron aprobados en Bonos del Tesoro para financiar el Presupuesto General del presente Ejercicio Fiscal.
La norma  destina Q300 millones al ministerio de Gobernación y Q465 millones para Ministerio de Salud Pública,  los cuales deberán ser utilizados para medicamentos y  equipo médico-quirúrgico, así como para las  Direcciones o Jefaturas de Áreas de Salud  y los Hospitales San Juan de Dios y Roosevelt.
Además se asignan Q300 millones  al programa de Clases Pasivas,  Q20 millones para el Instituto de la Defensa Pública Penal,  Q20 millones al Instituto de Ciencias Forenses,  Q20 millones para la Corte de Constitucionalidad y se reducen a Q50 millones las asignaciones al subsidio del transporte y  de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
“Con esta aprobación estamos corrigiendo el error que cometió el  Ejecutivo el año pasado cuando retiró a su equipo de la mesa técnica en donde se discutió el presupuesto 2016. Hoy el Congreso de manera responsable juega un papel importante al dar viabilidad al Ejecutivo para que coloque los Bonos del Tesoro de una manera inmediata para atender las necesidades urgentes de la población”, comentó el diputado Óscar Argueta de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza.
El viceministro de Finanzas Públicas, Víctor Martínez, quien estuvo presente en el Congreso durante la aprobación de la norma, manifestó su satisfacción por la decisión del Legislativo de aprobar dicha normativa, pues considera que tendrán viabilidad financiera del presupuesto. “Parte  de los destinos específicos son el resultado de las discusiones y aportes de los diputados en la Comisión de Finanzas y aunque es un rigidez en el presupuesto representa las necesidades que han detectado los diputados de los requerimientos de la población”, declaró.
El diputado Boris España jefe de la bancada Movimiento Reformador, reconoció la labor política del presidente del Congreso de la República, diputado Mario Taracena Díaz-Sol por haber logrado la aprobación del decreto.
Por Sayda Galicia

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Una enmienda por sustitución parcial al artículo 2 de la iniciativa 5023, “Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado”, fue consensuada en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que dirige el congresista Jairo Flores; será conocida en tercera lectura por artículos y redacción final en la sesión convocada para el martes.
La enmienda modifica la distribución de Q2 mil 132 millones 392 mil 991, del total de Bonos del Tesoro por Q9 mil 426 millones, 471 mil 204 aprobados en el Presupuesto General para el presente Ejercicio Fiscal, estableciendo un destino específico de los rubros.
Con los cambios acordados en la instancia legislativa se cumple la promesa del presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, quien anunció el retiro de los rubros destinados al pago de videovigilancia, escritorios y alimentos para la atención de la hambruna en el corredor seco.
En cambio, se fortalece con Q465 millones al Ministerio de Salud Pública (medicamentos; equipo médico-quirúrgico), direcciones o jefaturas de Áreas de Salud y los hospitales San Juan de Dios y Roosevelt. También se otorgan Q300 millones al programa de Clases Pasivas, y se reducen a Q50 millones las asignaciones al subsidio del transporte y a la Universidad de San Carlos.
“Con estos cambios que se discutieron de manera abierta se está cumpliendo con lo que pidió el presidente y la instancia de jefes de bloque; será el pleno del Legislativo quien decida”, explicó Flores, al afirmar que el rubro de la alimentación se podrá cubrir con el presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
Para Selvin García, integrante de la sala legislativa, la nueva propuesta cumple con las necesidades de la población. “Lo que pretendemos es fortalecer el sistema de salud, garantizando el destino específico de los  recursos monetarios”, detalló.
“En la comisión estamos representados  todos; no creo que haya oposición”, señaló  el jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco.
Por Sayda Galicia

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Guatemala ha cambiado, y para reconocer a los miles de guatemaltecos que de forma pacífica y espontánea, el 25 de abril de 2015, se volcaron a las calles a manifestar su repudio contra el Gobierno de turno, hoy se inauguró el foro “Las jornadas Ciudadanas 25A”. La actividad fue promovida por Mario Taracena Díaz-Sol, presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República.
El Salón de los Pasos Perdidos, del Palacio Legislativo, fue el escenario donde disertaron conocedores como Ricardo Sáenz, y Phillip Chicola, analistas políticos; el periodista Juan Luis Font y el diputado Orlando Blanco.
En su intervención, Chicola se congratuló por el esfuerzo del presidente Taracena de promover espacios de debate abierto a la ciudadanía, con lo cual se logra la construcción de una Guatemala más incluyente. “El país sufrió una degradación paulatina de sus instituciones, pues sus funcionarios vieron la política como una oportunidad de obtener riqueza. La plaza no está dormida, está esperando que las instituciones respondan”, dijo.
Font indicó que el mensaje de fondo que dejó la manifestación del 25 de abril de 2015 (25A) es la exigencia de reformas profundas a las políticas de Estado, que haya un giro del sistema que le sirve a unos pocos y no a la gran mayoría.
“Hoy, el Congreso tiene la posibilidad de retomar una agenda ciudadana de reformas constitucionales de fondo. Y hemos empezado con cambios importantes, como los efectuados a la Ley de Contrataciones; falta mucho para lograr el fortalecimiento de la imagen política en el país”, dijo el diputado Orlando Blanco.
Al finalizar el foro, Taracena cdijo que los diputados tienen el desafío de trabajar en temas que busquen el desarrollo. "El primer paso es abrir las puertas al debate que permita la rendición de cuentas y la transparencia, y fortalezca la lucha contra la corrupción e impunidad”.
Como parte de esta actividad se encuentra una exposición de fotografías que está abierta al público del 21 al 29 de este mes, la cual ilustra todos los escenarios de esta histórica manifestación ciudadana.
El 25A se constituyó como una iniciativa difundida en redes sociales, mediante las cuales se lanzaba la convocatoria a todos los guatemaltecos, en su mayoría jóvenes, a expresar su indignación y rechazo a los malos manejos del erario. El punto de reunión fue la Plaza de la Constitución, que fue abarrotada semana a semana por miles de personas exigiendo la renuncia de los políticos corruptos.
Las jornadas ciudadanas se originaron al conocerse  el funcionamiento de estructuras y redes anómalas dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, en las cuales participaban funcionarios de diferentes niveles, incluyendo a los entonces gobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes fueron obligados a dimitir y enfrentan procesos penales.
Por Karen Mendoza

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“No tienen fondos para programas ni proyectos, pero sí reciben Q1,500 semanales en dietas”, cuestionó la diputada Delia Back, de la bancada Alianza Ciudadana, a los integrantes del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua), quienes dieron a conocer que no cuentan con presupuesto para ejecutar acciones a nivel nacional.
La parlamentaria Back, en compañía de su colega Eva Monte, citaron a los funcionarios para que explicaran los programas, planificación, asignación de fondos y ejecución, entre otros asuntos.
“El problema real es que el fideicomiso que nos genera el presupuesto de más de Q31 millones venció en diciembre y a esta fecha estamos esperando que se reactive, para contar con recursos que permitan iniciar todos los proyectos establecidos para este año”, explicó Elías González, director de Fodigua.
Back se refirió a los reparos que tiene la institución ante la Contraloría General de Cuentas por plazas fantasma, a lo que el funcionario expuso que en su administración ello no ha ocurrido. “Las diez que se mencionan ya fueron denunciadas en el Ministerio Público, porque fueron adquiridas en el Consejo anterior”, relató.
El funcionario y las representantes dijeron estar consciente del poco presupuesto para desarrollar los proyectos contemplados para este año, que la asignación sea por medio de un fideicomiso y, además, que en este trimestre se hayan gastado Q2.7 millones en funcionamiento.

Gestionan ayuda
En otro tema, las congresistas se reunieron con José María Godoy, titular de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, e integrantes de la agrupación Shaddai Nueva Familia, de Mazatenango, Suchitepéquez, quienes solicitaron  el apoyo de esa dependencia para continuar dando servicios de cuidado y atención al  adulto mayor en condiciones de pobreza extrema.
La principal petición fue la cobertura de los salarios de quienes proporcionan  los  servicios, debido a que no cuentan con fondos. “Lamentamos no poder ayudarlos con el tema económico; primero, porque no tenemos presupuesto, y segundo, porque no es parte de las ayudas que se otorgan dentro de esta Secretaría”, indicó Godoy.
Sin embargo, dijo que se les podría brindar asistencia con jornadas médicas, víveres, ropa y aparatos ortopédicos.
Por Selvin Rustrián y Rosmery Recinos
 

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La mesa de diálogo instalada por la comisión legislativa de Asuntos sobre Discapacidad, presidida por el diputado Christian Boussinot,  delegó en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para que continúe la mediación en la problemática  que afrontan miembros del Sindicato de Ciegos Unidos y la Junta Directiva del Benemérito Comité de Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
El parlamentario explicó que el Comité de Ciegos y Sordos de Guatemala es una asociación privada, no lucrativa, por lo que no están obligados a presentar informes al Congreso.
“Nos sentimos complacidos, ya que en primera instancia la mesa de diálogo que instalamos ayudó que a que los agremiados en el Sindicato depusieran las medidas de hecho que realizaron al bloquear las calles e ingresos al edificio donde funciona la Lotería Santa Lucía”, manifestó.
Los vendedores no videntes de los billetes denunciaron ser víctimas de malos tratos y actos discriminativos por parte de las autoridades de dicho Comité, quienes se negaban a recibirlos y escuchar sus demandas.
Julián Velásquez, secretario general de Ciegos Unidos, dijo que les preocupa que se les retire el vínculo laboral establecido en el Decreto Presidencial 577, mediante el cual se autorizó proveer fondos al Comité Pro Ciegos para el denominado Bono Estímulo.
Sin embargo, María de los Ángeles de Rueda, miembro de la Junta Directiva del Comité Pro Ciegos, dio a conocer que los vendedores no  tienen una relación laboral ni cuentan con contrato, por lo que no pueden aumentar los beneficios que perciben (Bono Estímulo  de Q1,480), ni acceder a todas sus demandas.
Adrián Montúfar, representante de PDH, dijo que darán seguimiento al caso y se comprometió con el congresista Boussinot a entregar periódicamente un informe del avance de las negociaciones.
Por Mayra Recinos

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El viceministro de la Defensa Nacional, Óscar Eduardo Cossío, y el director del  del Instituto Adolfo V. Hall de Retalhuleu, Fredy Fuentes Yancor, indicaron que se ha implementado un botón de pánico para alertar a las autoridades de ese establecimiento, después del incidente en que una joven estudiante fuera abusada sexualmente.
Lo anterior se dijo en una citación realizada por los integrantes de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, que preside la parlamentaria Eva Nicolle Monte, representantes del Ministerio de Educación, Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación contra la Trata de Personas, Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos.
“El botón de pánico control consiste en una alarma que se activa desde el interior del dormitorio de las alumnas cuando se atente contra su integridad y genera la presencia del general de servicio. Se implementó desde aproximadamente un mes y el costo es de Q800”, comentó Fuentes Yancor.
La parlamentaria Monte dio a conocer que es necesario reformar los reglamentos de esos planteles, así como involucrar en el tema al Ministerio Público y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para que aporten medidas en la prevención de violaciones sexuales que se dan en los establecimientos públicos.
El viceministro Cossío indicó que evalúan el reglamento interno en los Institutos V. Hall, el cual data de 1986 y debe ser reformado.
“Tenemos un reglamento que establece una tabla de sanciones e incluye faltas que indican que cuando una alumna queda embarazada, por protegerla a ella y a la vida que viene no es conveniente que siga en la institución, por el mismo entrenamiento que reciben ahí”, explicó el funcionario.
Por Elizabeth Linares

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Durante una citación con los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional, del Congreso de la República, Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, explicó que después del asesinato del menor Julio Alvarado Ruano, ocurrido la semana pasada en la zona de adyacencia con Belice, se aumentaron los patrullajes y presencia de elementos del Ejército.
“Queríamos saber con detalles qué tipo de actividades está haciendo el Ejército, pues nos preocupa la situación que viven los pobladores de 35 comunidades. Nos reuniremos con funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional y de la Cancillería porque creemos conveniente la instalación de mesas de trabajo para la promoción de programas y proyectos sociales, y así evitar que crucen hacía el territorio beliceño y los maten”, dijo la diputada Ana Victoria Hernández, titular de la referida sala.
Pérez presentó un informe sobre la presencia militar y del control que se tiene en el área. “Hemos hecho conciencia a los vecinos de varias comunidades para que eviten problemas. También conversamos con las autoridades militares beliceñas para que se deduzcan las responsabilidades por la muerte del menor”, detalló.
El jefe castrense informó que hay 62 casos de connacionales que por distintas causas guardan prisión en el vecino país. Además, agregó que con la presencia de elementos militares se busca reducir el contrabando de cigarrillos, madera y narcotráfico. 
Por José Castellanos

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El General de División Juan Manuel Pérez,  Jefe del Estado Mayor de la  Defensa Nacional, informó ayer a los diputados que integran la Comisión de la Defensa que se aumentó la presencia de elementos del ejército de  Guatemala en la zona de adyacencia con Belice, tras el asesinato del menor Julio Alvarado Ruano la semana pasada a manos de soldados beliceños.
“Hemos hablado con las comunidades y personas para que no se acerquen a la zona de adyacencia y con las autoridades militares de Belice a quienes les hemos trasladado nuestra preocupación por hecho lamentable de la muerte del menor y el caso se esta investigando para  deducir responsabilidades”, dijo Pérez
Pérez, informó a los diputados de la Comisión de la defensa,  la cual preside la representante Ana Victoria Hernández, que a la fecha hay 62 casos de guatemaltecos que por diferentes causas se encuentran en prisión beliceña y que cuando beliceños ingresan del lado de Guatemala se les invitado a que salgan del territorio guatemalteco sin  provocarles daño. “Hemos registrado contrabando de  cigarros, madera y narcotráfico, considero que la presencia militar  va a ayudar a reducir estos ilícitos”.
“Queremos conocer el trabajo que está haciendo el Ejército guatemalteco en el caso de Belice. Nos volveremos a reunir  con  otros  funcionarios como cancillería, ministerio de desarrollo y otras instituciones ya que nos preocupa la situación de las 35 comunidades. Queremos hacer mesas de trabajo en el lugar para promover programas  y  proyectos sociales para las personas con el fin de crear proyectos autosustentables y que dejen de cruzar a territorio beliceño”. 
Por José Castellanos

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El General de División Juan Manuel Pérez,  Jefe del Estado Mayor de la  Defensa Nacional, informó ayer a los diputados que integran la Comisión de la Defensa que se aumentó la presencia de elementos del ejército de  Guatemala en la zona de adyacencia con Belice, tras el asesinato del menor Julio Alvarado Ruano la semana pasada a manos de soldados beliceños.
“Hemos hablado con las comunidades y personas para que no se acerquen a la zona de adyacencia y con las autoridades militares de Belice a quienes les hemos trasladado nuestra preocupación por hecho lamentable de la muerte del menor y el caso se esta investigando para  deducir responsabilidades”, dijo Pérez
Pérez, informó a los diputados de la Comisión de la defensa,  la cual preside la representante Ana Victoria Hernández, que a la fecha hay 62 casos de guatemaltecos que por diferentes causas se encuentran en prisión beliceña y que cuando beliceños ingresan del lado de Guatemala se les invitado a que salgan del territorio guatemalteco sin  provocarles daño. “Hemos registrado contrabando de  cigarros, madera y narcotráfico, considero que la presencia militar  va a ayudar a reducir estos ilícitos”.
“Queremos conocer el trabajo que está haciendo el Ejército guatemalteco en el caso de Belice. Nos volveremos a reunir  con  otros  funcionarios como cancillería, ministerio de desarrollo y otras instituciones ya que nos preocupa la situación de las 35 comunidades. Queremos hacer mesas de trabajo en el lugar para promover programas  y  proyectos sociales para las personas con el fin de crear proyectos autosustentables y que dejen de cruzar a territorio beliceño”.
Por José Castellanos

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