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Con el fin de conocer y evaluar detenidamente cada una de las  propuestas presentada por los líderes populares que participaron en la Marcha por el Agua, este día se instaló una mesa interparlamentaria integrada por representantes de grupos de la sociedad civil organizada  y  los diputados  Ronald Arango, de la Comisión de Derechos Humanos; Edwin Maldonado,  de la sala de trabajo Específica de la paz  y el Desminado y Leocadio Juracán, de la Comisión de Pueblos Indígenas.
“El principal objetivo de esta mesa legislativa es calendarizar las sesiones en las cuales se  analizarán detenidamente las demandas presentadas  el pasado 21 de abril durante la marcha por el agua”, destacó el diputado Edwin  Maldonado.
El líder popular, Daniel Pascual, aseguró que entre las demandas está que se aprueben leyes para castigar los desvíos de ríos y que se libere a quienes han sido capturados por manifestaciones.
En la reunión se acordó que la próxima semana se estará haciendo un recorrido por los ríos afectados, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y el de Comunicaciones,  por lo que se hizo un llamado a  los presidente de las salas de trabajo del Legislativo a que se unan a esta comisión.
Por Karla Herrera

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El Presidente del Congreso de la República, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, sostuvo este día una extensa jornada de trabajo durante la cual recibió la visita de diversas personalidades. Entre ellas Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y Alejandro Giammattei, ex director del sistema penitenciario.
El presidente de la ANAM entregó al presidente del legislativo una propuesta para incrementar el IVA-PAZ del uno por ciento a 1.5 por ciento, lo cual aumentaría en Q2 millones para inversión de las municipalidades priorizando educación, salud, agua  y saneamiento.
“Se le va a dar trámite y dependerá de las Comisiones de Asuntos Municipales o de Finanzas Públicas las que tomen la decisión de dictaminar favorablemente o no este proyecto de ley”, expresó el presidente Taracena Díaz-Sol.
En una segunda reunión, el ex director del sistema penitenciario manifestó su preocupación por la situación de violencia entre pandillas en El Salvador, por lo que solicitó al Congreso citar a los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, para que expongan los planes de control en la frontera.
“El Salvador tiene una guerra contra las maras y la frontera de Guatemala se encuentra vulnerable por lo que es necesario prever que no ingrese esa gente que podrían apropiarse o extorsionar”, argumentó Giammattei.
Por Elizabeth Linares

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El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, informó en conferencia de prensa que ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, donde solicita la remoción del embajador Todd Robinson por entrometerse en los asuntos internos del país.
Entre los argumentos dados por Beltranena están las presiones y promoción de Robinson  a favor de la magistrada a la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras, desprecio a la importancia de nuestra soberanía, la falta de respeto hacia el nuncio apostólico y las críticas públicas  a los diputados al Congreso de la República.
El congresista aprovechó para hablar sobre la iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, y recordó los diputados que la pena de muerte es Constitucional, legal y sirve de disuasivo a la criminalidad por lo cuanto que es la pena máxima a aplicar.
La propuesta propone reformas el art 131 y 132 del Código Penal para que se imponga la pena de muerte por parricidio y asesinato con alevosía.
Por Selvin Rustrián
 

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Los presidentes de los tres poderes del Estado acudieron a la presentación que el Ministerio Público (MP) hizo de la Política Criminal Democrática del Estado, diseñada para combatir el crimen, prevenir delitos y reinsertar a detenidos.
Esta herramienta contempla la creación de estrategias interinstitucionales para el abordaje articulado de hechos y fenómenos criminales priorizados, sobre la base de cuatro ejes: prevención, investigación, sanción y reinserción, las cuales estarán en coordinación con las organizaciones sociales y otros actores del país.
El titular del Legislativo, Mario Taracena, destacó el apoyo de la comunidad internacional y de las instituciones que hacen eco al trabajo del MP, y mencionó que se presenta un proyecto de nación con la tarea de definir el Estado de derecho que marca, obliga y demanda establecer una Política de prevención combate y reinserción social.
“Ofrezco mi apoyo para que el Congreso apruebe las Iniciativas que sean necesarias, a fin de que el trabajo que hoy se presenta sea una realidad para los ciudadanos que esperan un Estado comprometido con la vida, la seguridad y el bienestar de todos”, señaló Taracena.
La fiscal general, Thelma Aldana, señaló que la Política Criminal Democrática tiene como objetivo constituirse en una guía para que el sector justicia, las instituciones públicas y la sociedad guatemalteca enfrenten la criminalidad que existe en el país.
“Para el éxito de esta herramienta es fundamental cumplir con las tareas que cada ente estatal nacional, regional, municipal, comunitario o entidades de la sociedad  deben asumir, bajo  la orientación de la Comisión Nacional de Política Criminal, que a partir de hoy queda instalada”, expresó la funcionaria.
La actividad contó con la participación de delegados del Gobierno, diputados al Congreso, alcaldes, representantes de organizaciones sociales e invitados especiales, entre otros.
Por Elizabeth Linares

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De los 235 rastros municipales que funcionan en el país, solo 5 cuentan con la licencia que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos.
Por ello se busca regular los rastros municipales mediante la iniciativa 4063, Ley de Sanidad Animal, presentada por la profesional Elsa Hiandira Roque de López e ingresada a Dirección Legislativa por la Comisión de Agricultura.
“Los destazaderos no aplican medidas apropiadas para que el MAGA les extienda la licencia sanitaria respectiva", expresó Gabriel Heredia, presidente de la referida sala.
Entre los principales problemas descubiertos están que no se cuenta con terrenos y áreas adecuadas para los rastros ni correcto  tratamiento de aguas residuales, además de que la mayoría de animales es inyectada con químicos, como el clembuterol, con el cual hacen crecer sus músculos.
“La próxima semana se invitará a representantes de la Universidad de San Carlos y de los ministerios de Ambiente y Salud, así como expertos para analizar la iniciativa”, agregó Heredia.
Por Byron Ramírez

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Con el objetivo de reformar la Ley Nacional de Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97, se inició una mesa de diálogo entre diputados de la Comisión del Deporte y funcionarios de diferentes instituciones.
A la reunión acudieron Érick Sosa, viceministro de Deporte; Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, e Ignacio González, director del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, entre otros.
La normativa vigente regula la coordinación e interrelación de las instituciones de la educación física, el deporte federado y no federado, y garantiza  el  derecho de los ciudadanos a practicarlas. Sin embargo, a criterio la sala legislativa y de los funcionarios participantes, es importante analizar sus debilidades y deficiencias para desarrollar esta cultura en la población, desde la niñez hasta la vejez.
“Hay algunos temas importantes que no están visibilizados y requieren de presupuesto, como la  interculturalidad, pelota maya y juegos ancestrales”, indicó Ignacio González.
Agregó que se debe revisar lo que marca la norma en la parte administrativa y en la estructura de cada una de las instituciones, para que la actividad deportiva llegue a todos los rincones del país.
Sosa expresó que aparte de las reformas se debe analizar la posibilidad de dividir y descentralizar el Ministerio de Cultura y Deportes, para hacerlo más eficiente. “Ya son 19 años que se aprobó esta ley y no se le han hecho mejoras; lo que pretendemos es  fortalecerla”, concluyó el diputado Mario Velásquez, presidente de la comisión.
Por Rosmery Recinos

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Con el propósito de buscar estrategias para evitar el incremento de la mortalidad materno-infantil, la Comisión Multisectorial para la Maternidad Saludable organizó un foro en el cual participaron expertos de diferentes instituciones.
“Es necesaria la sensibilización sobre el marco legal de maternidad saludable y los compromisos adquiridos como país, por lo que la Comisión de Salud ha iniciado las acciones conjuntas para reducir las cifras de muertes”, destacó el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la referida sala de trabajo.
La Comisión Multisectorial es integrada por diversas organizaciones del  Estado y de la sociedad civil, y una de sus funciones es unificar esfuerzos para mejorar las condiciones de salud en todo el país, pero especialmente en las áreas remotas.
Según las estadísticas dadas por Orlando Escobar, viceministro de Hospitales, se ha reducido la mortalidad materno-infantil, pero en la actualidad por cada 100 mil niños nacidos mueren 130, especialmente en Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché, Quetzaltenango y San Marcos, donde las mujeres indígenas y quienes no tienen escolaridad son las más propensas a morir antes, durante o después de un parto.
Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Reproductiva, destacó la necesidad de buscar ayuda en las comunidades donde no hay servicios, y mencionó que “los legisladores son importantes en esta lucha, para crear leyes y fuentes de financiamiento destinados a programas de salud reproductiva y la creación de casas maternas”.
Por Karla Herrera

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“A pesar de tener múltiples peticiones para ejecutar proyectos en el departamento de Sololá, no se han podido efectuar debido a que el fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua) no se encuentra vigente”, expresó el diputado Francisco Tambriz y Tambriz, durante una reunión con Elías González, director ejecutivo de esa institución.
El parlamentario indicó que hay al menos dos mil solicitudes en espera, pero no hay avances, debido a que en diciembre del 2015 venció el fideicomiso que permite a dicha entidad ejecutar el presupuesto destinado a programas y proyectos de desarrollo en distintas comunidades.
“Es importante que se elimine el fideicomiso, porque no hay transparencia y se  pueden cambiar algunos puntos de la ley. Considero que es mejor que sea a través de una cotización  o  licitación”, comentó el congresista.
González argumentó que tiene una asignación de Q31.9 millones, pero esperan que se apruebe un nuevo fideicomiso que les permita ejecutar los proyectos programados para este año.
“El año pasado se ejecutaron 144 proyectos a nivel nacional, de los cuales 83 fueron escuelas. Los de este año dependen de la aprobación del fideicomiso, pues nuestro mandato así lo establece”, recalcó el funcionario.
Por Elizabeth Linares

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El agua es un recurso vital e indispensable para la sobrevivencia humana, y debido a la falta de una normativa específica que regule el uso de los recursos hídricos en el país, diputados del Bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), junto con Ferdy Elías, presidente de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, del Congreso, presentaron a Dirección Legislativa el proyecto denominado “Ley de Aguas y Recursos Hídricos”.
La iniciativa, que contiene 69 artículos, busca regular el uso integral y racional del líquido con la creación de una Comisión Estatal del Agua (CEA), que tendrá la responsabilidad de establecer el Sistema Nacional de Vigilancia, Regulación, Evaluación y Control de la Administración del vital líquido, además de tener la potestad de imponer sanciones a quienes hagan mal uso.
Las multas oscilan entre Q3 millones y Q8 millones (de 1 mil hasta 3 mil salarios mínimos), en los casos de desvío de causes de ríos, contaminación, exceso en el uso de aguas, alteración térmica de los mantos acuíferos y obstrucción de drenajes, entre otros.
“Estamos preocupados por la problemática que genera la escasez del agua, y por ello presentamos este proyecto, orientado a unificar criterios que nos permitan tener una legislación en esta materia”, dijo José Hernández, subjefe del bloque legislativo.
La CEA contaría con una junta directiva integrada por representantes del Ejecutivo, Asociación Nacional de Municipalidades y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, así como de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud.
El diputado Elías resaltó que la próxima semana el Organismo Ejecutivo estaría presentando su propuesta de la materia, que incluye el marco jurídico de una Ley General de Aguas, según lo anunciado por el presidente Jimmy Morales en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de abril.
Hasta el momento, las únicas normas jurídicas vigentes sobre el tema son los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de la República, y el artículo 346 del Código Penal, literal 2, referente a la gestión ambiental y delitos contra el ambiente, en los cuales se establecen de 2 a 6 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días de multa a quienes las infrinjan.
Desde 1993, la Dirección Legislativa ha recibido 9 proyectos de ley referentes al asunto, de los cuales 7 están  archivados y 2 en discusión.
Guatemala es un país con riqueza de recursos naturales, pero no tienen una ley que controle, regule y proteja el agua nacional, de la cual no solo depende el género humano, sino el sistema ecológico y el desarrollo económico.
Por Karen Mendoza

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