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Diferentes funcionarios respondieron las inquietudes de los diputados de la bancada Movimiento Reformador, referente a los contratos y usufructos que existen para el manejo de los puertos y aeropuertos del país.
El diputado Boris España dijo que es preocupante la situación imperante en esas instalaciones. “Después de los informes que recibimos de parte de los funcionarios, consideramos que debemos estar alertas para detectar cualquier contrato y usufructo que sea leonino para el país; podemos sanear lo hecho en el pasado, pero también debemos estar alertas del presente y del futuro”, afirmó.
Aldo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informó que en el área de Aeronáutica Civil están analizando 27 convenios, de los cuales 2 ya están en proceso de rescisión. “Se trata del parqueo público del Aeropuerto Internacional La Aurora y el parqueo interno que maneja la distribución de combustibles”, manifestó.
En lo referente a Puerto Quetzal, Escuintla, Enrique Godoy, Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, reiteró que encontraron 71 convenios, de los cuales 34 pertenecen a arrendamientos y 37 son de usufructos, “los cuales también ya se encuentran bajo la lupa”.
Agregó que tardarán al menos seis meses para realizar la evaluación y ordenamiento de los puertos y aeropuertos, y a partir de eso darían luz verde a una nueva reestructuración que permita un funcionamiento con mayor transparencia.
“Hemos hablado con la fiscal general Thelma Aldana sobre la implementación de una fiscalía que operaría desde el mismo aeropuerto, con el fin de detectar el flagelo de lavado de dinero y tráfico de personas”, detalló Godoy.
María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría General de la Nación, explicó que otro de los casos investigados es el referente al subarrendamiento que Ferrovías y Ferrocarriles de Guatemala le dieron a la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente S.A. para el manejo de las vías ferroviarias en Puerto Barrios, Izabal, lo cual, a su criterio, no tiene sustento legal, por lo que en dos semanas entregarán sus recomendaciones al Estado, encaminadas a declarar la nulidad.
Por Mayra Recinos

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Con el voto de 86 congresistas, durante la sesión plenaria de este jueves se aprobó el punto resolutivo 7-2016, mediante el cual se recomienda a la población guatemalteca abstenerse a viajar a Belice, para evitar incidentes como el asesinato de Julio Alvarado, de 13 años, a manos de soldados de ese país.
El ponente fue el diputado Erick Lainfiesta, de la bancada Encuentro por Guatemala, quien manifestó que su intención es evitar que más guatemaltecos sean agredidos por fuerzas armadas que se encuentran en la zona de adyacencia.
El punto resolutivo fue aprobado después de que el 20 de abril soldados beliceños dispararan contra Alvarado, quien en compañía de su padre y su hermano de 11 años hacía labores agrícolas en el área.
Con la resolución del Congreso se rechaza la postura tomada por el gobierno beliceño, y se insta a las autoridades guatemaltecas a hacer campañas de información referente a la posibilidad de sufrir violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de defensa del vecino país.
Por Karla Herrera

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En reunión con diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) entregó 6 propuestas de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 9-2015.
Las modificaciones solicitadas se refieren a la eliminación de techos para la contratación de bienes y servicios, lo cual favorecería ejecución y administración de recursos, argumentó Edwin Escobar, titular de la Anam y alcalde de Villa Nueva.
“No es posible realizar las contrataciones ni compras necesarias en las alcaldías, pues con las modificaciones a la ley se nos dificulta; es por eso que traemos estas sugerencias, para llevar beneficios a nuestras comunidades”, manifestó.
El ministro de Finanzas Públicas, Julio Escobar Estrada, dio a conocer que también el Organismo Ejecutivo analiza la norma, pues han tenido “problemas serios” para hacer las contrataciones de servicios necesarios.
Según Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas, es viable efectuar los cambios respectivos, pero con un debido análisis para no incurrir en ilegalidades.
“Se les recomendó acercarse al Ejecutivo, consensuar las futuras reformas y enviarlas como iniciativa a esta sala de trabajo, para que podamos darle dictamen favorable y enviarla al pleno”, manifestó el diputado Jairo Flores, quien preside la referida sala.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud Pública, con el propósito de conocer la forma en que serán distribuidos los fondos de la readecuación presupuestaria que el Congreso otorgó para paliar la problemática que afrontan los hospitales.
El jefe de bloque, diputado Orlando Blanco, expresó su preocupación por el desabastecimiento de medicamentos y equipo médico quirúrgico de la red hospitalaria, y recordó que este organismo aprobó una readecuación de Q465 millones destinados a mejorar la atención y los servicios.
“El tema de salud es sumamente prioritario para el país y en ese marco haremos las gestiones de fiscalización y de apoyo para que podamos ayudar”, comentó el congresista.
El viceministro de Hospitales, Mario Figueroa, indicó que el Ministerio de Finanzas dará una ampliación de Q1 mil 100 millones para finalizar el año con los insumos que la red hospitalaria requiera.
“Esperamos que en 2 o 3 meses podamos llevar la situación hospitalaria a un nivel por arriba del 85 por ciento de abastecimiento, tanto en medicamentos como en material médico quirúrgico”, informó el funcionario.
Por Elizabeth Linares

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La Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, del Congreso de la República, se reunió con representantes del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), con el objetivo de continuar armonizando las diferentes propuestas de reformas al Decreto 135-96, que contiene la “Ley de Atención a Personas con Discapacidad”.
En la cita se comunicó que se espera para el 23 del presente mes que dicha organización entregue un borrador, y se informó de la II Encuesta Nacional Representativa de la Discapacidad en Guatemala.
El diputado Christian Boussinot, quien preside la referida instancia, expresó que al tener las propuestas consensuadas se podrá llevar al pleno para su aprobación, con lo cual se ayudará a miles de personas.
“Se busca reformar esta ley para que quien padezca alguna invalidez pueda tener una mejor calidad de vida”, manifestó Sebastián Toledo, director del Conadi,
Y acerca de la encuesta, mencionó que el objetivo es conocer cuántas personas son afectadas, su estado y lugar de residencia, pues muchas no reciben ningún beneficio del Estado y son discriminadas.
Por Selvin Rustrián

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Los integrantes de la Comisión Extraordinaria de Fiscalización de Compras del Sector Salud cuestionaron a representantes del Ministerio de Salud Pública por el desabastecimiento y cierre de farmacias del Programa de Accesibilidad de Medicamentos, pues de 25 droguerías 8 están cerradas y han dejado sin servicio a los pacientes.
“Les damos hasta el 20 de este mes para que estas farmacias sean abiertas, porque no es justo que la población sufra por los malos manejos en la institución, y si es por problemas con la Contraloría General de Cuentas que no pueden atender, pues citaremos al jefe de esa dependencia  para buscar una salida lo antes posible”, manifestó el diputado Eduardo Vargas, presidente de dicha sala de trabajo.
Mario Figueroa, viceministro de Salud, dijo que se hace “lo imposible” pero hay circunstancias que no permiten, como presupuesto y algunos problemas con la Contraloría, que no deja que las farmacias reanuden la atención.
Arturo Letona, vicepresidente del Colegio de Médicos, dio a conocer que dicha instancia está anuente a brindar asesoría para ayudar a la población y reabrir los expendios.
Para buscar una solución rápida y viable, la comisión citará para este viernes a delegados de las instituciones involucradas, como el Ministerio de Salud, directores de hospitales y Contraloría General de Cuentas de la Nación.
Por Selvin Rustrián

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Mediante una serie de reuniones, los diputados de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, dirigida por Álvaro Velásquez, analizarán los puntos de la propuesta de Ley de Desarrollo Integral y buscarán los consensos para que sea avalada.
“Pretendemos que sirva como referencia a cada ministerio, secretaría o entidad del gobierno, para dirigirse y favorecer a la población en temas de salud, educación, seguridad, economía y justicia”, destacó el congresista.
A la cita asistieron representantes de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan),  cuya subtitular, Edna Abigail Álvarez, resaltó la importancia de la aprobación de la norma “que será de suma importancia para lograr un mejor desempeño y control en las instituciones”. 
Para conseguir el análisis de la propuesta de ley se acordó que la próxima semana se realizará un foro de dos días, en el cual   representantes de Segeplan presentarán los puntos de la propuesta.
Finalmente, se dio a conocer que se espera involucrar a otras organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil, para que esta iniciativa sea analizada detenidamente antes de  ser enviada al pleno para su discusión y aprobación.
Por Karla Herrera

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Con el propósito de evitar más accidentes atribuidos a la irresponsabilidad de pilotos y falta de mantenimiento de unidades del transporte extraurbano, integrantes del bloque legislativo Unión del Cambio Nacional (UCN), que encabeza el representante Julio Lainfiesta, presentaron el proyecto que modifica el Decreto 15-2014, Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito.
“Una forma de evitar el aumento en el índice de percances es endurecer la legislación con sanciones más drásticas a aquellos que infrinjan la ley”, explicó Lainfiesta.
La iniciativa, que modifica los artículos 2, 4, 6 y 8 de la normativa vigente, busca que los dueños sometan a una revisión semestral a sus unidades, con el fin de garantizar que se cumplan las especificaciones requeridas por la Dirección General Transporte.
Además, establece el límite de uso a 15 años, y la obligatoriedad para las aseguradoras de realizar los peritajes de llantas, freno y servicios de caja y motor, entre otros, con lo cual se pretende dar mayor protección al usuario.
Las sanciones van desde la cancelación de la licencia del piloto hasta la cancelación del registro del colectivo y las multas correspondientes. “Estamos consientes de que el responsable del vehículo es el piloto, pero también le debemos de proveer de una unidad adecuada”, enfatizó Lainfiesta.
En el primer trimestre del año se contabilizaron al menos 40 víctimas mortales y un estimado de 230 lesionados. Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en los últimos 10 años han muerto en percances de autobuses más de mil 238 usuarios y unos 7 mil 333 han quedado heridos.
Por Karen Mendoza

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El diputado Julio César Villatoro instala Comisión Pesquisidora contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, quien es sindicado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala del delito de tráfico de influencias en caso de la firma del contrato de usufructo en Puerto Quetzal a favor de la empresa TCQ.
Tras conocer el fundamento legal que regirá el trabajo de investigación, la Pesquisidora puso manos a la obra y de inmediato empezó a escuchar la audiencia de la CSJ durante  la cual los magistrados decidieron dar trámite al antejuicio contra Douglas Charchal y enviarlo al Congreso.
Previo a la reproducción del audio, el diputado Villatoro anunció que mañana a las 8:00 recibirá en audiencia a los representantes del MP y la Ceci para que presenten los cargos en contra del magistrado, y que el viernes a la misma hora se reunirán con Douglas Charchal, para que presente las pruebas de descargo.
La Pesquisidora, que fue electa por medio de un sorteo con tómbola y balotas numeradas según  lo  establece  el  artículo  17 de la Ley en Materia de Antejuicio, decreto 85-2002, quedó integrada por los diputados Julio César Villatoro, de la UNE (presidente); Iliana Guadalupe Calles Domínguez, de FCN (secretaria);  Carlos Barreda, de UNE, (vocal); Rubén Misael Escobar Calderón, UNE, (vocal) y César Emilio Fajardo Morales, de UNE (vocal).
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia resolvió trasladar al Congreso de la República la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), contra el magistrado Charchal por un supuesto tráfico de influencias en el caso de corrupción para la firma del contrato para usufructo en la Portuaria Quetzal para la empresa TCQ.
De acuerdo a la Ley en Materia de Antejuicio, la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

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