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Según reportes del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el 40 por ciento de las aguas en el país podrían estar contaminadas, por tal motivo los diputados de las Comisiones de Integración Regional y Recursos Hídricos  analizan crear una nueva norma legal para regularizar su uso.
“Es sumamente necesario legislar en la materia, incluso la Corte de Constitucionalidad ha exhortado al Congreso a emitir una nueva Ley, puesto que el actual régimen data desde 1932 y se encuentra vigente a través de una reforma al Código Civil que se realizó hace más de treinta años”, dijo a los congresistas Carlos Guzmán, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social  (CALAS).
Los congresistas se reunieron con los representantes de CALAS para conocer la situación del recurso hídrico en el país y solicitar su asesoría para crear una nueva norma legal que beneficie al país a nivel regional.
“El tema de   la integración regional no involucra solamente a las   aduanas y los migrantes, de hecho  en el  Tratado de la Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte, se prioriza el tema  del medio ambiente, por lo que habrá apoyo y mejores condiciones para trabajar una  normativa de esta índole”, dijo el diputado Chavarría.
La última vez que el Congreso abordó el tema de aguas fue en el año 2007 cuando conocieron la Iniciativa 3702, “Ley para el aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos hídricos”. 
Por Mayra Recinos

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Con 118 votos a favor, los diputados al Congreso de la República  aprobaron el decreto número 21-2016, por medio del cual crean el Instituto para la Atención y Protección a Víctimas de Violencia.
El fin principal de la ley es garantizar el goce de los derechos fundamentales de las víctimas y proporcionar los servicios de asesoría jurídica, psicológica y social a las víctimas. 
Para los efectos anteriores el Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia proporcionará los referidos servicios y/o coordinará, acciones con instituciones y organizaciones públicas o privadas que participen en la Red Nacional de Derivación y otras, para garantizar a las víctimas los servicios descritos en el párrafo anterior.Diputados aplauden aprobación de Ley
El Instituto para la Atención Integral y Protección a Víctimas de Violencia se regirá por la presente ley y su reglamento. Tendrá carácter autónomo y deberá tener cobertura en todo el territorio nacional.
Víctima es la persona que, individual o colectivamente, haya sufrido lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones realizadas en su contra, tipificadas como delito y sancionadas por la legislación penal. También se considera víctima al cónyuge, conviviente, hijos y, a la falta de éstos, a los hermanos, ascendientes y descendientes de la víctima.
El Instituto para la atención integral y la protección a víctimas de violencia estará integrado por un Consejo, una Dirección General y una Secretaría General, así como de otras estructuras especializadas en cuestiones médicas, jurídicas, sociales y psicológicas El Consejo, que es el órgano rector, estará integrado por los funcionarios que ocupen los cargos de Fiscal General, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, ministros de Gobernación y de Salud y diputados presidentes de las comisiones de la Mujer y del Menor y la Familia del Congreso de la República; así como por tres representantes de organizaciones sociales especializadas en la atención a víctimas.

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Los diputados integrantes de la Comisión Específica a cargo de la Revisión y Análisis de la iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud, sostuvieron una reunión este día para definir el cronograma de trabajo y recibir los aportes sustanciales por parte de organizaciones que impulsan su aprobación.
Los parlamentarios acordaron continuar con las audiencias los días viernes 4 de marzo, de 8:00 a 10:00 horas; el lunes 7 de marzo, de 8:00 a 11:30 horas y el viernes 11 de marzo, de 8:00 a 12:00 horas, con el fin de recibir las ponencias de distintas organizaciones que velan por la juventud en el país.
“Estaremos solicitando a los diputados, ante el Pleno del Congreso de la República, una ampliación de 40 días para entregar el dictamen y así poder brindar atención a las más de 50 organizaciones inscritas, las cuales tendrán 10 minutos para presentar sus ponencias”, dijo la presidenta de la Comisión Específica para la ley Nacional de la Juventud, Alejandra Carrillo.
Los diputados contaron además que el próximo 17 de marzo, con motivo de la visita de José Ricardo Sánchez Mena, viceministro de la Juventud de Costa Rica, organizarán una actividad especial en la que participarán los integrantes de la Junta Directiva del Congreso, diputados jóvenes que integran la octava legislatura, alcaldes municipales y el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM).
“La invitación también se girará a los diputados que integran la Comisión de la Juventud y a los integrantes de la Mesa Técnica que discuten la iniciativa 3896, con el propósito de que fluya el intercambio de aportes para fortalecer el dictamen del proyecto de ley”, aseguró la diputada Eva Nicolle Monte, integrante de la comisión especifica que analiza la Ley de la Juventud
Por Karen Mendoza

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Preocupados por los hechos de violencia y de inseguridad que viven los habitantes de Chimaltenango, diputados al Congreso de la República electos por ese departamento convocaron a las autoridades del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y al Gobernador Departamental para que expliquen qué acciones van a implementar para garantizar la seguridad de la ciudadanía.
En la reunión estuvieron presentes los congresistas Eva Nicolle Monte, Delia Back, Héctor Melvyn Caná Rivera y Alsider Antonio Arias, el viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, Ricardo Guzmán; el director del Sistema Penitenciario, Luis Carlos de León Zea; el gobernador Departamental Mynor Gabriel Mejía y el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos y Ramos.
La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada Eva Nicolle Monte  quien mostró su preocupación por el incremento de asesinatos y de actos delincuenciales que ocurren principalmente en los municipios, y solicitó a las fuerzas de seguridad que busquen soluciones para garantizar la tranquilidad de la población. “Queremos trabajar en equipo porque estamos conscientes que la seguridad es un problema de todos”, expresó la parlamentaria.
Cada una de las partes expuso su punto de vista al respecto y al final de la reunión acordaron que citarán a los 16 alcaldes del departamento para entre todos implementar las acciones que contribuyan a reducir la comisión de delitos, hechos de violencia, asesinatos y minimizar el accionar de grupos delincuenciales que operan en dicho departamento.
Por Elizabeth Linares

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Por considerar la existencia de los delitos de discriminación, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes para la entrega de medicamentos a pacientes que sufren enfermedades crónicas y degenerativas, el diputado y presidente de la Comisión de Paz y Desminado, Edwin Noé Maldonado Lux, presentó este día una denuncia ante el Ministerio Público en contra de las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Los demandados son Óscar Armando García Muñoz, gerente del IGSS, Iván Federico Rosada Barreno; subgerente de Prestaciones y Marco Vinicio Tunches Paiz, director de la Unidad de Autonomía, a quienes se les acusa de incumplir con la entrega de medicamentos a pacientes con VIH-SIDA, cáncer, diabetes e insuficiencia renal.
“Hemos solicitado a través del oficio 2048, con fecha 19 de febrero de este año, la información sobre la totalidad de pacientes que son atendidos, a cuántos se les brinda medicamentos y a cuántos no les han proporcionado sus medicamentos”, dijo el diputado Maldonado Lux, quien la próxima semana volverá a citar al presidente de la Junta Directiva y al Gerente del IGSS, para dar seguimiento al tema.
Por Elizabeth Linares

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Con el propósito de agilizar la legalización de terrenos para las familias afectadas por el paso de la tormenta tropical Stan en el año 2005, las diputadas Dolores Beltrán, subjefa del bloque Movimiento Reformador y Aracely Chavarría se reunieron este día con funcionarios de los Ministerios de Comunicaciones, Finanzas Públicas, de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia,  Registro General de la Propiedad, FOPAVI, Registro de Información Catastral, Crédito Hipotecario Nacional y del Fondo de Solidaridad Social.
En la reunión se acordó que los integrantes de la Mesa Técnica de Vivienda tendrán que reactivar el proceso de medición de 26 urbanizaciones y así poder concluir con la escrituración para 5 mil 200 familias damnificadas por el paso de la Tormenta Tropical Stan, en 2005. El Crédito Hipotecario Nacional a cargo del fideicomiso deberá realizar el traslado de 1.6 millones de quetzales al Ministerio de Comunicaciones.
“Hemos citado a los nuevos funcionarios de las 11 instituciones para que conozcan que esta problemática viene desde el año 2007, porque varias familias salieron beneficiadas con la compra de viviendas pero por atrasos administrativos no se les ha podido dar solución y brindarles la certeza jurídica de escrituración de sus terrenos en los 12 departamentos del país y consideramos que esta problemática deberá solventarse lo antes posible”, expreso la diputada Dolores Beltrán, del bloque Movimiento Reformador.
“Estamos iniciando el proceso para diagnosticar no solo el tema de vivienda sino también de infraestructura y de certeza de la tierra pero estamos conscientes que hay una serie de procesos atrasados pero en los siguientes meses, estaremos trabajando para solucionar el tema de las escrituras legales de las viviendas”, dijo Carlos Barrillas, viceministro de Vivienda.
Al final se dio a conocer que existen 1 mil 720 escrituras pendientes de entrega que esperan la autorización del presidente Jimmy Morales. Además, de la aprobación del Acuerdo Gubernativo que autorice el 50 por ciento, de los bienes del fideicomiso de Reconstrucción y Rehabilitación de la tormenta Stan.
Por José Castellanos

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Integrantes de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País, que preside el diputado Álvaro Velásquez, organizaron el foro “Pacto Fiscal para el Desarrollo Económico y Social”, en el cual participaciparon representantes de los sectores académicos, económicos, políticos y sociales, quienes se comprometieron a respaldar, fortalecer y continuar con el proceso de discusión y búsqueda de consenso respecto de lo referente a la política económica del 2016.
El fin principal de la actividad era abrir a debate el tema de ingreso, gastos, transparencia, metas e inversión para el desarrollo y crear las bases que permitan fijar normas de diseño interno del presupuesto, de ejecución, evaluación del gasto público y de compromiso en torno a metas nacionales de  proyecto de nación.
“Hemos convocado a la reflexión académica, técnica y política de modo que podamos actualizar el pacto fiscal que se firmó hace 14 años, en función del futuro  y poder llegar  a un compromiso que se vea reflejado en una ley marco que regule la inversión en función del desarrollo”, comentó el legislador.
El exministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes Knigth, quien participó en dicho foro, indicó que es positivo que el Congreso de la República abra estas discusiones con los diversos sectores y conocer cada uno de los temas a debatir.
“Me parece positivo que se hagan estos foros con la sociedad pues es parte de las funciones que el Congreso tiene. Esta  es una manera de reforzar esas discusiones”, comentó el exministro Fuentes Knight.
Por Elizabeth Linares

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Diputados que integran la mesa técnica que analiza el contenido de la  iniciativa 4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, se reunieron con directivos de la Cámara Guatemalteca de Radiodifusión, Movimiento de Radios Comunitarias, Ministerio de Cultura  y Deportes, Academia de Lenguas Mayas, Ministerio Público y Superintendencia de Telecomunicaciones para conocer sus puntos de vista respecto del proyecto de Ley que se encuentra a discusión en el pleno en tercera lectura por artículos y redacción final.
“En este momento nos encontramos recopilando información jurídica, técnica, legal y contable para poder trasladar un  informe completo al Pleno de los diputados”, indicó la diputado María Tabush de Sánchez, coordinadora de la mesa técnica. 
Durante la jornada de trabajo los diputados escucharon a Eduardo Liu, presidente de la Cámara de Radiodifusión, quien indicó que la ley es muy importante para el servicio de las comunidades del país y recomendó que se regule el formato de radios comunitarias.
Max Araujo, viceministro de Cultura, hablo sobre el trabajo que hace Radio Faro Cultural desde el año de 1986 a la fecha a favor de la cultura y el arte de Guatemala y solicitó una ampliación presupuestaria.
Los congresistas indagaron también el tema de las radios clandestinas o ilegales en el país, para el efecto se reunieron con fiscales del Ministerio Público quienes le informaron que al momento investigan 193 denuncias contra operadores no registrados.
“Hemos tenido una larga jornada de análisis técnico, y tras hablar con todos los involucrados, coincidimos en que primero se debe legislar en radios comunitarias y después  en materia penal”, dijo el diputado Amílcar Pop.
Por José Castellanos

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Los diputados que integran la Comisión de Postulación para magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad, trabajan  a marchas forzadas para calificar a los 30 expedientes de los candidatos que llenaron los requisitos para ser evaluados y pasar a la siguiente fase.
Hasta el momento han sido evaluados 10 expedientes de los cuales sólo 5 han pasado la prueba al obtener  una calificación mayor de 65, puntuación  mínima necesaria para integrar el listado que será entregado al pleno del Congreso antes del 14 de marzo.
Los aprobados son: Eddy Giovanni Orellana Donis (76.75), Arturo Martínez Gálvez (75.93), Gloria  Patricia Porras Escobar (85.45), Alejandro José Balsells Conde (67.93) y  Fanuel Mcbanal García Morales (77.37).
En la tabla de gradación se califican aspectos académicos (35), profesionales  (60) y humanos (5) para un total de 100 puntos. Se toman en cuenta los títulos académicos, idiomas que hablan y  los aportes que han hecho  en la sociedad a lo largo de  la vida profesional.
Mañana miércoles y el viernes se volverán a reunir los integrantes de la Comisión para continuar calificando al resto de los aspirantes, con el fin de entregar lo antes posible al  pleno del legislativo el listado de quienes pasaron las pruebas para optar a los cargos de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad.
Por Karla Herrera

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