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Integrantes de la Comisión de Energía y Minas, que coordina el congresista Juan Ramón Lau, se reunieron con funcionarios de los ministerios de Finanzas y de Energía y Minas, y alcaldes del departamento de Petén, con el fin de conocer la proyección de los ingresos derivados del Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (Fonpetrol).
Los legisladores indagaron por la supuesta deuda de al menos Q175 millones con varias comunas de esa área, que deben recibir beneficios por la operación de la petrolera Perenco, según denunció Carlos Caal, alcalde de Flores, Petén.
“La Asociación Nacional de Municipalidades no tiene certeza de lo que se debe percibir por concepto de las regalías, lo cual ha originado que en los distintos municipios de Petén haya una deuda de arrastre y que no avancen las obras”, expresó el jefe edil.
Sin embargo, Regina Farfán, viceministra de Administración Interna de la cartera de Finanzas, indicó que “no son correctos” los procedimientos utilizados para verificar los ingresos del fondo, pues los reportes de ambos ministerios registran que no hay adeudos por ese tema.
La Ley estipula que la distribución de los fondos provenientes de regalías y participación de los hidrocarburos que corresponden al Estado serán distribuidos de la manera siguiente: 5 por ciento para los Consejos Departamentales de Desarrollo y 20 por ciento donde se efectúen operaciones petroleras.
Luis Chang, titular de Energía y Minas, se comprometió a enviar a la sala legislativa y a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) la proyección de ingresos en esa materia. “Los representantes de la Anam deben tomar en cuenta que el precio del barril del petróleo fluctúa cada año, y debido a eso las proyecciones de lo asignado a cada comuna cambian también de una forma constante”, aseveró.
Al concluir la reunión, el parlamentario Lau expresó: “Estaremos a la espera de los informes para corroborar la información que nos proporcionaron”.
Por Karen Mendoza

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Una propuesta de reforma al Código Penal, para tipificar los delitos de extorsión y sicariato, fue expuesta por diputados que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el parlamentario Oliverio García Rodas; en la presentación participaron delegados del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Penal y Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
El documento considera que debe diferenciarse el delito de extorsión de otros ilícitos penales que se confunden con amenazas, chantaje o coacción, por lo que debe considerarse como autónomo, mientras que en el caso del sicariato se necesita tipificar por las connotaciones que actualmente tiene dentro del crimen organizado, pues es una forma o mecanismo para dar muerte a una persona.
El congresista explicó que se debe analizar si es conveniente o no hacer las modificaciones, así como establecer la agravación de las penas. Se esperan aportes de expertos para llegar a conclusiones validas que respondan a lo que se necesita en el sistema de justicia.
“Muchas veces se captura y procesa al sicario, pero a la persona que hizo el encargo, el autor intelectual o a quien ha pagado por este asesinato ni siquiera se le enjuicia”, comentó García Rodas.
Informó que se convocó a las entidades involucradas en el tema para que en dos semanas la sala legislativa pueda tener las conclusiones finales y presentar una iniciativa de ley “que sea efectiva para los operadores de justicia del país”.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, junto a integrantes de la sociedad civil, se reunieron con delegados de la Unión Europea (UE), con el fin de dar a conocer la situación del país en esa materia.
El representante de la UE para Asuntos de Derechos Humanos, Stravros Lambrinidis, y la embajadora en Guatemala, Stella Zervoudaki, escucharon los informes verbales del comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy; el jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Ronald Arango.
Las tres entidades coincidieron en que es importante iniciar las mesas de diálogo de las cuales surgiría la Política Nacional de los Derechos Humanos, que incluirá temas relacionados con la niñez, la mujer, la juventud y otros, como el respeto a los recursos naturales.
También se expuso a los representantes internacionales la postura respecto de la reactivación de la pena de muerte en el país. “No estamos de acuerdo con esta política; es imposible parar la violencia  con más muertes, y aunque en algún momento sea un clamor popular, estamos convencidos de que no es la solución”, explicó Arango.
De León Duque se enfocó en destacar la labor realizada por los defensores de los derechos humanos, “quienes reciben intimidaciones, por lo que es importante brindarles el apoyo necesario”.
Por su parte, la embajadora Zervoudaki dijo que están complacidos con el trato que recibieron por parte de las autoridades. “Aunque se enfrentan problemas, hay voluntad para trascender como país en el tema del respeto a los derechos humanos”, afirmó.
Por Mayra Recinos

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La Comisión Permanente del Congreso de la República ordenó que se colocaran carteles en los pasillos del Organismo Legislativo, para recordar a los trabajadores que pueden acogerse al retiro voluntario, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 14-2016.
La norma establece que los trabajadores al servicio del Organismo Legislativo pueden optar por el retiro voluntario de conformidad con lo que para el efecto disponga la Junta Directiva, sin perjuicio de las demás prestaciones laborales a las que tuvieren derecho.
Este beneficio estará vigente por un periodo de seis meses a partir su vigencia y establece un pago de indemnización por hasta diez salarios y un bono por retiro voluntario equivalente a cinco salarios.
Los empleados que decidan acogerse al retiro voluntario tienen hasta agosto para hacerlo efectivo y optar por los beneficios.
Por Selvin Rustrián.

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La Comisión Extraordinaria de Seguimiento a las Peticiones de la Marcha por el Agua celebró una audiencia para entregar a las autoridades de los ministerios de Energía y Minas, Salud y Ambiente las denuncias de los campesinos por el desvío de ríos, contaminación del agua y destrucción de cultivos.
La instancia está integrada por los diputados Edwin Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza; Leocadio Juracán, del bloque Convergencia; Amílcar Pop, de Winaq; Walter Félix, de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, y Raúl Romero, de Fuerza.
“Con la reunión de este jueves se cumple con el compromiso adquirido por el Congreso”, expresó el diputado Maldonado Lux, en alusión a los acuerdos para conocer en el pleno la iniciativa de ley de aguas y visitar algunas regiones del país con miembros de las carteras de Energía y Minas y Ambiente, con el propósito de verificar las denuncias de desvíos de ríos y dragados sin estudios de impacto ambiental o permisos.
Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina, aseguró: “Lo más preocupante es el daño ambiental que habrá en los próximos años, pues el agua es el principal recurso natural y con estas acciones se podría perder”.
La comisión entregará un informe al pleno de Congreso en la próxima sesión, para dar cumplimiento a lo solicitado por el presidente Mario Taracena de atender y escuchar las peticiones que hicieron los campesinos durante la marcha que llegó a la capital el 22 de abril.
Por Byron Ramírez

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Un informe circunstanciado solicitará esta semana a la Secretaría General de la Presidencia de la República el diputado Manuel Conde, del Partido de Avanzada  Nacional y presidente de la Comisión de Apoyo Técnico, con el propósito de verificar el número de veces que han asistido los funcionarios a las comisiones del Congreso.
La petición se hará en respuesta de las declaraciones del mandatario Jimmy Morales durante una conferencia de prensa ofrecida el lunes, en la cual expresó que “es un abuso del Congreso”, mencionando que ello puede ser “hasta inconstitucional y tal vez hasta de consecuencias penales para los principales funcionarios del Ejecutivo”.
Manual Conde dijo: “No podemos imaginar que se hayan efectuado 600 citaciones en 120 días de legislatura”, pero aseguró que se trabajará para regular el tema, pues existen dos iniciativas de ley que disponen reglamentar estas acciones de los parlamentarios.
Mediante el Decreto 13-2016, el Organismo Legislativo reformó el Código Penal para castigar hasta con 3 años de cárcel a los funcionarios y personas que manejen fondos públicos y que no asistan a las citaciones del Congreso. La norma fue vetada por Morales, pero con 106 votos los diputados rechazaron esa acción y la dejaron vigente.
Por Byron Ramírez

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Con el objetivo de fortalecer el proyecto de ley que modifica el Decreto 135-96, que contiene la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, diputados de la comisión específica de la materia, que preside el parlamentario Christian Boussinot, continúan evaluando diversas sugerencias que se han planteado respecto de la iniciativa, que tiene como propósito la inclusión y la armonización con la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo con el parlamentario, la próxima semana se tendrá un cuadro comparativo de las propuestas recibidas para definir su viabilidad e iniciar la elaboración de un documento final, el cual sería presentado en la Dirección Legislativa antes de concluir el receso de medio año.
“Este ejercicio nos ayudará a afinar una iniciativa que lleve el consenso de la sociedad civil organizada y las distintas instituciones gubernamentales, en virtud de que el país cuente con una norma en esta materia”, dijo Boussinot.
Los días 22 y 23 de agosto de este año, la Organización de las Naciones Unidas evaluará a Guatemala en cuanto a los avances en el cumplimento de los compromisos internacionales adquiridos en favor de las personas con discapacidad. La revisión será en Ginebra, Suiza, y para ganarla el país necesita que todos los sectores involucrados unifiquen sus esfuerzos.
“El país necesita llevar en su agenda los compromisos con aprobar la norma que garantice los derechos humanos de las personas con algún tipo de discapacidad”, enfatizó el parlamentario.
Por Karen Mendoza

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La aplicación de la pena de muerte será siempre un tema de discusión, pues hay quienes se muestran a favor, considerando que sería un disuasivo para combatir la criminalidad mientras otros  manifiestan su criterio abolicionista.
En ese contexto, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso, los diputados que integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emitieron dictamen favorable a la Ley Reguladora de la Conmuta de la Pena en los Condenados a Muerte.
Con el proyecto de dictamen se busca eliminar el vacío legal que existe desde el 11 de mayo del año 2000, cuando a petición del entonces presidente Alfonso Portillo se derogó el Decreto 159 de la Asamblea Legislativa, emitido el 19 de abril de 1892, que estipulaba el Recurso de Gracia.
Oliverio García Rodas, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales,  afirmó: “El trabajo nuestro es técnico y en  unas semanas devolveremos el tema al pleno. En el caso de la conmuta de la pena hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomienda regular que una persona condenada a muerte no quede en el limbo jurídico”.
De acuerdo con los registros de la referida sala, de los 19 integrantes 13 están en favor de establecer este mecanismo jurídico, mientras que los diputados Walter Félix y Óscar Argueta razonaron su voto en contra.
Antecedentes
En Guatemala el último fusilamiento se registró el 13 de septiembre de 1996, cuando fueron ejecutados Pedro Castillo y Roberto Girón, acusados de la muerte y violación de una niña.
Con la inyección letal, el primero en pasar por el denominado pabellón de la muerte fue Manuel Martínez Coronado, el 10 de febrero de 1998. Al él le siguieron Luis Amílcar Cetino Pérez y Tomás Cerrate Hernández, por su participación en el secuestro y posterior asesinato de la empresaria Isabel Bonifasi de Botrán, en 1997.
De llegar a aprobarse, la ley de la conmuta de la pena o recurso de gracias se abriría el llamado corredor de la muerte, que ha estado intacto desde el 2012, después de que la Corte Suprema de Justicia cambió no menos de 50 sentencias por la pena máxima de 50 años de prisión.
Por Sayda Galicia

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Representantes de la Asociación Guatemalteca de Educación Física entregaron una propuesta para reformar la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. El documento fue recibido por los miembros de la Comisión de Deportes del Congreso, que preside el parlamentario Mario Velásquez.
El proyecto tiene como objetivo regular la organización, funcionalidad, coordinación y desarrollo de la educación y recreación física del deporte federado y no federado, así como garantizar la práctica de la actividad física como un derecho de todo guatemalteco.
El asesor institucional de la Asociación Guatemalteca de Educación Física, Jorge Zamora, comentó que una de las propuestas es aumentar la frecuencia de las clases de educación física en los establecimientos educativos.
“Los alumnos reciben entre 35 y 40 minutos una vez a la semana; estamos proponiendo 2 frecuencias semanales, que es el estándar internacional, por lo que se hace necesario tener estos cambios importantes para la educación física en el país”, expresó Zamora.
El parlamentario Velásquez indicó que la sugerencia será analizada por los integrantes de la sala legislativa. “Estamos aquí para fortalecer las diferentes asociaciones que beneficien el deporte”, afirmó.
Agregó que como representante de San Marcos abrirá una oficina para solicitar informes a los promotores del deporte de dicho departamento, con el propósito de conocer los avances en la materia.
Por Elizabeth Linares

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