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En reunión de seguimiento de la mesa técnica que analiza el contenido de  la iniciativa 5068, que contiene reformas al Decreto 15-2014, Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito, el diputado Julio Lainfiesta, ponente del ante proyecto, se reunió con autoridades de la Dirección General de Transportes, Dirección General de Protección y Seguridad Vial, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito del municipio de Guatemala, Procuraduría de los Derechos Humanos, representantes de las aseguradoras y usuarios del trasporte público.
La iniciativa de ley fue conocida el 18 de mayo por el pleno y fue remitida a la Comisión de Gobernación para su estudio y emisión de dictamen. 
El diputado Lainfiesta Rímola, del bloque Unión del Cambio Nacional, dijo que se trabaja para que de manera preventiva disminuya “la cantidad exagerada” de accidentes que involucra al transporte colectivo y que “enluta a muchas familias guatemaltecas”. “Creemos que es un trabajo conjunto y que debe existir un acuerdo para normar a los empresarios y a los conductores, y que las autoridades realicen su trabajo de manera adecuada y eficiente”.
Además, mencionó que la ley contempla que los pilotos sean capacitados de  forma constante, los autobuses se revisen periódicamente, las autoridades impongan las sanciones que les correspondan y los vehículos del transporte público cuenten con seguro de vida vigente.    
A este diálogo se incorporaron por primera vez directivos de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros, cuyo vicepresidente, Otoniel Dighero, dijo estar de acuerdo con las sanciones, pero bajo el principio de la responsabilidad. “A quien corresponda sancionar que se sancione. En la  reunión se indicó que se podrían unificar varias iniciativas, con lo cual estamos de acuerdo, pero queremos que se también se modifique la Ley del Transporte, que data de 1946, pues tiene 23 artículos y ya es inoperante y obsoleta”, afirmó.
Al concluir la reunión acordaron que el próximo lunes presentarán los cambios que proponga cada institución, con el fin de fortalecer la iniciativa mencionada.       
Por José Castellanos       

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“En este Día Mundial del Medio Ambiente insto a las personas y a los gobiernos de todo el mundo a que superen la indiferencia, combatan la codicia y actúen para preservar nuestro patrimonio natural en beneficio de las generaciones presente y futuras”.
Con esas palabras, Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, se refirió al Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio de cada año desde 1973, y que en 2016 tiene como tema la lucha contra el comercio ilícito de fauna y flora silvestres. Fue establecido por la Asamblea General en su resolución del 15 de diciembre de 1972, con la cual se dio inicio a la Conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema central fue el Ambiente.
El Día Mundial del Medio Ambiente tiene como objetivo inspirar a más personas a tomar medidas para evitar que llegue a su límite la creciente presión sobre los sistemas naturales del planeta Tierra.
Se considera que el comercio ilícito de fauna y flora silvestres erosiona la biodiversidad y pone en peligro la supervivencia de elefantes, rinocerontes, tigres y otras especies, además de  socavar economías, comunidades y seguridad.
El tráfico ilegal de especímenes silvestres es considerado una de las principales causas de disminución de las poblaciones naturales de fauna y flora, y una de las actividades ilícitas que mayores sumas de dinero moviliza anualmente. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres regula esa actividad.
En Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) es el administrador de la vida silvestre y tiene el mandato de elaborar los listados de especies amenazadas, endémicas y de aprovechamiento regulado.
Para ello se basa en el Decreto 4-89, que en su artículo 82 establece sanciones de prisión de 5 a 10 años y multas de Q10 mil a Q20 mil para quien ilegalmente transporte, intercambie, comercialice o exporte ejemplares vivos o muertos, partes o derivados de productos de flora y fauna silvestre amenazadas de extinción, así como de las endémicas y las consideradas dentro de los listados de especies amenazadas en peligro de extinción publicados por el Conap.
Guatemala es uno de los 19 países de la tierra dentro de la lista de las naciones “megadiversas” debido a las características de su ecosistema. El tráfico ilegal de especies, incendios forestales, tala ilegal de árboles, usurpación u ocupación de áreas protegidas, cacería ilegal y narcotráfico, pero también el cambio climático, son algunas de las acciones que perjudican la biodiversidad.
En 2015 al menos 600 personas fueron capturadas por delitos ambientales. Se decomisaron 261 motosierras, 709 metros cúbicos trozas de madera, mil 70 metros cúbicos de madera aserrada, 300 metros cúbicos de Rosul, 139 mil 395 ramillas de Pinabete, 317 abetos o árboles armados de Pinabete y 100 libras de pimienta. Además, se incautaron 327 animales silvestres, entre aves, mamíferos y reptiles, así como 18 especímenes disecados y 3 mil 725 huevos de tortuga de la especie conocida como Parlama.
Cambio climático
El diputado Raúl Romero Segura, titular de la Comisión del Cambio Climático del Congreso de la República, explicó que continúan trabajando en nuevas normas para afrontar el fenómeno, y una de ellas es la elaboración del Plan Nacional del Cambio Climático. Explicó también que debe ser prioridad para las diferentes instituciones, como la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, así como los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y de Agricultura, Ganadería y Alimentación, entre otros, pues la Organización Mundial de la Salud ha declarado que este año el Fenómeno del Niño podría afectar a no menos de un millón y medio de guatemaltecos.
Por esa razón, la comisión da seguimiento a los trámites que se deben hacer para acceder a los recursos internacionales que brindan los países cooperantes, como el Fondo Verde, que asciende a US $100 mil millones.
En ese sentido, el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, tiene previsto participar en la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático que se realizará este año en Marruecos, donde buscará el apoyo para combatir los efectos del flagelo.
Sydney Samuels, titular del MARN, está consciente de que el problema afecta seriamente al país, lo cual se evidencia con el crecimiento del denominado Corredero Seco. “Al menos 100 municipios podrían sufrir de hambruna este año debido a los efectos del cambio climático”, refirió.
Reservas de agua
El oficialmente ha publicado que Guatemala cuenta con 38 cuencas hidrográficas, 194 cuerpos de agua, 49 lagunas, 109 lagunetas, 19 lagunas costeras y 3 lagunas temporales, y que posiblemente 25 lagunas han desaparecido por la urbanización durante los últimos 80 años.
Las principales reservas naturales de agua del país están en peligro, debido a la constante contaminación.
El lago de Amatitlán está situado a  25 kilómetros de la capital y es el depósito de millones de toneladas de residuos industriales y basura que llega a través del río Villalobos; según informes de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, si no se aplican medidas drásticas de recuperación ese manto estaría destinado a convertirse en poco menos de 25 años en un completo pantano, foco de contaminación y de enfermedades.
El título del lago más bello del mundo, que posee el de Atitlán, está a un paso de perderlo. Los tres volcanes que lo rodean no han sido suficientes para detener a las comunidades y a la industria que lo utiliza como desagüe de aguas residuales. Según información publicada por la Autoridad del Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno, todos estos residuos han generado la aparición de cianobacterias que representan un peligro latente para la población.
Según reportes de prensa, la contaminación del lago de Izabal, el más grande de Guatemala, se debe a la desembocadura de las aguas servidas de las poblaciones aledañas a los ríos Matanzas, Cahabón y Polochic. Ello ha causado que prolifere la Hydrilla Verticillata, alga que crece en aguas contaminadas y que a pasos agigantados se apodera de la fuente.
Pero el tema es mucho más extenso que el daño a ríos y lagos; a ello se suma la tala inmoderada de bosques, proliferación de basureros clandestinos y la contaminación por gases de efecto invernadero,  entre otros factores.
El informe del Perfil Ambiental de Guatemala, hecho en el 2010 por el Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) y la Universidad Rafael Landívar, destaca que la deforestación es creciente y ha llegado a cifras de poco más de 132 mil hectáreas anuales, y alcanzó dimensiones críticas, inclusive, dentro de áreas legalmente protegidas.
Además, delata que no hay políticas públicas explícitas en relación al agua, la intensificación de la sobreutilización y erosión de los suelos, que afectan cada vez más la seguridad alimentaria, y que se mantienen los ritmos de deterioro de las zonas marino-costeras y sus poblaciones naturales de flora y fauna.
El IARNA también alerta sobre la extracción de bienes del subsuelo (minas y petróleo),  lo cual tendrá como consecuencias mayor generación de desechos sólidos y líquidos de origen industrial; las emisiones de gases con efecto de invernadero muestran un incremento acelerado, que unido a la pérdida de bosques naturales acentúa la condición de país emisor neto de tales gases.
Glenda Lee, experta internacional en temas ambientales, indicó que Guatemala tiene varios desafíos, pues es uno de los países más vulnerables.  “En Guatemala existen más de 300 normas en materia ambiental (leyes, reglamentos, políticas, normas municipales y otros), por lo que el reto más grande es hacer que se cumplan a cabalidad, que la regulación realmente funcione”, afirmó.
El 5 de junio se celebra oficialmente el Día Mundial del Medio Ambiente, pero se debe hacer conciencia en que no es solamente un día al año. El cambio climático ya está afectando drásticamente a la población y cada persona debe pensar en cuál será su contribución para cuidar los recursos naturales, a fin de heredar un mejor lugar a las nuevas generaciones.
Por Mayra Recinos

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Con el fin de verificar la vigilancia y el control sobre las carnes que  ingresan al país, como el pollo, res y marrano, el diputado Raúl Romero Segura, jefe  del bloque Fuerza, indagó a autoridades de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Salud Pública, así como la Defensoría del Consumidor y Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para esclarecer si los productos contienen altos grados de inyección de agua, sal y potacio, por los efectos perjudiciales para la salud de la población.
El representante preguntó a los funcionarios citados sobre las investigaciones efectuadas el año pasado a diferentes productos cárnicos. “Esta situación nos preocupa, porque no es posible que se vendan las carnes con alteración de peso y se comprobó que es dañina para el consumo humano, según informes que recibimos”, aseguró.               
Álex Salazar, director de Inocuidad del MAGA, presentó el plan de monitoreo que realiza la institución y explicó que son responsables de los rastros y mataderos certificados. “Los demás rastros son municipales o  clandestinos que no llenan los requerimientos de higiene para el consumo seguro, por lo cual estamos buscando los mecanismos para que se pueda obligar a los dueños a actuando legalmente”, agregó.
Al concluir la reunión, el diputado Segura dijo tener información de denuncias en casos de carne importada que es distribuida en diferentes expendios sin los controles correspondientes. “Esto tiene graves consecuencias porque golpea a la economía de los consumidores; se debe de identificar si ello produce enfermedades a las personas, por lo cual citaremos a otras instituciones para que nos aclaren la problemática, y buscaremos la solución”, enfatizó.                 
Por José Castellanos

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Representantes de agricultores del país se reunieron este viernes con integrantes de la Comisión de Probidad del Congreso, a quienes solicitaron la cancelación del programa de Moscamed a nivel nacional, con el argumento de que el componente de químicos utilizado causa la muerte de personas y pérdidas económicas y de cultivos.
“Lo que están haciendo destruye al ambiente y daña la agricultura, la salud de la gente y el comercio; lo que queremos es que cancelen las aspersiones aéreas y suspendan definitivamente el programa Moscamed”, dijo Juan Marcos Chabajay.
Es necesario atender el asunto y por eso dentro de tres días las autoridades del Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Ambiente y Recursos Naturales deberán contar con una agenda de trabajo, un informe de la situación de los agricultores y del daño que las aspersiones aéreas están causando, manifestó Amílcar Pop, presidente de la comisión.
Agregó que durante 3 décadas, el Gobierno de Estados Unidos ha aportado US $20 millones para financiar la utilización de químicos sobre áreas sembradas con café, reservas naturales, fuentes de aguas y pequeñas fincas, en un intento por erradicar la plaga.
Por Selvin Rustrián

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El proyecto REDD para el Caribe guatemalteco, que consiste en reducir las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques, y fomenta la conservación, fue presentado este viernes por el director general de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, Marco Vinicio Cerezo Blandón, a los diputados de la Comisión Extraordinaria de Estudio y Análisis del Cambio Climático, funcionarios de los Ministerios de Finanzas Públicas, Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Dirección General de Bienes del Estado.
Durante la reunión, el expositor dio a conocer que el objetivo es que las empresas  que están contaminando y emitiendo gases de efecto invernadero hagan pagos mediante la compra de certificados de carbono para proteger los bosques del país. “Es urgente que el Estado de Guatemala dé su apoyo a la ejecución de este proyecto, pues con este procedimiento esperaríamos generar no menos de Q400 millones de ingresos para los propietarios de bosques en los próximos 30 años”, comentó.
“El plan tendría una inversión de Q100 millones durante los próximos 10 años y la idea es que sean capitalistas extranjeros quienes apoyen esta idea. Con esto también se buscan inversiones para luchar contra la pobreza en las comunidades pobres del Caribe, como la asistencia técnica para plantaciones agroforestales, producción de xate, café, cacao, cardamomo y hule, entre otros”, explicó Cerezo Blandón.
El congresista Raúl Romero, quien preside la sala legislativa, indicó que la importancia de REDD radica en que no implica ningún aporte económico para el Estado, sino tener la voluntad política de formar parte del compromiso de cuidar  los bosques.
“Los comentarios que se hicieron en relación con el proyecto son positivos y en la Comisión tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a estas estrategias y programas que apoyan las actividades de beneficio para la población”, argumentó el parlamentario.
Agregó que es necesario abrir un espacio de diálogo, consenso y acuerdos para  unificar esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales, lo cual permitía al país unificar criterios y convertir este proyecto en una política de Estado, con la cual se haga frente a la mitigación del cambio climático, independientemente de los períodos gubernamentales y legislativos.
Por Elizabeth Linares

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El presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, recomendó este día a los diputados involucrados en el caso de plazas fantasma a seguir el ejemplo de los congresistas Selvin Boanerges García Velásquez de CREO y Julio César López Villatoro de UNE, quienes hoy renunciaron a sus curules tras ser señalados de corrupción cuando eran directivos del Congreso. Las vacantes serán ocupadas por Juan Carlos Bautista, Distrito Central y Lucrecia Carola Samayoa, electa por Huehuetenango, respectivamente.
“Ojalá eso sirva de ejemplo para los otros, para don Luis Rabbé y para Fajardo; esa gente que se vaya, ya le hicieron suficiente  daño al Congreso,   nos golpearon muchísimo a la clase política, que no nos sigan haciendo pedazos porque  esto va en deterioro y en desgaste del Congreso de la República”, dijo el presidente Taracena.
Las declaraciones fueron dadas por el legislador luego de que el Pleno de los Diputados aceptara, con más de 90 votos a favor, en ambos casos, la renuncias de los diputados Selvin Boanerges García Velásquez, de CREO y Julio César López Villatoro, de UNE, para someterse a la justicia y que se aclare su vinculación en la supuesta contratación de plazas fantasma en el Congreso de la República.
Las semana pasada, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)  y el Ministerio Público (MP) presentó solicitud de antejuicio contra los expresidente del Congreso, Luis Armando Rabbé Tejada y Arístides Crespo Villegas; y contra los diputados Julio César López Villatoro, Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales, Manuel Marcelino García Chutá y Carlos Enrique López Girón, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. También están involucrados en el hecho los exdiputados Carlos Herrera, Edgar Cristiani y Alfredo Rabbé, y el exdirector Legislativo, José Luis Mijangos Contreras.
El primero en tomar la decisión de irse fue Selvin García quien hizo uso de la palabra y expuso ante el pleno las razones de su renuncia. “Trabajar en el Congreso es para la gente, no para servirse uno. Trabajé para el pueblo de Guatemala y ahora renuncio para ponerme a disposición de la justicia y aclarar mi situación”. El Congresista llamo “cobardes” a quienes se alegran de los errores de los demás.
Posteriormente, y casi por sorpresa, le tocó el turno a López Villatoro quien casi con lágrimas en los ojos explicó que renuncia con valentía, para colaborar con el sistema de justicia. “Me voy con la frente en alto porque he estado más de 20 años en la política y no le he robado nadie”, dijo.
Tras la sesión plenaria, el presidente Taracena en conferencia de prensa dijo que este era un día muy difícil para el Congreso de la República. “Nunca es una buena noticia que dos diputados se retiren y más cuando son señalados de corrupción y esto no debería de alegrar a nadie, es un trago amargo para el organismo legislativo”.
El parlamentario consideró que lo sucedido es una tragedia. “Una carrera  política de muchos años que se queda tirada en el camino por la  ambición al dinero, el diputado que se abstiene de votar es un diputado  cobarde aquí solo se vota a favor o en contra y el que se abstiene es una cobardía”.
Por Selvin Rustrián y José Castellanos

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Congresistas del bloque Convergencia presentaron en la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Moratoria Minera e Hidroeléctrica, con la cual se propone la suspensión durante cinco años de la emisión de licencias de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos y licencias hidroeléctricas, con el propósito de que en ese  tiempo se pueda discutir una nueva política nacional para los dos temas.
Los diputados afirman que el aplazamiento permitiría el análisis de esa herramienta, que incluya la participación de la población mediante las consultas populares vinculantes, lo cual podría evitar la conflictividad social en el interior del país donde se ha registrado mayor resistencia.
El congresista Leocadio Juracán, subjefe de la bancada, dijo que es urgente suspender las actividades mineras e hidroeléctricas en el país por los problemas causados. “Han provocado un gran daño ambiental en varias comunidades y generado mucha riqueza para las empresas; el aporte económico no es mayor para el país y eso es preocupante, porque deja sin presupuesto al Estado, que no puede atender las demandas sociales”, expresó.
“Esta iniciativa es una herramienta para que iniciemos a discutir el modelo de desarrollo que queremos; pedimos que todos los diputados la analicen y se pueda conocer en el pleno de urgencia nacional, porque necesitamos resolver la problemática en todo el territorio. Sabemos que se han hecho consultas a los pueblos pero no han tenido mayor resultado; también conocemos que el Presidente de la República puede decidir sobre el tema”, comentó la legisladora Sandra Morán, jefa de la agrupación política.
Además, Juracán denunció que junto a otros colaboradores de la comisión integrada en el Congreso para conocer las demandas por campesinos de la marcha por el agua, en una verificación realizada por el desvío de ríos y contaminación fueron retenidos por un grupo de trabajadores y agentes de seguridad de una empresa extractora de metales en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. Dijo que la denuncia penal fue presentada en el Ministerio Público para la investigación.
Por José Castellanos

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La firma de la carta de entendimiento entre los ministerios de Salud y Educación con el Observatorio de Salud Reproductiva, que permitirá que en los centros educativos se impartan programas de educación sexual  a niños y adolescentes, para evitar embarazos y contagio de enfermedades a temprana edad, fue acompañada por el presidente del Congreso, Mario Taracena, y el diputado Javier Hernández de la bancada del Frente de Convergencia Nacional, como testigos de honor.
“Es una actividad importante de beneficio para los jóvenes del país, lo que demuestra un esfuerzo entre las autoridades para trasladar la educación sexual a los estudiantes”, destacó el jefe del Legislativo.
El convenio fue suscrito por los titulares de ambas carteras, Alfonso Cabrera y Óscar López, respectivamente, quienes destacaron la importancia de la educación para los alumnos en los centros educativos privados y públicos.
Por su parte, Mirna Montenegro, directora del Observatorio de Salud Reproductiva, aseguró que anualmente se registran al menos dos mil menores de edad embarazadas, por lo cual es importante que desde la niñez se eduque adecuadamente.
Se contempla que los proyectos de educción sexual estén en los pensum de estudios de cada nivel.
Por Karla Herrera

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Los diputados Carlos Barreda y Jairo Flores recibieron en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda al jefe de la Superintendencia de Bancos (SB), José Alejandro Arévalo, y a la representante del Grupo de Acción Financiero Internacional (GAFI), Alejandra Quevedo, quienes plantearon que en conjunto se presente una iniciativa de ley para prevenir los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en la cual se incluirían reformas a la ley de fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria.
“Conoceremos, analizaremos y socializarlas las propuestas; lo que pretendemos es hacer una iniciativa y llevarla el 28 de este mes al pleno para que sea conocida”, manifestó Flores, titular de la referida sala.
Guatemala es evaluada por el GAFI en materia de combate a la corrupción y fortalecimiento de leyes, y es necesario endurecer las acciones en esos dos temas, dijo Quevedo.
“Es necesario que la Comisión de Finanzas evalúe las propuestas que presentaremos para vigorizar las instituciones, y más ahora que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala efectúan investigaciones para combatir la corrupción”, expresó Arévalo, encargado de la SB.
La propuesta se conocerá el miércoles en reunión con integrantes y técnicos de la Superintendencia y la sala de trabajo del legislativo.
Por Selvin Rustrián.

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