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La Comisión del Menor y de la Familia, presidida por el diputado Walter Félix, se reunió con autoridades de los Ministerios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Finanzas Públicas, representantes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, Procuraduría General de la Nación y la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, con el objetivo de indagar sobre algunos programas de atención  y cobertura a la niñez y adolescencia guatemalteca, que deberían ser incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, 2019.

El viceministro de Educación, Héctor Canto, indicó que la cartera a su cargo está implementando programas educativos dirigidos a jóvenes de escasos recursos en todo el territorio nacional. Carlos Vidal, viceministro de Desarrollo Social, dijo que se debe tratar de eliminar algunos candados en el presupuesto para  poder utilizar algunos recursos en apoyo a la niñez y adolescencia.

Representantes de Procuraduría General de la Nación expresaron que para el próximo año solicitarán un Presupuesto de Q119 millones, de los cuales Q39 millones van dirigidos a niñez y adolescencia.  Otro dato importante es que la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Y Trata de Personas posee un presupuesto de Q21 millones y con eso se atienden a 112 mil 700 niños y niñas víctimas de violencia sexual.

El congresista Félix solicitó a los funcionarios un compromiso sólido con este sector de la población, ya que no existe una ruta a seguir bien definida, y dijo que dará seguimiento al tema en próximas reuniones. Finalizó indicando que la siguiente semana se firmará un Convenio Interinstitucional en apoyo al Consejo Nacional de Adopciones.

Por Estuardo Zeceña

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En una extensa jornada de trabajo, la diputada Vivían Preciado Navarijo, subjefa de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN),  verificó el avance de los proyectos viales y de infraestructura educativa en beneficio de los habitantes del departamento de San Marcos.

Uno de los tramos fiscalizados es el que comunica a los municipios de Ayutla y Ocós.  Para verificar el avance físico de la obra, la parlamentaria se reunió con representantes de la empresa encargada quienes se comprometieron a concluir el proyecto lo antes posible.

\"Lo que queda pendiente es la aplicación del asfalto y por ello me presenté ante la diputada para reiterar el compromiso de concluir este proyecto\", indicó Gonzalo Cobar, Gerente General de Prisma Total.

La congresista urgió a los empresarios a concluir con el proyecto lo antes posible, ya que según dijo con este tramo se beneficiarían directamente a más 30 mil habitantes, y de manera indirecta a todo el departamento de San Marcos debido a al paso de mercadería y la llegada de turistas.

Otro de los temas abordados por la diputada Preciado Navarijo fue la fiscalización del proyecto de reconstrucción de la Escuela Tipo Federación Ulises Rojas ubicada en el departamento de San Marcos, la cual se encuentra pendiente de un dictamen técnico que será emitido por el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) ya que el inmueble es considerado Patrimonio Cultural.

La congresista resaltó durante la reunión la importancia del proyecto en beneficio de la población estudiantil de la localidad y la necesidad de concluir con el proceso para garantizar su funcionamiento en el próximo ciclo lectivo.

De acuerdo con Jaime Maldonado, representante de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), “se está a la espera de los dictámenes para dar continuidad al proyecto, además se están evaluando los ajustes presupuestarios para financiar el mismo”.

Para verificar el avance de los proyectos en mención, la diputada Vivian Preciado Navarijo convocó a los representantes de las entidades involucradas a una sesión la próxima semana donde se conocerán los informes y dictámenes requeridos por la parlamentaria.

Por Isabel Mazariegos

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Miguel Antonio Santizo y Julio Campos, integrantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, (CNEE), comparecen ante diputados de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, presidida por la parlamentaria Lesly Valenzuela, quienes les solicitan se restablezca el servicio en comunidades de Quetzaltenango.

A la cita también asistieron comunitarios del municipio de Coatepéque,  quienes manifestaron su descontento e inconformidad  ante los cortes de energía y suspensión definitiva del  servicio desde hace más de tres meses, lo que ha ocasionado, según indicaron, la descomposición de alimentos en los hogares, y escuelas, así como  la pérdida de medicamentos en puestos de salud y farmacias.

También denunciaron abuso de autoridad por parte de la empresa Deocsa/Energuate, ya que retiró transformadores y cables, que son propiedad de las comunidades.

Los vecinos solicitaron a los parlamentarios su apoyo para que se  reconecte inmediatamente el servicio eléctrico a los usuarios que si están solventes, y se les  exonere de cobros indebidos y tasa municipal. Piden además una rebaja de la tarifa del  kilovatio hora, así como una indemnización por daños y perjuicios  ya que les suspendieron el fluido eléctrico  sin justificación.

Santizo,  de la CNEE, indicó que como han iniciado 21 procesos sancionatorios en contra de la empresa, porque no han obedecido la orden de reconexión en Coatepeque, pero que a pesar de las gestiones legales que ellos pueden interponer, la resolución puede llevar muchos años en resolverse.

Agregó, que en el  alumbrado público está fuera de su regulación, ya que ese es un tema que le corresponde a las municipalidades, así como el cobro de la tasa de alumbrado, la cual determina cada alcalde.

“Pareciera que la CNEE actúa de manera discrecional, ya que tiene injerencia sobre la tarifa  del alumbrado y sobre las luminarias que se colocan en cada municipio, pero no para proteger  al consumidor”, dijo la diputada Lesly Valenzuela.

La parlamentaria solicitó a los funcionarios un informe sobre cada uno de los municipios que han sido afectados, las denuncias presentadas y las acciones que  ha tomado la distribuidora al respecto para atender caso por caso para buscar la manera solucionar esta problemática. También los aportes necesarios para hacer una reforma a la Ley General de Electricidad y evitar este tipo de abusos.

Por Rosemary Recinos

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Durante la reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva de este lunes, los congresistas aprobaron la agenda legislativa que se conocerá en la cuadragésima tercera sesión ordinaria de este martes 11 de septiembre, convocada a partir de las 14:00 horas.

Los diputados al Congreso de la República conocerán, en primera y segunda lectura, dos iniciativas de ley. La primera que dispone aprobar reformas al Decreto 72-90, Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala (5488) que regula la edad y el tiempo para pasar a situación de retiro. La otra es la iniciativa 5405, ley para el fortalecimiento de la Contraloría General de Cuentas.

De igual manera, en su tercer debate se discutirá  la iniciativa con registro 5222, que tiene como principal fin establecer que los asuetos que caigan en martes, miércoles o jueves, sean trasladados al día hábil anterior o posterior (lunes o viernes) al fin de semana. Ello para incentivar el turismo nacional y el desarrollo económico de las comunidades que se consideran como atractivos turísticos.

La  propuesta que reforma el Decreto 42-2010, Ley que Promueve el Turismo Interno, fue incluida en el orden del día a solicitud del subjefe de la bancada Partido de Avanzada Nacional (PAN), Fernando Linares Beltranena.

En otro punto, los diputados retomarán la discusión por artículos y redacción final del proyecto que aprueba la ley temporal para la agilización de la ejecución del libramiento de la cabecera departamental de Chimaltenango (5367). La normativa en mención permitirá la fluidez del tráfico hacia el occidente del país.

Tras un extenso debate los legisladores acordaron retirar de la agenda la discusión en tercer debate del registro 5300, que contempla reformas al Decreto 85-2002, Ley en Materia de Antejuicios. La decisión contó con el voto de los jefes de los bloques, Compromiso Renovación y Orden (Creo), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Winaq, Fuerza, Encuentro por Guatemala (EG), Convergencia y URNG-Maíz.

Agotados los puntos de la agenda, el presidente del Legislativo, Alvaro Arzú Escobar, recordó a los representantes sobre la Sesión Solemne a celebrase este miércoles 12 de septiembre, en conmemoración de los 197 años de independencia patria, a partir de la 10:00 horas. Se espera que estén presentes los presidentes de los tres Organismos del Estado, gabinete de Gobierno, y cuerpo diplomático acreditado en el país, entre otros.

Por Karen Mendoza

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El presidente en funciones, diputado Felipe Alejos, instaló y dio posesión a los diputados designados para integrar la Comisión Específica creada con el fin de investigar a la exfiscal Thelma Aldana , por la compra millonaria de un edificio para uso del Ministerio Público.

La Comisión fue creada por medio del Acuerdo Presidencial 5-2018, firmado por el diputado Alejos, y está integrada por los congresistas , Delia Bac, Fernando Linares Beltranena, Edna Soto y Estuardo Galdámez, quienes eligieron al diputado Juan Ramón Lau Quan, como presidente.

Los comisionados explicaron que durante la primera reunión establecerán el cronograma de la ruta a seguir para llevar a cabo el trabajo encomendado. Convocarán a audiencias públicas a quienes puedan aportar detalles sobre el tema.

El decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, cual faculta al Presidente del Congreso a conformar comisiones especificas en atención a funciones determinas, y con el objeto de realizar una fiscalización transparente, y de urgencia para que no se pierdan los vestigios que aporten elementos para una fiscalización efectiva, verificando el correcto funcionamiento de las instituciones.

Los diputados que integran la Comisión deberán determinar las acciones adoptadas por el Ministerio Público con relación a la adquisición de un edificio en la zona 5 capitalina, estableciendo si el lugar reúne las condiciones adecuadas, y si no hubo sobrevaloración en la compra (Q35 millones), fiscalizando el proceso de adquisición del bien inmueble con NOJ 6970265 de Guatecompras.

Las atribuciones de la Comisión se encuentran enmarcadas en el Artículo 18 del Decreto 63-94 del Congreso de la República, estableciendo entre las mismas, la fiscalización de las medidas adoptadas durante el proceso de negociación, pago y fundamentos llevados a cabo por el Ministerio Público para la adquisición del bien inmueble, pudiendo obtener informes o declaraciones de quien considere necesario y oportuno para la fiscalización.

“La Comisión hará su trabajo con transparencia, objetividad e imparcialidad, en audiencias públicas iniciando el próximo martes con la presentación del cronograma de actividades, y teniendo a partir de hoy 30 días para entregar su informe ante el pleno”, dijo el diputado Juan Ramón Lau.

Por Fernando Bolaños

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Los diputados de Convergencia, en compañía de congresistas de otras bancadas, cuestionaron a autoridades de los Ministerios de Gobernación y Defensa por el patrullaje inusual en cercanía de las instalaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), zona 14, el pasado 31 de agosto, día en que el Presidente de la República anunció que no se ampliaría el mandato de ese “órgano independiente de carácter internacional” en el país, el cual vence el 3 de septiembre del 2019.

La legisladora Sandra Morán preguntó al viceministro de Gobernación, Kamilo Rivera, el motivo del fuerte desplazamiento de vehículos artillados, así como de agentes de Policía Nacional Civil  y Ejército precisamente el día en que el Presidente de la República anunció que no renovaría el mandato de la Cicig.

Rivera respondió que fue un operativo normal en resguardo de la seguridad de ciudadana, ya que era fin de mes, día de pago, y se habían recibido amenazas contra Jueces y otros funcionarios.

“Precisamente ese día terminaba un pacto hecho entre pandillas  lo que podía generar incremento de hechos delincuenciales”, dijo el funcionario al reiterar que el despliegue nada tenía que ver con la conferencia de prensa convocada por el Jefe del Ejecutivo. Informó que utilizaron 8 vehículos Jeep J8, que están a disposición para fortalecimiento institucional y seguridad de todo el país.

El ministro de la Defensa Nacional, Luis Ralda, dijo que según acuerdos con la cartera de Gobernación, 40 soldados fueron requeridos ese día para fortalecer la seguridad a la población guatemalteca, y que no se usaron vehículos del Ejército, ya que los Jeep J8, están asignados a la Policía Nacional Civil.

El legislador Paul Briere también solicitó al ministro Ralda que, como integrante del Consejo Nacional de Seguridad, expusiera los motivos que fundamentan la declaración del comisionado Iván Velásquez como una amenaza para el orden y la seguridad pública.

La respuesta del cuestionado fue que “según un informe de inteligencia se determinó que Velásquez ha generado confrontación y polarización entre pobladores guatemaltecos, y para evitar cualquier situación violenta que quebrante la seguridad nacional, se realizó la recomendación de no dejarlo ingresar a territorio guatemalteco”.

Antes de finalizar, los congresistas que asistieron a la reunión, pidieron informes por escrito e indicaron que fiscalizarán que el actuar de las fuerzas de seguridad  esté dentro del marco legal del país.

Por Estuardo Zeceña

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La congresista Delia Bac Alvarado, del bloque Alianza Ciudadana, se reunió con Edgar Gómez Escobar, viceministro Administrativo-Financiero del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV); Juan Carlos Méndez, director de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial); y el coordinador de Planificación Vial de la Dirección General de CAMINOS, con el fin de conocer el avance de pavimentación de varios caminos que comunican las aldeas del distrito.

A la reunión acudió Bernabé Ajin, alcalde municipal de San Pedro Yepocapa  junto con varios líderes comunitarios y algunos presidentes de los Cocodes de las comunidades de Chimaltenango, quienes mostraron su preocupación y malestar por el mal estado en que se encuentran las vías, y el atraso de los trabajos en los caminos y rutas que está provocando problemas a las  comunidades.

“El problema que venimos enfrentado es que han surgido muchas emergencias de los vecinos. Nos quedamos incomunicados por la erupción del Volcán de Fuego”, expresó un líder comunitario.

Bernabé Ajin, alcalde municipal de San Pedro Yepocapa, indicó que la situación se estará complicando aún más sí no sé inician pronto los trabajos de las rutas que están muy dañadas. Ya existen reclamos de parte de la población que se encuentra desesperada; los vecinos necesitan trasladar sus productos como café y granos ya que es uno de los mayores ingresos económicos que tienen en este tiempo”.

Edgar Gómez Escobar, vicetitular de la cartera de Comunicación, habló sobre los avances del Proyecto de la Red Vial no Pavimentada que está a cargo de la dirección de Caminos y los trabajos que se estarán realizando en las rutas. “Se han asignado más de Q6 millones 51 mil  para la reparación devarios tramos carreteros que comunican con las aldeas de Chimaltenango y otros lugares cercanos”.

Carlos Méndez, director ejecutivo de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), explicó que ya se encuentra maquinaria estacionada en los caminos y la próxima semana estarán por llegar más camiones. Creemos que se podrán iniciar los trabajos la próxima semana”.

Por su parte, la diputada Delia Bac Alvarado y los presidentes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, dieron a conocer que estarán pendientes del trabajo que se haga y se les estará dando seguimiento del caso. “La cosecha del café está a punto de dar el fruto y los productores lo tienen que recolectar y sacarlo a vender ya que es el único sustento que tienen”.

Por José Castellanos

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Congresistas de la Comisión de la Mujer, se reunieron con el fin de emitir dictamen desfavorable a la iniciativa 5376 ley para la protección integral, acceso a la justicia, y reparación digan y transformadora a las niñas adolescentes víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas, presentada por diputados del bloque Convergencia.

Previo a firmar el documento, los diputados se pronunciaron sobre el contenido del anteproyecto, el cual dijeron no está en armonía con la Convención de los Derechos del Niño, Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, del Decreto 27-2003 y la Constitución Política de la República, entre otras observaciones legales y jurídicas.

El proyecto de ley fue discutido en  audiencias públicas y mesas técnicas de trabajo con diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil, quienes se mostraron preocupadas por el contenido del artículo 7 que permitía el aborto de menores abusadas o violadas. Más de 61 mil embarazos en menores en lo que va de año, de estos unos 2 mil por violación o abusos.

“En el mes de agosto de este año participaron más de cien organizaciones civiles y sociales que se pronunciaron y emitieron su postura al respecto. Después de un amplio análisis de la iniciativa de ley, me surgen dudas aunque creo que no se debe de dejar por un lado la problemática de las niñas. Dejo abierto el espacio para que se continúe analizando el tema en la sala de trabajo”, refirió el diputado Aníbal Rojas, de la bancada Viva y presidente de la Comisión de la Mujer.

Las congresistas Iliana Calles, de la bancada FCN-Nación, y vicepresidenta de comisión; Edna Soto Juárez, del bloque Todos,  y la diputada independiente Floridalma Hernández, explicaron sus argumentos legales por los que consideran que es necesario votar desfavorablemente el proyecto 5376, respetando las leyes del país. “Lo queremos evitar es se presente una acción de inconstitucionalidad y se eche a perder el trabajo realizado”, indicó el representante Lainfiesta, de Encuentro por Guatemala.

Los congresistas Aníbal Rojas, de la bancada Viva; Erick Lainfiesta, de Encuentro por Guatemala, y Juan Manuel Díaz Duran, de Viva, opinaron que es importante reconocer los aspectos jurídicos que establecen las leyes del Estado Guatemalteco, así como los tratados y convenios internacionales en relación a la niñez y adolescencia.

Los integrantes de la Comisión dejaron claro que el tema se debe seguir conociendo a través de una nueva iniciativa de ley que realmente haga efectos positivos a las menores y se establezcan sanciones drásticas a las personas que violan a las niñas y niños en el territorio nacional, además de buscar los mecanismos que eviten el aborto y las violaciones a las menores.

La diputada ponente Sandra Morán, del bloque Convergencia, dijo que han presentado una contra propuesta donde se eliminan los temas sobre el aborto, el embarazo y la maternidad forzada. Solicitó que se siga analizando la ley sin estos artículos ya que considero que si se tiene que proteger a las niñas que sufren violaciones sexuales”.

Por José Castellanos

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Integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, presidida por el parlamentario Jairo Flores, se reunieron con  los viceministros José Roberto Molina, y Julio Dougherty, de Salud y Economía, respectivamente, así como con representantes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), y de universidades del país, para continuar con la discusión de la iniciativa “Ley de Promoción de Alimentación Saludable”.

“Dados los índices de malnutrición  y  sobrepeso de la población en el país es necesaria una ley que advierta a la población sobre el daño que le puede causar el consumo de ciertos productos procesados”, señaló Eduardo Palacios, Coordinador Nacional de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud.

Agregó que esta ley debe regular también la publicidad, para evitar y disminuir enfermedades  crónicas como  hipertensión, diabetes, cáncer, gastritis, y renales, entre otras.

El viceministro  Dougherty expresó que Guatemala debe observar los compromisos que ha adquirido con distintos socios comerciales con los que tiene acuerdos vigentes, para  evitar contradicciones sobre cualquier disposición que se adopte con relación a la comercialización de productos con estos países.

La iniciativa prohíbe la disponibilidad de bebidas altas en grasa, azúcar y sodio, dentro de los centros educativos, así como la promoción dirigida a menores de 18 años que incentive el consumo de la denominada “comida chatarra”. También establece la colocación de sellos de advertencia de salud, en la cara principal del empaque de los alimentos.

“Nos preocupa que se antepongan los intereses económicos por encima de la salud de la población, pero continuaremos trabajando hasta lograr los consensos necesarios y presentar el proyecto antes de concluya este mes”, dijo el diputado Flores.

La mesa técnica, que trabaja esta iniciativa, se reunirá este lunes para integrar las propuestas de la cartera de Economía en relación a los temas de publicidad y patrocinio, etiquetado de alimentos y tributación especial, para garantizar la viabilidad de esta propuesta.

Por Rosemary Recinos

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