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La aplicación de la tabla de gradación a los candidatos a Relatores contra la Tortura continúa por parte de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el Quinto Secretario del Congreso de la República, diputado Aníbal Rojas.

Ya son ocho los aspirantes a quienes se les ha aplicado esta fase del proceso, una tabla que analiza los méritos académicos, profesionales y la idoneidad de los aspirantes.

Por ahora, la aspirante Yovana Ester López Salguero quedó fuera del proceso, según la comisión, debido a que  no presentó toda la documentación requerida para optar al cargo.

Al concluir esta  etapa del proceso, se harán las entrevistas   a los aspirantes   y entregar al Pleno del Congreso   las 2 ternas respectivas, para la elección respectiva.

Por Estuardo Zeceña Santiago

Fotos Edwin Méndez

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 Con el propósito de verificar el estado de la pista de aterrizaje ubicada en el Instituto Adolfo V. Hall Noroccidente, del Departamento de Quiché el diputado Fernando García Gudiel realizó una visita al lugar.

García Gudiel, quien ejerce su función de intermediador,  indicó que la visita es un primer paso del proyecto que  consiste en construir un aeródromo que posea las condiciones dignas que eso conlleva, por lo que se piensa en la reparación de la pista de aterrizaje y un área de espera para los arribos y salidas.

“Para algunas aeronaves es casi imposible aterrizar en este lugar, pues si lo hacen sufren daños significativos en su respectivo tren de aterrizaje” dijo el legislador, quien reiteró que con el aeródromo se fomentará  el turismo, se producirán traslados de personas en casos de emergencia, además de atraer turismo y reactivar la economía.

El congresista estuvo acompañado de Francis Argueta, Director General de Aeronáutica Civil; Reynabel Samayoa, Gobernador Departamental de Quiché, representantes del  INGUAT e Ingenieros del Ejército, con lo cual confirmó la intención de  trabajar de manera interinstitucional para  mejorar la pista en beneficio de la población.

Los presentes en la actividad acordaron dar el estricto seguimiento al tema,  continuar con esta coordinación interinstitucional, ya que se tiene previsto que en unos meses el proyecto pueda realizarse, beneficiando así a miles de guatemaltecos.

Texto y fotos Estuardo Zeceña Santiago

 

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El diputado por el Distrito de Santa Rosa,  José Inés Castillo se reunió con funcionarios del Registro de Información Catastral (RIC), Registro de la Propiedad, Procuraduría General de la Nación (PGN   y la Oficina de Control de Reservas del Estado (Ocret) para dar seguimiento al tema relacionado con la situación territorial y legal en que se ubica la finca Chiquihuitán,  Taxisco,  Santa Rosa.

El diálogo comenzó a raíz de las denuncias de pobladores de la región, quienes indicaron en su momento que guardias privados les impiden el paso hacia las lagunas, en donde se dedican a la pesca para subsistir económicamente como familia.

Luego de una visita de campo realizada por los integrantes de esa mesa de trabajo, se determinó que tres fincas, con una longitud aproximada de 25,000 hectáreas,  son propiedad privada. “Nos apoyamos con  agentes de la PNC y comunitarios,  pero no nos permitieron el ingreso a las fincas y si se han construido bordas en áreas protegidas”, dijo Walter Tello, coordinador de la mesa técnica.

Por ello el diputado Castillo,  al conocer los resultados del informe oficial, solicitó al delegado de la PGN  que se realice un estudio técnico legal y se pueda conocer una opinión jurídica de esa institución para ver que otras posibilidades de solución se da a  la problemática.

Pedimos a varios funcionarios que se busquen los mecanismos para obligar a los propietarios de las   fincas para que se quiten las bordas perimetrales ya que se encuentran en áreas territoriales del Estado y es prohibida la construcción, dijo el diputado.

Por José Castellanos

Fotos Rodrigo Arias

 

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Representantes de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación (ALIANMISAR) solicitaron a los diputados de la  Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología firmar una carta de entendimiento para unificar esfuerzos en  la promoción de programas de apoyo a la mujer en temas educativos, salud y  nutrición.

Sin embargo, los miembros de la comisión, que preside el diputado Ovidio Monzón, coincidieron que el contenido de dicha carta debe ser objeto de análisis antes de cualquier firma, por lo que se reunirán de nuevo para tomar una decisión.

El propósito de la carta es   coordinar acciones conjuntas que establezcan compromisos de Estado en favor de la mujer, impulsar propuestas con enfoque de género y la concientización respecto a la importancia de la salud, así como promover marcos legales en favor de la , educación, nutrición y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Por Isabel Mazariegos

Fotos  Estuardo Zeceña

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Recién asumió el cargo de Contralor General de Cuentas de la Nación pero Edwin Humberto Salazar ya tuvo que acudir al Congreso de la República, citado por diputados que integran la Comisión de Trasparencia y Probidad.

Los congresistas pidieron al funcionario dar una explicación de tres puntos. Su plan de trabajo, las prioridades en la  fiscalización a todas las instituciones del Estado y la coordinación de su trabajo  con la comisión legislativa de Transparencia y Probidad.

En respuesta, el Contralor aseguró que en su gestión hará los mejores esfuerzos para que se fiscalice a las instituciones, municipalidades y entidades de manera eficiente y ágil, daré  instrucciones a los auditores y contralores para que presenten las denuncias y demandas en cada caso, añadió.

Varios congresistas  solicitaron al nuevo contralor que accione en contra de aquellos funcionarios de las municipalidades, instituciones públicas y entidades gubernamentales que no entreguen bien las cuentas. “Y en el caso de algunos auditores que no cumplan con su trabajo hay que demandarlos”, recomendaron.

El funcionario confirmó que ante la contraloría se han presentado denuncias sobre supuestas anomalías, por lo que de forma permanente se practican auditorias en diferentes ministerios, secretarias y municipalidades del país.   “Hay municipalidades en Chiquimula y Huehuetenango donde se practican   auditorias en este momento por la compra de zapatos y fertilizantes que lo vemos sospechoso”, indicó el Contralor Salazar.

Salazar, quien en la comparecencia estuvo acompañado de los sub contralores Fernando Fernández y César Elías,  informó  que el 30 de mayo  presentará el Informe Constitucional sobre la Ejecución del Presupuesto General de la Nación 2018.

Por José Castellanos

Fotos Héctor Monroy

 

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Representantes de la Asociación Guatemalteca  de Líneas Aéreas (AGLA), solicitaron a los diputados de la comisión de Turismo  intermediar para aprobar una reforma  al artículo 21 del Decreto 10-2012, Ley de Actualización Tributaria.

Según Motty  Rodas, directora de AGLA,  con la reforma se podrá regular el cobro de tributos para las líneas aéreas, ya que actualmente Guatemala no cuenta con un manual para realizar dichos cobros, lo que ha  perjudicado a los usuarios y a las mismas aerolíneas.

En la propuesta los solicitantes dejan claro que el  Estado de Guatemala necesita una normativa clara y específica para esta industria, que permita la forma más razonable y equitativa para terminar la tributación del Impuesto sobre la Renta de la Líneas Aéreas con establecimiento permanente  en el país.

En respuesta, el diputado  Jaime Lucero,  presidente de la  Comisión de Turismo, , destacó  que la propuesta debe ser discutida con representantes de la cámara de turismo y de las distintas aerolíneas y con entidades estatales vinculadas con el tema.

Por Karla Herrera

Fotos Miguel Plato

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El ministro de Finanzas Públicas Víctor Martínez expuso ante los Jefes de Bloque e integrantes de Junta Directiva  detalles y condiciones de dos líneas de financiamiento por US$250 millones y US $60 millones, respectivamente que  serían  suscritas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La primera contenida en la iniciativa 5240, permitiría la ejecución del Programa de Administración Tributaria y Transparencia y  constituiría un apoyo presupuestario al Decreto 25-2018, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019, fondos que además serían orientados a la continuidad de la infraestructura vial.

La segunda permitiría fortalecer al Ministerio Público, pues se  instalarían  25 nuevas fiscalías departamentales y 5 móviles, depurar denuncias, ampliar la  cobertura,  capacitar y profesionalizar al personal y adquirir  bienes inmuebles. “Es parte de un nuevo modelo de gestión para dar respuesta a las más de 420 mil denuncias que se reciben anualmente  en ese ministerio”, aseguró el titular del Minfin.

Martínez explicó que este compromiso es parte del plan multianual de inversión que impulsa el Ejecutivo. “Vemos condiciones favorables con estas fuentes de financiamiento, que tienen un tiempo de amortización de 20 años, 5 años de gracia y una tasa del 3.52 por ciento, 3.53 puntos porcentuales menos, en comparación de la deuda pública por emisión de bonos del tesoro”, concluyó.

A la fecha el registro 5240, cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas Públicas desde el 12 de diciembre del 2017, mientras que el proyecto de decreto 5227 esta pendiente de ser discutido por el Pleno del Legislativo en su segundo y tercer debates, por artículos y redacción final.

Por Karen Mendoza

Fotos Roberto Aguja

 

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Por segundo día consecutivo los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el Quinto Secretario de Junta Directiva del Congreso de la República, diputado Anibal Rojas, continuaron con la evaluación de los aspirantes a dos cargos de Relatores contra la Tortura.

En esta fase los congresistas están aplicando la tabla de gradación, a cada uno de los 17 aspirantes, haciendo hincapié en méritos académicos, profesionales y cuestiones de ética que influyen en la idoneidad.

Se analizan los títulos y distinciones académicas obtenidas, experiencia laboral, involucramiento en la comunidad, méritos éticos, ausencia de tachas, entre otros. La Sala de Trabajo ha calificado 6 de los expedientes con las siguientes puntuaciones:

Luego de culminar esta etapa del proceso los legisladores esperan agilizar las respectivas entrevistas a los aspirantes, para la próxima semana presentar una terna ante el Pleno del Congreso, de donde resultarán electas las personas que ocuparán los cargos mencionados.

Por Estuardo Zeceña Santiago

Fotos Elder Carío

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El Congreso del la República aprobó el decreto 7-2015, Ley de Tarjetas de  Crédito, que buscaba establecer un marco jurídico para las actividades relacionadas con la emisión y uso de tarjeta de crédito, dentro de un esquema equitativo que garantizara los derechos y la transparencia de dicha actividad.

Sin embargo, dicha  ley fue declarada inconstitucional  por  la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que  la iniciativa 5544, Ley de Tarjetas de Crédito, presentada por el diputado Ronald Arango en sustitución de la anulada por la corte, fue  remitida  a la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, cuyos diputados comenzaron el análisis de la misma.

“Dentro  de las observaciones realizadas por la CC, se indica que no se llevaron a cabo los procedimientos  de consulta necesarios, por lo que tomaremos  todas las medidas, para que no se cometa de nuevo este error previo a su dictamen”, expresó la diputada Valenzuela.

De tal forma se acordó requerir opinión de entidades del Estado como;  ministerios de Economía, y  Finanzas, Banco de Guatemala, Superintendencia de Administración Tributaria, Contraloría General de Cuentas, y  Procuraduría General de la Nación, entre otras.

Así también se convocará a la  Asociación Bancaria de Guatemala, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras  y Ong’s que velan por los derechos de los consumidores.

Analizan otro fallo de la CC

Diputados de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario también se reunieron para debatir y analizar la respuesta obtenida de parte de la Corte de Constitucionalidad, ante la Iniciativa 5082 de la Ley de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y el Usuario-PRODECO-

Esta iniciativa pretende la supresión de la DIACO, que sería sustituida por una  superintendencia que vele por el derecho de los consumidores y usuarios enfatizo la diputada Lesly Valenzuela, quien preside la comisión. Se trabaja para que  la Corte ordene al Congreso que cumpla con lo que establece la ley y las mociones serán presentadas como lo estipulan, dijo.

Por Rosemary Recinos/Geidy Aguilón

Fotos Jeanneth Cifuentes

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