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El anteproyecto de ley 5458 que reforma el artículo 261 del Código Penal y tipifica el delito de extorsión, recibió dictamen favorable de los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Fernando Linares Beltranena.

La reforma pretende desarrollar de forma técnica la descripción de los elementos del delito de extorsión, propone tipificarlo  y aumentar  la pena de prisión de 10 años a 20 años de cárcel al que cometa este ilícito penal. El ponente del proyecto de ley es el diputado independiente Oliverio García Rodas.

No fue el único dictamen favorable de la comisión, pues también dieron el aval para la iniciativa 5471, Reformas al delito de robo y hurto de fluidos, presentada por el diputado Linares Beltranena, la cual aumenta las penas y delitos por esos ilícitos. “Queremos desincentivar estas acciones porque  atentan contra la seguridad de los servicios de utilidad pública en el territorio”, dijo el congresista.

El tercer dictamen fue para la iniciativa 5475, propuesta por el diputado Fidel Reyes Lee, integrante de la comisión y de la bancada UNE, quien busca aprobar reformas al Decreto 2-89 del Congreso de la República,  Ley del Organismo Judicial, específicamente al artículo 106  relacionado a la cantidad de las horas semanales de trabajo de los Jueces de Paz.

“Todos los temas que tratamos hoy son de mucha importancia y el principal es el tema de las extorsiones de los pandilleros ya que hay muchas personas que están padeciendo este problema y el simple hecho de una llamado telefónica es calificativa de extorsión y este flagelo social debe de erradicar por eso dictaminamos a favor, dijo el diputado Linares Beltranena.

Por José Castellanos

Fotos. Rodrigo Arias P.

 

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Como parte de los  esfuerzos de la mesa técnica legislativa que analizó la crisis financiera de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), sus integrantes sostuvieron una nueva reunión con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, Contraloría General de Cuentas (CGC) y de la máxima casa de estudios en el país.

De acuerdo con el titular de finanzas, Víctor Martínez, luego de un análisis de la ejecución de las distintas carteras del Gobierno Central, se ubicaron espacios que suman Q43 millones, “estos fondos se suman a los Q199 millones, que ya se tenían como aporte extraordinario para la San Carlos, y que permitirán que pueda tener un cierre este año sin dificultad financiera”, agregó.

Otro de los temas abordados fue el avance de la suscripción del convenio interinstitucional de apoyo técnico entre la universidad y la cartera del tesoro, que tiene como fin que la USAC sea integrada a los sistemas de transparencia Sicoin, Guatenóminas y Siges que maneja el Estado.

Murphy Paiz, rector de la Universidad de San Carlos aseguró que la semana pasada el Consejo Universitario autorizó la suscripción del convenio en mención. “Solo estamos a la espera que finanzas no remita un diagnóstico de los alcances y que nuestro equipo legal afine algunas modificaciones que se le deben de hacer a este compromiso, por lo que esperaríamos firmar el documento el próximo 29 de diciembre”, dijo.

Al finalizar el encuentro los congresistas acordaron reunirse el próximo lunes 17 de diciembre, con el entendido de que Finanzas Públicas, informe sobre nuevos espacios en apoyo extraordinario que permitan alcanzar los Q401 millones que necesita la USAC para honrar sus compromisos de este año.

“Vemos muchos avances, en cuanto a los recursos que serán destinados a la universidad para subsanar la crisis, en tal virtud hemos pedido a sus máximos representantes adherirse a herramientas de rendición de cuentas que permitan transparentar su gasto. Por ello, se ha solicitado a la Contraloría entregar ese mismo día el informe de la auditoría forense, de las finanzas de esta casa de estudios”, concluyó Javier Hernández, presidente de la sala legislativa.

Por Karen Mendoza

Fotos. Roberto Aguja

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Una iniciativa de ley que propone la protección al niño y adolescente que sea trasladado fuera de las fronteras del país sin la documentación legal migratoria presentó la diputada Ileana Calles, subjefe de la bancada FCN Nación, quien durante la presentación estuvo acompañada de integrantes de la Asociación de Mujeres Guatemaltecas Abogadas.

La propuesta también contempla penas más severas en contra de quienes trasladen a los menores de edad. Con esta propuesta se busca  evitar que  los verdaderos padres pongan en riesgo la vida de  sus hijos, y los expongan  al  trauma y sufrimiento de migrar,  además de disminuir la posibilidad de que personas sin escrúpulos hagan negocio con ellos, explicó  la congresista.

“Existen  casos donde los menores son hijos de mujeres pandilleras o prostitutas que viven en áreas rojas, y por algún motivo son asesinadas, esos niños quedan a cargo de algún vecino, que muchas veces los venden para servir de escudo o protección”, lamentó.

La iniciativa modificaría  el artículo 156 Ter, del Código Penal , el cual quedaría  de la siguiente manera:  Quien traslade fuera del territorio de Guatemala a menores de edad de cero meses a doce años de edad, o adolescentes de 13 a 17 años, serán sancionados con prisión de seis a ocho años. También adiciona al artículo 25 del Código Procesal Penal, que se refiere al criterio de oportunidad,  mencionado en el artículo 156 Ter, antes mencionado.

La legisladora agregó que si el hecho lo comete alguno de los padres o ambos padres, se solicitará al juez que se le otorgue criterio de oportunidad para sustituir la pena de prisión, con el fin de no dejar sin amparo a los menores.

La diputada indicó que espera que este tipo de proyectos de ley puedan tener el apoyo en el pleno del Congreso, con el fin de cumplir con el mandato constitucional de proteger a la persona y a la familia.

Por Mayra Barillas Recinos.

Fotos  Jeaneth Cifuentes

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La iniciativa Ley de Acceso a la Vivienda presentaron los diputados Felipe Alejos y Juan Ramón Lau, primer vicepresidente y tercer Secretario de Junta Directiva respectivamente, quienes explicaron que en la propuesta se contempla  exonerar el pago del impuesto del timbre fiscal, equivalente al tres por ciento del valor de la propiedad en las segundas compraventas.

“En Guatemala existe un déficit de vivienda de alrededor de 1.6 millones y esta iniciativa  facilitará a las familias con menos recursos adquirir una propiedad de segundo uso”, comentó el diputado Alejos.

Agregó que la propuesta busca  reformar el artículo 7 de la ley de Impuesto al valor Agregado y el artículo 2 a la ley de Timbres Fiscales, “suprimir  dicho impuesto   reduce  los costos para adquirir residencia,  se favorece a los guatemaltecos de clase media baja y se pone fin  a la doble tributación,  puesto que en la primera ya fue afecta  a un impuesto del 12 por ciento del IVA y las segundas y siguientes compraventas ya no deben volver a pagarlo”.

Por su parte el parlamentario Lau  comentó que este es un tema constitucional, ya que el Estado está obligado a proteger a la familia, y que al adquirir una casa, se les brinda mayor estabilidad a los integrantes de este núcleo tan importante para toda sociedad.

Por Rosemary Recinos.

Fotos Jeaneth  Cifuentes

 

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Los diputados Juan Ramón Lau, tercer secretario de Junta Directiva y Fernando Linares Beltranena del Partido de Avanzada Nacional (PAN), presentaron nuevos medios de investigación en torno a  la denuncia que presentó la comisión legislativa que investigó la compra, concretada en la gestión de la ex fiscal general del Ministerio Público (MP), Thelma Esperanza Aldana.

Según el diputado Linares Beltranena, un estudio de la Empresa Copreca, constructora que desarrolló el actual edificio del Ministerio Público,  ubicado en Gerona, zona 1 detalla que el precio por metro cuadrado de construcción es Q529.47,  mas barato en comparación al costo por metro cuadrado que se pago por el edificio ubicado en la Diagonal 14, 21-32, zona 5, Colonia Arrivillaga.

“Estas pruebas sustentan que hubo una posible comisión de actos de corrupción por parte de la exfiscal y sus secretarios en la compra de este bien,  que consta de seis niveles y tres sótanos, que además no cuenta con los requerimientos en cuanto a su equipamiento y localización como lo especifica la Ley de Contrataciones del Estado”, agregó el congresista.

El legislador Lau (Todos) pidió públicamente a las nuevas autoridades dar celeridad ala investigación y se capture a las personas responsables de esta compra anómala. “Se aportaron valiosos medios de convicción que la sala legislativa fiscalizadora recabo para que se ordenara la captura por este robo multimillonario que sufrió el erario nacional”, dijo.

La comisión específica se estableció por medio del acuerdo 5-2018 que  de conformidad con el Decreto 63-94 del Congreso de la República y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el Presidente del Congreso está facultado, en caso de “urgencia”, para designar comisiones que atiendan funciones determinadas.

La denuncia es por la compra de un edificio para uso del MP, por un monto de Q35 millones, según detallan registros del portal de Guatecompras y que de acuerdo con los argumentos para la adquisición de este inmueble bajo la gestión de Aldana, señalan que el ente investigador no cuenta con las capacidades de infraestructura que alberguen sus distintas dependencias.

Por Karen Mendoza

Fotos Jeaneth Cifuentes

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Los centroamericanos que  hayan ingresado de manera irregular  a nuestro territorio entre los años 2000 y 2010 podrían regularizar su situación migratoria,  gracias al apoyo que brindarían los miembros de la Comisión de Integración Regional,  que preside  la diputada Lucrecia Samayoa.

Se trata de facilitarles la residencia legal en suelo guatemalteco, pero si cumplen con las normativas migratorias, dijo la congresista, luego de la reunión entre la comisión y autoridades del Organismo Ejecutivo, en la que verificaron el avance de los procesos.

Un delegado de la Dirección General de Migración  explicó a los congresistas que el Organismo Ejecutivo trabaja actualmente en la estructura de los Planes de Regularización, ya que deben ser aprobados por medio de un Acuerdo Gubernativo de Presidencia de la República, y que dicha estrategia ayudaría principalmente en que los centroamericanos ilegales en nuestro país puedan obtener su residencia sin tener que pagar altas sanciones económicas.

Los Legisladores indicaron que darán seguimiento a este tema, por lo que se incorporarán a mesas técnicas con autoridades de Migración, procurando regularizar la estadía de estas personas en Guatemala.

Texto y fotos. Estuardo Zeceña Santiago

 

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Ya está en marcha la socialización de la iniciativa de ley que daría vida al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que presentaron públicamente los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, Ronald Arango y Sandra Morán.

La socialización y el fortalecimiento pretenden los congresistas y por ello se reunieron con representantes de organizaciones sociales quienes externaron su punto de vista respecto a la iniciativa.

“Lo que se busca es una propuesta inclusiva, viable y sobretodo que sea funcional por ello pedimos puntos de vista porque cada uno puede aportar datos de vital importancia en la elaboración de la iniciativa”, resaltó el diputado Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos.

Al conocerse la propuesta, las entidades convocadas coincidieron en la necesidad de atender los casos de desaparición enfatizando que existen tratados y convenios internacionales de los cuales Guatemala ha sido firmante y por ende insta a una legislación que atienda este tema.

Tras el análisis, los legisladores acordaron que una mesa técnica, coordinada por la diputada Morán, integre las propuestas presentadas y reunirse en enero  para evaluar  los avances obtenidos previo a ser presentada la iniciativa formalmente.

“Todos los aportes son válidos y este es un tema que debe ser atendido de una manera técnica e inmediata, aunque existen propuestas de ley conocidas anteriormente  y que deben integrarse”, explicó la legisladora Sandra Morán.

Entre las propuestas se encuentra dar seguimiento a la iniciativa 3590 que dispone aprobar Ley de la Comisión de Búsqueda de Personas, Víctimas de la Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición que versa en el mismo tema y está pendiente de ser conocida en su tercer debate.

Por Isabel Mazariegos

Fotos. Rodrigo Arias P.

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Diputados de la Comisión de Probidad y Transparencia, que preside  Amílcar Pop,  cuestionaron la baja ejecución que en lo que va del año reportan los funcionarios que integran el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), pues de Q18 millones,  la ejecución solo alcanza un 16 por ciento.

Los funcionarios citados son  Sandra Jovel, y Pablo García,  Ministra y  viceministro de Relaciones Exteriores; Rolando Nárez, y Rita María Elizondo, secretario y subsecretaria de Conamigua; julio Dogherty, viceministro de Economía; Miguel Ángel Moir, director de Segeplan y Óscar Monterroso, Gerente del Banco de Guatemala.

Durante la reunión los diputados  Mauro Guzmán y Karina Paz, ambos de la bancada UNE, y el diputado Pop, lamentaron que no existan avances en las gestiones de Conamigua, ya que su labor es de gran importancia para los migrantes.

Hasta el momento no se han abierto sedes de atención al migrante en diferentes departamentos,  como San Marcos y Huehuetenango, donde  por su posición geográfica, es de suma importancia que operen.

Después de escuchar al Secretario y Subsecretaria de Conamigua, el congresista Pop determinó que  existen muchos desacuerdos dentro de los mismos secretarios, sin embargo los exhortó a trabajar de la mano.

Al concluir la reunión los diputados aseguraron que darán seguimiento al funcionamiento de Conamigua, puesto que para el 2019 le otorgaron un presupuesto de Q34 millones, el cual esperan no sea utilizado para fines de campaña electoral.

Por Mayra Barillas Recinos.

Fotos Héctor Monroy

 

 

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Cuestionado por la gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Carlos Velásquez Monge fue citado al Congreso para ser sometido a una interpelación que este jueves dio comienzo en su primera fase a petición de los diputados Luis Hernández y German Velásquez.

Hay dudas en la gestión del funcionario ante dicho ministerio y porque no ha comparecido a siete reuniones de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso, a las que fue convocado, argumentaron los congresistas en la carta en la que solicitaron el juicio político.

Velásquez Monge  será el quinto funcionario en ser interpelado por la octava legislatura. El primero fue el exministro de Gobernación, Francisco Rivas; después el exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García; la tercera fue Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores y el último el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo.

De acuerdo con lo que establece el artículo 166  de la Constitución Política de la República, los diputados interpelantes remitieron al Ministro, con no menos de cuarenta y ocho horas de anticipación un listado con las preguntas básicas. Dicho listado consta de 38 folios, que contienen 130 cuestionamientos.

Luego de transcurridas más de dos horas y no contar con el quórum (80) necesario para dar continuidad a este negocio privilegiado, el presidente en funciones, Felipe Alejos recordó a los legisladores, de conformidad al artículo 158 de la Carta Magna, el segundo período de sesiones ordinarias concluye el próximo 30 de noviembre, “por lo que será Comisión Permanente la que convocara de la manera más expedita  a las extraordinarias”, agregó.

Por Karen Mendoza

Fotos Edwin Méndez

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