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Representantes del sindicato y personal de los hospitales de Adultos y Pediatría de Puerto Barrios, Izabal, participaron en una reunión organizada por la diputada Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza, con autoridades del Ministerio de Salud para solicitar insumos, equipo y la contratación de médicos y enfermeras.
Durante la reunión se dio a conocer la necesidad de contar con 4 médicos más, 1 anestesiólogo y 1 nutricionista, y se solicitó la cancelación de la deuda de Q2 millones por concepto de medicamentos, agua, luz, teléfono, así como la compra de 2 máquinas de rayos X, con valor de Q360 mil cada una.
“Es necesario que las autoridades del Ministerio de Salud tomen en serio la solicitud de los representantes del sindicato del Hospital para Adultos Amistad Guatemala-Japón y el de Pediatría, con el propósito de atender a la población de esa región”, declaró la congresista Ramírez.
Por su parte, el viceministro administrativo de la referida cartera, Carlos Mazariegos, aseguró que se trabaja para contratar al personal que se requiere y cancelar las deudas que son arrastradas desde hace más de dos años.
Al concluir la reunión se dio a conocer que el 11 de julio se realizará una nueva reunión para determinar los avances, y a ella se invitará al ministro de Finanzas, Julio Estrada, para que detalle los desembolsos que se deben realizar para solventar la crisis de la red hospitalaria.

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El presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, informó que la Comisión Permanente acordó que a partir del mes de julio de este año se hará efectivo el descuento del 10 por ciento que ha sido otorgado a los trabajadores de este organismo.
“Tenemos los informes de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio de Trabajo, los cuales nos confirman que el aumento ha sido concedido de manera anómala; por ello se ha tomado la decisión de corregir el tema lo antes posible”, señaló Taracena Díaz-Sol.
Por su parte, el tercer secretario, Roberto Kestler, explicó: “En el acta se estipula que el subdirector general (Emilio Dávila Figueroa), debe definir la metodología para aplicar de manera retroactiva al mes de enero el descuento del aumento que se aplicó al salario nominal, así como otorgar de manera correcta el aumento del 10 por ciento”.
Al ser consultado acerca de la decisión de aplicar los descuentos solo este año, el presidente del Legislativo aseguró que la intención de los directivos es atender uno de los hallazgos de la Contraloría, corrigiendo así la forma en que ha sido concedido el aumento establecido en el Pacto Colectivo.
La Comisión Permanente también acordó este viernes dejar sin efecto el programa de retiro voluntario aprobado en las reformas a la Ley Orgánica, debido a la ausencia de los informes financieros para otorgar un bono de hasta cinco salarios a los trabajadores que optaran al mismo, manifestó Kestler.
Buscan agilizar agenda legislativa
Por otro lado, Taracena dio a conocer que hace las gestiones necesarias para que el titular de la Comisión de Salud, Luis Azmitia, retire la solicitud de interpelación al titular de la cartera, Alfonso Cabrera.
“Hablé con el diputado y le sugerí invitar al ministro a una reunión en la Instancia de Jefes de Bloque, para que con la presencia de la prensa nacional le haga los cuestionamientos que considere, lo cual nos permitiría avanzar con los temas de la agenda”, indicó.
De acuerdo con el directivo, entre los temas prioritarios para el Congreso están la elección del suplente del exmagistrado Vladimir Aguilar, de la Corte Suprema de Justicia, pues hay que cumplir con los plazos. Además, la aprobación de una nueva Ley de Servicio Civil, que regularía la situación laboral.
Arrendamiento de edificios
Finalmente, Taracena Díaz-Sol anunció que se ha determinado arrendar un nuevo inmueble para ubicar las oficinas administrativas de Recursos Humanos, considerando que el edificio donde estaban instaladas ha sido declarado inhabitable; mientras se definen los espacios donde serán traslados los despachos de al menos 12 legisladores.
“El costo que tenemos que pagar en arrendamiento de inmuebles alcanza unos Q13 millones al año, lo cual podríamos reducir si se concreta que declaremos de utilidad nacional varios espacios que tenemos en los alrededores del Congreso de la República”, señaló.
Por Sayda Galicia

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Las diputadas Delia Back y Eva Nicolle Monte, integrantes de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, se reunieron con Rubén Morales, ministro de Economía; Griselda González, viceministra de Previsión Social y Empleo; Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, y Adolfo Pagurut, viceministro de Protección Social, con el objetivo de conocer los diferentes programas sociales de empleos juveniles y becas que se implementan este año y la asignación presupuestaria.
La congresista Monte, presidenta de la referida sala, dijo haber recibido solicitudes de jóvenes que requieren ocupación para superarse, pues en su mayoría sostienen a sus familias. “Lo que queremos es presentar una iniciativa de ley de pasantías, para que la juventud pueda acceder a un trabajo”, agregó.          
Por su parte, la legisladora Back resaltó que los programas que les presentaron “son de muy poca la duración, pues solo son de cinco meses y el salario es mínimo”. En su opinión, a la juventud  se le deben dar más oportunidades para que pueda pagar estudios y a su núcleo. “Tenemos  que buscar los mecanismos para ayudar”, expresó. 
Durante la reunión se mencionó que en el Presupuesto General de la  Nación hay una asignación de Q20 millones distribuidos en los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía, los cuales impulsan proyectos como las Ferias del Empleo y becas.
Por José Castellanos         

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Alcaldes de 20 municipios de los departamentos de Guatemala, Escuintla, Quetzaltenango, Santa Rosa y Alta Verapaz solicitaron al diputado Carlos Echeverría, de la bancada Compromiso, Renovación y Orden, y a congresistas de la Comisión de Finanzas, que se aumente el techo de gastos de Q90 mil a Q150 mil sin licitación.
El planteamiento se hizo durante una reunión en la cual el jefe edil de Nueva Santa Rosa, Santa Rosa, Enrique Arredondo, argumentó la necesidad de hacer cambios a la iniciativa de ley 5090, de Contrataciones del Estado, para agilizar la compra de materiales que se necesiten de urgencia en las comunas.
“Esperamos que después de esta cita se puedan hacer las modificaciones a la norma, con el fin de ayudar a que el trabajo de los alcaldes sea más fácil y se puedan hacer reparaciones o ejecución de proyectos para el beneficio de los habitantes de cada municipio”,  aseguró Echeverría.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Finanzas del Legislativo, Jairo Flores, destacó la necesidad de integrar mesas de trabajo con la representación de las distintas municipalidades que han presentado las propuestas, para analizar cada una de ellas previo a su aprobación.
Por Karla Herrera

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Al recibir denuncias de inestabilidad laboral en las sedes regionales del Registro Nacional de las Personas (Renap) en Suchitepéquez, Retalhuleu, Quiché, Huehuetenango, San Marcos y Sololá, el diputado Edwin Noé Maldonado, presidente de la Comisión de Paz y Desminado, citó a la directora en funciones de la institución, Brenda Gramajo González, y a la jefa de Recursos Humanos, Elizabeth Amaya Cardona, para que explicaran las causas de la recisión de contrato laboral este año a por lo menos de 12 empleados.
“Trabajadores del Renap que fueron despedidos injustificadamente me solicitaron que intermedie para buscarle una solución a los casos. Hoy citamos a las autoridades para que nos dieran a conocer los argumentos y las pruebas de las destituciones, para comprobar que esto fue siguiendo el debido proceso”, explicó el congresista.
Manifestó que dará seguimiento al asunto y para este viernes está contemplada una reunión de diálogo, “para que se pueda lograr la reconciliación, pues se informó que fue decisión del anterior director ejecutivo de no contratarlos”.            
Víctor Manuel Cifuentes, registrador civil de San Sebastián, Retalhuleu, explicó que el 29 de abril fueron notificados de la recisión del contrato. “Creemos que se violaron nuestros derechos laborales de defensa, porque en ningún momento de la relación laboral se nos llamó la atención; el despido ha sido injustificado y pedimos que se reconsidere el caso, pues  tenemos varios años de trabajo y hemos hecho carrera”, argumentó.
Al concluir la reunión se acordó volver a reunirse en las oficinas centrales del Renap para revisar los expedientes.
Por José Castellanos

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Una semana de plazo dio la Comisión de Asuntos Municipales, presidida por la diputada Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza, para que Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), como socio mayoritario, convoque a una reunión extraordinaria a los accionistas de Compañía Desarrolladora Ferroviaria S.A. (Ferrovías) y Compañía Bananera Guatemalteca Independiente S.A. (Cobigua), para que se le permita a la Contraloría General de Cuentas efectuar una auditoría forense y establecer si son reales los datos reportados durante la asamblea del 3 de junio.
Una de las dudas es la veracidad de los reportes de pérdidas, de por lo menos Q70 millones, algo que según la congresista Ramírez no es preciso, “pues ninguna empresa trabajaría en esas condiciones”, afirmó.
Durante la reunión, los representantes de la Contraloría afirmaron que hacer una auditoría en Ferrovías “es de suma importancia”, pues se podría evidenciar la existencia de anomalías o respaldar el contenido.
Mynor Castillo, representante de la referida empresa, dijo que se harán las gestiones para efectuar la asamblea solicitada y respetarán la decisión de la mayoría de accionistas. Insistió en que pese a trabajar con números rojos, se cumple con todos los preceptos legales.
Roberto Mancilla, interventor de Fegua, aseguró que la revisión sería vital para establecer la veracidad de los reportes de Ferrovías, y afirmó que el lunes se convocará a reunión para que el jueves “a más tardar se tenga una respuesta a la comisión”.
Ramírez afirmó que Mancilla le comunicó que ya se pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, para que los orienten si son legales los convenios suscritos.
“Encontramos que en el contrato celebrado entre Ferrovías y Cobigua no participó Fegua, por lo que se le presentó la denuncia al Ministerio Público, para que investigue si existen inconsistencias y pueda declararse nulo”, concluyó Mancilla.
Por Byron Ramírez

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Como parte de su trabajo de mediación y fiscalización, la diputada Thelma Ramírez, de la Unidad Nacional de la Esperanza y presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales,  efectuó la segunda mesa de trabajo para solucionar los problemas entre los trabajadores de la portuaria de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, y los representantes de legales de la empresa.
Entre las demandas expuestas está que se les conceda un incremento salarial, pago de prestaciones salariales y del salario mínimo.
“Los trabajadores están pidiendo lo que les corresponde y no pueden renunciar a sus derechos adquiridos”, afirmó la diputada Ramírez, quien aseguró que después de tres mesas de trabajo “ya se ve la intención de llegar a una solución”.
Para ello se acordó con las partes involucradas dar continuidad a la mesas de diálogo, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo, para verificar el pago a los empleados, como el salario mínimo, con el fin de resolver la problemática.
Por Byron Ramírez

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Nery Ramos, director general de la Policía Nacional Civil, y autoridades de esa institución presentaron estadísticas de los 30 municipios con altos índices de criminalidad, conocidos como áreas rojas, y explicaron que solo en 10 no han disminuido los índices, lo cual fue puesto en duda por los diputados de la Comisión de Gobernación.
El diputado Domingo Trejo, integrante de la referida sala, explicó que existe “gran preocupación” entre los congresistas y la población en general por los altos índices de inseguridad y violencia criminal en todo el país. “Nosotros queremos apoyar a la Policía Nacional Civil para que pueda cumplir con su trabajo; los funcionarios dijeron que se ha reducido la criminalidad en varios municipios, pero esto es relativo, pues hoy baja y mañana aparecen cifras altas”, expresó.
Por su parte, el legislador Napoleón Rojas, presidente de la sala de Gobernación, dio a conocer que la reunión es de seguimiento, porque quieren conocer los avances de cómo ha mermado la inseguridad en las zonas rojas y los municipios. “El objetivo es ver el comportamiento en general de los robos, asaltos y muertes violentas, porque en la comisión tenemos que conocer los resultados positivos y negativos del trabajo, y con base en ello poder ayudar”, agregó.                
El funcionario policial se comprometió a presentar otros informes en los próximos días para ampliar los datos.
Por José Castellanos

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Debido a las denuncias de cobros indebidos y mal trato a trabajadores de la Empresa Portuaria Quetzal, diputados de la bancada de Encuentro por Guatemala solicitaron al presidente Jimmy Morales la remoción de los gerentes.
Durante la conferencia de prensa, la jefa de bancada, Nineth Montenegro, destacó que los gerentes de Operaciones, Rony  Marroquín, y el de Ingeniería, Mariano José Cruz, quienes integran la Comisión Técnica de la portuaria, dictaminaron en favor de una empresa privada creada en el 2012 para cobrar US $5 por desembarque “sin que los empleados tengan conocimiento de lo que trae cada barco”.
Otra de las denuncias es que se han registrado malos tratos hacia el personal y en especial a las mujeres, “quienes son tratadas de forma prepotente por los gerentes ya mencionados y no se les permite conocer las tarifas de cobro”.
Ante esto, los legisladores solicitan la remoción de ambos y esperan que las autoridades del Ministerio Público atiendan la queja verbal presentada, para que se investiguen las denuncias y los contratos de operaciones que se han otorgado “a empresas de cartón”.
Por Karla Herrera

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