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Una carta de entendimiento fue firmada entre la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva y el diputado Walter Félix, de la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y presidente de la Comisión del Menor y la Familia, con la finalidad de buscar apoyo del sector gubernamental para implementar planes que favorezcan a ese sector poblacional.
Además, la referida sala entregó el dictamen favorable con modificaciones a la Ley de la Protección Integral de la Primera Infancia, con la cual se pretende establecer acciones de los Ministerios de Salud y Educación para proteger a los niños de 0 a 6 años; también se ingresó en la Dirección Legislativa la iniciativa de ley sobre la Promoción, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna.
En la reunión se escuchó el informe de labores del Consejo Nacional de Adopciones, que dio a conocer que al momento se trabaja para completar la documentación de no menos de 300 infantes que pueden ser acogidos.
Además, el titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Víctor Hugo Godoy, quien solicitó apoyo para declarar el 25 de agosto de cada año como el día nacional de las niñas y niños víctimas del conflicto armado interno.
“Con los diversos temas que se abordaron estamos avanzando en el trabajo de la Comisión del Menor y la Familia, que es velar porque la niñez guatemalteca tenga las mejores opciones en seguridad, salud y educación”, concluyó Félix.
Por Karla Herrera

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Mario Taracena, presidente del Congreso de la República, en representación de la Comisión Permanente, presentó en la Corte de Constitucionalidad (CC) una acción legal para solicitar la anulación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de ese Organismo.
“Existió un error de procedimiento al firmar el Pacto Colectivo”, aseguró Taracena, quien agregó que la acción se basa en que el pleno nunca conoció ni aprobó el acuerdo, por lo cual es impugnando. “La Junta Directiva no podía aprobar el Pacto, lo tenía que trasladar para que los 158 diputados lo conocieran”, puntualizó. 
La acción fue presentada contra las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Junta Directiva número 16-2005, punto 5º., de fecha 19 de abril de 2005, que contiene la aprobación del Pacto Colectivo, suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República.
Según el parlamentario, “ya se agotaron todas las instancias en el último diálogo con los señores del sindicato”, en alusión al retiro de los sindicalistas de la mesa que sostenían con los diputados Carlos Barreda, Ronald Arango e Inés Castillo, en la cual también se abordaban las reformas a la Ley del Servicio Civil de ese organismo.
El presidente del Legislativo afirmó que “no hay nada personal con la acción para anular el Pacto Colectivo del Legislativo y todo es legal”, afirmando que si los sindicalistas quieren accionar “están en su derecho”.
El Pacto Colectivo ha sido cuestionado por los beneficios que ofrece, entre ellos un incremento salarial de hasta el 10 por ciento cada año.
La propuesta de reforma a la Ley de Servicio Civil del Congreso está a la espera de dictamen de parte de la Comisión de Apoyo Técnico, y entre los cambios sugeridos figuran las formas de reclutamiento de personal, celebración de contratos, características de contratos 022 y 029, así como capacitación y medición de desempeño, afirmó Manuel Conde Orellana, quien preside la referida instancia.
Por Byron Ramírez

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La mesa temática Construcción del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2016-2018 se efectuó en el Congreso de la República, con la participación de la sociedad civil y delegados de ese Organismo.
En el cuarto foro se avanzó en la recopilación de datos que servirán para hacer el informe que será entregado a finales de julio a la Alianza para el Gobierno Abierto, integrada por 70 países, de la cual Guatemala es parte.
Los temas que se discuten son Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Acceso a la Información Pública, Innovación Tecnológica y Transparencia Fiscal.
“Es importante conocer de cerca las posturas e ideas de la sociedad civil en temas que fortalecerán el camino a un cambio en el país”, manifestó Ángel Ramírez, secretario técnico de la Red Coordinadora de la Sociedad Civil.
Por parte del Organismo Legislativo, Marco Tulio Coronado dijo que estos foros son necesarios y urgentes para cambiar el rumbo de la nación.
Por Selvin Rustrián

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Con el propósito de implementar un nuevo mecanismo de vigilancia electrónica para los privados de libertad que estén sujetos a procesos penales, pero que no ameriten estar dentro de una cárcel, el diputado Orlando Blanco, de la Unidad Nacional de la Esperanza, presentó una iniciativa de ley para la creación de un brazalete electrónico de monitoreo.
“Con esta propuesta se daría la posibilidad al juez de otorgar un arresto domiciliario sin el temor de fuga, y de esta forma poder descongestionar las cárceles mediante la colocación de un brazalete electrónico, que servirá para monitorear los movimiento del reo; esto funcionará cuando los delitos sean menores y puedan tener una medida sustitutiva”, destacó el congresista.
La propuesta detalla que el dispositivo, que tendrá un costo de US $5 diarios, sea pagado por el mismo reo para tener la facilidad de no ingresar a un centro carcelario y movilizarse en el perímetro que establezca el juez.
Con esta propuesta se reformarían 3 artículos del Código Penal, adicionando 1 párrafo al numeral 44, que regula la pena de prisión, estipulándose la posibilidad de que la pena de sea sustituida por este mecanismo de vigilancia electrónico, así como los artículos 79 y 88, que establecen la libertad condicional.
Se espera que el Ministerio de Gobernación destine no menos del 0.05 por ciento de su presupuesto para instalar la oficina de control de medidas de los mecanismos de vigilancia electrónica.
Por Karla Herrera

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Diputados que integran el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), coordinado por el representante Leonel Lira, del bloque Encuentro por Guatemala, se reunieron con funcionarios de distintas instituciones involucradas en la lucha contra la desnutrición crónica, a quienes cuestionaron por la falta de acción para atender los programas que permitan reducir los altos índices de hambruna, entre ellos el Plan de Respuesta para la Atención del Hambre Estacional 2016.
Los legisladores coincidieron en que las autoridades no cuentan con las políticas públicas de seguridad alimentaria diseñadas para atender a la población más vulnerable de las áreas rurales, y citaron como ejemplo que a la fecha no se ha cumplido con la entrega del fertilizante ni el bono de Q200 que el Organismo Ejecutivo ofreció.
El parlamentario Lira informó que el objetivo fue conocer las acciones que las instituciones encargadas han implementado a la fecha. “Nos llamó la atención que en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación no tienen respuesta de cómo van a implementar el programa de fertilizantes y solo se han desarrollado huertos familiares en algunos lugares”, expresó.
Dora Elvira Pacheco, viceministra de Agricultura, indicó que han desarrollado a la fecha 33 mil 591 acciones a nivel nacional, especialmente en comunidades vulnerables, y se han implementado 4 mil 757 huertos familiares, comunitarios y escolares. Además, dijo que a varias familias se les ha entregado raciones alimentarias y llevan el 40 por ciento de ejecución presupuestaria. 
Según Lira, es necesario que todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, que tiene la responsabilidad de la coordinación operativa interministerial, trabajen en conjunto con el FPH para que los resultados sean favorables y positivos para las comunidades del país.
Durante la reunión, el subcoordinador del FPH, diputado Amílcar Pop, de Winaq, insistió en preguntar a las autoridades sobre qué respuestas se darán a las miles de familias en los departamentos por el tema de fertilizantes, las cuales lo necesitan con urgencia. “Lo que vemos aquí es que no hay capacidad técnica ni voluntad para actuar en el tema de los fertilizantes”, afirmó.
Por José Castellanos

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El presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, recibió a Hakima el Haite, ministra de Ambiente del Reino de Marruecos, quien lo invitó a participar en la XXII Cumbre sobre Cambio Climático (COP 22), que se celebrará del 7 al 18 de noviembre en la ciudad de Marrakech.
La visita de la funcionaria marroquí se realizó en el marco del Foro Regional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria, a realizarse este martes y miércoles, impulsado por el Parlamento Centroamericano, por lo que su titular, José Antonio Alvarado, la acompañó al Palacio Legislativo.
La funcionaria mencionó que más allá de la invitación a la COP 22, la idea es dar a conocer la hoja de ruta de la Cumbre. “Marruecos tiene diversas experiencias que quiere compartir con Guatemala en tema de cambio climático, por lo cual estamos seguros de que la participación del presidente Taracena ayudará a que se transforme en un verdadero accionar de los compromisos de los países desarrollados, de cara a los efectos del cambio climático”, manifestó.
Por su parte, el jefe del Legislativo dijo estar complacido por la invitación y la posibilidad de ser la voz de 10 países miembros del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel), quienes durante el año han trabajado y consensuado una iniciativa encaminada al desarrollo de las naciones más vulnerables al cambio climático.
“Nos sentimos legitimados como región de participar en la Cumbre, por ser los países con más vulnerabilidad en materia ambiental. Además, estamos consientes de la importancia que una iniciativa consensuada entre los países miembros de Foprel puede dar a esta conferencia”, enfatizó.
Entre los objetivos de la COP 22 están ayudar a las naciones en vías de desarrollo a elaborar programas contra el cambio climático antes de año 2020, apoyar los proyectos de energías renovables en el continente africano, aportar apoyo técnico a los vulnerables y facilitar la transferencia de tecnologías.
Por Karen Mendoza

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Con el propósito de conocer detalles de los programas que realizan los ministerios de Gobernación y de la Defensa Nacional para combatir la criminalidad en Petén, los diputados de la Comisión Específica para la Integración y Desarrollo de ese departamento se reunieron con autoridades de ambas carteras, a quienes expresaron su preocupación por el aumento de actos delictivos, que afecta al turismo y la economía.
“Nos preocupa enormemente la situación actual que se vive en la región; hay asesinatos, robo de vehículos, motos, ganado y teléfonos celulares, y vemos que esos hechos van en aumento cada día. Esperamos que las autoridades hagan algo para frenar esta situación”, manifestó el presidente de dicha sala, Jaime Regalado.
El director general de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, dio a conocer que ejecutan diversas estrategias para minimizar los hechos delictivos y se han logrado capturas importantes. “Según nuestras estadísticas se ha disminuido un 14 por ciento la criminalidad en la región del norte y se ha notado en las denuncias ciudadanas y en las detenciones”, expresó.
Asimismo, el viceministro de la Defensa, Óscar Cossío, aseguró que el Ejército envió a 3 mil elementos castrenses y 2 mil 500 de seguridad ciudadana para combatir los flagelos que afectan a los peteneros.
Los diputados expresaron su satisfacción por las respuestas que dieron los funcionarios y dijeron que esperan ver resultados en poco tiempo.
Por Selvin Rustrián

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Integrantes de la mesa técnica de cumplimiento de pago de resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, dirigida por la diputada Marleni Matías Santiago, se reunieron con representantes de diferentes dependencias para conocer los avances en la Política Pública para atender a los damnificados, la cual está plasmada en el Acuerdo Gubernativo 378-2014.
A la cita acudieron funcionarios de los ministerios de Finanzas Públicas, Gobernación y Desarrollo Social, así como la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo, Instituto Guatemalteco de Turismo y Academia de Lenguas Mayas.
La parlamentaria señaló el poco avance en el cumplimiento, pues algunas instituciones aún desconocen las acciones que deben implementar con las 33 comunidades ubicadas en Quiché, Alta y Baja Verapaz, las cuales fueron afectadas por la construcción de la hidroeléctrica.
“Esta Política tiene como objetivo destinar Q1 mil 200 millones a ese fin, de los cuales Q200 son para reparación económica por familia y Q1 mil millones para proyectos de vida en las comunidades”, refirió la congresista.
Agregó que los diputados de la mesa técnica continuarán el acompañamiento a las instituciones involucradas para ver los avances y hacer efectivo el compromiso de Estado.
El representante legal de la Coordinadora de las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, Carlos Chen Osorio, indicó que su función es buscar la reparación de los daños causados, por lo que solicita se dé cumplimiento a lo establecido por el Gobierno.
“En la Política Pública hay varios proyectos, además de la indemnización económica  para las comunidades, los cuales a la fecha no se han efectuado. Son más de dos mil familias las que requieren agua potable, viviendas, educación y salud, entre otras necesidades”, comentó Chen Osorio.
Por Elizabeth Linares

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El diputado Fernando Linares Beltranena, de la bancada del Partido de Avanzada Nacional, presentó una iniciativa en la Dirección Legislativa, orientada a que el 10 de mayo no solo se celebre el día de la madre, sino que sea universal o de toda la familia.
“Las madres celebran su asueto solas, sin compañía de sus padres, hijos y demás familia. Como el esposo o su pareja contribuyó a su condición de mamá y porque los hijos son producto de la relación, es justo que la familia también celebre junto a ella y no en forma solitaria, como se ha venido haciendo”, explicó el legislador.
Con esta iniciativa se pretende que el 10 de mayo de cada año sea declarado el Día de la Madre Universal o Día de la Familia, por lo cual las mamás, padres e hijos gozarían de asueto con pago de salario.
Por Selvin Rustrián

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