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Los diputados que integran la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País se reunieron con Victorina Salanic, titular de la Secretaría de la Paz, y con integrantes del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP), para solicitarles la pronta integración del Comité Coordinador y avanzar en el cumplimiento de los pactos firmados el 29 de diciembre de 1996.
A la reunión asistieron representantes del CNAP, quienes enfatizaron en que durante casi un año han estado trabajando sin la referida instancia, y confían que en la primera semana de julio se pueda hacer la convocatoria y elección.
“Esperamos que después se pueda avanzar con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pues al momento se registra un 50 por ciento. Confiamos en que para la celebración de los 20 años se realicen mesas de análisis de lo acordado y los mecanismo necesarios para que los compromisos se apliquen a las necesidades de la población”, destacó el diputado Álvaro Velásquez, de la bancada Convergencia, quien coordina la referida instancia.
Los integrantes de la sala de trabajo también se reunieron para coordinar los temas que conocerán, entre los cuales prevalece el análisis de la iniciativa de ley marco del Plan Nacional de Desarrollo, para lo que se espera efectuar un seminario con representantes de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia.
La propuesta pretende establecer un documento que involucre a instituciones del Estado y que trascienda los cambios gubernamentales durante los próximos 12 años, por lo menos, por lo cual se trabaja para llevarla al pleno este año.
Por Karla Herrera

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El jefe de la bancada URNG-Maíz, Walter Félix, se reunió este día con Aldo García, ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (Micivi); Manuel López, Coordinador Ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad (FSS); Sergio Molina, alcalde de Malacatancito, Huehuetenango; y representantes de la Asociación Fraternal Barillense, para conocer el avance en la construcción de tramos carreteros, en los departamentos de Huehuetenango y Totonicapán.
Entre los proyectos sujetos a fiscalización está la construcción de las carreteras que conducen de San Mateo Ixtatán a Santa Cruz Barillas, la que va de Chepito a Oaxaqueño, Cuilco y la de cuatro caminos, San Cristóbal, Totonicapán a la franja transversal del norte. También se indagó sobre la rehabilitación del tramo carretero de Santa Eulalia, Huehuetenango, el cual registra un hundimiento de aproximadamente  dos kilómetros.
Refiriéndose a la carretera de San Mateo Ixtatán, Manuel López, jefe del FSS, dijo que se trabaja en la rehabilitación y pavimentación con concreto hidráulico, y que el proyecto fue adjudicado a la Constructora Jireh S.A. en julio del 2014. Hasta el momento la empresa ha hecho trabajos de ampliación, tuberías y balastro, pero desde junio del año pasado no ha habido avance debido a la falta de asignación presupuestaria a dicha dependencia.
“La carretera de 29.20 kilómetros y que representa una inversión de aproximadamente Q139 millones, está en fase de mantenimiento desde el 2015. Dependemos  de los recursos con los que el Ministerio de Finanzas nos dote, por lo que no hemos podido concluir con estos proyectos. Estamos atados de manos debido a la Ley de Compras que fue aprobada recientemente ya que dispone mayores requisitos en la contratación de proyectos”, explicó López.
Aldo García, titular del Micivi, indicó que esa cartera trabaja en los proyectos viales en función de los desembolsos que el Ministerio de Finanzas hace en esa materia, sin embargo se han visto afectados debido a que el Gobierno del presidente Jimmy Morales ha priorizado la asignación de fondos a ministerios como el de Salud, quedando en un segundo plano la infraestructura vial.
“Es de recordar que estos compromisos no son de la actual administración ya que el deterioro en las carreteras viene de gobiernos pasados pero nos hemos comprometido en buscar soluciones inmediatas a fin de poder cumplirles a las comunidades afectadas”, dijo el funcionario.
Al finalizar la reunión, el diputado Félix indicó que para el lunes esperan tener el cronograma del Micivi en relación a la atención de los diferentes tramos, lamentó que las condiciones de las carreteras sea caóticas; y aseguró que no quitarán el dedo del renglón hasta que la situación haya mejorado.
Por Karen Mendoza

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La diputada Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala, recibió los resultados de la investigación que hizo el Movimiento Pro-Justicia sobre el cumplimiento de la Ley de Equipos Terminales Móviles, Decreto 8-2013, el cual detalla deficiencias en las acciones implementadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit), Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil, Ministerio Público y operadores de telefonía móvil.
La norma establece la creación de un registro de los usuarios actuales y futuros de los servicios de telecomunicaciones móviles, de los importadores, vendedores y distribuidores de equipos terminales, la restricción del uso y portación de aquellos que hayan sido denunciados como robados o extraviados, y la prohibición de su uso en todos los centros de privación de libertad.
El objetivo es evitar la comercialización ilícita y que sean una herramienta para cometer delitos como robos, extorsiones, secuestros, asesinatos y amenazas, entre otros.
Eleonora Muralles, representante del Movimiento Pro-Justicia, expresó que al cumplirse tres años de su aprobación, la ley ha sido parcialmente cumplida. “No hay voluntad por parte de algunas instituciones debido a que no hay sanciones fuertes que los obliguen a cumplir, y quien sufre es el pueblo de Guatemala que continúa siendo víctima del robos de celulares y extorsiones”, aseveró.
Añadió: “Las telefónicas tiene la obligación de registrar los aparatos que venden; este año concluye este plazo y esperamos que en octubre aquellos que no estén debidamente identificados sean inhabilitados”.
Luis Carlos De León Zea, director Sistema Penitenciario, declaró que se han reforzado y que en lo que va del año han efectuado 160 requisas en busca de ilícitos, lo cual les ha permitido encontrar e incautar aparatos telefónicos.
Indicó que el problema no es solo el bloqueo de la señal, sino evitar que se introduzcan los dispositivos en las cárceles, pero que no se cuenta con suficiente personal ni presupuesto. “Tenemos 3 mil 200 agentes divididos en 2 turnos para vigilar a 20 mil 600 reclusos. Necesitamos nueva tecnología para fortalecer el sistema de seguridad e impedir su ingreso”, declaró.
La congresista Montenegro expresó que la Sit solo ha cumplido medianamente con lo que establece la ley, en relación a que debe exhibirse la constancia de inscripción de los comercializadores, importadores y vendedores en los quioscos y centros comerciales, y esto solo se hace en un 54 por ciento, según el monitoreo realizado.
“Las empresas telefónicas no han querido proporcionar los datos de cuántos teléfonos activos existen; esperamos que lo hagan, porque el 30 de octubre se les vence el plazo para cumplir con la ley. Un teléfono robado es una vida menos o una extorsión más”, concluyó la diputada.
A la cita no acudieron funcionarios de la Sit ni representantes de las firmas de telefonía.
Por Rosemary Recinos

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Congresistas que integran la Comisión de Vivienda, que preside el diputado César Sandino Reyes Rosales, de la Unidad Nacional de la Esperanza, presentaron en la Dirección Legislativa una iniciativa para incrementar de Q1.50 a Q5 el impuesto específico a la distribución del cemento, y que lo recaudado se destine a programas de casa popular.
Esta iniciativa, que reforma el Decreto 79-2000, fue consensuada en diversas mesas de trabajo integradas por diferentes sectores, tales como el Viceministerio de Vivienda, Cámara de Construcción, distribuidores e importadores de cemento y miembros de la sociedad civil.
Sandino Reyes informó que lo principal es hacer una actualización de la tarifa, “con la intención de capitalizar el Fondo para la Vivienda, que tiene un déficit de al menos Q600 millones”.
Además, dijo que con ello se podrá cumplir con las necesidades de residencia popular, y se solicitará al pleno que la propuesta sea declarada de urgencia nacional.
Carlos Barrillas, viceministro de Vivienda, acompañó a los diputados en la entrega del anteproyecto y dijo estar de acuerdo con la idea. “Estamos apoyando este esfuerzo para garantizar que existan suficientes fondos y se construyan viviendas sociales; pretendemos que en 4 años podamos construir 250 mil casas populares y que las familias tengan acceso a créditos para autofinanciar sus inmuebles”, afirmó.
Por José Castellanos

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Los integrantes de la Comisión de Finanzas, la cual preside el diputado Jairo Flores, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dictaminaron a favor de la iniciativa 5056, “Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria”, que busca hacer eficiente el trabajo de la Superintendencia de Administración (SAT), recuperar la confianza de los contribuyentes y aumentar la recaudación fiscal.
“Esta iniciativa da mayores herramientas a la SAT para cumplir con las metas de recaudación”, declaró Flores, quien explicó que entre los cambios está que el nombramiento del  jefe de la SAT se hará mediante una convocatoria pública y no a designación del presidente de la República.
La nueva norma da la potestad a la Superintendencia de Administración Tributaria a acceder a la información bancaria de los contribuyentes, informó el diputado Carlos Barreda, integrante de la comisión. “El acceso se hará bajo normas de secretividad y con el aval de un juez”, explicó.
Otro de los cambios es que el Directorio de la SAT tomará sus decisiones por mayoría absoluta y en el ámbito de su competencia, tendrá las funciones siguientes:
a) Aprobar a propuesta del Superintendente los reglamentos internos de la SA T que regulen aspectos estratégicos del funcionamiento de la institución, incluyendo la estructura organizacional y funcional de la SAT, su régimen laboral y de remuneraciones, el funcionamiento del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero y su Unidad de Apoyo Técnico, de la Unidad de Investigaciones Internas y de la Auditoría Interna.
b) Nombrar y remover al Superintendente.
c) Nombrar y remover a los integrantes del Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero.
d) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la SAT, así como las modificaciones durante su ejecución.
e) Aprobar el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico Institucional.
f) Evaluar la gestión del Superintendente y de la SA T. Para el efecto, establecerá el cumplimiento de metas, indicadores y los instrumentos y herramientas de evaluación y seguimiento disponibles y los informes que el Superintendente esté obligado a rendirle.
g) Nombrar Mandatario Judicial, para presentar denuncias y realizar las acciones que de conformidad con la Ley procedan, derivadas o asociadas a los informes recibidos de la Unidad de Investigaciones Internas y de la Auditoría Interna.
Tras recibir dictamen favorable, el proyecto de ley ingresará al pleno para que sea conocido y discutido suficientemente previo a convertirse en ley del país.
Por Byron Ramírez

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En seguimiento a los programas de muestreo a productos cárnicos importados, representantes de los Ministerios de Agricultura,  Ganadería y Alimentación (MAGA) y de Salud Pública, así como de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de la Dirección de Atención al Consumidor (Diaco), se reunieron con Raúl Romero, jefe de bancada de Fuerza, cita en la cual la última dependencia advirtió la imposición de sanciones a los comerciantes que inyecten químicos y agua.
“Se analizará la primera prueba realizada por el MAGA y si se determina que se está estafando a la población se procederá con acciones penales en el Ministerio Público contra importadores y expendedores, por dar productos en malas condiciones”, manifestó Silvia Escobar, directora de la Diaco.
Además, se conformará una mesa interinstitucional para analizar un segundo análisis y determinar qué grado de contaminantes se han utilizado en varios productos de importación para que su peso y su precio sean mayores, dijo la funcionaria.
“Por tal situación necesitamos que las autoridades realicen otra prueba, porque tenemos conocimiento de que los importadores están introduciendo productos adulterados que podrían ser nocivos para el consumo humano”, manifestó el legislador Romero.
Por Selvin Rustrián

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La Fundación Paiz para la Educación y la Cultura, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la asociación Acción Joven presentaron en el Congreso de la República los resultados de la investigación Incidencia del Arte en la Transformación de la Juventud, creada para evidenciar el impacto de las actividades que utilizan esta herramienta en el ámbito social y determinar la transformación que experimenta la juventud de zonas de alto impacto por la violencia.
“Los jóvenes necesitamos de actividades recreativas que nos ayuden a salir de situaciones de alto riesgo que se presentan todos los días donde vivimos; por supuesto, el arte que nos están enseñando, como la fotografía, música y el dibujo, nos permite alejarnos de la violencia que nos acecha cada día”, manifestó Elvi Pérez, de Acción Joven.
En este organismo estamos muy consientes de la situación que viven miles de jóvenes en el país y que la violencia cada día ataca a más de alguno, dijo el presidente del Parlamento, Mario Taracena Díaz-Sol. “En el Congreso se han aprobado leyes en beneficio de la juventud  esperamos seguir trabajando por ese 70 por ciento de la población; es mejor enseñarles arte que asesinar”, expresó.
“Nos motiva seguir ayudando a los jóvenes que necesitan más apoyo en áreas vulnerables del país y seguiremos en busca de esos beneficios; sería mejor que el Congreso nos ayude a fomentar valores de servicio y respaldar a miles de jóvenes que lo necesitan” expresó Isabel Paiz de Sierra, presidenta de la Fundación Paiz.
Por Selvin Rustrián

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Diputados del bloque Alianza Ciudadana, coordinado por Francisco Tambríz y Tambríz, se reunieron con Juan Francisco Solórzano, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria; Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas, y con representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de la empresa mexicana Marhnos, para fiscalizar la concesión de la autopista Palín-Escuintla.
Desde el año 1998, el Congreso de la República aprobó la concesión de la ruta de 29.63 kilómetros a dicha compañía, para efectuar las actividades de operación y mantenimiento rutinario; el contrato se vence en 2023, por lo que los parlamentarios verifican el cumplimento.
En la cita los parlamentarios manifestaron su inconformidad y señalaron que el asfalto, la rampa de frenado, los servicios de grúa, primeros auxilios y baños están en mal estado y cuestionaron que solo el 1 por ciento de regalías llega al Estado.
“Diariamente circulan más de 20 mil autos por la autopista y no se tienen los datos exactos de los cobros de peaje y las facturas emitidas, lo cual afecta la recaudación para el país. Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la Nación para que ya no se realicen estos contratos, que ya no se otorguen estos bienes en concesiones, porque solo se está empobreciendo a Guatemala”, indicó Tambríz.
Juan Martínez Venegas, gerente de Marhnos, respondió que estaba tomando nota de todos los señalamientos. Por su parte, el diputado Marvin Orellana, subjefe del bloque, dijo que se debe revisar la concesión, “renegociar mejor esas ganancias por el tiempo restante y buscar un incremento de 5 o 7 por ciento de esas regalías”.
Mencos aseguró que la Contraloría continuará la verificación y analizará el tema del mantenimiento de las carreteras y de los servicios señalados, para remitir un informe al bloque legislativo.
Por Rosemary Recinos

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El diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq, quien preside la Comisión de Probidad, se reunió con Roselia Pop Cal, titular de la Defensoría de la Mujer Indígena (Demi), con el propósito de buscar el fortalecimiento de la institución y atender a grupos que han denunciado la exclusión en la toma de decisiones.
Entre las dudas está la designación de Pop Cal por parte de la Presidencia sin tomar la opinión de la Junta Coordinadora, así como el destino del presupuesto, que en su mayoría va a funcionamiento y no a programas de ayuda a la mujer indígena.
“Buscamos garantizar los derechos de las mujeres en la participación y toma de decisiones”, afirmó Pop, quien agregó que en febrero de este año la Procuraduría de los Derechos Humanos “condenó y reconoció la violación de los derechos humanos que se dio en el nombramiento, el año pasado, de una nueva defensora”.
Pop Cal explicó que su designación es legal y que ha trabajado para mejorar la atención, pues a la fecha se tiene el dato de 3 millones 181 mil 568 mujeres indígenas y solamente hay presencia en 13 departamentos.
María Morales, integrante de la Junta Coordinadora, afirmó que al no participar en la designación de la defensora y nombramiento del personal se violentan sus derechos, por lo que esperan tener más participación.
El compromiso acordado fue luchar por recuperar la institucionalidad de la Demi y fijaron una nueva reunión para conocer propuestas.
Por Byron Ramírez

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