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Parlamentarios que integran la Comisión Extraordinaria de Estudio y Análisis del Cambio Climático, que preside el diputado Raúl Romero, se reunieron con funcionarios de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura, Ganadería y Alimentación, y de Energía y Minas, así como de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), representantes del sector privado y de comunidades de Escuintla, con el propósito de dar seguimiento a la discusión sobre el manejo y uso del recurso hídrico, que permitirá elaborar una propuesta de Ley de Aguas en el país.
El congresista se refirió a la necesidad de unificar criterios de las diferentes iniciativas existentes, escuchando los puntos de vista de los diferentes sectores y entidades, para abordar el asunto “de manera seria”.
“Además, se resalta la voluntad que manifestó el sector privado, los productores de palma africana, banano y azúcar, que ha aceptado asumir un compromiso y ser parte de la solución en el uso del manejo del recurso hídrico”, comentó.
El Viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Alfonso Alonzo, valoró el hecho de que se están exponiendo los diferentes puntos de vista del Congreso, empresarios y Organismo Ejecutivo sobre las normativas del recurso hídrico. “Vamos por buen camino y nos parece excelente que prevalezcan las ideas que aquí se están aportando”, manifestó.
El secretario ejecutivo de la Conred, Sergio Cabañas, calificó de positivas las acciones implementadas para lograr el manejo adecuado de del vital recurso. “Lo que nos corresponde a nosotros es que retomen el uso y el control del agua, porque tenemos comunidades que salen afectadas por desvío de ríos o algún tipo de contaminación”, mencionó.
Asimismo, recomendó que para evitar enfermedades se deben instalar plantas de tratamiento y evitar que desechos sólidos, orgánicos o insecticida lleguen a los afluentes.
Por Elizabeth Linares

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A raíz del informe de auditoría del ejercicio fiscal 2015 realizada en el Congreso, el cual reportó 19 acciones correctivas, este viernes el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, y el jefe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), Carlos Mencos, suscribieron una carta de cooperación interinstitucional para el ordenamiento administrativo del Parlamento, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
“Estamos dando un paso importante, en virtud del fortalecimiento de la transparencia en el ejercicio administrativo del Congreso, y con esto evitar los abusos del pasado”, enfatizó Taracena.
De acuerdo con el titular de la entidad fiscalizadora, el objetivo de este acuerdo es que la CGC dará acompañamiento y asesoría al equipo de trabajo del Congreso, para el desarrollo de buenas prácticas en los procesos de control interno y cumplimiento de la Carta Magna y las leyes orgánicas de ambos entes, así como estándares de calidad de gasto.
Dicha comisión será la responsable de elaborar los manuales correspondientes para la implementación y seguimiento a lo establecido en dicho documento, y tendrá la obligación de generar reportes trimestrales que reflejen los resultados de las acciones, los cuales serán publicados en la página electrónica del Parlamento.
Además, en un plazo no mayor a 30 días esa instancia deberá establecer un plan de acción que contenga en detalle las actividades a realizar, así como fechas, objetivos y responsabilidades para cada una de las partes.
Denuncia y defensa
Por aparte, la dirigencia del Sindicato General de Empleados del Congreso de la República anunció la presentación de una denuncia penal contra Taracena, con el argumento de que éste incurre en violencia psicológica e intimidación, al decir que en aras de la transparencia habrá recortes de personal. El jefe del Legislativo expresó que respeta esa decisión y lamentó que “la Ley contra el Femicidio esté siendo mal utilizada”.
Agregó que pese a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de no conocer el amparo contra el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, continuarán los procesos para cesar los contratos de parientes de diputados y empleados del Congreso, con la finalidad de no tener sanciones o reparos de la Contraloría.
Por Karen Mendoza, con información de Byron Ramírez

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Basado en el artículo 154 “quater” de la Ley Orgánica del Congreso de la República, aprobada en febrero, el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena, dio a conocer este miércoles que ya no se permitirá la existencia de vínculos familiares entre parlamentarios y empleados, como una medida más para fomentar la transparencia y reducir la planilla.
“Estamos cumpliendo con la nueva Ley Orgánica. Los parientes de los diputados deberán renunciar, y al personal que tenga familiares en este organismo se le dará la opción para que elija quién se quedará con la plaza”,  expresó Taracena, asegurando que si deciden quedarse en el puesto, se analizará su despedido.
El parlamentario dijo que se trata de una decisión de la Comisión Permanente, tomando como base un listado enviado por la Contraloría General de Cuentas, el cual detalla la existencia de al menos 71 núcleos familiares dentro del Legislativo, “lo cual riñe con la normativa”. “Estamos haciendo la advertencia para evitar sanciones y despidos, pues es mejor que se retiren voluntariamente”, agregó.
La normativa citada reza textualmente: “Queda prohibida la contratación, bajo cualquier renglón presupuestario, de familiares dentro de los grados de ley de los diputados y trabajadores del Organismo Legislativo”.
El presidente del Congreso aseguró que los empleados tendrán su indemnización, tal como lo contempla la ley, y explicó que a partir de este jueves se notificará al personal mencionado por la Contraloría.
Sesión extraordinaria
Por aparte, Taracena informó que este miércoles se recibió el Acuerdo Gubernativo enviado por el presidente Jimmy Morales, mediante el cual se declara Estado de Calamidad en el municipio de Jerez, Jutiapa, durante 30 días.
Por ello, se convocó a los diputados para que asistan este jueves, a las 14:00 horas, a sesión extraordinaria, con el propósito de conocer el asunto para aprobarlo, improbarlo o modificarlo, tal como lo manda la Constitución Política de la República.
En esa reunión también se podría elegir al magistrado que sustituirá a Vladimir Aguilar en la Corte Suprema de Justicia.
Por Byron Ramírez

 

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Preocupados por la suspensión de los trabajos de la vía alterna que se construye entre los kilómetros 48 y 63 de la Ruta Interamericana, demarcación de Chimaltenango, diputados que representan a ese distrito citaron a funcionarios de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, así como a representes de la empresa Constructora Nacional, S.A., para conocer los avances del proceso de adquisición de derechos de vía y traslado de los recursos para continuar con la obra.
A la reunión asistieron los alcaldes de El Tejar, San Andrés Itzapa, Zaragoza y Chimaltenango, así como Áxel Figueroa, gobernador departamental, quienes se unieron a la solicitud de los congresistas para que se agilicen los trabajos, con el argumento de que por la temporada de lluvias se afecta a los vecinos de la región y a quienes transitan desde y hacia occidente.
Los congresistas Eva Nicolle Monte, de Alianza Ciudadana; Alsider Arias Rodríguez, del Frente de Convergencia Nacional, y José De León Maldonado, de Movimiento Reformador, han promovido diversas reuniones de trabajo y de información para verificar el avance de la obra.  
“Insto a que continúe el diálogo entre las autoridades gubernamentales y los parlamentarios del lugar, porque no queremos que se suspendan los trabajos”, refirió el representante Arias Rodríguez.
De León Maldonado dijo que la reunión fue positiva, pues se agilizarán los trabajos de la primera parte, como las vías de acceso vehicular.    
El ministro Aldo García indicó que se gestionan recursos financieros con instituciones internacionales, para agilizar los diferentes proyectos de infraestructura pendientes, porque el Estado no cuenta con los fondos necesarios. Mencionó que en julio se reunirá con personeros del Banco Centroamericano de Integración Económica en busca de un préstamo para costear las obras de arrastre.
Por José Castellanos

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En reunión con Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y otros directivos de esa institución,  los diputados Marvin Orellana y Francisco Tambríz, de la bancada Alianza Ciudadana conocieron que empresas de seguridad adeudan Q80 millones por concepto de cuotas patronales, entre ellas la firma Scorpion, vinculada al caso Cooptación del Estado, que debe Q7 millones.
“Es lamentable esta situación y que las mismas autoridades del IGSS no haga nada para recuperar ese dinero”, manifestó Tambríz, quien pidió a los funcionarios que hagan lo que la ley les permite para corregir ese problema y mejorar la atención a los afiliados.
En la misma reunión se discutió el tema de las construcciones de más hospitales en diferentes departamentos, lo cual tendrá un costo de Q800 millones, pues existen denuncias de que no se da mantenimiento a los existentes y falta de personal. “Es un trabajo que venimos haciendo desde hace varios meses y los nuevos hospitales se establecieron en dichos lugares por la cantidad de afiliados”, respondió Contreras.
Tambríz dijo que no salió “muy convencido” de la reunión, por lo cual solicitó que le envíen informes de las últimas contrataciones por servicios y de la atención que se da a los afiliados, pues hay denuncias de maltrato del personal hacia las personas que acuden a diario a recibir tratamientos.
Por Selvin Rustrián

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Marvin Orellana, subjefe de la bancada Alianza Ciudadana, citó al ministro de Educación, Óscar López, debido a las dudas existentes por los nombramientos de los directores departamentales, especialmente en Alta Verapaz, Zacapa y Huehuetenango, donde interinamente se tiene a un subdelegado.
Las dudas del parlamentario surgieron por la decisión de efectuar una nueva convocatoria y no elegir de entre la nómina de 13 personas que constaban en la lista de expedientes. “Esperamos que esto no sea para beneficiar a alguna persona afín al partido oficial”, puntualizó.
El titular de la cartera educativa aseguró que el nuevo llamado se hizo porque las personas del referido listado no cumplían con los requisitos, tales como presentar la solvencia de finiquito, obtener los 75 puntos necesarios o tenían procesos legales abiertos.
Orellana concluyó en que se hará un trabajo de fiscalización para que en el nuevo proceso se escoja a las personas idóneas y no vinculadas al partido de gobierno.
Por Byron Ramírez  

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Durante la reunión de la Comisión Permanente con la Instancia de Jefes de Bloque se acordó la agenda para las sesiones extraordinarias de los días martes 28 y miércoles 29 de este mes, resaltando que en la primera fecha se efectuará la interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Alfonso Cabrera, solicitada por el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Salud e integrante del Movimiento Reformador.
“El presidente la Comisión de Salud está en su derecho de querer continuar con la interpelación, ya que estamos hablando de un juicio político y será el pleno el que decida si le da o no el voto de falta de confianza al funcionario”, explicó Mario Taracena, titular del Organismo Legislativo.
En la sesión del 5 de julio se espera conocer de urgencia nacional la iniciativa de ley 5084, que contiene la renegociación del préstamo por US $50 millones suscrito por Guatemala con el Banco Interamericano de Desarrollo, el cual tiene vinculada una donación por otros US $50 millones del gobierno de España, para proyectos de agua potable y saneamiento.
Asimismo, se acordó que ese día se discutirá en primer debate el proyecto de reformas a la Ley Servicio Civil del Congreso. Este jueves, los diputados de la Comisión de Apoyo Técnico, que preside Manuel Conde Orellana, presentaron en la Dirección Legislativa el dictamen favorable a la norma referida, con la cual se pretende transparentar los procesos de contratación y nombramiento del personal, así como la creación de manuales de procedimientos.
El proyecto consta de 108 artículos y establece, además, capacitación, medición y evaluación del desempeño, ascensos y promociones.
Al finalizar la reunión, Taracena invitó a sus colegas a la firma de una carta de entendimiento entre el Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas, que se celebrará este viernes a partir de las 10:30 horas, el cual tiene como objetivo que ambos entes trabajen en coordinación para el ordenamiento administrativo del Parlamento.
Por Karen Mendoza, con información de Elizabeth Linares

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Congresistas que integran el Frente Parlamentario Contra el Hambre (FPH), Capítulo Guatemala, que coordina Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, efectuaron el foro Agricultura Familiar y Alimentación Escolar, con la participación de diputados de América Latina, quienes brindaron sus aportes y experiencia.
El conversatorio contó con la presencia del legislador Víctor Manuel Estrada, presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria de Guatemala; Diego Recalde, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; Luis Lobo, secretario ejecutivo del FPH, y del parlamentario Modesto Julca, de Perú, entre otros.
En Guatemala existen 750 mil pequeños agricultores familiares, lo cual abarca a 4 millones 500 mil personas que dependen de esta actividad, grupos en los que se encuentran los sectores más pobres y vulnerables, comentó Recalde.
“En mi país la ley de Agricultura Familiar se aprobó en el 2015 y logramos crear un consenso con todos los actores involucrados, no solo en el Congreso, sino en los sectores público, privado, sociedad civil, agricultores y comunidades, lo que permitió su avance; hoy nuestro reto es implementarla y ya estamos trabajando en su reglamento”, explicó Julca.
“En el marco de estos Frentes contra el Hambre hay que resaltar la creación de  políticas que se han construido en Brasil, Bolivia, Argentina y Perú, las cuales promueven el valor que tiene la agricultura familiar para nuestras sociedades”, comentó Lobo.
En el país existen dos proyectos de ley que abordan estos temas, los cuales pretenden impulsar el desarrollo rural mediante diferentes estrategias de apoyo agrícola, con el fin de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, así como mejorar la alimentación nutricional y garantizar el derecho alimentario de los alumnos a nivel primario.
Por su parte, Lira señaló que sin duda habrá sectores que se opondrán a la aprobación de estas leyes, pero se insistirá porque con ello se busca beneficiar a la población más necesitada, al apoyar la agricultura de subsistencia y los huertos familiares, para que en corto plazo puedan ser auto sostenibles en su alimentación, con vías a convertirse en pequeños productores.
Por Rosemary Recinos

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El diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, en su calidad de presidente de la Comisión de Apoyo Técnico presentó una iniciativa de ley a la Comisión de Integración Regional Centroamericana, mediante la cual se busca la regularización del estado migratorio de los ciudadanos centroamericanos radicados en el país de manera ilegal.
“Durante los conflicto armados registrados en la región, miles de personas se vieron en la necesidad de abandonar sus orígenes y emigrar, debido a problemas económicos o violencia; ahora nosotros buscamos regular su situación”, manifestó.
Al aprobarse dicha iniciativa se pretende tener una cifra exacta de ciudadanos centroamericanos que viven en el país y desde qué fecha, porque no se tienen datos oficiales, agregó.
Carlos Chavarría, titular de la Comisión de Integración Regional, dijo que se analizará la propuesta y se tratará de socializar en la región, para unificar esfuerzos y normalizar la situación de las personas que residen en el exterior.
Por Selvin Rustrián

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