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En aras de corregir y mejorar los controles y medidas de transparencia para fortalecer la iniciativa de ley 5090, este martes diputados de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso escucharon las propuestas de distintos sectores que buscan reformar el Decreto 52-92, de Ley de Contrataciones del Estado.
Durante la audiencia pública los parlamentarios escucharon y recibieron las propuestas de los representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), de los ministros de Finanzas Públicas y de Educación, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, de la Fundación 20-20 y del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Allí, la mayoría de los participantes coincidió en buscar un consenso que permita modificar algunos de los artículos relacionados con la adquisición de arrendamientos, servicios básicos y de telefonía que han perjudicado a distintas dependencias. Sin embargo, coincidieron en qué no se modificarían los artículos que evitan los actos de corrupción, la sanción al fraccionamiento y otros controles y medidas que garanticen la transparencia del gasto.
“Estamos conscientes de que la Ley de Contrataciones del Estado necesita de cambios, pero solamente los necesarios que garanticen el buen manejo del gasto público. Aún nos falta recibir otras propuestas para que la comisión pueda dar el visto bueno a dichas reformas”, dijo el diputado Jairo Flores, presidente de la referida instancia.
Carlos Barreda, diputado que integra dicha sala de trabajo, propuso la integración de una mesa técnica para continuar la discusión y redacción final de la iniciativa. Así también, para qué los representantes del Gobierno, sector civil y diputados puedan entrar a conocer las normas aplicadas a nivel internacional que permitirán afinar la Ley de Contrataciones del Estado.
Para la próxima semana, la comisión escuchará las propuestas que llevarán los representantes del Instituto Nacional de Estadística e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como de los ministerios de Finanzas y de Salud.
Por Estuardo Martínez

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Con el fin de buscar una solución a los altos índices de criminalidad en 8 municipios de la zona norte del departamento de Huehuetenango, los diputados Mike Ottoniel Mérida y Lucrecia Samayoa de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, se reunieron con representantes de las distintas instituciones del Estado involucradas en el tema.
“La seguridad es prioridad, y es uno de los derechos primordiales que mandata la Carta Magna, razón por la cual necesitamos alcanzar mejores niveles de gobernabilidad en el país”, manifestó Mérida, diputado electo por el departamento de Huehuetenango.
En la reunión estuvieron presentes Miguel Bautista, alcalde de San Juan Ixcoy; Daniel Sebastián, alcalde de Santa Eulalia; Domingo Diego Francisco, alcalde San Sebastián Coatán; Andrés Alonzo, alcalde de San Mateo Ixtatán; Mauselio Hiram Martínez, gobernador de Huehuetenango; representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Comisión Presidencial coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH); Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), Defensoría Pública Penal, Asociación Fraternidad Barillense; y de los Ministerios de Defensa, Gobernación y Educación.
Se conoció que los municipios con mayores índices de inseguridad son Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Barillas, San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, San Rafael la Independencia, San Sebastián y San Miguel Coatán, debido a la oposición  de las comunidades a las hidroeléctricas y megaproyectos relacionados con la explotación de los recursos naturales, los problemas generados por la distribución de energía, incremento de la violencia intrafamiliar, aumento de casos de violencia sexual, hurto de automotores y la detención de líderes comunitarios por las fuerzas de seguridad.
El jefe edil de San Sebastián Coatán explicó que la estación policial en ese municipio solo cuenta con un agente de la Policía Nacional Civil, el cual no se da a basto para resolver los conflictos de la población. “Las acciones de la PNC en el municipio son tardías debido a que el municipio solo tiene un policía y una patrulla inservible para brindar seguridad a por lo menos 30 mil habitantes”.
Tras escuchar las demandas de los pobladores, las autoridades del Mingob informaron que esa cartera está trabajando en un plan de regionalización el cual incluye la implementación de una nueva comisaría, la cual será responsable de atender los conflictos de toda la región de los Cuchumatanes.
La respuesta dada por las autoridades no fue del todo satisfactoria para la diputada Samayoa, quien manifestó su preocupación por la situación en materia de seguridad y justicia en estos municipios. “Hemos pedido a todas las instancias presentes que nos remitan los informes que  permitan encontrar la solución más viable de la conflictividad originada en el departamento de Huehuetenango.
El  informe 2010 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el cual se evalúa la presencia del Estado en todo el país, indica que la zona norte de Huehuetenango delineaba los más bajos porcentajes de presencia gubernamental. El referido departamento concentra la mayor cantidad de población indígena, rural y los más altos índices de pobreza extrema, desnutrición infantil, mortandad materna y ausencia del Estado.
Por Karen Mendoza

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Durante la séptima sesión extraordinaria, efectuada este martes, los diputados al Congreso iniciaron la aprobación por artículos y redacción final de la iniciativa 4575, que contiene la Ley de la Carrera Judicial.
La propuesta tiene como finalidad fortalecer la fundamentación de los principios de independencia e imparcialidad judicial, proponiendo modificaciones sobre los principios rectores de la carrera judicial e incluyendo aquellos que deberán regir el procedimiento disciplinario, transparencia, idoneidad, honorabilidad, capacidad, objetividad, debido proceso, legalidad, proporcionalidad e igualdad.
La sesión plenaria había sido programada para la interpelación al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, solicitada por el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la Comisión de Salud y miembro del Movimiento Reformador (MR); sin embargo, minutos antes de empezar retiró su petición, aduciendo que se firmó un convenio con el funcionario y se fijó el plazo de un mes para resolver la crisis de la red hospitalaria.
“Es mejor que el ministro haga su trabajo en los hospitales, por lo que el tiempo que nos llevaría interpelarlo debe usarlo para trabajar en los programas, para que los hospitales y centros de salud del país tengan un mejor abastecimiento y se atienda de una forma eficaz a la población guatemalteca”, enfatizo el parlamentario.
En la sesión extraordinaria también se conoció que tras la renuncia de los presidentes de las comisiones de Economía y de Relaciones Exteriores se nombró a los diputados José Alejandro De León Maldonado, del MR, y Héctor Melvyn Caná Rivera, de la Unidad Nacional de la Esperanza, respectivamente.
También se conocieron seis iniciativas de ley que fueron enviadas a distintas comisiones de trabajo; la que pretende aprobar reformas a la Ley de Contrataciones, Ley de Concentración de Autoridades sobre Lagos, Lagunas y Ríos, reformas a la Ley del Fondo de Desarrollo Económico de la Nación, reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sobre la Votación Nominal, así como la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Asimismo, se conoció en primera lectura la iniciativa de ley de las reformas al Servicio Civil del Organismo Legislativo, Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Física y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria, y la Implementación de los Mecanismos de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo y de Carga.
Los legisladores fueron convocados para sesionar de nuevo este miércoles, a partir de las 10:00 horas.
Por Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso se reunieron con vecinos de Santa Rosa y María Alejandra Má, viceministra del ramo, para tratar la reparación de un tramo carretero que comunica Chiquimulilla con la cabecera Cuilapa.
En la cita se determinó que dicho proyecto no se podrá ejecutar este año por falta de presupuesto, y los pobladores necesitan reunir al menos Q2.5 millones para efectuar el estudio de impacto ambiental, pues la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no posee fondos para ejecutar ello y ni para ejecutar la obra.
“Estamos aquí pidiendo a las autoridades que se haga algo por esa ruta, porque muchas vidas se han perdido por el mal estado; las personas pierden tiempo en esquivar los baches y no les da tiempo de llegar a un centro asistencial”, manifestó Héctor Solís, vecino de Santa Rosa.
Los diputados dijeron que estarán detrás de las autoridades para que la obra avance, porque es necesaria para ayudar a esa población y es de flujo económico para el departamento. “No puede ser que más vidas se sigan perdiendo por falta de esa vía de comunicación”, enfatizó el congresista Luis Contreras.
“Las condiciones del tramo carretero son complicadas, porque su reconstrucción no será este ni el próximo otro año por falta del estudio ambiental, y no está contemplado en las ejecuciones; es por eso que se hará lo necesario para buscar alternativas y ayudar a esa población que sufre todos los días”, manifestó la viceministra Má.
Por Selvin Rustrián

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Con el propósito de evitar anomalías en la nueva licitación de cartillas para la emisión de pasaportes en la Dirección General de Migración, la bancada Alianza Ciudadana citó a las autoridades encargadas del proceso.
Una de las interrogantes a la titular de Migración, Karin García, fue la decisión de hacer otra licitación con oferentes que mantienes un precio cercano a los US $2 millones, y no se aceptó el ofrecimiento del Gobierno de Corea del Sur, que estaría dando el servicio a un menor precio, con el agregado de que después la maquinaria para la elaboración de pasaportes pasaría al Estado de Guatemala.
“Le pedimos al señor Ministro de Gobernación que frene la licitación”, expresó Marvin Orellana, subjefe de la bancada, quien agregó que no se puede aceptar a un oferente con mayor precio y que, por ende, sería perjudicial para el país.
Orellana explicó que lo ofrecido por Corea del Sur “no se puede desaprovechar, pues en un corto plazo Guatemala estará emitiendo sus propios pasaportes”.
La funcionaria dijo desconocer el proceso porque solo tiene 13 días al frente de esa dependencia, por lo que solicitó tiempo para analizar el caso; sin embargo, aseveró que se tienen cartillas para pasaportes hasta octubre, lo cual permite analizar las alternativas y tomar la mejor decisión.
El parlamentario anunció que el 4 de julio citará a los Ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la jefa de la Procuraduría General de la Nación y al titular de la Contraloría General de Cuentas, con el objetivo de dar seguimiento al proceso.
Por Byron Ramírez

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Con ocasión de celebrarse este sábado el Día del Maestro, el Congreso de la República reitera su compromiso de trabajar por el fortalecimiento del sistema educativo nacional, lo cual incluye la dignificación del gremio magisterial y atención a la población estudiantil.
Por ello se atienden los planteamientos relacionados con la materia, como mejoras salariales, aumento del presupuesto de la cartera educativa, bolsa didáctica, refacción escolar, mobiliario e infraestructura.
En este tema, el diputado Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional, expresó que en la Comisión de Apoyo Técnico se analiza un presupuesto para el próximo año que realmente ayude a la cartera educativa a suplir las necesidades y ofrezca mejores oportunidades a la población estudiantil y docente.
La asignación actual del Ministerio de Educación es de Q12 mil 892 millones y se espera elevarla a Q17 mil millones, con la condición de que al menos el 50 por ciento de ese incremento se destine a la contratación de nuevos educadores. En el estudio del proyecto de presupuesto general para 2017 se solicitará Q4 mil 108 millones más, los cuales estarían orientados al fortalecimiento de la educación básica y diversificado, así como al mejoramiento de la infraestructura, mobiliario y equipamiento de los centros educativos de todo el país.
La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología ha recibido este año la iniciativa que dispone aprobar Ley para la Lectura, Enseñanza e Instrucción Bíblica en Establecimientos Educativos Públicos, Privados y por Cooperativa, y la referente a proteger la salud de la población infantil y adolescente que asista a establecimientos escolares públicos y privados.
“Hay propuestas de ley que buscan beneficios para los docentes; es la profesión más difícil de ejercer por la falta de insumos y la obligada movilidad para dar clases a los alumnos; por ello se analizan estos documentos para que al final sean aprobados y ayuden de verdad a ese gremio”, expreso la parlamentaria Nineth Montenegro, jefa de la bancada Encuentro por Guatemala.
Orlando Blanco, jefe del bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que hay voluntad de apoyar cualquier iniciativa que orientada a beneficiar a los docentes y estudiantes.
“Estamos en la mejor disposición de apoyar en todo lo necesario para que los maestros tengan todo lo necesario para enseñar a los estudiantes y que tengan un mejor futuro”, manifestó.
En honor a María Chinchilla
El 25 de junio de cada año se celebra el Día del Maestro en Guatemala, en honor a la profesora María Chinchilla, quien fue abatida a tiros el 25 de junio de 1944, cuando participaba en una protesta magisterial contra el gobierno de Jorge Ubico.
El 6 de abril de 1953, durante la gestión de Jacobo Árbenz Guzmán, se fijó como asueto escolar, pero fue hasta el 16 de junio de 2006, en la administración de Oscar Berger, cuando se instituyó el homenaje a los educadores, mediante el Acuerdo Gubernativo 352-2006.
Con las actividades se celebra y reconoce el trabajo arduo y permanente de los mentores, hombres y mujeres de distintas edades que, sin importar las distancias, accidentes geográficos, condiciones climáticas y barreras idiomáticas, entre otros factores, se entregan para llevar y entregar el pan del saber a los alumnos ávidos de aprender.
Por Selvyn Rustrián

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Con el voto favorable de 102 diputados, el Congreso eligió este jueves a la abogada María Eugenia Morales Aceña de Sierra como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); estará en el cargo hasta octubre de 2019.
La profesional fue electa de un listado de 13 aspirantes y sustituirá a Vladimir Aguilar, quien renunció al cargo al ser señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de estar implicado en el caso terminal de Contenedores Quetzal cuando fungía como jefe de la Procuraduría General de la Nación.
Morales de Sierra es graduada de la Universidad Rafael Landívar como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, y tiene al menos 33 años de ejercicio profesional. Realizó estudios de formación en Gestión Pública y Políticas Públicas, Derecho Constitucional, y Formulación y Evaluación de Proyectos.
Tiene experiencia en el sector justicia y ha asumido importantes cargos en la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde fue Procuradora Adjunta I, e integró la Comisión Consultiva del Sistema Penitenciario. Fue secretaria ejecutiva de la Corte de Constitucionalidad, entre otros cargos.
Durante la sesión extraordinaria de este jueves la nueva magistrada de la CSJ fue juramentada en el hemiciclo, y al concluir el acto dijo que hará su mejor esfuerzo en el cargo.
“No me esperaba esta selección, pero estoy preparada para servir; es un cargo tan comprometedor con el país, para devolver el respeto y la dignidad a la Corte Suprema de Justicia. Es un gran reto y pondré mi mayor empeño para hacer el trabajo que se requiere. No responderé a ninguna presión, ni me siento comprometida”.

Ratifican Estado de Calamidad
Por aparte, los legisladores aprobaron el Decreto 31-2016 por medio del cual ratificó el Estado de Calamidad promulgado por el Organismo Ejecutivo para atender a los afectados por el deslave en las faldas del volcán Chingo, en Jerez, Jutiapa.
La ratificación del Decreto Gubernativo 2-2016 de Estado de Calamidad se hizo de urgencia nacional, con el voto favorable de más de las dos terceras partes de los congresistas.
Por José Castellanos, con información de Karla Herrera 
 

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El diputado Fernando Linares Beltranena, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional, presentó la iniciativa de Búsqueda Inmediata de Hombres Desaparecidos, y aseguró que esto surge por la igualdad de derechos, pues el 28 de enero se aprobó la Ley de Búsqueda de Mujeres Desaparecidas.
Mencionó que la propuesta incluye la creación de un mecanismo que permita la pronta localización y evitar que las personas sean objeto de vejámenes o asesinato.
El Grupo de Apoyo Mutuo en su página electrónica asegura que hay datos de desapariciones de hombre y mujeres desde hace 12 años y en promedio se produjeron 2 mil 102 hechos por año, 175 por mes y 5 diarias, para un total de 25 mil 224.
Los departamentos de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango son los que tienen más denuncias de desapariciones.
Por Byron Ramírez

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En representación de la bancada Todos, el diputado Cornelio González García presentó en la Dirección Legislativa el proyecto de ley identificado como Ley de Aplicación del Control Telemático al Sistema Penitenciario Guatemalteco y reformas a la Ley Penal.
Esta iniciativa pretende que mediante sistemas electrónicos y técnicos se pueda brindar una herramienta al Sistema Penitenciario para el control de aquellas personas que han sido condenadas en un proceso, pero que gozan de medida sustitutiva.
Contempla la creación de la figura de un juez de control telemático y un sistema de vigilancia mediante cámaras, el cual estará bajo la dirección de Presidios.
El objetivo primordial es que se cumpla con el Código Penal, el cual establece que la prisión preventiva solamente se aplique en casos extremos, indicó el congresista.
Agregó que la propuesta es resultado de tres meses de trabajo y de diversas mesas técnicas realizadas con representación de todos los sectores involucrados y la sociedad civil.
Asimismo, se dio a conocer que se contempla la reforma a por lo menos seis leyes, entre ellas el Código Penal, Código Procesal Penal, Ley de Régimen Penitenciario, Ley Contra la Narcoactividad y la Ley para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar.
Por Emy Aqueche

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