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La Comisión de Previsión y Seguridad Social a travéz de su Presidente Diputado Luis Predro Álvarez Morales, invita a todfa la población guatemalteca a participar de las Audiencias Públicas, que pretenden recopilar propuestas para llevar a cabo reformas a los Sistemas de Previsión y Seguridad Social del País.   Las cuales se llevaran a cabo del 04 al 08 y del 13 al 15 de Julio del año en curso en harios de 008:30 a 13:00 horas en el Salón Beatriz del Club Guatemala.

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La Asociación para el Desarrollo y Democracia (Legis) tendrá a su cargo el desglose de toda la información recabada durante los talleres realizados a nivel nacional para analizar la iniciativa de reformas a la Ley Nacional de Discapacidad.
En las referidas jornadas participaron 41 organizaciones de la sociedad civil y se recogieron más de 300 comentarios, los cuales serán analizados para definir cuáles serán integrados al proyecto.
“La ley actual contempla 167 artículos y después del análisis que presente Legis la Comisión y las organizaciones participantes en las mesas de trabajo discutirán si se mantiene dicha cantidad o se incrementan”, manifestó el presidente de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, Christian Boussinot, de la bancada Todos.
El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad dio a conocer que es necesario discutir varios puntos “que tienen vacíos”, como el financiamiento, representatividad y el operador político. “Queremos que esta iniciativa avance lo más pronto posible, pues se buscan los beneficios de miles de personas con discapacidad que por años el Estado ha dejado olvidado, pero tampoco queremos que se afecte la ley por hacerlo a la carrera”, expresó Sebastián Toledo, presidente de la entidad.
Ahora se esperará que LEGIS realice el estudio respectivo de las observaciones que podrían ser incluidos en el proyecto de ley.
Por Selvin Rustrián

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Los jefes de las comisiones de Paz y Desminado, Edwin Maldonado Lux, de la Unidad Nacional de la Esperanza, y de Plan Visión de País, Álvaro Velásquez, de Convergencia, respectivamente, se reunieron con representantes de Foro de Mujeres y el subtitular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), Rogelio Casasola, con el propósito de en el conflicto existente por viáticos y contrataciones de nuevo personal.
“Son tres plazas que la actual secretaria, Victorina Salanic, ha contratado con salarios de Q10 mil, pero no les paga la institución sino el Foro de Mujeres, lo que ha afectado el presupuesto para las actividades respectivas de divulgar los acuerdos de Paz”, manifestó Dora Susana Mazariegos, representante de la segunda entidad.
Casasola respondió que “se dio un sobre giro de contrataciones y no tuve el poder de detener la llegada de nuevo personal”; además, comentó que desconoce muchas situaciones que pasan dentro de la Sepaz, pues “otras personas tienen mayores funciones”.
“El esfuerzo que se ve del Foro de Mujeres es la prueba de esto; además, hay incapacidad de visión del Organismo Ejecutivo, que ha provocado enfrentamientos internos y no deja que el Foro avance” enfatizó Maldonado Lux.
Por su parte, Velásquez expresó su confianza en que los conflictos se resuelvan para evitar mayores inconvenientes en las instituciones involucradas. “Es necesario que las autoridades pongan cartas en el asunto para evitar conflictividad y promover el diálogo”, manifestó.
Por Selvin Rustrián

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El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, y la titular de la Dirección General de Migración (DGM), Karin García, fueron citados nuevamente por diputados del bloque Alianza Ciudadana, con el objetivo de tratar la licitación de cartillas para pasaportes por un monto estimado de US $2 millones, en vez de haber aceptado el ofrecimiento del Gobierno de Corea del Sur, que daría el servicio a un menor precio.
A la reunión asistió el subcontralor de Probidad, Fernando Fernández, y el jefe de la cartera del Interior manifestó que Corea del Sur no cumple con las especificaciones legales, pues no cuenta con una empresa debidamente registrada en el país, requisito establecido en la Ley de Contrataciones.
Según Rivas, el proceso se inició en febrero, siguiendo las normas y requisitos de la Organización Internacional de Aeronáutica Civil (OACI) para documentos de lectura mecánica. “Hemos cumplido con todas las normas internacionales; ya se recibieron las ofertas en un acto público en el cual se convocó a todas aquellas empresas interesadas, y será la junta de licitación la responsable de la calificación”, expresó.
Por su parte, el jefe de la bancada, Francisco Tambríz y Tambríz, cuestionó al ministro por las accionadas tomadas en torno al caso de falsificación de pasaportes, visas y posible tráfico de personas descubierto en Quetzaltenango el año pasado.
Rivas indicó que las indagaciones continúan por considerar que existen indicios de corrupción que vienen de administraciones anteriores; asimismo, las líneas de investigación se ampliaron a otras regiones y a la capital.
Al concluir la reunión, el congresista Marvin Orellana explicó que continuarán citando a los funcionarios a fin de que el proceso transcurra con total transparencia. “Los guatemaltecos necesitamos un proceso que cuente con la modernización que responda a las normas internacionales de gestión de la calidad, priorizando la garantía de que los documentos no puedan ser falsificados”, concluyó.
Actualmente, según la jefa de Migración, se cuenta con 177 mil cartillas y se emite un promedio de mil documentos al día, lo cual significa abastecimiento hasta diciembre, cuando vence el contrato vigente con la empresa Técnicas y Sistemas de Seguridad, S.A.
Por Karen Mendoza

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Se desarrolló la segunda jornada de audiencias públicas para analizar las reformas a la Seguridad Social en Guatemala, las cuales son promovidas por la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República, que preside el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala.
Durante las ponencias, Mario Alfonso Castellanos, integrante del Movimiento Sindical Estatal de Guatemala, indicó que las modificaciones no son necesarias, que debe respetarse la autonomía del Seguro Social, “la cual ha sido vulnerada desde hace muchos años por los malos directivos que han ocupado esos cargos, y corresponde es dar cumplimiento a lo ya establecido en las normas vigentes”.
Por su parte, representantes de la Cámara del Agro expusieron que debido a que la mayor parte de la población económicamente activa del país se encuentra en la agricultura, actividad que absorbe una importante fuerza laboral, es necesaria la creación de un régimen especial al sistema de prevención, que asegure su cobertura.
“Una oportunidad para extender estos servicios es incrementar la formalidad laboral en el área rural, por medio de la ratificación del convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las acciones a tiempo parcial, lo cual permitirá a las empresas contratar a trabajadores por jornadas menores a las de 8 horas” dijo Marlene Mazariegos, gerente del Área Jurídica y Laboral de dicha entidad.
Edgar Ortiz, representante del Centro de Estudios Económicos y Sociales, señaló la importancia de que se desmonopolice el sistema de cobertura que otorga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para dar al trabajador la posibilidad de elegir el destino de los fondos extraídos de su salario.
“En el tema de pensiones, es toral abandonar el reparto; estos sistemas dependen de la pirámide poblacional y de su composición. Los jóvenes financian a los hoy jubilados, pero cuando estos jóvenes llegan a la vejez, el sistema se torna completamente insostenible”, comentó Ortiz.
El parlamentario Álvarez concluyó declarando que han sido “muy importantes” estos aportes, pues están brindando información, estadísticas y datos comparativos con otros países, que ayudarán a considerar las posibles reformas a estos sistemas de protección social, para beneficio de los guatemaltecos.
Por Rosemary Recinos

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El diputado Julio Lainfiesta, jefe de bancada de Unión del Cambio Nacional (UCN), se reunió con Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS), a quien cuestionó acerca del retraso de la reconstrucción del Hospital Regional del Occidente, pese a que la obra se inició en 2012.
Las denuncias que ha recibido dicho bloque consisten en que los trabajos “están a medias” y la obra no avanza, especialmente en alumbrado eléctrico y drenajes.
“Es lamentable dicha situación porque se afecta a la población que recurre al centro hospitalario y a los trabajadores, quienes no pueden hacer sus labores por los inconvenientes que provoca la obra inconclusa”, manifestó Lainfiesta.
Contreras manifestó que crearan una mesa técnica con los involucrados en el proyecto del Hospital de Quetzaltenango, para determinar qué hace falta y por qué la obra no se ha terminado.
En la misma reunión, representantes de jubilados del Estado expresaron su malestar por la mala atención que reciben en los  Centro de Atención Médica Integral para Pensionados. “Los pocos centavos que recibimos los tenemos que utilizar en compra de medicamentos, porque el Seguro Social nunca tiene; hay casos en que pensionados prefieren ir a los centros de salud porque no son atendidos”, expresó María De León.
“No es problema de esta administración; las pasadas causaron graves situaciones y es por eso que la crisis actual es evidente. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a esas personas”, dijo el presidente del IGSS.
El diputado Lainfiesta expresó que estará al tanto de ese asunto y le dará seguimiento, “para no dejar solas a las personas que cada día acuden al Seguro Social”.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de la Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, que preside el congresista Christian Boussinot, se reunieron con representantes de la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua), Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, para analizar la iniciativa 3932, que contiene la Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas de Guatemala.
La normativa que está en segunda lectura tiene como fin reconocer el lenguaje de señas como un idioma más del país, permitiendo la inclusión de los guatemaltecos con discapacidad auditiva en un contexto social, dándoles acceso a servicios como salud, educación, seguridad y justicia, derechos contemplados en la Carta Magna.
Edilzar Castro Quiroz, director de Educación y Rehabilitación del Comité Pro Ciegos y Sordos, explicó la importancia del involucramiento de todos los sectores que representan a las personas con discapacidad, con lo cual se obtendría una ley que “obedezca a los intereses y la realidad de este sector de la población”.
Por su parte, Mauricio Méndez, coordinador general de la Asociación de Sordos de Guatemala (Asorgua) indicó: “La última propuesta que entregamos en mayo lleva el sentir de la comunidad de personas sordas y de las instituciones comprometidas a trabajar por el desarrollo de las más de 240 mil personas con sordera en el país, por lo que esperamos conocer el borrador de una nueva propuesta que permita que este lenguaje reconocido en Guatemala”.
Al finalizar la reunión, el diputado Boussinot dijo que la sala legislativa trabajará un nuevo borrador, que ayude a fortalecer la iniciativa existente. “Consideramos que a la iniciativa 3932 aún le faltan elementos importantes, como la creación de un instituto de lenguaje de señas, el cual tendría como función primordial la dignificación de personas con este tipo de discapacidad”, expresó.
Según datos de Asorgua, en Guatemala el lenguaje de señas es relativamente joven y aún está en un proceso de formación y formalización, pues no existe ningún ente regulador, y el material para su aprendizaje aún es escaso.
Por Karen Mendoza

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Integrantes de la Comisión de Turismo, que dirige el congresista Santiago Nájera, de la Unidad Nacional de la Esperanza, se reunieron con Julio César Cigarroa, alcalde de Champerico, Retalhuleu; Jorge Francisco Mejía, gobernador de dicho departamento, y Juan Carlos Ovalle, director de la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado, para resolver la ocupación que varias familias han hecho en la orilla de la playa, obstaculizando el paso de los turistas.
El jefe edil dio a conocer que son aproximadamente 200 núcleos que se encuentran invadiendo el sitio. “El problema fue que varios dirigentes en ese entonces llevaron a estas familias a la playa con la esperanza de una vivienda. Han estafado a la gente cobrando grandes cantidades por casas que no cuentan con agua potable ni drenajes, y se encuentran robando energía eléctrica”, señaló Cigarroa.
Ante esta problemática, el diputado Nájera solicitó a las autoridades locales que se diseñe un plan para ubicar a las familias, de  modo que puedan tener una vida digna, y hacer una revisión para que el área de la playa quede limpia y apta para recibir a los visitantes.
“Vamos a comprobar si es cierto lo que está ocurriendo; de lo contrario tendrán que desalojar el lugar que es propiedad del Estado y es el único que puede autorizar el uso de estos bienes”, comentó el parlamentario.
Asimismo, aseguró que el 22 de este mes los integrantes de la sala de trabajo harán una visita para encontrar una solución en conjunto con las instituciones involucradas, pues debe fomentarse el turismo, “que es la base fundamental para el despegue del desarrollo económico social de un país”.
Por Elizabeth Linares

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Este lunes empezaron las audiencias públicas que impulsa la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, que dirige el diputado Luis Pedro Álvarez, de la bancada Encuentro por Guatemala, sobre reformas a los sistemas de previsión y protección del país.
Dichas audiencias tienen como objetivo recibir las propuestas y sugerencias de más de 70 organizaciones, personas jurídicas e individuales interesadas en enriquecer un proyecto de ley que permita mejorar y eficientar los servicios que da el Gobierno a la clase trabajadora.
“Es necesario reformar el sistema, optimizar el servicio y la atención que se brinda a los guatemaltecos, mejorar las pensiones y ampliar la cobertura que hoy es muy baja”, comentó el parlamentario Álvarez.
“Durante los 70 años de existencia, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social se ha mantenido con una estructura presidida por representantes del Gobierno, con resultados desastrosos. Ahora se propone que sea administrada por los patronos y trabajadores, quienes mediante sus cuotas y aportaciones son los que le dan el sustento material”, expuso el ciudadano Juan Bautista Maselli.
El señor Alfonso Abril señaló que es necesario terminar con el monopolio existente, pues de lo contrario “continuarán con el despilfarrando de valiosos recursos para la sociedad”. “Es necesaria la competencia dentro del sistema y apostarle a la libertad del trabajador para que decida con qué modelo desea cotizar”, mencionó.
Se debe regular la apertura, para que el seguro social y los centros hospitalarios privados, públicos y mixtos puedan prestar estas asistencias, tanto de salud como de pensiones para el retiro, coincidió Alejandro Quinteros, representante de la Organización Primero Guatemala.
Werner Muñiz, representante de la Asociación Escuelas para Padres, Aprender para Crecer, propuso la ampliación en la cobertura de enfermedad común y de accidentes de los niños y adolescentes beneficiarios, hasta que alcancen la mayoría de edad.
El diputado Álvarez no descartó que la comisión pueda accionar judicialmente para que la deuda que el Estado tiene con el Seguro Social, que asciende a más de Q30 mil millones, sea reconocida y se busquen los mecanismos de pago.
Por Rosemary Recinos

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