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Durante una audiencia de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso, la cual preside el diputado Luis Hernández Azmitia, el viceministro de la cartera de Salud Pública, Carlos Mazariegos Morales, informó que tienen un atraso de Q24 millones con los contratistas, lo cual impide finalizar la construcción del Hospital de Villa Nueva.
Durante la reunión, el funcionario explicó que la edificación del nuevo centro asistencial debió entregarse en el año 2014, pero por algunos procedimientos internos se retrasó. Asimismo, indicó que ya existe un acuerdo del ministerio para continuar con la obra, la cual tiene plazo para el 30 de noviembre.
“Se están tratando de terminar los procesos para reactivar la construcción del nuevo hospital. Actualmente la obra física es del 80.5 por ciento  y el porcentaje  de ejecución financiera es el 70.5 por ciento”, comentó el viceministro.
El congresista Hernández Azmitia indicó que tiene conocimiento de anomalías en la obra, por lo que solicita que se hagan  las denuncias correspondientes, pues  existen recursos legales.
“Dentro de la red hospitalaria en el país  tenemos el de Villa Nueva, por lo que hemos solicitado un informe para que nos indiquen los recursos de cuánto es lo que hace falta para finalizar la obra y equiparlo, para poder operar el hospital”, comentó el parlamentario.
Por Elizabeth Linares

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Representantes del Sindicato General de Trabajadores de la Empresa Portuaria pidieron la intervención de los integrantes de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para que se anule o declare lesivo el contrato de usufructo oneroso por 25 años firmado entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y la firma española Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por existir anomalías en su adjudicación.
“Se deben buscar alternativas para que el contrato no tenga vigencia, pues desde su firma los vicios estuvieron a luz”, declaró el secretario general del sindicato de trabajadores de la EPQ, Lázaro Reyes.
El sindicalista opinó que el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad deberían investigar a los jueces y magistrados de la CC que no resolvieron a tiempo las acciones legales presentadas por el sindicato para detener el usufructo. “También al expresidente Alejandro Maldonado y al mandatario Jimmy Morales, ya que que fueron informados del proceso y no realizaron nada para declara lesivo el contrato”.
El presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Ovidio Monzón, manifestó que deben ser las autoridades quienes determinen hacia dónde se deben dirigir las investigaciones, pero a su criterio este es un tema que no puede quedar impune.
La Procuraduría General de la Nación, PGN, recomendó en septiembre del año pasado al presidente de Guatemala que se declare nulo de pleno derecho el contrato en mención, debido a que presenta ilegalidades y procedimientos erróneos
Entre las irregularidades denunciadas por la PGN está un análisis jurídico del contrato, el cual revela que el exinterventor, Allan Marroquín, no estaba facultado para suscribir el convenio, debido a su cargo, no se respetó la Ley de Contrataciones del Estado, pues no se dio una licitación pública; y que además del usufructo hay una concesión de un servicio público.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, aseguró que desde 2012 se hicieron públicas las denuncias, pues el contrato se hizo en contra de normas imperativas y prohibitivas expresas, por no haber observado no sólo la Ley de Contrataciones del Estado, el Código de Comercio y el Código Civil.
La firma española firmó el contrato por un plazo de 25 años a cambio de pagar a la EPQ US$1 millón anual por detentar el usufructo, y US$4 dólares por cada contenedor que reciba en el puerto.
Por Byron Ramírez

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Diputados que integran la Mesa Técnica para el cumplimiento del resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy fiscalizan el cumplimiento del Estado con las víctimas.
La construcción de la hidroeléctrica realizada entre 1975 y 1983  dejó como consecuencia la violación a los derechos humanos de 33 comunidades, inundaciones en terrenos agrícolas, desaparición de sitios arqueológicos, masacres y 434 ejecuciones extrajudiciales, señaló Carlos Chen, representante de la Coordinadora de Comunidades Afectadas.
El Acuerdo Gubernativo 378-2014 establece el resarcimiento individual y colectivo, que debería hacerse efectivo entre los años 2015 y 2029 para las comunidades de Alta Verapaz, Baja Verapaz y Quiché.
Para este año, de los Q107 millones asignados en la partida presupuestaria aprobada en el 2015, se encuentran disponibles Q30.1 millones para cumplir este 29 de abril con el resarcimiento individual a 350 familias, explicó Regina Farfán, viceministra de Administración Interna de Finanzas Públicas.
El diputado Amílcar Pop dijo que es responsabilidad de Estado cumplir con estas víctimas, y de no hacerlo se cerrarían ventanillas de crédito internacional, por violación a los derechos humanos de su propia población.
“Vamos a darle el seguimiento y acompañamiento a este proceso, fiscalizando e intermediando como lo establecen nuestras funciones, para conocer el avance en el cumplimiento de esta política pública”, aseveró la diputada Marleni Matías, quien preside la referida sala.
Por Rosemary Recinos.

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Representantes del Sector Justicia coincidieron en que se debe fortalecer los Códigos Penal y Procesal Penal, así como reformar la Ley del Sistema Penitenciario,  para establecer en qué casos se puede aplicar el delito de prisión preventiva, con el fin de evitar que aumente el hacinamiento en las cárceles.                                           
La propuesta de reformas a las normas surge por la crisis que atraviesa el  sistema carcelario, y fue abordada en tres foros que terminaron que organizó el congresista Cornelio Gonzalo García, del bloque Todos, integrante de la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia; el tema fue discutido con representantes de diferentes instituciones y de la sociedad civil, por lo que presentarán una iniciativa de reforma integral al Régimen Penitenciario.   
El parlamentario explicó que se instalarán mesas de trabajo para elaborar la iniciativa de ley establecer en qué casos es necesaria la prisión preventiva; también se revisarán las penas y condenas máximas y otras acciones jurídicas, con el objetivo de plantear la aprobación. 
Irma Valdez Rodas, jueza presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo B, refirió que lo relevante es “que sea de forma integral desde una perspectiva para la prevención del delito, con la finalidad de determinar si hay delitos que requieren de  una despenalización y los que tengan una doble penalización, como el caso del lavado y otros activos.
Gerardo Villamar, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dijo estar de acuerdo con la propuesta y anunció el acompañamiento del proceso.
Además, se dio a conocer que se buscara revisar delitos y penas, con el fin de que el Sistema Penitenciario sea más humanitario y se garanticen los derechos de los reclusos;  por ejemplo, el delito de asociación ilícita, cuya pena es de seis a ocho años de prisión, y en los casos en que se trate de líderes de pandillas o estructuras y la acción delictiva no sea grave se pueda reducir de cinco a ocho años.
Por José Castellanos    

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La iniciativa de Ley para la Viabilización de la Ejecución Presupuestaria y Sustitución de Fuentes de Financiamiento al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado pasó ayer en primera lectura, tal y como se acordó el lunes en la Instancia de Jefes de Bloque 2016.
La iniciativa  da luz verde para que el Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, agilice la colocación de Bonos del Tesoro por Q9 mil 426 millones, 471 mil 204 la cual fue aprobada en el Presupuesto General para el presente Ejercicio Fiscal.
De total de bonos, Q2 mil 157 millones 392 mil 991 tienen destino específico para rubros concretos en Seguridad, Salud, Agricultura, Ministerio Público, Organismo Judicial, Universidad de San Carlos, Fideicomiso del Transporte Público y Contraloría General de Cuentas, entre otros.
Los líderes políticos hablaron de la posibilidad de que haya enmiendas de curul debido a los disensos generados por el destino de Q40 millones para la adquisición de escritorios, Q200 millones  para  compra de alimentos  destinados a la atención de la hambruna del corredor seco y Q175 millones asignados a videovigilancia.
“En la bancada realizamos un censo a nivel nacional y determinamos que se necesitan 200 mil escritorios para cubrir las necesidades de los  establecimientos educativos, con una inversión  de Q20 millones; por eso vamos a revisar las propuestas que se planteen”,  dijo Selvin García, subjefe de la bancada Compromiso Renovación y Orden (CREO).
Orlando Blanco, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) manifestó que para no entorpecer la discusión se presentará una moción orientada a eliminar los tres rubros que han causado malas interpretaciones.
Mientras, los legisladores de la bancada oficial continúan con los cabildeos necesarios para lograr el respaldo a la readecuación presupuestaria en discusión. “Estamos haciendo lo posible por encontrar los consensos; hacemos cabildeo individual para ello”, indicó el jefe de la bancada FCN Nación, Javier Hernández.
Los acuerdos para apoyar la readecuación planteada por el Ejecutivo el 1 de febrero  pasado existen, siempre y cuando se respete la calidad del gasto público, afirmó el diputado Amílcar Pop, de la bancada Winaq.
Por Sayda Galicia

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Como parte de la agenda prioritaria que maneja la Comisión del Cambio Climático del Congreso de la República, coordinada por el  diputado Raúl Romero, se convocó a una reunión interinstitucional para escuchar las diferentes propuestas y  lograr la redacción de una  Iniciativa de Ley de Aguas para el país, que recoja el sentir de los sectores sociales y empresariales.
Durante la reunión destacó la participación del sector empresarial, cuyos representantes manifestaron estar abiertos a iniciar un diálogo nacional para encontrar una salida a los diferentes problemas que enfrentan, debido a la falta de control en el uso del  agua.
“Es necesaria la creación y aprobación de esta Ley, vemos con buenos ojos que nos podamos sentar en una misma mesa con  representantes comunitarios y funcionarios del Estado. Tengo el compromiso de trasladar lo  acordado a todos los miembros de la Cámara del Agro”, indicó Bernardo Roers, de la Asociación de Productores de Banano.
El ingeniero Juan Carlos Godoy, representante de The Nature Conservancy en Guatemala, una  Iniciativa de Ley General de Aguas, debe incluir la creación de una institución rectora multisectorial del agua, un capítulo específico sobre la información y conocimiento  de la situación de las aguas en el país, se debe hablar sobre gestión y las retribuciones económicas del uso del agua y tomen en cuenta el tema de la educación y cuidado del agua.
“Aunque duela debemos pagar por el agua entubada que  llega a  nuestras casas, la única que es gratis  es la que cae del cielo, por lo demás debemos ser conscientes de que el agua de chorro tiene un precio”, concluyó Godoy.
Al concluir la reunión el diputado Romero anunció que se reunirán nuevamente en un mes, y espera contar con la participación de otros actores del país, especialmente con representantes de los  pobladores que participan en las “Marchas por el Agua”, quienes ingresaran a la capital este jueves y manifestaran en diferentes puntos el viernes 22 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra.
El Congreso de la República en repetidas ocasiones ha hecho intentos por lograr la aprobación de una Ley de Aguas, sin embargo todos has sido fallidos. Una de las anteriores fue en el 2005 cuando la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo del desaparecido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), presentó la Iniciativa 3419, pero encontró obstáculos con los comunitarios de Totonicapán quienes se negaron a entregar el manejo de los afluentes de agua de sus tierras ancestrales.
En la actualidad las Comisiones Legislativas de Recursos Hídricos, de Integración Regional y diputados del Movimiento Reformador (MR), trabajan en normas similares, por lo que el diputado Romero, mencionó que también serán invitados a participar en estas  mesas de diálogo.
Por Mayra Recinos.

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En busca de un nuevo proceso de transparencia ciudadana, el diputado Álvaro Velásquez,  presidente de la Comisión Extraordinaria de Seguimiento al Plan Visión de País del Congreso de la República, inauguró el taller “Análisis y Evaluación del Gasto Público” con el que pretende capacitar sobre los sistemas de administración financiera a diputados, asesores y asistentes del Congreso.
Al taller asistieron expertos de distintas entidades financieras quienes facilitaron la discusión y el análisis sobre el control del gasto público y la ejecución de los programas que conforman las políticas públicas del país.
De igual forma se hizo el lanzamiento del Observatorio del Gasto Público (OGP), que es una plataforma que brindará las herramientas de fiscalización con las que se podrán identificar los problemas en la fase de ejecución, vacíos legales o procesos, deficiencias de ingresos y flujos de cajas y corrupción.
“Con este taller queremos lograr que los encargados de manejar el presupuesto general de la nación cuenten con los insumos necesarios para transparentar el uso de los recursos públicos”, dijo el diputado Velásquez.
La experta del Ministerio de Finanzas Públicas, Viviana Lemus comentó que a solicitud de la Comisión Plan Visión de País, se estarán realizando estas capacitaciones con el apoyo técnico de la cartera de finanzas.
Además se acordó que se estarán presentando dictámenes bimestrales y la presentación de propuestas para reformar distintas leyes financieras, fortalecer los procesos de fiscalización, el seguimiento a denuncias de corrupción y sugerencias para orientar la buena calidad del gasto público.
José Castellanos

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Aldo Fabrizio Pagurut, viceministro de Desarrollo Social informó que la bolsa de alimentos que se entrega a las personas de escasos recursos será sustituida por una tarjeta de Q250 la cual se podrá cambiar en ciertas abarroterías por alimentos de primera necesidad.
El funcionario del MIDES informó de la nueva modalidad de asistencia socialº durante una reunión con el diputado Edwin Maldonado Lux, presidente de la Comisión Legislativa de Paz y Desminado del Congreso de la República.
El Congresista, quien estaba acompañado por representantes de distintas zonas del municipio de Guatemala, citó a Pagurut para solicitarle que la ayuda social de alimentos sea entregada a la brevedad posible.
“Con la entrega de la bolsa de alimentos se puede combatir la desnutrición que padece un gran porcentaje de menores de 10 años. Esperamos que la entrega del nuevo programa sea inmediata”, aseguró el diputado Maldonado.
Pagurut informó que el próximo seis de mayo se reunirá con los vecinos para cotejar los listados que mantiene el Ministerio de Desarrollo con los de ellos para determinar que la ayuda esté llegando realmente a quién la necesita.
El funcionario informó que el 25 de junio se hará la primera entrega de tarjetas, 10 mil  de las 30 mil con que beneficiarán a la población este año.
La prioridad dijo el viceministro es ayudar  a madres solteras que tengan hijos menores de cinco años. El programa también beneficia a familias que viven en asentamientos, colonias y barrios urbanos precarios del departamento de Guatemala, con alto riesgo social; adultos mayores de 65 años de edad, personas con discapacidad o enfermedades crónicas y  quienes por su vulnerabilidad necesitan ser atendidas
Por Karla Herrera

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El diputado Orlando Blanco, jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentó la iniciativa “Reformas a la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores, Decreto Ley Número 383 del Jefe de Gobierno”, en relación a la potestad del presidente de la República,  de elegir  o remover  a los miembros de la Junta Directiva  y acordar la disolución y liquidación del banco, así como su fusión con otra u otras instituciones de crédito.
Dentro de las reformas se establece que será  la Asamblea  General de Accionistas quien designará  a la junta directiva del banco,  la cual quedará integrada por un presidente y  cuatro directores propietarios y por  un presidente suplente y cuatro directores suplentes, por un período de 4 años.
“En la actualidad el presidente   tiene potestad de nombrar y remover estos cargos dentro del  banco de los trabajadores, y creemos que esta discrecionalidad debe  de ser eliminada de la ley correspondiente” indicó el diputado Blanco.
Señaló que el objetivo de la normativa es evitar que exista  una politización en la  entidad bancaria, que cuenta con más de 687mil accionistas que en su  mayoría son trabajadores”.
Dentro del proyecto de ley que fue entregado esta mañana a dirección legislativa se indica que, el presidente, su suplente y directores tomarán  posesión el primero de agosto del año correspondiente, los cuales deben ser personas solventes de reconocida honorabilidad y llenar los requisitos que fijan las leyes bancarias, y que cuando menos dos  de los directores deben de ser trabajadores.
El Bantrab es la quinta institución financiera más grande del país y tiene planes de expansión en Centroamérica, que comenzarán en Nicaragua.
Por Rosemary Recinos.

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