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Con el objetivo de analizar la propuesta de ley 5111, la cual busca reformar la “Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte”, diputados que integran la Comisión Legislativa de Deportes, presidida por el  representante Mario Velásquez Pérez del bloque CREO, se reunieron este miércoles con Directivos de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut) y de la Asociación de  Cronistas Deportivos (ACD) quienes dieron a conocer sus aportes en la discusión que se lleva a cabo para modificar el Decreto 76-97.
Según el texto de la propuesta, de no aprobarse las modificaciones, el deporte nacional corre el riesgo de no ser tomado en cuenta para participar en eventos internacionales, ya que la ley actual no cumple varios estatutos obligatorios de la Federación Internacional  de Futbol Asociado (FIFA), entre otros.
“Estamos evaluando los cambios a la iniciativa 5111 con todos los sectores involucrados en el deporte para que lleve un consenso general. Lo  interesante de la reforma es que con su aprobación se acatarían los estatutos internacionales de las asociaciones y federaciones afiliadas los cuales prevalecen por sobre la ley nacional”, dijo Carlos Fión, diputado ponente de la reforma a la ley del deporte.
Fión explica que, por ejemplo, la FIFA exige que los comités ejecutivos municipales, departamentales y nacional sean integrados por 11 miembros, pero la ley dice que son 5.
El congresista Carlos Chavarría, también ponente de la iniciativa de reforma, refirió que han convocado a diversos sectores para conocer sus propuestas. 
“Nosotros estamos presentando una propuesta interesante en el artículo 98 de la misma ley, para que en el caso de que nuestra reglamentación no  se adapte a los estatutos internacionales esta se ajuste al régimen internacional”, aseguró el diputado Chavarría.
La ley del deporte (decreto 76-97) no ha sido actualizado desde hace más de 15 años.
Juan Carlos Ríos, representante del Comité de Normalización de la  Federación Nacional de Futbol, comentó que es importante que se flexibilice este tema y se armonicen los términos de la normativa internacional con la ley interna.
“Debemos aclarar que no solo es el futbol sino las demás federaciones deportivas quienes piden que sean modificadas sus normativas y estatutos.  En su mayoría están sujetas a la ley del deporte, lo que en ocasiones ha afectado la participación internacional de algunas disciplinas y el propio desarrollo del deporte”, dijo el funcionario del deporte.
Esta comisión legislativa continuará con las reuniones de la mesa técnica, la cual recoge las propuestas de los diferentes sectores involucrados, entre ellos, las federaciones deportivas.


Por José Castellanos.                    

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Parlamentarios del bloque Alianza Ciudadana citaron a las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sit), Contraloría General de Cuentas (CGC), Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación (PGN), Ministerio Público (MP) y la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel), con el fin que estos últimos les presentaran un informe sobre el avance del cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 394-2001, el cual establece el traslado de 1 millón 530 mil líneas telefónicas con Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua).
Francisco Tambríz, jefe la bancada, aseguró que el seguimiento al compromiso de Estado que se adquirió en el año 2000 se debe a que el contrato entre las dos empresas telefónicas abarca un pago de un poco más de Q150 millones por parte de Guatel, a pesar que no se sabe el paradero de los teléfonos y de las líneas.
El convenio estableció que Telgua tendría que cumplir con varios compromisos, entre estos la entrega líneas, teléfonos públicos, comunitarios y líneas inalámbricas (celulares), los cuales a la fecha no han sido entregados a Guatel. Por ello, Tambriz, solicito a la PGN y a la Contraloría actuar de oficio e interponer las denuncias contra quien corresponda.
Uno de los problemas identificados  en el proceso de fiscalización fue que el informe del proceso de cumplimiento y de auditoría al acuerdo 394 fue realizado por la SIT en 2006 mediante una empresa privada, algo que Carlos Mencos, titular de la CGC, afirmó que no debía realizar, por lo cual se analiza si se acciona penalmente contra la Sit.
La Sit está por remitirle un informe a la PGN referente al avance de los acuerdos contraídos y si estos no se han cumplido “por lo que tendrá que actuar como representante del Estado”, indicó Tambríz.
Anabella Morfín, jefa de la PGN, explicó que se atendió la denuncia de los diputados y se dará seguimiento al asunto, para tener un informe del proceso de cumplimiento.
“El propósito de las reuniones es que se cumplan los compromisos, por lo que se solicitó a la PGN, CGC y Sit que por separado traslade un análisis de las acciones que se puedan tomar, y se convocará a una próxima reunión”, aseveró el congresista.
Por: Byron Ramírez

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La Comisión extraordinaria para la Integración y Desarrollo del Petén dirigida por el diputado Jaime José Regalado de la bancada Movimiento Reformador alzó la voz de alarma por la deuda de 32 mil millones de quetzales que el Estado mantiene con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss).
Esta elevada cifra fue revelada por el presidente de la Junta Directiva del Igss, Carlos Contreras durante una reunión sostenida con los parlamentarios, así como con el Viceministro de Finanzas Públicas (Minfin), Víctor Martínez.
Contreras solicitó a los diputados buscar la forma para reducir el millonario adeudo, ya que según él, este aporte permitiría ampliar la cobertura del Igss a todo el país.
Hasta el momento, agregó Contreras, apenas reciben del Estado 3 mil millones de quetzales repartidos entre la cuota patronal y la cuota laboral, mientras que el IGSS requiere de unos 4 mil 626 millones de quetzales para reducir la deuda y brindar mejores servicios.
Por su parte, el Viceministro de Administración Financiera del Minfin, Víctor Manuel Martínez, aseguró que la deuda de 32 mil millones de quetzales no está registrada en la contabilidad del Estado y que únicamente saben de 84 millones 234 mil quetzales, debido a que la Constitución regula las aportaciones que se deben ejecutar y le prohíbe al estado arrastrar deuda.
El parlamentario Jaime Regalado mostró su preocupación por que el adeudo del Estado con el Igss limita la cobertura de los servicios, algo que a la postre, afectará a los afiliados.
El parlamentario agregó que en la actualidad el Estado debió presupuestar 1,600 millones de quetzales y solo 600 millones de quetzales son los que aparecen en el presupuesto del presente año.

Por José Luis Hernández.

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En reunión sostenida en la Comisión Extraordinaria para la Integración y Desarrollo del Petén, que preside el diputado Jaime José Regalado, de la bancada Movimiento Reformador, con Víctor Martínez, viceministro de Finanzas Públicas, y Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se dio a conocer el adeudo que el Estado, como patrono, mantiene con esa dependencia, que asciende a por lo menos Q32 mil millones.
Contreras solicitó a los congresistas buscar la forma de reducir la millonaria deuda, pues con ello se estaría ampliando la cobertura a todo el país. Hasta el momento, agregó, reciben del Estado entre cuotas patronal y laboral Q3 mil millones, en tanto que el IGSS requeriría de unos Q4 mil 626 millones para brindar mejores servicios.
Por su parte, Martínez explicó que la cifra de Q32 mil millones no la tienen registrada, únicamente Q84 millones 234 mil, debido a que la Constitución regula las aportaciones que se deben ejecutar.
El parlamentario Regalado mostró su preocupación porque “esa situación no solo dificulta la falta de cobertura de los servicios y afecta a los afiliados”. Agregó que el Estado debió contemplar Q1 mil 600 millones y no solo Q600 millones que aparecen en el presupuesto del presente año, por lo que seguirán analizando la forma de resolver el problema.
Por José Luis Hernández

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El diputado Carlos Martínez, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, acompañado del representante Boris España, jefe del bloque Movimiento Reformador, se reunió con las autoridades encargadas de los trabajos en el municipio de Jerez, Jutiapa.
Los funcionarios informaron que hay 47 casos de viviendas afectadas que no cuentan con la certeza jurídica de sus terrenos, y para buscar la solución un grupo de abogados se trasladará al lugar para identificar los inmuebles, pues se tiene que realizar la compra de un terreno para efectuar el traslado y se dispone de Q5 millones.
Carlos Martínez Gularte, secretario general de la Presidencia informó que en Consejo de Ministros se aprobó la ampliación del Estado de Calamidad Pública por 30 días, por lo cual el Organismo Ejecutivo trasladará al Congreso de la República la solicitud, pues aún no han concluido los trámites administrativos ni los trabajos.
El congresista Martínez, representante de Jutiapa, comentó que “es lamentable que a la fecha no haya mayor avance ni solución para las personas perjudicadas”.
Agregó que cuando sean notificados oficialmente de la solicitud para ampliar el Estado de Calamidad se analizará el contenido y se buscarán los votos para que sea ratificado. “Hasta el momento no se ha hecho casi nada y 30 días es muy poco tiempo para terminar con los trabajos en el lugar”, concluyó. 
“Nosotros estamos trabajando con la mejor disponibilidad y eficacia del caso; somos los más interesados en que la población esté bien”, respondió Martínez Gularte.
Por José Castellanos  

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El diputado Marcos Yax Guinea, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, entregó al presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, una propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, por un monto de al menos Q490 millones, enfocado en las diferentes instituciones del Estado que trabajan en favor de los derechos y el desarrollo de esta población del país.
Instituciones como la Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural, Secretaría de la Paz, Secretaría Presidencial de la Mujer y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, entre otras, solicitan al Parlamento redoblar los esfuerzos para fiscalizar, intermediar y legislar, en cumplimiento de las demandas y compromisos establecidos en favor de este sector vulnerable.
Asimismo, solicitan un incremento de más de Q248 millones para reforzar el avance y los logros obtenidos hasta la fecha, y responder a los retos que enfrentan, en particular la población de origen Maya, Xinca y Garífuna.
El diputado Yax, de la bancada del Frente de Convergencia Nacional, expresó que estas comunidades han sido discriminadas y marginadas mediante su presupuesto, el cual es necesario para llevar los servicios y el apoyo que se brinda a los diferentes municipios. ”Somos más del 50 por ciento de la población y no es posible que sigamos recibiendo migajas para poder operar”, aseveró.
Indicó que se reunirá con el ministro de Finanzas para llevar la voz de estos pueblos, con el objetivo de que se pueda asignar lo que realmente necesita cada una de estas instituciones.
Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, manifestó: “Es importante sensibilizar esta lucha contra la discriminación y buscar los intereses de los pueblos indígenas”. Agregó que corresponde trasladarlo a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para que en septiembre se pueda agregar al proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2017.
Por Rosemary Recinos

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El congresista Leocadio Juracán, del bloque Convergencia, se reunió con Óscar Hugo López, ministro de Educación, y con delegados del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG), para discutir la implementación del proceso de supresión-creación de los técnicos especializados en telesecundaria, el cual beneficiaría a 4 mil 182 profesionales con plazas en el renglón permanente 011, quienes tienen puestos en los renglones presupuestarios 021 y 022.
López explicó que esa cartera trabaja en el referido proceso, el cual es resultado de 14 reuniones de la mesa técnica conformada por ambas partes. “Producto de ello se integró una propuesta consensuada, y a la vez fueron consultados el Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional de Servicio Civil, a fin de que el proceso sea apegado a la ley y de beneficio a todos los docentes”, agregó.
Sin embargo, Efrén Sandoval, representante del MSICG, cuestionó las declaraciones del funcionario debido a que esa organización presentó dos propuestas fundamentadas en el marco legal y jurídico, de las cuales no se ha emitido comentario alguno. “Hemos pedido la intermediación del diputado Juracán a fin de que se llegue a los acuerdos necesarios que permitan la dignificación de los compañeros, desde el punto de vista básico del derecho al trabajo, con lo que se estaría garantizando la estabilidad laboral de 3 mil 330 docentes en renglón 022 y unos 852 en 021”, aseguró.
Tras escuchar a las partes, el congresista Juracán dijo que la bancada mediará para buscar una pronta solución, por lo que se reunirán nuevamente el miércoles de la próxima semana, y evitar así que se queden sin cobertura miles de estudiantes. “La citación se llevó a cabo como parte del acompañamiento que nos pidió este sector. Hemos visto la disponibilidad y compromiso del ministro López, en querer solventar la problemática que permitirá que miles de técnicos cuenten con certeza laboral, que por derecho les corresponde”, concluyó.
El programa de telesecundaria es una innovación educativa mediante un modelo pedagógico moderno, cuyo objetivo consiste en apoyar a jóvenes que viven en comunidades que no cuentan con el servicio o en lugares en que la cobertura no es suficiente. Actualmente, la población estudiantil beneficiada es de 30 mil 643 personas, aglutinadas en 452 institutos en los 22 departamentos del país.
Por Karen Mendoza

 

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El diputado Pedro Méndez, de la bancada Todos, quien preside la Comisión Extraordinaria de Frontera Sur, se reunió con Aldo García Morales, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que explicara el atraso de un tramo carretero de 4 kilómetros que va desde la comunidad de La Cumbre a Las Barrancas, en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, que quedó inconcluso.
El parlamentario explicó al funcionario que el proyecto “quedó en el olvido desde el año 2008 y aunque es un tramo pequeño es de vital importancia para los habitantes”, quienes utilizan esa vía para transportar sus productos agrícolas a otros lugares del país.
“Me quedo satisfecho porque la gente pudo expresar ante el ministro sus inquietudes y queda en él su buena voluntad de cumplir con esta promesa que hoy hace para las cinco comunidades que van a tener la oportunidad de tener un mejor acceso”, expresó el congresista.
Por su parte, el funcionario García Morales dijo desconocer la razón por la cual no fue factible hacer esta obra en su momento, pero se comprometió a revisar y buscar la forma de retomarla.
“Es poco el tramo que hay que hacer; sabemos que es de importancia para los pequeños empresarios que trasladan sus productos agrícolas. Vamos hacer lo posible por ver los fondos y cuánto se podría hacer para apoyarlos”, argumentó el funcionario.
Por Elizabeth Linares

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La Ley para el Fortalecimiento de la Transferencia Fiscal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) quedó aprobada este martes y registrada con el Decreto 37-2016.
Entre los puntos que sobresalen está el artículo 52, que se refiere a la información financiera en poder de terceros, destacando que la SAT podrá requerir a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, cooperativas de ahorro y crédito y entidades de micro finanzas, información sobre los movimientos bancarios.
Lo anterior será posible solo con orden judicial y a partir de la vigencia de la normativa, tal como fue propuesto por la SAT y el Ministerio de Finanzas.
“Con esta aprobación se fortalece a la SAT y se le dota de mecanismos y herramientas para fortalecer el tema fiscal”, expresó Adin Maldonado, del bloque Frente de Convergencia Nacional; el presidente del Parlamento, Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que con este paso se evitarán los problemas recientes en el ente recaudador.
Además, se contempla que el Directorio será conformado por el Ministro de Finanzas Públicas, quien lo presidirá, así como por dos personas designadas por el Presidente de la República, y el jefe de la SAT, según el artículo 8.
Durante la sesión de este martes también se conoció el informe del Banco de Guatemala, por parte del presidente en funciones, Sergio Francisco Recinos, quien destacó un incremento en las remesas y crecimiento económico superior al 3.9 por ciento del Producto Interno bruto, en comparación con el 2015.
Asimismo, se aprobó con 105 votos la moción privilegiada para entrar a conocer la ampliación por 30 días del Estado de Calamidad declarado por el Organismo Ejecutivo en el municipio de Jerez, Jutiapa. Sin embargo, el quórum de rompió y se declaró receso; la sesión extraordinaria declarada permanente continuará este miércoles, a las 10:00 horas, para tratar el asunto.
Por Karla Herrera y José Castellanos

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