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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, que coordina el diputado Boris España, se reunieron con Francisco Rivas Lara, ministro de Gobernación, a quien cuestionaron acerca de las acciones tomadas por esa cartera para suspender el contrato con la empresa Security Assistance Group Guatemala, S.A. (SAG), orientado a la modernización del registro, documentación y control migratorio de Guatemala.
El contrato en cuestión fue cancelado en el 2015 por el entonces ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, por falta de transparencia en el proceso de adquisición, acción respaldada por la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, tras una impugnación de SAG, en febrero de este año, esta institución recomendó dejar sin efecto la resolución que anula la adquisición del equipo por US$109.8 millones, unos Q846.5 millones.
El titular de la cartera del Interior indicó que hay suficientes elementos de prueba para iniciar un proceso de evaluación del contrato y determinar los delitos en los que se incurrió.
Además, resaltó la importancia del control migratorio para la seguridad del país y que es necesario el estudio adecuado de la factibilidad de un sistema que pueda responder a los requerimientos en los distintos puertos, aeropuertos y aduanas.
“Hay procedimientos mal hechos por parte de funcionarios del Gobierno anterior; en tal virtud, como bancada seguiremos vigilantes para que este proceso se aclare, por el bien de los intereses del Estado de Guatemala”, indicó el congresista España.
Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, anualmente ingresan al país un total de 1 millón 32 mil 92 visitantes no residentes, lo cual representa un crecimiento acumulado de 9.8 por ciento en relación con el año anterior.
La industria turística sigue posicionada como la principal fuente de divisas del país y durante el primer semestre del 2014 generó US $746.2 millones, lo que representa un crecimiento acumulado del 7.8 % en relación con el 2013, lo cual se posiciona por arriba de los ingresos generados por las exportaciones de azúcar y de café.
Por Karen Mendoza

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Con 109 votos a favor los diputados al Congreso de la República aprobaron el decreto 26-2016 que reforma la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Entre las novedades está el voto en el extranjero a partir del 2019 y la creación de dos unidades de control y fiscalización de las finanzas de los partidos y medios de comunicación.
Los congresistas pusieron además tope al número de diputados (160) para el Congreso de la República, sanciones a partidos políticos y comités cívicos que incumplan con lo ordenado por  la ley, la igualdad en espacios públicos, el transfuguismo y  el control sobre el financiamiento.
Se estableció además que la primera vuelta de las elecciones generales serán en junio y la segunda vuelta, si se necesitara, dos meses después. También se aprobó que la presidencia del Tribunal Supremo Electoral se rotaría cada año entre los magistrados iniciando por el de mayor de edad en forma descendente.
“Me siento satisfecha por el trabajo que hicimos,  desde el año pasado cuando en la Comisión de Asuntos Electorales iniciamos con el análisis de la propuesta enviada por el Tribunal Supremo Electoral” destaco la diputada Mirma de Coro ex presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales.
Tras concluir la aprobación por artículos de la iniciativa y la lectura de la redacción final, los diputados aprobaron con 114 votos a favor un fondo de revisión de los artículos 3, 4, 9, 10, 11, 15, 25 y 52.
La congresista Sandra Morán presentó otra moción de revisión para que se aprobara la paridad electoral, la cual fue rechazada.
Por Karla Herrera

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El miedo a que suceda una tragedia similar a la de El Cambray II, de Santa Catarina Pínula, llevó a los vecinos de la colonia Jardines del Norte a buscar la intermediación de los diputados de la Comisión de la Vivienda, para buscar un lugar hacia dónde sean trasladados.
"Sus viviendas son afectadas por fisuras en paredes y pisos, lo que pone en riesgo su integridad física", aseguró Alejando Maldonado, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), quien agregó que los vecinos deben ser trasladados a otro lugar pues el suelo está propenso a sufrir deslizamientos.
La Municipalidad de Guatemala, por su parte, apoyó la recomendación de desalojo de las viviendas ubicadas en las manzanas de la B a la F del residencial, pero no informa el sitio del traslado, aseguró Sandino Reyes, presidente de la Comisión de Vivienda.
En diciembre de 2014, la Conred y otras entidades no gubernamentales realizaron el estudio del suelo y la evaluación de las casas, pero hasta febrero de 2015 la comuna capitalina fue alertada del peligro, y los vecinos en octubre de ese mismo año.
Los pobladores solicitaron la intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos y de los diputados para que medien en la devolución de los pagos efectuados, pues no están dispuestos a perder la inversión realizada en un lugar que catalogaron como inseguro. Una de las vecinas de la colonia, (quien pidió mantener su nombre en reserva) pidió que se investigue a los representantes del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, argumentando que en algunos casos ha puesto a la venta “en remate” las viviendas devueltas.
Los denunciantes accionaron contra la empresa inmobiliaria que les vendió las residencias con el fin de recuperar la inversión. Ingrid Serrano, fiscal auxiliar del Ministerio Público, aseguró que hay una línea de investigación.
Reyes aseguró que buscarán dar una solución a las familias afectadas, por lo que el próximo miércoles habrá otra reunión para analizar si procede citar al alcalde capitalino Álvaro Arzú, a fin de que dé una explicación sobre de los permisos de construcción otorgados a la empresa lotificadora.

Por Byron Ramírez
 

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La crisis en el Ministerio de Salud, caracterizada por la falta de medicamentos, atención hospitalaria deficiente y carencia de alimentos para los pacientes motivó a la bancada Encuentro por Guatemala a hacer un análisis que permita sugerir soluciones.
Nineth Montenegro, jefa de dicho bloque, expresó que se visitaron 15 hospitales nacionales, donde encontraron que el desorden presupuestario es el principal problema.
"El sistema actual es tan perverso que en la mayoría de hospitales públicos la matriz de gasto se enfoca exclusivamente en el pago de personal",  aseguró la legisladora, quien agregó que los cuatro principales problemas son: falta de recursos y de planificación y control, corrupción y sobrevaloración de medicamentos.
Dentro del análisis presentado se estima que en los últimos 10 años el presupuesto global de Salud ha destinado el 60 % para el pago de personal incluido en el renglón 018, el 13 % para medicamentos y un 2 % a alimentos, mientras que el restante 25 % es para otros gastos.
"Sumado a esto, existen varias denuncias en el interior del país por la falta de personal para atender a la población", expresó Doriam Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala.
En los 15 hospitales fiscalizados se pudo verificar que 235 trabajadores tienen suspensión del Seguro Social y 74 tienen licencia sindical; de ellos, 144 pertenecen al Hospital Roosevelt.
La legisladora Montenegro aseguró que esta información será trasladada a las autoridades del Ministerio de Salud con el fin que tengan contexto de lo que sucede dentro de los centros hospitalarios.
Antecedentes
En 2012, la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso un amparo por la falta de medicamentos, y en febrero de 2016 se realizó la misma acción legal, esta vez sí amparada por la Corte de Constitucionalidad, por lo cual el Ministerio Público presentó una denuncia contra quien salga responsable de la falta de medicamentos.

Por Byron Ramírez
 

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La crisis en el Ministerio de Salud, caracterizada falta de medicamentos, atención hospitalaria deficiente y falta de alimentos para los pacientes motivó a la bancada Encuentro por Guatemala a hacer un análisis que permita sugerir soluciones.
Nineth Montenegro, jefa de dicho bloque, expresó que se visitaron 15 hospitales nacionales, donde encontraron que el desorden presupuestario es el principal problema.
"El sistema actual es tan perverso que en la mayoría de hospitales públicos la matriz de gasto se enfoca exclusivamente en el pago de personal",  aseguró la legisladora, quien agregó que los cuatro principales problemas son: falta de recursos y de planificación y control, corrupción y sobrevaloración de medicamentos.
Dentro del análisis presentado se estima que en los últimos 10 años el presupuesto global de Salud ha destinado el 60 % para el pago de personal incluido en el renglón 018, el 13 % para medicamentos y un 2 % a alimentos, mientras que el restante 25 % es para otros gastos.
"Sumado a esto, existen varias denuncias en el interior del país por la falta de personal para atender a la población", expresó Doriam Taracena, diputado de Encuentro por Guatemala.
En los 15 hospitales fiscalizados se pudo verificar que 235 trabajadores tienen suspensión del Seguro Social y 74 tienen licencia sindical; de ellos, 144 pertenecen al Hospital Roosevelt.
La legisladora Montenegro aseguró que esta información será trasladada a las autoridades del Ministerio de Salud con el fin que tengan contexto de lo que sucede dentro de los centros hospitalarios.
Antecedentes
En 2012, la Procuraduría de los Derechos Humanos interpuso un amparo por la falta de medicamentos, y en febrero de 2016 se realizó la misma acción legal, esta vez sí amparada por la Corte de Constitucionalidad, por lo cual el Ministerio Público presentó una denuncia contra quien salga responsable de la falta de medicamentos.

Por Byron Ramírez
 

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Los diputados que conforman la bancada Movimiento Reformador (MR),  que coordina el parlamentario Boris España, manifestaron su solidaridad y apoyo a Estela Ventura, gobernadora de Alta Verapaz, por los hechos de discriminación y presiones políticas, denunciados recientemente contra varios legisladores de la bancada FCN-Nación.
Cándido Cúpil, comisionado contra la Discriminación y el Racismo, indicó que como entidad han presentado una nueva denuncia por los delitos de discriminación por motivos de etnia, origen cultural y género.
Asimismo, explicó que se solicitaron que se le brinde seguridad perimetral a la funcionaria, acción que los parlamentarios consideraron no apropiada, y pidieron que se le brinde resguardo personal proteger su integridad física.
Miriam Domínguez, defensora de los Derechos de la Mujer, de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), aseguró que le han dado el respectivo acompañamiento y ahora le corresponde al Ministerio Público (MP) tipificar los delitos.
La gobernadora Ventura agradeció el apoyo mostrado por los legisladores y expresó: “Debido a que el caso se encuentra bajo investigación del MP no puedo hacer mayores comentarios, para no entorpecer el proceso”.
“La felicito por la decisión de denunciar el hecho; no puede ningún funcionario ser objeto de chantajes por ningún diputado y ninguna bancada”, dijo España, quien agregó que solicitará las medidas de protección este jueves, a Francisco Rivas, ministro de Gobernación.
La diputada Dolores Beltrán, subjefa de bancada, mencionó: “Nos solidarizamos ante los abusos y atropellos sufridos en su contra y continuaremos con el seguimiento a este caso”.
Por Rosemary Recinos

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La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentará un recurso de amparo en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo, con lo cual espera detener la decisión que la junta directiva de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) pudiera estar tomando esta semana acerca de dar el permiso de operatividad a Terminal de Contenedores de Barcelona, y su filial Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), para que opere en ese recinto.
“Hay muchas dudas en el contrato; además, se puede suspender en cualquier momento y, sobre todo, no llena los requisitos como el impacto ambiental ni la autorización de la alcaldía del lugar”, expresó el diputado Orlando Blanco, jefe del referido bloque.
El convenio está, pero no el permiso de operatividad; el amparo lo que busca es detener la fase de operaciones de la empresa TCQ en la Portuaria Quetzal, y si los miembros de la junta directiva autorizan dicho permiso estarán cometiendo varios ilícitos y podrían ser demandados, afirmó.
El Ministerio Público y al Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala revelaron detalles de una supuesta red de sobornos alrededor de la negociación y adjudicación en usufructo de un área de la EPQ a la empresa extranjera.
La firma española firmó el contrato por un plazo de 25 años a cambio de pagar a la EPQ US$1 millón anual por el usufructo y US$4 dólares por cada contenedor que reciba en el puerto.

Por: Selvin Rustrián
 

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Declarar la Sierra de las Minas como área silvestre es  la solicitud que el diputado Víctor Estrada, representante del Movimiento Reformador por El Progreso, hizo a las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y al Instituto Nacional de Bosques (Inab).
“Con la declaratoria se evitará la tala inmoderada en la región, que por su extenso tamaño es uno de los principales pulmones del país”, afirmó el congresista.
Los representes del Conap e Inab destacaron que se habían otorgado tres licencias para la tala, pero una de ellas fue retirada por no contar con las normas requeridas por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por lo que las otras dos están siendo analizadas.
La Sierra de las Minas atraviesa 14 municipios de los departamentos de El Progreso, Zacapa, Chiquimula, Alta y Baja Verapaz, por lo que se ha incorporado una mesa de diálogo con los alcaldes, instancia en la cual el diputado ha solicitado ser incluido.
En la reunión también se solicitó que se suspendan todas las licencias de tala, pues Guatemala corre el riesgo de quedarse sin una de las áreas más boscosas y generadoras de oxígeno.
Por Karla Herrera

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Integrantes de la Comisión legislativa de Economía y Comercio Exterior, que preside el diputado Arístides Crespo Villegas, se reunieron hoy con el objetivo de dictaminar favorablemente la iniciativa de ley 4896, que dispone dar certeza jurídica y regular la actividad de arrendamiento en el país, conocida como “Ley de Leasing”.
La normativa consta de 52 artículos y fue presentada en septiembre del 2015, con la cual se busca contribuir al desarrollo económico del país, al ampliar las opciones de financiamiento en todos los sectores y, en especial, a las pequeñas y medianas empresas, pues les facilitará financiar bienes generadores de renta sin erogar grandes cantidades de capital desde el inicio.
Asimismo, ofrece ventajas financieras, fiscales y operativas que les permitirá ser más productivos y competitivos en el mercado nacional e internacional.
El contrato de Leasing es aquel con el cual las empresas obtienen el uso y goce de un bien durante un plazo determinado, a cambio del pago de una renta periódica al arrendante. Al vencimiento del plazo, el arrendatario adquiere la propiedad del bien cancelando el valor residual pactado desde su inicio.
La naturaleza jurídica se enmarca como un contrato mercantil y de financiación, debido a que no está regulado, y se utiliza como medio de financiamiento para la adquisición de bienes de capital. Normalmente es utilizado por entidades bancarias para el arrendamiento de bienes mobiliarios y vehículos, entre otros.
Arístides Crespo resaltó la importancia de contar con el instrumento de soporte legal a la actividad de leasing. “Esperaríamos que esto dé  facilidades al sector financiero para sus operaciones, y que Guatemala  tenga legislado el tema, para dar certeza jurídica a las operaciones que se hagan bajo este sistema”, dijo.
Al finalizar la reunión, el parlamentario indicó que se espera que la iniciativa sea conocida por el pleno del Congreso en la sesión plenaria programada para el jueves 21 de abril.
Según datos del Ministerio de Economía, en Guatemala se utiliza esta modalidad desde hace  30 años. Sin embargo, se estima que aún se desconocen las ventajas que este contrato ofrece y las modalidades que han surgido por la necesidad de estructurar un adecuado financiamiento, que permita a los empresarios poder  adquirir bienes para el crecimiento de sus operaciones.
Por Karen Mendoza

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