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Al menos 150 municipalidades adeudan más de Q3 mil millones a instituciones como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Empresa Eléctrica de Guatemala, Instituto Nacional de Electrificación e Instituto de Fomento Municipal entre otras.
“Lo que se busca es que dichas instancias condonen las deudas por intereses que tienen las comunas y solo se pague el capital, porque no cuentan con fondos para liquidar, lo cual provoca que no se pague y se incrementen los montos”, manifestó el diputado Selvin García, de la coalición Compromiso, Renovación y Orden-Unionista.
Las deudas cada año se incrementan en intereses y gastos judiciales, y en muchos casos se duplica hasta en 200 por ciento; varias municipalidades no cuentan con fondos para pagar porque no generan ingresos propios, y por eso se busca la exoneración y facilitar en pagos, comentó el legislador.
“Es una forma idónea de ayudarnos a pagar dichos compromisos y tener ese plazo de 60 meses, porque solo pagaríamos capital; así tendríamos fondos para invertir en nuestras comunidades”, enfatizó Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades.
Ambos entrevistados coincidieron en que es necesario reformar el IVA-PAZ para que las corporaciones municipales puedan contar con más recursos que provienen de esos ingresos.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de la bancada Encuentro por Guatemala (EG) del Congreso de la República se reunieron con Carlos Velázquez Monge, director General de Aeronáutica Civil; María Eugenia Villagrán, procuradora General de la Nación (PGN) y Carlos Mencos, contralor General de Cuentas de la Nación (CGCN), para dar seguimiento a las anomalías en la contratación de personal y de contratos lesivos al Estado.
Allí, el Contralor de Cuentas indicó que el Estado deja de percibir alrededor de Q 50 millones en el arrendamiento del parqueo del Aeropuerto Internacional La Aurora, que mide más de 13 mil metros cuadrados de la zona  adyacente para la distribución de combustible pues esa área se encuentra inutilizada y no ha permitido que se  puedan hacer las mejoras necesarias.
“Encontramos también que el equipo de cómputo adquirido por esta entidad está sobrevalorado por ello, hemos accionado penalmente ante el Ministerio Público”, comentó Carlos Mencos.
El diputado Luis Pedro Álvarez informó que dentro de la fiscalización realizada se encontraron hallazgos en la contratación de personal 029, quienes son contratistas y proveedores de la institución, que prestan distintos servicios dentro del aeropuerto.
“Existe  un conflicto de intereses  y tengo entendido que las personas van a ser destituidas. Con relación a los contratos que son lesivos, la Contraloría ya se pronunció al respecto y la PGN solicitó la nulidad de los mismos”, expreso el diputado Álvarez.
Por Elizabeth Linares

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Diputados de la comisión de la Defensa Nacional,  que preside la representante Ana Victoria Hernández, del bloque TODOS,  recibieron a directivos de la Asociación de Veteranos Militares de  Guatemala (Avemilgua),  quienes presentaron la propuesta de iniciativa de Ley de Creación de Programas de Inserción Social a Exintegrantes del Ejército de Guatemala, que beneficiaría a 42 mil jubilados castrenses.        
El proyecto contempla la creación de programas de capacitación para los agremiados que en su mayoría  son del área rural y conviven en comunidades vulnerables a los efectos y desastres naturales, como inundaciones, sequías y deslaves, además de subsistir con el flagelo de la inseguridad alimentaria, desnutrición y pobreza extrema. Los programas se encaminarían a proyectos de desarrollo rural, siembras, cultivos, pequeñas y medianas empresas, entre otros.         
Se busca contar con financiamiento estatal y se solicita que el Congreso incremente anualmente al presupuesto de ingresos del Ministerio de la Defensa Nacional una asignación de 0.5 por ciento Avemilgua, con la finalidad de utilizarla para reorganización, fortalecimiento y consolidación de toda persona que prestó servicio en el Ejército.     
La diputada Hernández  comentó que será analizada la petición, porque “busca contar con presupuesto y en este momento hay  dificultades financieras en el país”.                                                  
El general  José Luis Quilo Ayuso, presidente de Avemilgua, explicó que la intención es que los veteranos puedan contar con una prestación y apoyo financiero, e integrarlos a un proceso productivo. “Esto no solo es para los que están en condición de retiro, que son más de un  millón de exsoldados; en la asociación tenemos contabilizados no menos de 42 mil agremiados, y esto ayudara  también a quienes salen de las filas castrenses, detalló.
Por José Castellanos.

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Diputados al Congreso de la República aprueban el decreto 27-2016 que tiene por objeto dignificar y reconocer la labor profesional que desempeñan los y las profesionales del Trabajo Social en el desarrollo del país.
Para el efecto se declara el día dos de mayo de cada año, como “Día del Profesional de Trabajo Social”,  los y las profesionales de Trabajo Social gozarán de asueto con derecho a remuneración.
La iniciativa, que ingresó al pleno en el 2013 y recibió dictamen favorable de la Comisión de Previsión y Seguridad Social el  22 de septiembre del 2014, fue aprobada por más de las dos terceras partes de diputados al Congreso en un solo debate y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.
El 2 de mayo de 1949, surge la primera Escuela de Servicio Social, bajo el auspicio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, fecha desde la cual, el trabajo social guatemalteco ha incidido positivamente en el bienestar de la población desde el ámbito institucional público y privado, mediante su función de investigación de problemáticas sociales, diseño, dirección y ejecución de planes, programas y proyectos sociales que han generado impacto en los grupos de población más necesitados del país; generando participación activa, desde lo local y desarrollo dirigencial en la búsqueda autogestionaria de soluciones a la múltiple problemática derivada de la pobreza y exclusión social.
Los diputados ponentes fueron: Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Roberto Ricardo Villate Villatoro, Jean Paul Briere Samayoa, Manuel De Jesús Barquín Durán y Orlando Joaquín Blanco Lapola.

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El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, diputado Francisco Vitelio Lam, se reunió con Víctor Aguilar, viceministro de Minería e Hidrocarburos; Luis Ayala, director general de Hidrocarburos, y Silvia Escobar, titular de la Dirección de Atención y Asistencia del Consumidor (Diaco), para analizar el alza en el precio del gas propano.
En noviembre del año pasado este producto sufrió un incremento, el cual fue injustificado, según información del Ministerio de Energía y Minas,  por lo que la cartera trasladó la información a la Diaco, que presentó la denuncia en el Ministerio Público.
“El Ministerio de Energía no avala el precio actual del gas propano, pues el cilindro de 25 libras, que está en Q90, según nuestro estudio y monitoreo, debería costar Q75;  esperamos que el precio llegue al valor que  le corresponde y se beneficie la economía de las familias guatemaltecas”, indicó  Ayala.
Escobar indicó que se le da seguimiento a la denuncia presentada en el 2015 en contra de las compañías de gas por el delito de especulación de precios, y que el  expediente ya ha sido analizado por las fiscalías de Delitos Económicos y de Investigación Especial. “Estamos esperando que un juez pueda dictaminar la devolución de dinero a los consumidores”, agregó.
El diputado Lam indicó que “se buscan alternativas para bajar los precios, como el establecimiento de otras empresas en el país, para fomentar la competencia, o algún tipo de subsidio a la población más necesitada, como ya se implementa  en  El Salvador y Panamá”.
Agregó que continuarán pendientes de la demanda y estarán fiscalizando que si existe un reajuste por el alza de precios se pueda devolver a la población.
Por Rosemary Recinos

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Preocupados por la poca transparencia en el proceso de suscripción del contrato de usufructo adjudicado a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), para la administración del principal puerto ubicado en el Pacífico del país, diputados del Movimiento Reformador (MR) citaron hoy a funcionarios de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Secretaría General de la Presidencia, Portuaria Quetzal y los ministerios de Finanzas y de Comunicaciones.
En la reunión se evidenció que la firma española firmó el contrato por un plazo de 25 años a cambio de pagar a la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) US$1 millón anual por el usufructo y US$4 dólares por cada contenedor que reciba en el puerto; por esta suma el Estado cedió 384 mil 171 metros cuadrados.
Al finalizar la reunión, el diputado Boris España, jefe del bloque MR dijo que darán un plazo de 5 días para que toda la papelería en relación al contrato sea remitida a la bancada, y estarán  vigilantes de las acciones de los entes jurisdiccionales pertinentes.
TCQ contempla la construcción de una terminal marítima de más 348 mil metros cuadrados en un usufructo prorrogable, pagando US $0.20 centavos por cada metro cuadrado, lo cual contrasta con el precio del mercado nacional, que es de US $20 por metro cuadrado.
El viernes pasado, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala revelaron detalles de una estructura de corrupción que, supuestamente, involucra a los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, caso por el cual fueron capturadas más de 10 personas y al menos 2 están prófugas.
De acuerdo a lo reportado por los entes investigadores, los exgobernantes y el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, y el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, participaron activamente en las diligencias para  otorgar el contrato desde que inició la gestión del Partido Patriota.
La adjudicación, que data del 11 de julio de 2012, fue seriamente cuestionada por la opacidad en el proceso, por algunos diputados y organizaciones de sociedad civil; incluso, la PGN recomendó la nulidad del contrato al descubrir una serie de anomalías, que van desde la evasión de la observancia contenida en la Ley de Contrataciones del Estado hasta la figura legal, que en este caso debería de ser la de concesión.
Sin embargo, hasta el 12 de febrero de este año, el expediente se encuentra en la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, a la espera de que el mandatario Jimmy Morales autorice a la PGN entablar la demanda por este caso.
El Puerto Quetzal fue construido en la década de 1980, con una estimación de vida productiva de 35 años; se constituye como una importante ventana al comercio internacional, donde hay un tránsito de no menos de 300 mil millones de contenedores al año. El 80 por ciento de las operaciones del puerto es por carga a granel y el 20 por ciento por contenedores.
Por Karen Mendoza

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A solicitud del diputado Boris España, de Movimiento Reformador, durante la sesión ordinaria de este jueves el pleno del Congreso fijó para el 17 de mayo, la interpelación al ministro de Finanzas Públicas, Julio Héctor Estrada.
“El objetivo de es saber adónde se han enviado los recursos del Estado, cómo han sido utilizados, tomando en cuenta la crisis en salud, educación y seguridad”, detalló el legislador.
Durante la sesión también se conocieron  11  iniciativas de ley, como la propuesta de Ley Reguladora de la Conmuta de la Pena en los Condenados a Muerte, que fue trasladada a las comisiones  de Legislación y Puntos Constitucionales y Reformas al Sector Justicia  para que se analice cada uno de los puntos.
Asimismo, con el apoyo de 108 diputados quedó aprobado el Decreto 27-2016, que declara el 2 de mayo de cada año como Día del Profesional del Trabajo Social, para que los profesionales puedan gozar de asueto con derecho a remuneración.
“Es un logro que se ha obtenido en beneficio de quienes realizan este trabajo en los distintos departamentos, quienes dan el proceso de acompañamiento para buscar la superación de carencias sociales, económicas y culturales mediante la organización y promoción para mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos”, destacó la congresista Sandra Morán, una de las ponentes.
Otro de los temas aprobados fue un punto resolutivo solicitado por el diputado Germán Velásquez,  para reconocer la importancia del agua y la celebración del Día de la Tierra e instar a las autoridades estatales, medios de comunicación y a la población en general a promover la conciencia ecológica y de campaña nacional permanente para el uso racional del vital líquido.
Por Karla Herrera

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, que coordina el diputado Boris España, se reunieron con Francisco Rivas Lara, ministro de Gobernación, a quien cuestionaron acerca de las acciones tomadas por esa cartera para suspender el contrato con la empresa Security Assistance Group Guatemala, S.A. (SAG), orientado a la modernización del registro, documentación y control migratorio de Guatemala.
El contrato en cuestión fue cancelado en el 2015 por el entonces ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, por falta de transparencia en el proceso de adquisición, acción respaldada por la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, tras una impugnación de SAG, en febrero de este año, esta institución recomendó dejar sin efecto la resolución que anula la adquisición del equipo por US$109.8 millones, unos Q846.5 millones.
El titular de la cartera del Interior indicó que hay suficientes elementos de prueba para iniciar un proceso de evaluación del contrato y determinar los delitos en los que se incurrió.
Además, resaltó la importancia del control migratorio para la seguridad del país y que es necesario el estudio adecuado de la factibilidad de un sistema que pueda responder a los requerimientos en los distintos puertos, aeropuertos y aduanas.
“Hay procedimientos mal hechos por parte de funcionarios del Gobierno anterior; en tal virtud, como bancada seguiremos vigilantes para que este proceso se aclare, por el bien de los intereses del Estado de Guatemala”, indicó el congresista España.
Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, anualmente ingresan al país un total de 1 millón 32 mil 92 visitantes no residentes, lo cual representa un crecimiento acumulado de 9.8 por ciento en relación con el año anterior.
La industria turística sigue posicionada como la principal fuente de divisas del país y durante el primer semestre del 2014 generó US $746.2 millones, lo que representa un crecimiento acumulado del 7.8 % en relación con el 2013, lo cual se posiciona por arriba de los ingresos generados por las exportaciones de azúcar y de café.
Por Karen Mendoza

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Diputados de la bancada Movimiento Reformador, que coordina el diputado Boris España, se reunieron con Francisco Rivas Lara, ministro de Gobernación, a quien cuestionaron acerca de las acciones tomadas por esa cartera para suspender el contrato con la empresa Security Assistance Group Guatemala, S.A. (SAG), orientado a la modernización del registro, documentación y control migratorio de Guatemala.
El contrato en cuestión fue cancelado en el 2015 por el entonces ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, por falta de transparencia en el proceso de adquisición, acción respaldada por la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, tras una impugnación de SAG, en febrero de este año, esta institución recomendó dejar sin efecto la resolución que anula la adquisición del equipo por US$109.8 millones, unos Q846.5 millones.
El titular de la cartera del Interior indicó que hay suficientes elementos de prueba para iniciar un proceso de evaluación del contrato y determinar los delitos en los que se incurrió.
Además, resaltó la importancia del control migratorio para la seguridad del país y que es necesario el estudio adecuado de la factibilidad de un sistema que pueda responder a los requerimientos en los distintos puertos, aeropuertos y aduanas.
“Hay procedimientos mal hechos por parte de funcionarios del Gobierno anterior; en tal virtud, como bancada seguiremos vigilantes para que este proceso se aclare, por el bien de los intereses del Estado de Guatemala”, indicó el congresista España.
Según datos del Instituto Guatemalteco de Turismo, anualmente ingresan al país un total de 1 millón 32 mil 92 visitantes no residentes, lo cual representa un crecimiento acumulado de 9.8 por ciento en relación con el año anterior.
La industria turística sigue posicionada como la principal fuente de divisas del país y durante el primer semestre del 2014 generó US $746.2 millones, lo que representa un crecimiento acumulado del 7.8 % en relación con el 2013, lo cual se posiciona por arriba de los ingresos generados por las exportaciones de azúcar y de café.
Por Karen Mendoza

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