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El viceministro de la Defensa Nacional, Óscar Eduardo Cossío, y el director del  del Instituto Adolfo V. Hall de Retalhuleu, Fredy Fuentes Yancor, indicaron que se ha implementado un botón de pánico para alertar a las autoridades de ese establecimiento, después del incidente en que una joven estudiante fuera abusada sexualmente.
Lo anterior se dijo en una citación realizada por los integrantes de la Comisión Extraordinaria de la Juventud, que preside la parlamentaria Eva Nicolle Monte, representantes del Ministerio de Educación, Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación contra la Trata de Personas, Procuraduría General de la Nación y Procuraduría de los Derechos Humanos.
“El botón de pánico control consiste en una alarma que se activa desde el interior del dormitorio de las alumnas cuando se atente contra su integridad y genera la presencia del general de servicio. Se implementó desde aproximadamente un mes y el costo es de Q800”, comentó Fuentes Yancor.
La parlamentaria Monte dio a conocer que es necesario reformar los reglamentos de esos planteles, así como involucrar en el tema al Ministerio Público y al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para que aporten medidas en la prevención de violaciones sexuales que se dan en los establecimientos públicos.
El viceministro Cossío indicó que evalúan el reglamento interno en los Institutos V. Hall, el cual data de 1986 y debe ser reformado.
“Tenemos un reglamento que establece una tabla de sanciones e incluye faltas que indican que cuando una alumna queda embarazada, por protegerla a ella y a la vida que viene no es conveniente que siga en la institución, por el mismo entrenamiento que reciben ahí”, explicó el funcionario.
Por Elizabeth Linares

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Durante una citación con los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional, del Congreso de la República, Juan Manuel Pérez Ramírez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, explicó que después del asesinato del menor Julio Alvarado Ruano, ocurrido la semana pasada en la zona de adyacencia con Belice, se aumentaron los patrullajes y presencia de elementos del Ejército.
“Queríamos saber con detalles qué tipo de actividades está haciendo el Ejército, pues nos preocupa la situación que viven los pobladores de 35 comunidades. Nos reuniremos con funcionarios del Ministerio de la Defensa Nacional y de la Cancillería porque creemos conveniente la instalación de mesas de trabajo para la promoción de programas y proyectos sociales, y así evitar que crucen hacía el territorio beliceño y los maten”, dijo la diputada Ana Victoria Hernández, titular de la referida sala.
Pérez presentó un informe sobre la presencia militar y del control que se tiene en el área. “Hemos hecho conciencia a los vecinos de varias comunidades para que eviten problemas. También conversamos con las autoridades militares beliceñas para que se deduzcan las responsabilidades por la muerte del menor”, detalló.
El jefe castrense informó que hay 62 casos de connacionales que por distintas causas guardan prisión en el vecino país. Además, agregó que con la presencia de elementos militares se busca reducir el contrabando de cigarrillos, madera y narcotráfico. 
Por José Castellanos

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El General de División Juan Manuel Pérez,  Jefe del Estado Mayor de la  Defensa Nacional, informó ayer a los diputados que integran la Comisión de la Defensa que se aumentó la presencia de elementos del ejército de  Guatemala en la zona de adyacencia con Belice, tras el asesinato del menor Julio Alvarado Ruano la semana pasada a manos de soldados beliceños.
“Hemos hablado con las comunidades y personas para que no se acerquen a la zona de adyacencia y con las autoridades militares de Belice a quienes les hemos trasladado nuestra preocupación por hecho lamentable de la muerte del menor y el caso se esta investigando para  deducir responsabilidades”, dijo Pérez
Pérez, informó a los diputados de la Comisión de la defensa,  la cual preside la representante Ana Victoria Hernández, que a la fecha hay 62 casos de guatemaltecos que por diferentes causas se encuentran en prisión beliceña y que cuando beliceños ingresan del lado de Guatemala se les invitado a que salgan del territorio guatemalteco sin  provocarles daño. “Hemos registrado contrabando de  cigarros, madera y narcotráfico, considero que la presencia militar  va a ayudar a reducir estos ilícitos”.
“Queremos conocer el trabajo que está haciendo el Ejército guatemalteco en el caso de Belice. Nos volveremos a reunir  con  otros  funcionarios como cancillería, ministerio de desarrollo y otras instituciones ya que nos preocupa la situación de las 35 comunidades. Queremos hacer mesas de trabajo en el lugar para promover programas  y  proyectos sociales para las personas con el fin de crear proyectos autosustentables y que dejen de cruzar a territorio beliceño”. 
Por José Castellanos

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El General de División Juan Manuel Pérez,  Jefe del Estado Mayor de la  Defensa Nacional, informó ayer a los diputados que integran la Comisión de la Defensa que se aumentó la presencia de elementos del ejército de  Guatemala en la zona de adyacencia con Belice, tras el asesinato del menor Julio Alvarado Ruano la semana pasada a manos de soldados beliceños.
“Hemos hablado con las comunidades y personas para que no se acerquen a la zona de adyacencia y con las autoridades militares de Belice a quienes les hemos trasladado nuestra preocupación por hecho lamentable de la muerte del menor y el caso se esta investigando para  deducir responsabilidades”, dijo Pérez
Pérez, informó a los diputados de la Comisión de la defensa,  la cual preside la representante Ana Victoria Hernández, que a la fecha hay 62 casos de guatemaltecos que por diferentes causas se encuentran en prisión beliceña y que cuando beliceños ingresan del lado de Guatemala se les invitado a que salgan del territorio guatemalteco sin  provocarles daño. “Hemos registrado contrabando de  cigarros, madera y narcotráfico, considero que la presencia militar  va a ayudar a reducir estos ilícitos”.
“Queremos conocer el trabajo que está haciendo el Ejército guatemalteco en el caso de Belice. Nos volveremos a reunir  con  otros  funcionarios como cancillería, ministerio de desarrollo y otras instituciones ya que nos preocupa la situación de las 35 comunidades. Queremos hacer mesas de trabajo en el lugar para promover programas  y  proyectos sociales para las personas con el fin de crear proyectos autosustentables y que dejen de cruzar a territorio beliceño”.
Por José Castellanos

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El Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la República es el escenario en donde se reconoce la lucha y la protesta social heroica de la ciudadanía que manifestó en abril del año pasado en contra de la corrupción y el abuso de las autoridades.
El presidente del Congreso, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, tomó la iniciativa de reconocer este acontecimiento histórico dirigido por movimientos ciudadanos espontáneos, y lo hace con la exposición llamada “El despertar ciudadano”, que estará abierta a todo el público desde el 21 hasta el 29 de abril.
Como parte de estas actividades, que celebran el primer aniversario de esta lucha social y manifestación pacífica que revolucionó a Guatemala, habrá un foro con el mismo nombre que ocurrirá el lunes 25 de abril. En él participarán Ricardo Saénz, Juan Luis Font, Philip Chicolá y Orlando Blanco.
Entre tanto, los fotógrafos participantes son Luis Echeverría/Xinhua, Esteban Biba/EFE, Jorge López/Nuestro Diario, René Ruano/Nuestro Diario, Johan Ordóñez/AFP, Giancarlo Aguilar/independiente, José Chávez/independiente, Omar Soto/independiente, Alan Lima/Nuestro Diario, Juan Carlos Raxón/Nuestro Diario, y Eduardo González/Congreso.
En un mensaje al país, Taracena ha dicho que el Congreso seguirá luchando por mantener la agenda ciudadana y que las prioridades son la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha frontal contra el nepotismo y la impunidad.
Estos eventos estarán abiertos a todo el público y serán expuestos en horarios hábiles del Congreso de la República.

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COMUNICADO DE PRENSA.
Kaqaloq’oj che ri Uk´u´x Kaaj yey ri Uk´u´x Uleew, kuya toq´oob´ laa chwa ri  chaak ke ri siwaan tinamit. (Idioma Achi). 

   Como presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la Republica:

1. Me solidarizo con la familia Alvarado Ruando quien ayer fue víctima de  la perdida de sus hijo Alberto Alvarado un menor de 13  años quien sin tener en cuenta que sería víctima de una historia territorial  muere  como muchos han caído convirtiéndose en un mártir más de esta lucha que se tiene entre Guatemala y Belice.
2. Repudio las políticas  represivas del vecino país de Belice por las constantes violaciones a los Derechos Humanos de los Guatemaltecos sobre todo Indígenas en este caso específicamente Quekchi y Afro descendiente de habla inglesa.
Hago un llamado
A mantener la soberanía del país y su independencia, a la tolerancia, al respeto de los Derechos Humanos, a vivir en el área de adyacencia (Sartun)  sin persecuciones, discriminaciones ni actos racistas en contra de los pueblos que cohabitan  en el área.
Que se respeta la vida de los niños y niñas a vivir libre fuera de cualquier tipo de violencia ya amenazas.
Aplaudo y avalo la decisión del señor Presidente Jimmy Morales por la decisión de reforzar la seguridad y mantener  la  soberanía en la zona de adyacencia
A las autoridades al señor ministro de relaciones exteriores, al señor Ministro de la
Defensa. A la Procuraduría General de la Nación a los Derechos Humanos, al Ministerio Público a la señora Gobernadora Departamental  se le solicita que se realice la investigación profunda que ha en enlutado a la Comunidad de Pueblos Indígena Quekchi Afrodecendientes.
Que se instale una mesa  de dialogo para evitar que se sigan cometiendo violaciones a los Derechos de los Indígenas.
A la Comunidad Internacional  se le solicita su intervención para mediar en la No Violación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en específico de la niñez  Guatemalteca.

   Diputado al Congreso de la República

Marcos Yax

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Para conocer los detalles sobre la muerte del menor Julio Alvarado, de 13 años, el pasado miércoles en la Zona de Adyacencia con Belice, el diputado y presidente de la Comisión Específica de Asuntos de Seguridad Nacional y de Inteligencia, Estuardo Galdámez se reunió con Carlos Martínez, viceministro de Relaciones Exteriores y representantes del Ministerio de la Defensa, quienes explicaron los avances de la investigación en el ataque.
El viceministro Martínez expresó que el menor Julio Alvarado de 13 años fue asesinado de ocho impactos de arma de fuego, cuatro de ellos los tenía en la espalda. Además, indicó que esta familia no iba armada debido a ellos se dedican a la agricultura y rechazaron las declaraciones a través de un comunicado por parte del Gobierno de Belice.
Guatemala por el momento carece de información sobre las investigaciones que hace Belice y aseguró que se solicitó a la oficina de Adyacencia integrada por miembros de la Organización de Estados Americanos que realicen las investigaciones correspondientes para que el caso no quede en la impunidad, dijo Martínez.
“Lejos de investigar lo ocurrido y castigar a los responsables, esto parece que quedara impune por parte de Belice", expresó el legislador Estuardo Galdámez, que recordó que desde 1999 a la fecha, suman 10 guatemaltecos asesinados por soldados beliceños en la Zona de Adyacencia.
Debido a las acciones de violencia, el vicecanciller Martínez afirmó que si bien no se han dado por finalizadas las pláticas para resolver el diferendo territorial, hay una fricción grande por este tipo de casos donde un guatemalteco pierde la vida.
Por Byron Ramírez

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La ausencia de una normativa ordinaria que regule y controle las afluentes de agua podría llevar al país a extremos como padecer una crisis humanitaria, afirman dirigentes de organizaciones sociales. Boutros Boutros-Ghali, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dijo que “el agua va a ser la causa de la próxima guerra mundial o, por lo menos, la próxima gran guerra en el Medio Oriente”.
Varios han sido los intentos realizados en el Congreso de la República por lograr la aprobación de una Ley de Aguas, pero  todos han sido fallidos.
Según registros de la Dirección Legislativa del Congreso, en1993 el diputado Arturo Escobar presentó una iniciativa que contenía una Ley General de Aguas; en 1996 el Organismo Ejecutivo envió otra propuesta de la misma índole. El  diputado Jorge Ríos Muñoz entregó en el 2003 la iniciativa 2865, que proponía la creación de una  Superintendencia del Agua. Desde entonces se han presentado 7 proyectos que han terminado archivados.
Hasta el momento las únicas normas jurídicas vigentes que hablan sobre el tema son los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de la República, y el artículo 346 del Código Penal, literal 2, referente a la gestión ambiental y delitos contra el ambiente, en las cuales se establecen de 2 a 6 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días de multa a quienes las infrinjan.
BLOQUEOS A LA INICIATIVA DE LEY
Para Víctor López Illescas, de la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che, la norma no ha logrado avanzar debido a que no se ha consultado debidamente a los pueblos indígenas, especialmente a las comunidades de Totonicapán, las cuales en 2005 sintieron que se les arrebataba el derecho sobre el vital líquido de sus tierras ancestrales.
“Pero los mayores opositores a la Ley han sido los señores de la agroindustria, de los monocultivos del sur del país, quienes aprovechan toda el agua de las montañas, la usan libremente sin pagar impuestos y la contaminan; muchas veces bloquean los cauces por completo y ya ni siquiera llegan al mar, como denunciaron comunitarios sobre los ríos Madre Vieja y Achiguate, entre otros”,  dijo el denunciante.
Bernardo Roers, de la Asociación de Productores de Banano, de la Cámara del Agro,  quien participa de las reuniones que realiza la Comisión del Cambio Climático, reconoció que el sector utiliza el recurso hídrico porque “es importante para el desarrollo agrícola del país, pero ha llegado el momento de que se regule su uso, con el fin de evitar daños irreversibles”.

Los congresistas también han mencionado las causas que a según su criterio,han entrampado una norma de esta índole. El diputado Boris España, cuando presidió la Comisión de Ambiente en 2015, indicó que veía impedimento en las alcaldías porque argumentan que la autonomía municipal y el Código Municipal les dan competencias para abastecer a las comunidades.
El congresista Raúl Romero, actual presidente de la Comisión del Cambio Climático del Congreso, expresó que el principal obstáculo radica en que nunca se abrió un verdadero diálogo nacional para discutir el tema, previo a una aprobación, por lo cual espera que este año su comisión de trabajo logre aglutinar todas las propuestas y dejar este legado al país.
CONSECUENCIAS
Las consecuencias de la inexistencia de una normativa se ven reflejadas en que el mayor consumo de agua lo hace el sector agrícola, con 2 mil 200 millones de metros cúbicos anuales, para riego. La producción de energía emplea 2 mil 283 millones de metros cúbicos, y la industria 425 millones, según registros del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala.
Durante una reunión de trabajo en el Legislativo, Juan Carlos Godoy, representante de The Nature Conservancy en Guatemala, explicó que si no se emprende en este momento el camino para lograr una norma jurídica del agua, el país enfrentará, además de las consecuencias del calentamiento global, un sinfín de conflictos sociales que podrían provocar un estallido.
Recientemente, Sydney Samuels, titular del Ministerio de  Ambiente y Recursos Naturales, dijo que después de realizar una inspección aérea en el sur del país pudo contar al menos 50 desvíos de ríos en diferentes fincas dedicadas a cultivos, como la palma africana y la caña de azúcar, los cuales, según aseveró, afectan directamente los ecosistemas en detrimento de las poblaciones vulnerables y la vida marina.
ACTUALIDAD
El Gabinete de Gobierno se ha reunido para trabajar en  un documento que contenga el marco jurídico de una Ley General de Aguas, orientada a ordenar y controlar el uso del  vital líquido.
En un esfuerzo por contar con alguna herramienta para legislar sobre los recursos hídricos, este año los diputados de la bancada  Movimiento Reformador presentaron la Iniciativa 5058, que busca reformar el Código Penal, estipulando multas de hasta Q1 millón 500 mil quien altere sin autorización el cauce de un río, o prisión inconmutable desde 5 a 8 años.
Sin embargo la Iniciativa 5058  ha sido rechazada por comunitarios de la aldea Almolonga de Tiquisate, Escuintla. “No se puede criminalizar a los campesinosy multarlos con cantidades exorbitantes, pues por años han hecho uso de las aguas para sus siembras y su subsistencia; lo importante es llegar a acuerdos para la utilización sostenible del agua”, explicó Marco Antonio Lima.
En el Congreso de la República, las comisiones de Cambio Climático, Recursos Hídricos, Integración Regional, y de Ambiente han iniciado discusiones sobre la misma, por lo que el diputado Raúl Romero, quien preside la primera, anunció que propiciará un esfuerzo conjunto, e inició una serie de mesas interinstitucionales con el fin de contar con la participación del sector privado, social y gubernamental.
La población civil también ha levantado su voz, y desde el 11 de abril, se inició una protesta denominada “Marcha por el Agua”, integrada por tres vertientes: sur, norte y oriente, las cuales se unificarán e ingresaran a la capital este viernes para realizar diferentes manifestaciones pacíficas, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Tierra. Se espera contar con la presencia de al menos 30 mil pobladores del área rural, quienes han sido los más afectados por la contaminación de ríos e intercepción de sus caudales.
Godoy agregó que para tener éxito, una iniciativa de Ley General de Aguas debería incluir aspectos como la creación de una institución rectora multisectorial, un capítulo específico sobre la información y conocimiento de la situación de las aguas en el país, hablar sobre gestión y las retribuciones económicas del uso, e incluir el tema de la educación y conservación.
“Hasta hoy somos 15 millones de guatemaltecos que necesitamos el líquido para vivir, y en el 2025 se estima que seremos 25 millones; es necesaria una ley, porque tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua”, enfatizó Godoy.
Por Mayra Recinos
 

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Los parlamentarios Leocadio Juracán, de la bancada Convergencia; Ferdy Elías, de Frente de Convergencia Nacional-Nación; así como Juan Carlos Salanic y Edwin Lux, del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, se reunieron con representantes del Consejo de Pueblos Mayas, quienes entregaron un memorial con 50 mil firmas que respaldan a los líderes comunitarios que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de un año en los centros carcelarios de Huehuetenango, San Marcos y zona 18 de la capital.
Francisco Mateo, del Consejo de Pueblos Mayas, afirmó que la detención de sus compañeros fue ilegal, pues “el hecho de defender el agua y la madre tierra no es un delito”.
“Vamos a recibir las peticiones e intermediar, pero serán las autoridades correspondientes quienes deberán analizar a profundidad la petición de los compañeros”, expresó Juracán.
Se trata de 10 dirigentes comunitarios que fueron detenidos desde 2015, por oponerse a la instalación de hidroeléctricas y a trabajos de explotación minera, como el caso de La Puya, en San Pedro Ayampuc.
Por Byron Ramírez

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