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El diputado Marcos Yax, quien preside la comisión Legislativa de Pueblos Indígenas, dio a conocer que Guatemala se prepara para ser el país anfitrión de la décimo sexta Asamblea del Parlamento Indígena de América (PIA).
La XVI PIA tendrá la participación de parlamentarios que representan a la comunidad indígena de 22 países de Latinoamérica, según explicó el diputado Yax de la bancada Frente de Convergencia Nacional.
Dicho evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de agosto y tiene como objetivo principal discutir diferentes temas como la discriminación y el racismo en las sociedades latinoamericanas, la contaminación de ríos y lagos, el medio ambiente y las oportunidades políticas que se necesitan para obtener avances en sus comunidades.
El congresista indicó que hay varias instituciones que participan en la coordinación de este evento, el cual pretende exponer al mundo la cultura, la riqueza que tiene el país. Esta reunión continental también aprovechará la oportunidad para que la asamblea sea dada a conocer como un acontecimiento histórico para los países latinoamericanos.
“Quiero agradecer al presidente del Congreso de la República, diputado Mario Taracena por su apoyo, así como al Ministerio de Cultura y Deportes, al Inguat, por el aporte y el compromiso para este magno evento”, resaltó el diputado Yax.
El Parlamento Indígena de América (PIA), es un organismo continental y supranacional, permanente donde los Parlamentarios Indígenas de América discuten y dan a conocer los problemas que afectan a los indígenas y proponen medidas adecuadas para la superación de los mismos.
El AIP fue fundado el 29 de agosto de 1987, en la ciudad de Panamá y ratificado en la segunda reunión de legisladores indígenas, realizada en la ciudad de Managua, Nicaragua, del 29 al 31 de agosto de 1988. Este foro promueve la libertad, la paz, la justicia, la equidad de género, respeto a los derechos humanos, el bienestar y el desarrollo en beneficio de los Pueblos Indígenas de América así como la legislación a favor de los mismos.

Por Elizabeth Linares
 

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Con la finalidad de conocer los gastos de la delegación guatemalteca que participará en los juegos olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, el diputado Leonel Lira, de la Bancada de Encuentro por Guatemala, se reunió con Gerardo Estrada Mayorga, gerente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).
Durante la reunión el congresista manifestó su preocupación por “el alto costo” del boleto aéreo del presidente del Comité Ejecutivo, Gerardo Aguirre, con un valor de al menos Q14 mil, en primera clase, “mientras que los atletas y otros integrantes de esa instancia viajarán en clase económica, con boletos de aproximadamente Q7 mil”.
“Me parece algo injusto que 2 personas del Comité viajen en primera clase y con viáticos de US $240 diarios, sin necesidad de presentar facturas, mientras los atletas, que nos representan y se han esforzado, viajan en clase económica y con US $100 dólares diarios”, expresó.
El gerente del COG explicó que la diferencia de precios se debe a las fechas de los boletos, “porque se compraron sin licitación y los gastos son más por el transporte y los precios altos en Brasil”.
Según lo dado a conocer, la delegación guatemalteca consta de 45 personas: 21 atletas, 16 entrenadores, 3 fisioterapistas y 5 integrantes de misión.
Al finalizar la reunión se acordó que al retornar de Río de Janiero se espera tener una nueva cita, para conocer un informe de los gastos realizados durante la justa deportiva.
Por Karla Herrera

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La diputada Sandra Morán, jefa de la bancada Convergencia, instaló la mesa de trabajo para la construcción conjunta de una propuesta de Política Pública para la Reparación Digna y Transformadora de Víctimas de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada dirigida a Niñas y Adolescentes en Guatemala.
A la convocatoria acudieron María Eugenia Morales, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y representantes del Ministerio Público, Ministerio de Educación e Instituto de la Defensa Pública Penal.
La magistrada Morales hizo ver la necesidad de establecer un registro de delincuentes, que permita el control y ubicación de quienes han sido agresores sexuales, aún después de cumplida su condena. “El objetivo es el de evitar que puedan agredir nuevamente a otras víctimas”, señaló la magistrada.
Dentro de las temáticas principales se encuentran reformas legales que viabilizarían la efectiva reparación integral a sobrevivientes de este tipo de violencia, así como educación en temas reproductivos.
“El objetivo es garantizarles a las víctimas de estos hechos el último eslabón del acceso a la justicia, con medidas que les permitan continuar con su proyecto de vida, ya que en la actualidad enfrentan la maternidad o embarazos forzados sin ayuda del Estado”, indicó Paula Barrios de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo.
Señaló que tanto niñas como adolescentes quedan en una situación desprotegida, al no poder solventar económicamente la manutención y cuidados de los niños nacidos como consecuencia de una violación.
“Lo que pretendemos es que en el término de dos meses podamos presentar una Iniciativa de Ley o una propuesta de Política Pública” expreso la diputada Morán.
Agregó que el Estado ha fallado por que no se ha logrado fortalecer la prevención de la violencia sexual.
“Se debe establecer qué función le corresponde a cada Ministerio, Secretarias  y Organizaciones, en la construcción de esta política integral de reparación” concluyó la parlamentaria.

Por Rosemary Recinos.
 

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La Comisión Permanente del Congreso de la República, que preside el diputado Mario Taracena, y la Instancia de Jefes de Bloque acordaron convocar a los diputados para que asistan el martes 2 y el jueves 4 de agosto para iniciar el segundo período ordinario de sesiones del año, con el propósito de continuar con la agenda legislativa.
Entre los temas a tratar están la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar el Código Guatemalteco de Migración, así como el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de US$ 120 millones, para ejecutar el programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos.
Taracena también informó sobre la necesidad de ejecutar un proyecto de ampliación de la infraestructura de las instalaciones del Parlamento, debido a que las actuales son deficientes para atender los requerimientos de los congresistas, por lo que se plantea un proceso de expropiación para adquirir dos inmuebles y no pagar más alquileres.
“Se va a pagar lo que el avalúo diga; las propiedades están en la 9ª. avenida y 10ª. calle, que tiene varios locales comerciales, y el otro es el Edificio Fernández, contiguo a la Casa Larrazábal. Lo primero que el Congreso tiene que hacer es ser dueño de los terrenos y esto nos va a permitir contar con más espacio”, señaló Taracena.
En otro tema, dijo esperar que esta semana se publique en el Diario de Centro América el Decreto 36-2016, que contiene la Ley de Servicio Civil del Congreso de la República, la cual establece la creación de manuales de clasificación de puestos, salarios y evaluación de desempeño, y evita el abuso de poder y el desorden administrativo.
“Con esta normativa se prohíbe la contratación de familiares de trabajadores y diputados; el aumento del 10 por ciento anual será otorgado sobre el salario base, se promueve el retiro voluntario y los trabajadores no podrán ganar más que un congresista, entre otros aspectos positivos”, refirió Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
Por Elizabeth Linares

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Después de los hechos registrados en el Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, donde fallecieron 14 privados de libertad y 2 resultaron heridos, diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), citaron al viceministro de Gobernación, Ricardo Guzmán; al director en funciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Lemus; al titular del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Jorge Cabrera; y al jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, para que detallaran las acciones ejecutadas como parte de las investigaciones para esclarecer el suceso e identificar a los autores.
Orlando Blanco, jefe del bloque uneísta, expresó que lo ocurrido “es un reflejo del abandono” de las prisiones, donde los reclusos “son los que mantienen el poder”.
El parlamentario indicó que “es preocupante” que la Dirección General de Inteligencia Civil, Inteligencia Militar, Dirección General del Sistema Penitenciario y Consejo Asesor de Seguridad no hayan advertido la posibilidad de algún ataque dentro del penal.
Al respecto, el viceministro Guzmán aseguró que no se tuvo ninguna información, pero que las investigaciones de lo ocurrido las realizan el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. El funcionario descartó por el momento que existan sospechas acerca de una participación de guardias del penal en el suceso.
De León Duque aseguró que la reacción de la PNC se dio tres horas después del ataque contra los reos, según se estableció después de la entrevista al director del penal y a los guardias que estaban de turno el lunes 18.
Las autoridades afirman que la teoría principal del ataque contra Byron Lima Oliva fue coordinada por Marvin Montiel, alias “El Taquero”, por una riña por el control del lugar.
Cabrera, director del Inacif, dijo que no se localizaron esquirlas de granada en los cuerpos, que todos fueron asesinados con armas de fuego y que, posiblemente, puedo haber alteración de la escena.
Según Blanco, el ataque fue bien planificado y genera dudas que ninguno de los entes de Inteligencia hayan tenido información o indicios de alguna acción delictiva, por lo que se citará nuevamente a las autoridades para saber cómo avanzan las investigaciones.
Datos:
• Los disparos se dieron a una distancia de 40 centímetros.
• Las armas utilizadas fueron calibre 9mm.
• Solo había 25 agentes de presidios para resguardar a 2 mil 800 reos.
• El protocolo de seguridad de los guardias fue resguardarse en una oficina, para salvaguardar su vida.
• El Inacif solo evaluó 2 personas heridas.
Fuentes: Inacif y PDH.
Por Byron Ramírez

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Con el objetivo de fortalecer la capacidad de generar, gestionar  y diversificar  las fuentes de ingresos de los municipios, con los cuales puedan promover el desarrollo local, el jefe de la Bancada Fuerza, Raúl Romero, presentó este día en Dirección Legislativa una iniciativa de Ley para la emisión de un Código Tributario Municipal,  con lo cual se estaría dando cumplimiento al mandato de la Constitución Política de la República, que estipula la existencia de dicha normativa.
La propuesta está basada en los textos de varios proyectos de Ley que han sido presentados con anterioridad.
“Es importante que  tengamos presente que la Constitución que fue promulgada en el año 1985, en su artículo 9 transitorio, señala que el Congreso de la República debe aprobar un Código Tributario Municipal que regulará las vías de recaudación financiera de los gobiernos locales y en el cual se establecerán los mecanismos de tributo, tasas, arbitrios y recaudación por mejoras”, aseguró el diputado Romero.
Según el congresista, el proyecto de ley  plantea  que las alcaldías puedan agenciarse recursos propios, logrando así una descentralización fiscal municipal, lo que permitiría alcanzar un mayor grado de desarrollo de las comunidades, debido a que estos recursos  serían destinados a necesidades en materia de salud, saneamiento, seguridad alimentaria y nutricional, educación y vivienda.
“Actualmente, a nivel nacional  las municipalidades dependen financieramente de las transferencias  que les hace el Gobierno central, pero esto solo les permite cubrir  gastos de funcionamiento, por lo que esta iniciativa de Ley está encaminada a convertir a las comunas en verdaderos gobiernos locales, promotores del desarrollo económico y social”, concluyó Romero.

Por Karen Mendoza
 

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A solicitud de la Comisión de Derechos Humanos del Organismo Legislativo, que preside el diputado Ronald Arango, la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la República de Guatemala rendirá un informe respecto de los acontecimientos registrados en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, donde fallecieron 14 reclusos.
Carlos Alberto Solórzano, relator presidente de dicha oficina, indicó que desde el día 18 de julio, cuando sucedieron los hechos, se envió una comisión para verificar lo ocurrido, y como seguimiento se realizó otra visita el jueves, con el objetivo de entregar un informe circunstanciado al diputado Arango e integrantes de la sala legislativa.
Asimismo, se presentarán las recomendaciones que como Mecanismo de Prevención de la Tortura harán al Ministerio de Gobernación y a la Dirección General del Sistema Penitenciario. “Ayer pudimos dejar como medida de seguridad la sugerencia de que 7 privados de libertad cercanos a los reos Byron Lima Oliva y Marvin Montiel Marín, alias “El Taquero”, se les mantenga en un lugar seguro, en tanto se hace un análisis por parte de inspectoría, para evitar que puedan atentar contra sus vidas”.
Indicó que como parte de este proceso de verificación se dirigirán al Cuartel de Matamoros, para brindar un informe completo al Congreso respecto de las condiciones en que se encuentra Marín, quien pudiera estar involucrado en los hechos violentos.
“Exigimos al Estado de Guatemala que se dé seguimiento, denuncie y procese a quienes resulten responsables de los delitos contra la vida cometidos en la Granja Pavón”, expresó el relator.
El informe final será entregado en una reunión de trabajo que sostendrá la Comisión de Derechos Humanos el martes a las 9:00 horas.
Por Rosemary Recinos

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Diputados de diferentes bancadas representadas en el Congreso de la República, se reunieron  con el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), Sergio García Cabañas; Marco Antonio Barahona y Alex Waldemar Cal, subsecretarios de gestión y de coordinación administrativa, respectivamente, para cuestionarles acerca de algunos hechos anómalos que han detectado, entre ellos la contratación de personal que no cumple con los perfiles que demandan las plazas, así como también la posible existencia de plazas fantasmas.
“Actualmente la coordinadora esta en un proceso de evaluación en materia laboral, con lo que se persigue una depuración de plazas innecesarias para una adecuada y eficaz utilización de los recursos financieros”, afirmó García Cabañas.
Julio Lainfiesta, jefe de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN), además cuestionó al secretario en relación a la desaparición de neumáticos y baterías para automóviles, ocurrida en las bodegas de la institución hace 6 meses.
García dijo que se hicieron las denuncias pertinentes en los entes jurisdiccionales que corresponden, y que están a la espera del informe de las investigaciones con el fin de aplicar las medidas que darán solución a este problema.
Los legisladores también indagaron para conocer los planes de mitigación de riesgos que tienen preparados para la época de invierno de este año.
El titular de la CONRED explicó que actualmente esa dependencia trabaja en 4 ejes estratégicos los cuales comprenden la transparencia, eficacia en el manejo de los riesgos, cultura de prevención para la reducción de desastres y coordinación de la comunicación, así mismo informó de la elaboración de un mapeo de riesgos, que muestra no menos de 2 mil puntos de posibles riesgos, los cuales fueron informados a las municipalidades de cada localidad.
Al finalizar la citación, el diputado Raúl Romero, se comprometió a dar seguimiento y acompañamiento en el proceso de denuncia así como también acompañar en este proceso a los responsables de administrar el ente. “La intención es que la CONRED se fortalezca institucional y financieramente, razón por la cual, en materia de fiscalización nuestro deber como legisladores es dar un seguimiento a planes operativos y de ejecución  anuales de las instituciones”, concluyo el legislador.

Por Karen Mendoza

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En la sesión extraordinaria de este miércoles, los diputados al Congreso de la República conocieron y ratificaron el Decreto Gubernativo 2-2016, que amplía por 30 días el Estado de Calamidad declarado en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa.
La ratificación fue conocida por el pleno tras la solicitud del presidente de la República, Jimmy Morales, para que continúen los trabajados de reconstrucción por 30 días más en el área aludida, cuya población sufrió daños por las fuertes lluvias que provocaron daños en viviendas y calles.
“Hemos ratificado este Estado y creemos que se tendrá el tiempo para avanzar la reconstrucción, pues tenemos noticias que ya se encuentran las máquinas en el municipio para continuar con los trabajos de levantar los escombros de residencias y arterias; como congresistas hemos cumplido con nuestro deber”, enfatizó el presidente del Congreso, Mario Taracena Díaz-Sol, de la Unidad Nacional de la Esperanza.
En el artículo 2 del Decreto Gubernativo que fue firmado por los ministros de Estado y ratificado por el Organismo Legislativo se da a conocer que la prórroga es necesaria, pues a la fecha aún persisten los perjuicios, por lo que se debe continuar la ayuda a las víctimas.
Por Karla Herrera

 

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