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La nulidad del contrato entre la Empresa Portuaria Quetzal  y la empresa TCQ es un hecho. Así lo anunció la Procuradora General de la Nación, María Eugenia Villagrán, en una reunión con diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),  en donde explicó el camino que se seguirá para resguardar los intereses del Estado.
Villagrán explicó que  se pedirá la  cancelación total de lo actuado ante un tribunal de lo Contencioso  Administrativo,   luego de que el presidente de la República, Jimmy Morales, en consejo de Ministros emita el Acuerdo Gubernativo de nulidad  correspondiente.
En la cita con los congresistas de la Une, encabezados por los representantes Orlando Blanco y Carlos Barreda, la Procuradora dijo que dentro de las medidas cautelares,  analiza solicitar el embargo con carácter de intervención,  por  lo que pidió al presidente de la Nación,  que busque como interventor a una persona  honorable para que se lleve a cabo la intervención de la caja fiscal no así de las  operaciones de la terminal.
También explicó que  para lograr la nulidad del contrato argumentará, entre otras cosas, que hubo  vicios de consentimiento y que no se hizo una  licitación internacional.
“Esto es una advertencia para que los inversionistas sepan que en Guatemala no se puede invertir con base al pago de sobornos. Es una lección que vamos a dar al mundo”, indicó la abogada del Estado.
Enrique Godoy, comisionado  de Desarrollo Humano, Competitividad  Local e infraestructura  de  Pronacom,  confirmó que  el  presidente Jimmy Morales, autorizará  solicitar la nulidad en los próximos días, por lo que han sostenido diversas reuniones técnicas.
“Es una buena noticia para la población guatemalteca saber que se iniciarán las acciones  que corresponden en este nuevo caso de corrupción”, dijo el diputado Orlando Blanco.
La Empresa Portuaria Quetzal  suscribió el contrato de usufructo con la empresa TCQ el 11 de julio del 2012, por medio del cual le otorgó  348 mil metros cuadrados por un plazo de 25 años para la construcción de una terminal especializada.
Por Sayda Galicia

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Aldo García, Ministro de Comunicación y Obras Públicas,  reconoció en reunión con diputados de la Bancada TODOS, que no cuentan con presupuesto para mejorar la red vial y solventar problemas en algunos tramos y puentes del país, a pesar del inminente ingreso del invierno al país.
Los congresistas trasladaron al Ministro algunas demandas de alcaldes y pobladores; específicamente se habló de la necesidad de mejoras en la infraestructura de los puentes Río Dulce y Oneida en Izabal;  Castillo Armas, en Retalhuleu y el dragado del río Motagua, en los Amates Izabal, de lo contrario estos podrían colapsar con el correspondiente perjuicio para la población y la economía local.
El Funcionario explicó a los congresistas que no hay fondos para mejoras en infraestructura y que se está buscado colaboración de la iniciativa privada, para darle mantenimiento a puentes y carreteras.
“La situación del MICIVI en el tema presupuestario es preocupante. La entrada del invierno al país en los próximos generará pérdidas millonarias en infraestructura, comerciales y económicas si no se toman acciones inmediatas”, advirtió el diputado Manuel Cappa, jefe de la bancada TODOS, quien exigió respuesta.
Aldo García, informó que están haciendo todo lo que está en sus manos. Por ejemplo, en el puente Río Dulce se prohibió el paso de vehículos pesados de más de 50 toneladas, debido a que la infraestructura se está dañando y se pueden observar algunas grietas.
Aseguró que al puente Castillo Armas se enviará maquinaria para poder dragarlo. “El alcalde de San Sebastián de Retalhuleu donará mil galones de gasolina para que las maquinas puedan funcionar”.
En el caso del río Motagua, García  dijo que enviará una comisión para determinar los problemas y cuánto se necesita para hacer el dragado.
Las explicaciones dadas por García no agradaron a los Congresistas quienes lamentan la falta de atención que este Gobierno está poniendo a la red vial del país, lo cual afecta la competitividad regional.
Los parlamentarios exigieron soluciones concretas y no cortoplacistas, dijeron que volverán a citar al funcionario para que entregue un informe de la situación de la red vial del país y explique bien cómo se va a manejar la ayuda de la iniciativa privada, si es que llega, de lo contrario impulsarán en el pleno una transferencia presupuestaria de emergencia para prevenir daños antes de que llegue el invierno.
La red vial de Guatemala cuenta con 6 mil 919.91 Km de carretera asfaltada, accesible para el transporte de carga y personas, conectando sus diferentes regiones, puertos y fronteras con México y
Centroamérica. Asimismo, se tienen 4,679.12 Km de terracería y 4 mil 181.84 Km de caminos rurales.
Por Selvin Rustrián

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El aumento de accidentes de unidades del transporte colectivo y de carga preocupa a los diputados al Congreso y a autoridades gubernamentales, quienes hoy se reunieron para discutir el contenido de una iniciativa de ley encaminada, entre otras cosas, a limitar la velocidad para circular por las carreteras del país.
El proyecto de decreto propuesto por el diputado Luis Contreras establece la implementación de un dispositivo en el automotor que limita el máximo de velocidad  a 80 kilómetros por hora, además de incluir sanciones contra los pilotos que manejan en estado de ebriedad o utilizando aparatos celulares.
“Esta normativa no pretende sancionar al empresario como tal, sino identificar quién es el verdadero responsable de los percances viales”, resaltó el congresista.
Para mejorar su contenido y tomar en cuenta la opinión de expertos en la materia, en la sesión de trabajo participaron funcionarios del Ministerio de Comunicaciones, Defensoría del Consumidor y Usuario del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), Dirección de Protección Vial y representantes de la Asociación de Transportistas Extraurbanos de Huehuetenango (Asotehue).
Según Édgar Guerra, delegado de la PDH, la sobrecarga de pasajeros y el exceso de velocidad son dos de las causas de percances en el transporte extraurbano.
Otros temas de preocupación son la falta de mantenimiento y la antigüedad de las unidades, pues se detectó que muchas datan de la década de 1980, afirmó.
Por su parte, el jefe del Departamento de Tránsito de la PNC, Ottoniel Sandoval Bonilla, y representantes de Asotehue explicaron que presentarán sus propuestas para enriquecer la iniciativa y que pronto sea aprobada por el pleno.
El presidente esa sala legislativa, Carlos Martínez, indicó que se reunirán de nuevo el miércoles 11 de mayo, a partir de las 10:00 horas, con el fin de afinar detalles de la normativa.
En los últimos tres meses se han incrementado los índices de accidentes de tránsito especialmente en rutas como la Interamericana. En el último de ellos, registrado el 28 de marzo, en el kilometro 160.5, demarcación de Nahualá, Sololá, se contabilizó la muerte de por lo menos 15 personas y 60 heridas.
Por Karen Mendoza

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Durante la reunión de la instancia de Jefes de Bloque y Junta Directiva se acordó la agenda legislativa que se conocerá en las sesiones ordinarias de este martes 26 y jueves 28 de abril.
En la sesión del martes se conocerá en segunda lectura la Ley para el  Trasplante de Órganos, Tejidos y Células Humanas, Ley para el Deporte de Alto Rendimiento y el proyecto de Decreto para la Ley de Jurisdicción Indígena.
En tercera lectura y redacción final se conocerán las propuestas de Ley de Bancos y Grupos Financieros, así como la Ley de Viabilización de la Ejecución Presupuestaria del 2016, y en su redacción final la aprobación del Código Guatemalteco de Migración.
Para la sesión ordinaria del próximo jueves se espera que el pleno conozca en primera lectura la propuesta sobre el Trabajo a Tiempo Parcial, el convenio suscrito en Ginebra 1994, así como el dictamen para la aprobación del Código Municipal.
Asimismo, se acordó que la iniciativa para crear el Código de Migración sea conocida por artículos y redacción final.
Los jefes de bloque también escucharon a los representantes de deportistas guatemaltecos que solicitaron la aprobación de la iniciativa de Ley 45-38, que dispone aprobar la creación de la Fundación para el Fomento, Financiación y Seguimiento del Deporte de Alto Rendimiento.
Así también recibieron a los representes de la Asamblea Social Popular que el pasado viernes presentaron las reformas al Código Penal y así sancionar a los responsables del desvío de ríos y el uso indebido del agua.
Por Karla Herrera

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Los tres presidentes de los Organismos de Estado llamaron hoy al Diálogo Nacional Hacia La Reforma de la Justicia, el cual incluirá un proyecto con 17 modificaciones a la Carta Magna y 4 adhesiones transitorias relacionadas con esa temática. Entre los cambios contemplados se regula lo referente al antejuicio (artículos 161, 206 y 258) y la Ley de Amparo (artículos 265, 272 y 276).
El presidente del Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, quien participó en el acto, reiteró que antes de que reciban dictamen favorable y sean aprobadas por el Pleno del Congreso, las propuestas deberán ser conocidas por las distintas agrupaciones de la sociedad civil. “La última decisión la tiene el Congreso. Pido apoyo político y ciudadano para aprobar la reforma constitucional al Sector Justicia, que garantice la equidad”, dijo el congresista.
El diálogo se hará con mesas de trabajo; tendrá acompañamiento del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo titular, Iván Velásquez, expresó que esta es una de las acciones más relevantes en la lucha contra la corrupción.
El jefe del Organismo Ejecutivo, Jimmy Morales, dijo que esta es una oportunidad histórica para hacer los cambios. “Estamos al servicio de la sociedad y tenemos la obligación de buscar soluciones a la problemática como falta de seguridad y justicia”, agregó.
Las mesas serán instaladas en Huehuetenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Petén, Zacapa, Jutiapa, Sacatepéquez y Guatemala. También en las regiones occidente, oriente, norte y centro del país.  
Antecedentes
En julio de 2011, juristas nacionales y extranjeros participaron en el foro "Reformas Constitucionales en Materia de Justicia", en el cual se propuso una reforma de ley encaminada a mejorar la profesionalización de jueces, magistrados y fiscales para hacer eficiente el sistema de justicia; la actividad fue organizada por El Centro de Estudios de Guatemala, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y la Comisión Internacional de Juristas.
En 2012 el expresidente Otto Pérez Molina también presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar el tema del sector justicia.
La Universidad Francisco Marroquín, a finales de 2009 y principios de 2010, planteó la propuesta ProReforma, con el objetivo de sugerir cambios políticos, mediante a una modificación a ciertos artículos de la Constitución actual, respetando los que son inmodificables.
Por Byron Ramírez

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La bancada Encuentro por Guatemala denunció en el Ministerio Público (MP) a dos exjefes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a un exabogado de dicha institución, con el argumento de que conocieron los contratos del usufructo de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal, y no se pronunciaron sobre la lesividad.
“Los exprocuradores Larry Mark Robles Gulbert y Vladimir Osmán Aguilar Guerra, así como el abogado Saúl Eduardo Oliva, fueron denunciados ayer, y se solicita a la fiscal general, Thelma Aldana, que realice la investigación para deducir responsabilidades”, expuso Nineth Montenegro, jefa de dicho bloque.
Según la parlamentaria, los encartados incurrieron en los delitos de  asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes.
Tras las denuncias del Sindicato de Trabajadores Organizados del Puerto Quetzal, que hizo ver vicios y lesiones consideradas graves para los intereses del Estado, diferentes bancadas han dado seguimiento y acompañamiento a diversas acciones para que se esclarezca el usufructo de TCQ.
Montenegro sugirió al MP determinar quién fungía como jefe de la PGN el 13 de febrero del 2015, pues dijo que dicha persona decidió enviar el expediente a archivo.
Este martes, el presidente Jimmy Morales informó que el jueves se declarará nulo el contrato de TCQ.
Por Selvin Rustrián

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Con el objetivo de evitar el incremento de las muertes maternas, las diputadas Delia Back y Eva Nicolle Monte, del bloque Alianza Ciudadana, citaron a funcionarios del Ministerio de Salud Pública para que explicaran la situación de falta de personal médico encargado del monitoreo del Programa de Salud Sexual y Reproductiva.
La parlamentaria Back indicó que no se ha contratado a ginecólogos para hacer el monitoreo respectivo en los departamentos, lo cual ha generado que de febrero a la fecha hayan ocurrido 79 muertes maternas. Según dijo, la mayoría de casos se ha registrado en Alta Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán y Sololá.
“Me preocupa esta situación porque cuando se aprobó la Ley del Programa de Salud Sexual se acordó que el 15 por ciento del impuesto de las bebidas alcohólicas iba a eso y no se ha cumplido. Se argumenta que son Q17 millones que el Ministerio de Finanzas no ha trasladado”, agregó.
En la reunión participaron Francisco Cerezo, responsable interino del Programa de Salud Sexual y Reproductiva; Miguel González Cutzal, de la Dirección del Área de Salud de Chimaltenango; Mirna Montenegro, secretaria técnica del Observatorio de Salud Reproductiva, y representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos.
El jefe de Área de Salud de Chimaltenango expresó que el hospital de dicha región trabaja para evitar que asciendan las muertes de madres. “En el 2014 nos encontrábamos en el cuarto lugar a nivel nacional en mortalidad materna, y a la fecha hemos descendido al octavo lugar”, comentó.
Por lo anterior, las legisladoras hicieron un llamado al Ministerio de Salud Pública para que dé seguimiento a los programas.
Por Elizabeth Linares

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Integrantes de la Comisión de Gobernación, que preside Napoleón Rojas, se reunieron con Luis Carlos De León, director del Sistema Penitenciario; Ottoniel Sandoval, jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, y Édgar Guerra, representante de la Defensoría del Transporte Público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que informaran acerca de las acciones que ejecutan para contrarrestar las extorsiones y los hechos violentos en el interior de los centros carcelarios.
“El 70 por ciento de las extorsiones proviene de llamadas hechas en el interior de estos  centros; es preocupante que no se estén tomando acciones concretas”, indicó el diputado Rojas.
El jefe de Presidios declaró que dentro del ordenamiento operativo y  administrativo se trabaja en el proceso de selección de 21 directores y 21  subdirectores, con el objetivo de contratar al personal idóneo,  que pasará por distintos filtros y capacitaciones. “Es muy importante formarlos en derechos humanos, doctrina penitenciaria e intervención de crisis, por lo complejo que puede ser cada unidad penitenciaria”, agregó.
El funcionario añadió que entre las medidas de seguridad paralelas se contempla la construcción y reforzamiento de muros perimetrales en los centros de Mazatenango, Suchitepéquez; Cobán, Alta Verapaz, y Puerto Barrios, Izabal. “Se necesitarían aproximadamente Q1 mil 200 millones, y nuestro presupuesto es de Q513 millones”, concluyó.
“No es posible que los directores y subdirectores sean guardias, por lo que estaremos pendientes de todo este proceso de reclutamiento”, expresó Rojas.
Guerra señaló que actualmente se realizan entre 95  y 125 asaltos diarios en los autobuses de transporte colectivo, en los cuales son robados al menos 2 mil  celulares, que luego son utilizados para cometer hechos delictivos.
Por Rosemary Recinos

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Juan Manuel Pérez, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y Luis Chang, titular de Energía y Minas, fueron citados por diputados de la bancada Convergencia para que explicaran la instalación de un destacamento militar en el municipio de San Pedro Ayampuc y el funcionamiento de empresas dedicadas a la extracción de minerales, pese al rechazo de los pobladores.
“Hemos recibido denuncias de vecinos que se oponen porque no se les consulta. Evidenciamos que existen destacamentos militares en los lugares donde hay conflictividad social por la instalación de empresas mineras o hidroeléctricas; por eso pedimos al jefe del Estado Mayor que retire a sus tropas de esas áreas”, expresó la diputada Sandra Morán.
El jefe castrense respondió que analizarán la petición, pero aseguró que la presencia militar en otras áreas obedece a que los vecinos lo han solicitado. “Se ha demostrado una rebaja en los hechos de violencia debido a que se hacen patrullajes conjuntos con agentes de la Policía Nacional Civil”, dijo.
En el tema de la extracción de minerales, Chang dijo que hay acciones establecidas a las cuales se les da continuidad, así como temas muy  controversiales que han demandado que la institución reaccione para hacer propuestas concretas, como hacer las modificaciones la Ley de Minería. “Nos mantenemos abiertos al diálogo con las comunidades que demandan cambios y nosotros buscamos los mecanismos de solución de los casos en conflictividad”, puntualizó.         
Además, en la reunión se abordó el tema del supuesto surgimiento de un grupo de hombres armados en Huehuetenango; Pérez respondió que se investiga el caso, pero que no representa una amenaza para la población.
Por José Castellanos

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