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El diputado Ronald Estuardo Arando, del bloque Todos, presentó este lunes en la Dirección Legislativa la iniciativa que reforma el Decreto 57-2008, Ley de Libre Acceso a la Información, que se refiere a la publicación, compilación y sistematización de datos personales sin autorización de los guatemaltecos.
Según la propuesta, en el artículo 64 de la norma se establecería lo siguiente: “Publicación, compilación y sistematización de datos personales sin autorización. Quien, por cualquier medio y sin la debida autorización expresa y escrita del titular de los mismos, compilares, sistematizare, guardare en archivos o bases de datos, escritos, digitales o de cualquier forma, información que no provenga de registros públicos, será sancionado con prisión de 5 a 8 años y multa de Q50 mil a Q100 mil, y el comiso de los objetos instrumentos del delito”.
“En Guatemala hay varias empresas que se dedican a recoger o recopilar información de los ciudadanos, tanto pública como privada, la cual es utilizada por algunos sectores privados como consulta. Derivado de esto, muchas veces a las personas no se les da trabajo o no se les permite tener acceso a un crédito, ya que aparecen como morosos o deudores”, explicó el parlamentario.
Agregó que en el país existen al menos 9 millones de guatemaltecos que viven en la pobreza y extrema pobreza, por lo que tendrán atrasos en pagos, pero esto no los criminaliza. Por esta razón busca que esta iniciativa sea conocida por el pleno del Congreso y trasladarla a la comisión respectiva para su análisis y dictamen correspondiente.
Por Elizabeth Linares

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Este martes el Organismo Legislativo abrirá el segundo período ordinario de sesiones del año, el cual comprende del 1 de agosto al 30 de noviembre. En la Instancia de Jefe de Bloque se acordó retirar la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto 49-28, que disponía aprobar el Código Guatemalteco de Migración, pues el pleno había aprobado no menos de 300 artículos; sin embargo, después de analizar las nuevas reformas solicitadas propusieron iniciar una nueva discusión con la iniciativa de ley del 5121, Código de Migración, que entrará a su primera lectura.
El presidente del Congreso, Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza, dijo que es importante aprobar la nueva iniciativa porque “ayudará a miles de guatemaltecos que trabajan y viven fuera del país”. “Necesitamos 105 votos en cada lectura del proyecto y esperamos que los diputados puedan colaborar para tener una normativa del Código de Migración en favor de los connacionales”, enfatizó.
En la sesión de este martes también se prevé conocer las reformas al Código Municipal.
Además, los jefes de bancada avalaron la agenda de la sesión del jueves 4 con los siguientes asuntos:
1.- Segunda lectura del Código de Migración.
2.- Primer debate del proyecto de decreto para aprobar que el Organismo Ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas, suscriba un préstamo entre el Gobierno de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo, por US $150 millones, para el programa de Mejoramiento de la Cobertura y Calidad Ejecutiva.
3.- Reformas al decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.
4.- Préstamo entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica, por US $120 millones, para el programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipamiento para la Universidad de San Carlos.
5.- Tercer debate del decreto que dispone aprobar acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, sobre privilegios e inmunidades.
6.- Discusión por artículos y redacción final de la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala.
7.- Ley de Implementación de Mecanismo de Regularización de Velocidad de los Vehículos de Transporte Colectivo y de Carga.
Por Selvin Rustrián

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La Comisión de Economía y Comercio Exterior que preside el diputado José Alejandro de León, inició el primer día de Audiencias Públicas para analizar la iniciativa 5074, Ley de Competencia, con la participación de los ministerios de Economía, Comunicaciones, y Finanzas Públicas, así como del Consejo Nacional de Energía Eléctrica y de la Superintendencia de Bancos.
El proyecto en estudio pretende cumplir con el artículo 130 de la Constitución Política de la República, que establece la prohibición de monopolios. Para logra que se cumpla este mandato, la ley contempla la creación de una Superintendencia de Competencia como una entidad estatal autónoma, encargada de la defensa y promoción de la apertura de mercados.
Durante las ponencias, Eduardo Garrido, Intendente de Estudios de la Superintendencia de Bancos, se refirió a la práctica anticompetitiva absoluta, establecida en el artículo 6 de la propuesta que involucra a los acuerdos entre dos o más agentes económicos competidores en el mercado relevante. “Se debe considerar únicamente aquellos acuerdos  que sean contrarios a la libre competencia”, expresó.
Respecto a la “obligación de notificar” establecida en el artículo 14, Garrido agregó que  de conformidad con las leyes financieras, los bancos, sociedades financieras privadas, entidades de microfinanzas y aseguradoras, ya se establece que deben solicitar autorización correspondiente a la Superintendencia de Bancos para realizar una fusión a la Junta Monetaria, por lo que no es necesario que a dichas entidades se les requiera efectuar  una notificación previa a otro órgano supervisor, indicó.
Guillermo  Arauz, presidente  de la Comisión Nacional de Energía, se refirió  a  la  fijación de tarifas, explicando que esa es una función técnica esencial y específica de la Comisión a su cargo, para lograr el adecuado funcionamiento del sector, ya que es la clave para la recuperación de los costos y altas inversiones que requieren el mercado eléctrico para lograr su sostenibilidad.
“No sería procedente para la continuación exitosa y el futuro del sector eléctrico,  que  se modifique en forma alguna esta función, a través de una ley de competencia”, expresó Arauz.
Por su parte el diputado de León, comentó que “a nivel de Latinoamérica solo en  Cuba y en nuestro país no existe una ley de competencia, aquí el mayor ganador será el consumidor ya que obtendrá mejores precios”.
“Trabajaremos arduamente para que   pueda ser aprobada en este año” concluyó el parlamentario.
Las audiencias continuarán para recibir las sugerencias y propuestas de entidades tanto púbicas como privadas, los días miércoles y viernes de esta semana.

Por Rosemary Recinos.

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Agentes del Ministerio Público (MP) acudieron al Congreso de la República para iniciar las investigaciones de las amenazas de muerte y posible envenenamiento del subdirector general, Emilio Dávila.
La agente de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, Ana Elena Guzmán, realizó las diligencias respectivas; al funcionario le tomó declaración para iniciar las pesquisas y determinar quién o quiénes podrían ser los responsables de los sucesos.
“Tuve que ir al médico y me realizaron varias evaluaciones, con lo cual se determinó que la presión cardiaca estaba muy acelerada, por lo que me suministraron medicamentos para controlar el ritmo del corazón”, manifestó Dávila.
Según dijo, determinaron que su afección pudo deberse a que le suministraron “un medicamento o droga”, y el MP deberá determinar ese extremo.
Además, manifestó que el sábado pasado mediante una llamada telefónica recibió amenazas de muerte para él y su familia, “por el trabajo que se realiza en el Congreso y el proceso de destituciones”.
Por Selvin Rustrián

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Con base en el Decreto 36-2016, que contiene la Ley de Servicio Civil del Organismo Legislativo, el presidente del Congreso, Mario Taracena, solicitó autorización al órgano jurisdiccional correspondiente para la terminación de relación laboral de 274 trabajadores.
“Lo que voy hacer es que nadie gane más que un diputado y que los empleados se adhieran al plan de retiro voluntario; además, en la lista están los clanes familiares de personal y de diputados”.
En la lista figuran 85 personas que tienen salarios que oscilan entre Q30 mil y Q86 mil mensuales, superiores al de los congresistas (Q29 mil).
El Acuerdo No. 112-2016 establece que al obtener la autorización del órgano jurisdiccional respectivo para cada caso, se procederá a dar por terminada la relación laboral con los 274 trabajadores, a partir de la fecha en que quede firme la sentencia, sin más trámites internos, faccionándose para el efecto las actas de entrega de cargos respectivas por la Dirección de Recursos Humanos.

Descargue en este enlace el Acuerdo 112-2016.
El artículo 380 del Decreto 1441, Código de Trabajo, determina que toda terminación de contratos de trabajo en que se ha planteado el conflicto colectivo de carácter económico social, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que se hubieren adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente, y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia i onjusticia del despido.
Taracena también informó que se ha solicitado a un juzgado de trabajo la nulidad del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Congreso y los empleados. “Es ilegal porque solo se firmó entre la Junta Directiva y los sindicalistas, sin autorización del pleno”, aseveró. Por ello, según dijo, se espera que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas se unan a dicha petición.
Por Selvin Rustrián

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El Sub Director general del Congreso, Emilio Dávila, fue amenazado de muerte el sábado 23 de julio, a través de llamadas telefónicas, razón por la cual presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP).
Este hecho se suma a que, a inicios de esa misma semana, padeció un quebranto en su salud que lo obligó a asistir a un sanatorio médico, donde se determinó que su condición era provocada por una súbita baja en la frecuencia cardiaca. El tratamiento inmediato consistió en un acelerador del ritmo cardiaco, a fin de estabilizarlo.
Tras distintas pruebas efectuadas en las horas posteriores, su corazón volvió a funcionar con normalidad, razón por la cual el cuerpo médico consideró que era posible que el padecimiento hubiera sido producto de la ingesta de algún fármaco cuya función es disminuir la frecuencia cardiaca.
Dávila, quien se desempeñó como Viceministro de Gobernación, dijo ignorar el origen de las amenazas o del posible envenenamiento, pero exhortó al MP a realizar las investigaciones correspondientes. 

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La diputada Eva Nicole Monte, de la bancada Alianza Ciudadana, presentó un proyecto de ley tendiente a reformar varios artículos del Código Penal, para endurecer las penas en contra de los padres que abandonen o maltraten a sus hijos o ancianos.
En conferencia de prensa, la legisladora explicó su preocupación por la cantidad de abusos de este tipo que se han detectado últimamente.
En los 7 meses del presente año, según estadísticas presentadas en la Procuraduría General de la Nación se han contabilizado 241 personas tanto menores de edad como personas de la tercera edad y personas con discapacidades físicas, quienes han sido rescatadas a nivel nacional. Sin embargo, los sectores con mayor énfasis ha sido el municipio de Villa Nueva y Quetzaltenango.
Los que mas han sufrido abandono, han sido niños-niñas de 3 a 6 años quienes han sido localizados en el municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala en su mayoría.
Por discapacidad han sido abandonadas 15 mujeres adultas y 6 hombres, la mayoría en el departamento de Guatemala y 3 casos ocurridos en Quetzaltenango, agregó la legisladora.
Ante tales actos reprobables, dijo la parlamentaria, se hace necesario hacer reformas a los artículos 150 bis, 154 y 155 del Código Penal para aumentar las penas en 5 a 8 años de prisión inconmutables contra aquellos que resulten responsables.

Por José Luis Hernández.
 

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Con el objetivo de conocer su opinión y como parte del análisis previo a emitir el dictamen a las reformas a la Ley de Compras y Contrataciones, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda se reunió con Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
La iniciativa 5090 que promueve el presidente del Organismo Legislativo, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, busca modificar el Decreto 57-92 del Congreso de la  República.
El diputado Jairo Flores, presidente de la Sala de Finanzas del Congreso de la República, explicó que el funcionario “llegó a hacer algunas propuestas que el IGSS tiene sobre las reformas a la norma de contrataciones y estas serán tomadas en cuenta en la elaboración del dictamen que será entregado la otra semana. ``   
La propuesta que presentó el presidente de la Junta Directiva del IGSS, consiste en que se apruebe también una ley reguladora para la adquisición de medicamentos y la contratación de servicios en el sector salud pública.
Según Contreras la propuesta contempla también el aumento de Q90 mil a Q10 millones el monto para poder efectuar compras directas y establece la entrega del producto en un plazo de un mes.
La iniciativa de ley 5090 de reformas a la Ley de Contrataciones del  Estado, del Decreto 57-92 del Congreso de la República busca el  fortalecimiento de los procedimientos de compras y contrataciones así como la cotización y licitación, para agilizar y dinamizar todos los  procesos dentro del marco de la Ley, promoviendo la Transparencia y la eficiencia en la ejecución del Gasto Público.           

Por José Castellanos.

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El presidente del Congreso, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, recibió este viernes a José González Campo, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas Industriales y  Financieras, (CACIF), con quienes  abordó temas relacionados a la Agenda Legislativa, y sobre el avance  de iniciativas como  la Ley de Desarrollo Rural Integral y la Ley de Aguas.
Durante la reunión también se destacó la importancia de aprobar leyes que vayan dirigidas a la reactivación económica. “Conversamos sobre cuáles son los planes del legislativo y cuáles son las leyes que se piensan conocer en este periodo de sesiones”, indicó González.
El empresario agregó que “hay temas en el país que deben discutirse y el sector privado responsablemente debe participar en el análisis de los problemas nacionales”.
Los registros de Dirección Legislativa indican que existen en el Legislativo más de 15 proyectos de ley para regular el tema del agua, por lo que la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos del Congreso de la República, convocó recientemente a los diversos sectores del país, tanto públicos como privados, a presentar sus propuestas con el objetivo de consensuar un solo proyecto de ley que regule esta materia.
En cuanto a la  iniciativa 4084 “Ley de Desarrollo Rural Integral”, esta ya recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca el  pasado 19 julio, por lo que se espera sea conocida en el pleno durante el segundo periodo de sesiones ordinarias.
“Le agradecemos la apertura al presidente Taracena, por atendernos y permitirnos discutir estos temas, ya que es importante que se vayan solucionando” concluyó el presidente del CACIF.

Por Rosemary Recinos.

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