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De los 235 rastros municipales que funcionan en el país, solo 5 cuentan con la licencia que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos.
Por ello se busca regular los rastros municipales mediante la iniciativa 4063, Ley de Sanidad Animal, presentada por la profesional Elsa Hiandira Roque de López e ingresada a Dirección Legislativa por la Comisión de Agricultura.
“Los destazaderos no aplican medidas apropiadas para que el MAGA les extienda la licencia sanitaria respectiva", expresó Gabriel Heredia, presidente de la referida sala.
Entre los principales problemas descubiertos están que no se cuenta con terrenos y áreas adecuadas para los rastros ni correcto  tratamiento de aguas residuales, además de que la mayoría de animales es inyectada con químicos, como el clembuterol, con el cual hacen crecer sus músculos.
“La próxima semana se invitará a representantes de la Universidad de San Carlos y de los ministerios de Ambiente y Salud, así como expertos para analizar la iniciativa”, agregó Heredia.
Por Byron Ramírez

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Con el objetivo de reformar la Ley Nacional de Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97, se inició una mesa de diálogo entre diputados de la Comisión del Deporte y funcionarios de diferentes instituciones.
A la reunión acudieron Érick Sosa, viceministro de Deporte; Gerardo Aguirre, presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, e Ignacio González, director del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, entre otros.
La normativa vigente regula la coordinación e interrelación de las instituciones de la educación física, el deporte federado y no federado, y garantiza  el  derecho de los ciudadanos a practicarlas. Sin embargo, a criterio la sala legislativa y de los funcionarios participantes, es importante analizar sus debilidades y deficiencias para desarrollar esta cultura en la población, desde la niñez hasta la vejez.
“Hay algunos temas importantes que no están visibilizados y requieren de presupuesto, como la  interculturalidad, pelota maya y juegos ancestrales”, indicó Ignacio González.
Agregó que se debe revisar lo que marca la norma en la parte administrativa y en la estructura de cada una de las instituciones, para que la actividad deportiva llegue a todos los rincones del país.
Sosa expresó que aparte de las reformas se debe analizar la posibilidad de dividir y descentralizar el Ministerio de Cultura y Deportes, para hacerlo más eficiente. “Ya son 19 años que se aprobó esta ley y no se le han hecho mejoras; lo que pretendemos es  fortalecerla”, concluyó el diputado Mario Velásquez, presidente de la comisión.
Por Rosmery Recinos

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Con el propósito de buscar estrategias para evitar el incremento de la mortalidad materno-infantil, la Comisión Multisectorial para la Maternidad Saludable organizó un foro en el cual participaron expertos de diferentes instituciones.
“Es necesaria la sensibilización sobre el marco legal de maternidad saludable y los compromisos adquiridos como país, por lo que la Comisión de Salud ha iniciado las acciones conjuntas para reducir las cifras de muertes”, destacó el diputado Luis Hernández Azmitia, presidente de la referida sala de trabajo.
La Comisión Multisectorial es integrada por diversas organizaciones del  Estado y de la sociedad civil, y una de sus funciones es unificar esfuerzos para mejorar las condiciones de salud en todo el país, pero especialmente en las áreas remotas.
Según las estadísticas dadas por Orlando Escobar, viceministro de Hospitales, se ha reducido la mortalidad materno-infantil, pero en la actualidad por cada 100 mil niños nacidos mueren 130, especialmente en Huehuetenango, Baja Verapaz, Quiché, Quetzaltenango y San Marcos, donde las mujeres indígenas y quienes no tienen escolaridad son las más propensas a morir antes, durante o después de un parto.
Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Reproductiva, destacó la necesidad de buscar ayuda en las comunidades donde no hay servicios, y mencionó que “los legisladores son importantes en esta lucha, para crear leyes y fuentes de financiamiento destinados a programas de salud reproductiva y la creación de casas maternas”.
Por Karla Herrera

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“A pesar de tener múltiples peticiones para ejecutar proyectos en el departamento de Sololá, no se han podido efectuar debido a que el fideicomiso del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (Fodigua) no se encuentra vigente”, expresó el diputado Francisco Tambriz y Tambriz, durante una reunión con Elías González, director ejecutivo de esa institución.
El parlamentario indicó que hay al menos dos mil solicitudes en espera, pero no hay avances, debido a que en diciembre del 2015 venció el fideicomiso que permite a dicha entidad ejecutar el presupuesto destinado a programas y proyectos de desarrollo en distintas comunidades.
“Es importante que se elimine el fideicomiso, porque no hay transparencia y se  pueden cambiar algunos puntos de la ley. Considero que es mejor que sea a través de una cotización  o  licitación”, comentó el congresista.
González argumentó que tiene una asignación de Q31.9 millones, pero esperan que se apruebe un nuevo fideicomiso que les permita ejecutar los proyectos programados para este año.
“El año pasado se ejecutaron 144 proyectos a nivel nacional, de los cuales 83 fueron escuelas. Los de este año dependen de la aprobación del fideicomiso, pues nuestro mandato así lo establece”, recalcó el funcionario.
Por Elizabeth Linares

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El agua es un recurso vital e indispensable para la sobrevivencia humana, y debido a la falta de una normativa específica que regule el uso de los recursos hídricos en el país, diputados del Bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), junto con Ferdy Elías, presidente de la Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, del Congreso, presentaron a Dirección Legislativa el proyecto denominado “Ley de Aguas y Recursos Hídricos”.
La iniciativa, que contiene 69 artículos, busca regular el uso integral y racional del líquido con la creación de una Comisión Estatal del Agua (CEA), que tendrá la responsabilidad de establecer el Sistema Nacional de Vigilancia, Regulación, Evaluación y Control de la Administración del vital líquido, además de tener la potestad de imponer sanciones a quienes hagan mal uso.
Las multas oscilan entre Q3 millones y Q8 millones (de 1 mil hasta 3 mil salarios mínimos), en los casos de desvío de causes de ríos, contaminación, exceso en el uso de aguas, alteración térmica de los mantos acuíferos y obstrucción de drenajes, entre otros.
“Estamos preocupados por la problemática que genera la escasez del agua, y por ello presentamos este proyecto, orientado a unificar criterios que nos permitan tener una legislación en esta materia”, dijo José Hernández, subjefe del bloque legislativo.
La CEA contaría con una junta directiva integrada por representantes del Ejecutivo, Asociación Nacional de Municipalidades y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, así como de los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud.
El diputado Elías resaltó que la próxima semana el Organismo Ejecutivo estaría presentando su propuesta de la materia, que incluye el marco jurídico de una Ley General de Aguas, según lo anunciado por el presidente Jimmy Morales en su discurso ante la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de abril.
Hasta el momento, las únicas normas jurídicas vigentes sobre el tema son los artículos 127 y 128 de la Constitución Política de la República, y el artículo 346 del Código Penal, literal 2, referente a la gestión ambiental y delitos contra el ambiente, en los cuales se establecen de 2 a 6 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días de multa a quienes las infrinjan.
Desde 1993, la Dirección Legislativa ha recibido 9 proyectos de ley referentes al asunto, de los cuales 7 están  archivados y 2 en discusión.
Guatemala es un país con riqueza de recursos naturales, pero no tienen una ley que controle, regule y proteja el agua nacional, de la cual no solo depende el género humano, sino el sistema ecológico y el desarrollo económico.
Por Karen Mendoza

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Los padres del menor Julio Alvarado, quien falleció en la zona de adyacencia a manos de elementos del ejército de Belice, el 20 de abril, reciben el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para presentar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó el titular de la cartera, Carlos Raúl Morales, tras reunirse con diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza.
De acuerdo con el funcionario, para concretar la acusación se deben recopilar los datos necesarios para sustentarla.
En la cita, Orlando Blanco, jefe del bloque, pidió información detallada sobre las acciones que se ejecutan en este caso. El canciller enumeró el procedimiento que efectúa la Organización de Estados Americanos para la integración de la comisión de expertos independientes, la cual tendrá como principio identificar a los responsables del asesinato del menor.
“Esta es la gota que derramó el vaso y por ello se están tomando acciones tajantes, entre ellas, que el embajador Estuardo Roldán permanezca en el país hasta que los soldados beliceños estén a disposición de la justicia”, señaló Morales.
El parlamentario Carlos Barreda solicitó información detallada respecto del personal que ha sido contratado en el ministerio  en   los últimos cuatro años, lo que el funcionario ofreció hacer en breve.
Por Sayda Galicia

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Con 108 votos a favor, los diputados al  Congreso aprobaron las reformas a la Ley de Bancos, con lo cual se prohíbe el acoso y practicas abusivas de la cobranza por parte de entidades crediticias.
El primer artículo modificado fue el 46, que impide la realización de comunicaciones para cobro o requerimiento de pago mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos o cualquier otro medio análogo en días y horarios inhábiles, la realización de más de 5 llamadas para cobrar por día y el cobro a otras personas distintas al deudor o quienes les fían.
El segundo enunciado contempla la prohibición para el uso de prácticas abusivas en las cobranzas por parte de bancos y grupos financieros, gestoras, agencias de cobranzas u otros que en nombre de ellos realicen cobros.
La intención de realizar estos cambios es evitar que los cuentahabientes continúen siendo asediados por parte de  los bancos y otras organizaciones que realizan cobros, en horas no hábiles y de forma no apropiada.
Por Karla Herrera

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José Guillermo Moreno,  ministro de Desarrollo Social, se comprometió a que en tres semanas presentará un plan de contingencia a diputados de la  Comisión de la Defensa Nacional, orientado a dar ayuda y beneficiar a las familias de la zona de adyacencia con Belice que se encuentran en condición de pobreza extrema; aseveró que antes de eso se hará un estudio socio-económico de las familias, y se buscará apoyo de otros carteras.
“Estamos preocupados por las familias en la zona de adyacencia; la gente en ese lugar tiene muchas necesidades y se requiere la intervención del Estado. Ya es tiempo de que llegue el desarrollo en las comunidades, porque  si  no se le pone atención seguirán las tragedias; nosotros viajaremos  la próxima semana a Petén a recorrer el área y nos reuniremos con personas y funcionarios para que se inicie la ayuda”, dijo la diputada Ana Victoria Hernández, presidenta de la referida sala legislativa.             
El funcionario indicó que la institución está limitada de recursos económicos, pero formulará un plan concreto de la zona de adyacencia y lo presentará a los diputados. “Contamos con el programa del Bono Condicionando, que es un aporte  económico de Q300 de forma cuatrimestral que se otorga a personas de escasos recursos”, puntualizó Moreno.    
Además, en la reunión se dio a conocer que se solicitará que los ministerios de Salud, Educación y Agricultura aporten medicinas, pupitres y bolsas de alimentos, y se gestionarán donaciones para  las comunidades del área.
Por José Castellanos

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La iniciativa 49-21, que contiene la Ley para la Protección Integral de la Primera Infancia, está a punto de ser una realidad en el país. Los diputados de la Comisión del Menor y la Familia, que preside el legislador Wálter Félix, informaron hoy que esta semana dictaminarán a favor del referido proyecto.
“Se beneficiará a los niños y niñas que sufren desigualdad, desnutrición, inseguridad y que no tienen acceso a la salud en áreas lejanas”, manifestó el congresista.
Entre las novedades de la iniciativa se contempla la creación de un Consejo Nacional de Protección de la Primera Infancia, integrada por la Vicepresidencia de la República, los ministerios de Desarrollo Social, Salud Pública y Educación, así como la Secretaría de Bienestar Social. Los congresistas recalcaron que dicha entidad no generará burocracia ni gastos extraordinarios.
Los integrantes de la sala de trabajo se reunieron para elaborar el dictamen que será presentado al pleno para su trámite y posterior aprobación.
La iniciativa ingresó el 2 de febrero y desde ese momento la comisión ha trabajado para que el proceso no se detenga, en aras de garantizar a menores de cero a seis años que sus derechos no sean violados.
Por Selvin Rustrián

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