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El Congreso de la República integró ayer por sorteo la Comisión Pesquisidora que conocerá el antejuicio en contra del magistrado, Douglas Charchal Ramos,  por su presunta implicación en el caso TCQ.
La Pesquisidora, que fue electa por medio de un sorteo con tómbola y balotas numeradas según  lo  establece  el  artículo  17 de la Ley en Materia de Antejuicio, decreto 85-2002, quedó integrada de la siguiente manera: Julio César Villatoro, de la UNE (presidente); Iliana Guadalupe Calles Domínguez, de FCN (secretaria);  Carlos Barreda, de UNE, (vocal); Rubén Misael Escobar Calderón, UNE, (vocal) y César Emilio Fajardo Morales, de UNE (vocal).
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia resolvió trasladar al Congreso de la República la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), contra el magistrado Charchal por un supuesto tráfico de influencias en el caso de corrupción para la firma del contrato para usufructo en la Portuaria Quetzal.
“El señor Juan Carlos Monzón contactó al Magistrado de la CSJ Douglas René Charchal Ramos para pedirle su colaboración en el otorgamiento de la licencia de construcción para la empresa TCQ”, declaró hace unos días la Fiscal General a medios de comunicación.
De acuerdo a la Ley en Materia de Antejuicio, la Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

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Debido a los hechos ocurridos en la zona de adyacencia con Belice, que provocaron la muerte del niño guatemalteco Julio Alvarado, de 13 años, por parte de tropas de ese país, diputados de la bancada Alianza Ciudadana fiscalizan las acciones que se están implementando por parte de los ministerio de la Defensa, Gobernación y Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil.
La diputada Karla Martínez se refirió al abandono en que se encuentra la población que vive en esa área, sin las mínimas condiciones de vivienda, seguridad, educación y salud. “Es hasta ahora, con estos hechos, que se está visibilizando esta problemática”, afirmó.
“En esa área teníamos un destacamento militar; lo que se hizo fue reforzarlo y ahorita estamos adquiriendo tecnología para un mejor control en la zona”, declaró el titular de la Defensa, Williams Mansilla. Agregó que se ha incrementado la presencia donde antes no existía, cubriendo 212 kilómetros y recorriendo 35 comunidades.
El parlamentario Marvin Orellana dijo: “Pedimos un informe circunstanciado para que nos detallen el avance y los resultados de las acciones que se están implementado, y daremos el seguimiento correspondiente a este caso”.
“Hemos tratado de desarrollar desde el 2014 una serie de acuerdos con Belice, como los que tenemos con México, Honduras y El Salvador, pero con Belice el diferendo es lo que ha impedido desarrollar ese buen trato de vecinos”, indicó el vicecanciller Carlos Martínez.
Explicó que son 13 convenios que van desde cooperación ambiental hasta homologación de estudios para los jóvenes  beliceños y  guatemaltecos, así como  el tránsito con Documento Personal de Identificación, entre otros puntos. “Hay un acuerdo muy importante sobre los detenidos guatemaltecos en Belice, que les permitiría venir a Guatemala a cumplir su condena” precisó.
También resaltó que las acciones que se han desarrollado van de la mano con la delegación que tiene establecida la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la zona de adyacencia. “Esta oficina está investigando lo ocurrido la noche del 21 de abril, y nos entregarán un informe aproximadamente dentro de 2 semanas”, concluyó Martínez.

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Durante una reunión con diputados del bloque Unión del Cambio Nacional (UCN), con Mario Méndez Cóbar y José Guillermo Moreno, ministros de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y Desarrollo Social, respectivamente, se dio a conocer que tienen contempladas diversas acciones y planes estratégicos para ayudar a las familias ubicadas en el Corredor Seco.
El congresista Julio Francisco Lainfiesta, jefe del referido bloque, explicó: “Estamos preocupados por la emergencia de las secuelas de la sequía, a causa del cambio climático, y los resultados negativos serán reflejados en las miles de familias que se encuentran en ese trayecto; por eso estamos citando a las autoridades encargadas para conocer sus planes. En la bancada le vamos a dar seguimiento, porque nuestros interés es que la población sea beneficiada”.
Méndez Cóbar manifestó que se enfrenta una situación muy difícil porque hay carencia de recursos económicos. “En esta emergencia tenemos en las bodegas 105 mil raciones del Programa Mundial de Alimentos y nosotros compramos 78 mil raciones para iniciar a paliar la crisis de la sequía. Por instrucciones del presidente la prioridad es el Corredor Seco y otras comunidades afectadas”, aseveró.
El congresista Napoleón Rojas, representante por Santa Rosa, solicitó que lo acompañen a visitar las comunidades y determinar la ayuda específica que se necesita.
Las autoridades informaron que trabajarán en conjunto para implementar los programas asignados y se buscarán los recursos económicos para responder a las necesidades de la población antes y después de la problemática.

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Con 92 votos a favor, los diputados pasaron en tercer debate la iniciativa de Ley Reguladora para el Estacionamiento de Vehículos Automotores, con la cual se pretende regular la prestación de los servicios y modalidades, y obligaría a los propietarios a contratar seguros para garantizar la seguridad de los automotores e inmuebles.  
Antes de la aprobación por artículos y redacción final, diputados de diferentes bloques acordaron ampliar la discusión porque hay aspectos que deben ser aclarados, como qué tipo de servicios será regulado, como los particulares, vía pública, parquímetros y privados, el cobro por minuto y seguros. 
El parlamentario Luis Contreras,  ponente de la iniciativa 3936, indicó: “He  solicitado a la Junta Directiva que solo se pasara en tercer debate, y después de ser consensuada con otros sectores y diputados se  hagan las modificaciones del caso. En esta ley se tienen que prohibir los abusos en los diferentes parqueos; mañana hay una reunión con los dueños de los estacionamientos y se tratarán esos puntos”.        
Además, en la plenaria los congresistas aprobaron una moción  privilegiada para declarar sesión permanente cuando se inició la aprobación por artículos y redacción final del proyecto de decreto que contiene el Código Guatemalteco Migratorio.
El legislador Jean Paul Briere, presidente de la Comisión de Migración                   refirió:  “Es un trabajo de tres años y el propósito es contar con un instrumento que proteja a los migrantes; además, se crea el Instituto Guatemalteco de Migración, con el enfoque de defender los derechos de las personas”.
Los congresistas fueron convocados para continuar la sesión permanente el martes 2 de mayo, a las 14:00 horas.
Por José Castellanos

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Con el fin de conocer y evaluar detenidamente cada una de las  propuestas presentada por los líderes populares que participaron en la Marcha por el Agua, este día se instaló una mesa interparlamentaria integrada por representantes de grupos de la sociedad civil organizada  y  los diputados  Ronald Arango, de la Comisión de Derechos Humanos; Edwin Maldonado,  de la sala de trabajo Específica de la paz  y el Desminado y Leocadio Juracán, de la Comisión de Pueblos Indígenas.
“El principal objetivo de esta mesa legislativa es calendarizar las sesiones en las cuales se  analizarán detenidamente las demandas presentadas  el pasado 21 de abril durante la marcha por el agua”, destacó el diputado Edwin  Maldonado.
El líder popular, Daniel Pascual, aseguró que entre las demandas está que se aprueben leyes para castigar los desvíos de ríos y que se libere a quienes han sido capturados por manifestaciones.
En la reunión se acordó que la próxima semana se estará haciendo un recorrido por los ríos afectados, con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y el de Comunicaciones,  por lo que se hizo un llamado a  los presidente de las salas de trabajo del Legislativo a que se unan a esta comisión.
Por Karla Herrera

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El Presidente del Congreso de la República, diputado Mario Taracena Díaz-Sol, sostuvo este día una extensa jornada de trabajo durante la cual recibió la visita de diversas personalidades. Entre ellas Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y Alejandro Giammattei, ex director del sistema penitenciario.
El presidente de la ANAM entregó al presidente del legislativo una propuesta para incrementar el IVA-PAZ del uno por ciento a 1.5 por ciento, lo cual aumentaría en Q2 millones para inversión de las municipalidades priorizando educación, salud, agua  y saneamiento.
“Se le va a dar trámite y dependerá de las Comisiones de Asuntos Municipales o de Finanzas Públicas las que tomen la decisión de dictaminar favorablemente o no este proyecto de ley”, expresó el presidente Taracena Díaz-Sol.
En una segunda reunión, el ex director del sistema penitenciario manifestó su preocupación por la situación de violencia entre pandillas en El Salvador, por lo que solicitó al Congreso citar a los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, para que expongan los planes de control en la frontera.
“El Salvador tiene una guerra contra las maras y la frontera de Guatemala se encuentra vulnerable por lo que es necesario prever que no ingrese esa gente que podrían apropiarse o extorsionar”, argumentó Giammattei.
Por Elizabeth Linares

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El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, informó en conferencia de prensa que ha enviado una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, donde solicita la remoción del embajador Todd Robinson por entrometerse en los asuntos internos del país.
Entre los argumentos dados por Beltranena están las presiones y promoción de Robinson  a favor de la magistrada a la Corte de Constitucionalidad de Gloria Porras, desprecio a la importancia de nuestra soberanía, la falta de respeto hacia el nuncio apostólico y las críticas públicas  a los diputados al Congreso de la República.
El congresista aprovechó para hablar sobre la iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto 17-73 del Congreso de la República, Código Penal, y recordó los diputados que la pena de muerte es Constitucional, legal y sirve de disuasivo a la criminalidad por lo cuanto que es la pena máxima a aplicar.
La propuesta propone reformas el art 131 y 132 del Código Penal para que se imponga la pena de muerte por parricidio y asesinato con alevosía.
Por Selvin Rustrián
 

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Los presidentes de los tres poderes del Estado acudieron a la presentación que el Ministerio Público (MP) hizo de la Política Criminal Democrática del Estado, diseñada para combatir el crimen, prevenir delitos y reinsertar a detenidos.
Esta herramienta contempla la creación de estrategias interinstitucionales para el abordaje articulado de hechos y fenómenos criminales priorizados, sobre la base de cuatro ejes: prevención, investigación, sanción y reinserción, las cuales estarán en coordinación con las organizaciones sociales y otros actores del país.
El titular del Legislativo, Mario Taracena, destacó el apoyo de la comunidad internacional y de las instituciones que hacen eco al trabajo del MP, y mencionó que se presenta un proyecto de nación con la tarea de definir el Estado de derecho que marca, obliga y demanda establecer una Política de prevención combate y reinserción social.
“Ofrezco mi apoyo para que el Congreso apruebe las Iniciativas que sean necesarias, a fin de que el trabajo que hoy se presenta sea una realidad para los ciudadanos que esperan un Estado comprometido con la vida, la seguridad y el bienestar de todos”, señaló Taracena.
La fiscal general, Thelma Aldana, señaló que la Política Criminal Democrática tiene como objetivo constituirse en una guía para que el sector justicia, las instituciones públicas y la sociedad guatemalteca enfrenten la criminalidad que existe en el país.
“Para el éxito de esta herramienta es fundamental cumplir con las tareas que cada ente estatal nacional, regional, municipal, comunitario o entidades de la sociedad  deben asumir, bajo  la orientación de la Comisión Nacional de Política Criminal, que a partir de hoy queda instalada”, expresó la funcionaria.
La actividad contó con la participación de delegados del Gobierno, diputados al Congreso, alcaldes, representantes de organizaciones sociales e invitados especiales, entre otros.
Por Elizabeth Linares

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De los 235 rastros municipales que funcionan en el país, solo 5 cuentan con la licencia que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) para garantizar la inocuidad de los productos cárnicos.
Por ello se busca regular los rastros municipales mediante la iniciativa 4063, Ley de Sanidad Animal, presentada por la profesional Elsa Hiandira Roque de López e ingresada a Dirección Legislativa por la Comisión de Agricultura.
“Los destazaderos no aplican medidas apropiadas para que el MAGA les extienda la licencia sanitaria respectiva", expresó Gabriel Heredia, presidente de la referida sala.
Entre los principales problemas descubiertos están que no se cuenta con terrenos y áreas adecuadas para los rastros ni correcto  tratamiento de aguas residuales, además de que la mayoría de animales es inyectada con químicos, como el clembuterol, con el cual hacen crecer sus músculos.
“La próxima semana se invitará a representantes de la Universidad de San Carlos y de los ministerios de Ambiente y Salud, así como expertos para analizar la iniciativa”, agregó Heredia.
Por Byron Ramírez

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