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Se realizo el acto publico de lo que sera el proceso de la construcción de la Iniciativa de Ley de Aguas por parte de la Comisión de Recursos Hídricos.

Para el efecto se conto con la participación de representantes de las Universidades, Sociedad Civil, ministerios y actores interesados en el tema. 

Como parte del proceso se conto con la presentacion por parte de la Experta en temas de Agua Lic. Eliza Colom y del Director del INSIVUMEH Ing. Eddie Sanchez. 

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Los diputados de la Comisión Pesquisidora que investiga la implicación del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, en el caso TCQ, se reunieron con fiscales del Ministerio Público (MP) y representantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes ratificaron la denuncia contra el funcionario judicial y solicitaron que le sea retirada la inmunidad.
Juan Francisco Sandoval Alfaro, fiscal del MP, explicó que las investigaciones previas detallan que el colaborador eficaz Juan Carlos Monzón se presentó ante Charchal para solicitar que un amparo interpuesto por la Municipalidad del Puerto de San José, Escuintla, fuera declarado en favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, y que no se realizará el pago de Q24 millones para autorizar la construcción la cual aún sigue pendiente de autorización.
Astrid Odette Escobedo, delegada de la CICIG, dijo que Charchal sirvió de intermediario entre Monzón y el Juzgado de Paz del departamento de Escuintla en favor de TCQ y haciendo pagos por el favor.
“Tras escuchar al ente pesquisidor y a la CICIG, vemos necesario escuchar este viernes al magistrado Charchal y así poder elaborar el informe de la investigación el sábado, con la intención de entregarlo la próxima semana al pleno”, dijo Julio López Villatoro, presidente de la Comisión Pesquisidora.
El funcionario judicial Douglas Charchal será escuchado mañana en audiencia en el Congreso donde presentarà las pruebas de descargo, aunque trascendió que podría solo enviar documentación y no presentarse.
Concluida la fase de argumentos y descargos los diputados y sus asesores se reunirán este sábado en el Congreso de la República, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.
El Pleno del Congreso conocerá el martes el expediente instruido y del informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados les serán entregadas copias de este informe.
Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar, para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.
Por Selvin Rustrián.

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La Comisión Extraordinaria de Recursos Hídricos, que preside Ferdy Elías Velásquez, dio inicio a un foro público que estará abierto hasta el 31 de este mes, con la intención de recibir propuestas, analizar iniciativas y trabajar en una colectiva que regule el uso y aprovechamiento del agua, la cual se espera entregar el 1 de agosto.
A la convocatoria asistieron Carlos Alvarado Cerezo, rector de la Universidad de San Carlos, y Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología; funcionarios de los ministerios de Energía y Minias, Educación, Economía y Defensa, así como representantes de comunidades campesinas y sector civil.
Leocadio Juracán, vicepresidente de la Comisión, resaltó que hace 30 años entró en vigencia la Constitución y el artículo 127 no se ha cumplido. “No se ha aprobado ni sancionado una ley que ordene y norme el uso, aprovechamiento, derechos, protección de aguas públicas, medidas de conservación y extinción de derechos. Esta iniciativa, vista en tiempos de paz, es una necesidad prioritaria y urgente, pues para antes del año 2030 uno de cada 5 países en vías de desarrollo tendrán escasez de agua”, agregó.
“Contamos con el apoyo de las comisiones de Integración Regional y de Cambio Climático; nuestra responsabilidad es revisar todas las iniciativas anteriores y entregar el mejor proyecto consensuado, con los aportes e insumos de los diferentes sectores”, indicó el diputado Ferdy Elías.
“La universidad está presente y por supuesto que generaremos nuestra propuesta; lo importante es que participemos todos los sectores, unidos por el beneficio de la población”, dijo Alvarado Cerezo.
Por Rosemary Recinos

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Al conocerse la muerte de 17 niños de 5 años en el Hospital Regional de Huehuetenango, por la falta de ventilación pulmonar, integrantes de la bancada Alianza Ciudadana citaron al ministro de Salud, Alfonso Cabrera, y al director de ese centro asistencial, Hugo Oroxom, para que dieran detalles de los sucesos.    
El diputado Marvin Orellana, subjefe de bloque, calificó la muerte de los menores como una tragedia por la cifra y porque tenían entre 48 días a 4 años de edad, “lo cual hace pensar que la atención en los centros hospitalarios es mala”.    
“No solo por la falta de ventilación se dio la muerte; hay otros factores, como la falta de madurez pulmonar”, expresó Oroxom, al explicar que ello se debe a problemas durante el embarazo.
“Si bien hay muchos factores, el Ministerio de Salud debe tener planes de prevención o charlas a las mujeres embarazadas, para evitar estos casos”, aseguró Francisco Tambríz y Tambríz, quien le pidió un informe circunstanciado de los planes de prevención e información sobre este tema.
En otro asunto, el titular de la cartera dio a conocer que para concluir el año solicitarán al Congreso, a través de Finanzas, una ampliación de su techo presupuestario por Q800 millones para la compra de insumos y medicamentos.
El congresista Luis Rabbé aseguró que la bancada Alianza Ciudadana analizará la solicitud, debido a que se debe verificar de dónde se obtendrían los recursos y como se ejecutarían.
Por Byron Ramírez   

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Diferentes funcionarios respondieron las inquietudes de los diputados de la bancada Movimiento Reformador, referente a los contratos y usufructos que existen para el manejo de los puertos y aeropuertos del país.
El diputado Boris España dijo que es preocupante la situación imperante en esas instalaciones. “Después de los informes que recibimos de parte de los funcionarios, consideramos que debemos estar alertas para detectar cualquier contrato y usufructo que sea leonino para el país; podemos sanear lo hecho en el pasado, pero también debemos estar alertas del presente y del futuro”, afirmó.
Aldo García, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, informó que en el área de Aeronáutica Civil están analizando 27 convenios, de los cuales 2 ya están en proceso de rescisión. “Se trata del parqueo público del Aeropuerto Internacional La Aurora y el parqueo interno que maneja la distribución de combustibles”, manifestó.
En lo referente a Puerto Quetzal, Escuintla, Enrique Godoy, Comisionado Presidencial de Desarrollo Urbano, Competitividad Local e Infraestructura Crítica, reiteró que encontraron 71 convenios, de los cuales 34 pertenecen a arrendamientos y 37 son de usufructos, “los cuales también ya se encuentran bajo la lupa”.
Agregó que tardarán al menos seis meses para realizar la evaluación y ordenamiento de los puertos y aeropuertos, y a partir de eso darían luz verde a una nueva reestructuración que permita un funcionamiento con mayor transparencia.
“Hemos hablado con la fiscal general Thelma Aldana sobre la implementación de una fiscalía que operaría desde el mismo aeropuerto, con el fin de detectar el flagelo de lavado de dinero y tráfico de personas”, detalló Godoy.
María Eugenia Villagrán, titular de la Procuraduría General de la Nación, explicó que otro de los casos investigados es el referente al subarrendamiento que Ferrovías y Ferrocarriles de Guatemala le dieron a la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente S.A. para el manejo de las vías ferroviarias en Puerto Barrios, Izabal, lo cual, a su criterio, no tiene sustento legal, por lo que en dos semanas entregarán sus recomendaciones al Estado, encaminadas a declarar la nulidad.
Por Mayra Recinos

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Con el voto de 86 congresistas, durante la sesión plenaria de este jueves se aprobó el punto resolutivo 7-2016, mediante el cual se recomienda a la población guatemalteca abstenerse a viajar a Belice, para evitar incidentes como el asesinato de Julio Alvarado, de 13 años, a manos de soldados de ese país.
El ponente fue el diputado Erick Lainfiesta, de la bancada Encuentro por Guatemala, quien manifestó que su intención es evitar que más guatemaltecos sean agredidos por fuerzas armadas que se encuentran en la zona de adyacencia.
El punto resolutivo fue aprobado después de que el 20 de abril soldados beliceños dispararan contra Alvarado, quien en compañía de su padre y su hermano de 11 años hacía labores agrícolas en el área.
Con la resolución del Congreso se rechaza la postura tomada por el gobierno beliceño, y se insta a las autoridades guatemaltecas a hacer campañas de información referente a la posibilidad de sufrir violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de defensa del vecino país.
Por Karla Herrera

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En reunión con diputados de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) entregó 6 propuestas de reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 9-2015.
Las modificaciones solicitadas se refieren a la eliminación de techos para la contratación de bienes y servicios, lo cual favorecería ejecución y administración de recursos, argumentó Edwin Escobar, titular de la Anam y alcalde de Villa Nueva.
“No es posible realizar las contrataciones ni compras necesarias en las alcaldías, pues con las modificaciones a la ley se nos dificulta; es por eso que traemos estas sugerencias, para llevar beneficios a nuestras comunidades”, manifestó.
El ministro de Finanzas Públicas, Julio Escobar Estrada, dio a conocer que también el Organismo Ejecutivo analiza la norma, pues han tenido “problemas serios” para hacer las contrataciones de servicios necesarios.
Según Carlos Mencos, jefe de la Contraloría General de Cuentas, es viable efectuar los cambios respectivos, pero con un debido análisis para no incurrir en ilegalidades.
“Se les recomendó acercarse al Ejecutivo, consensuar las futuras reformas y enviarlas como iniciativa a esta sala de trabajo, para que podamos darle dictamen favorable y enviarla al pleno”, manifestó el diputado Jairo Flores, quien preside la referida sala.
Por Selvin Rustrián

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Diputados de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se reunieron con autoridades del Ministerio de Salud Pública, con el propósito de conocer la forma en que serán distribuidos los fondos de la readecuación presupuestaria que el Congreso otorgó para paliar la problemática que afrontan los hospitales.
El jefe de bloque, diputado Orlando Blanco, expresó su preocupación por el desabastecimiento de medicamentos y equipo médico quirúrgico de la red hospitalaria, y recordó que este organismo aprobó una readecuación de Q465 millones destinados a mejorar la atención y los servicios.
“El tema de salud es sumamente prioritario para el país y en ese marco haremos las gestiones de fiscalización y de apoyo para que podamos ayudar”, comentó el congresista.
El viceministro de Hospitales, Mario Figueroa, indicó que el Ministerio de Finanzas dará una ampliación de Q1 mil 100 millones para finalizar el año con los insumos que la red hospitalaria requiera.
“Esperamos que en 2 o 3 meses podamos llevar la situación hospitalaria a un nivel por arriba del 85 por ciento de abastecimiento, tanto en medicamentos como en material médico quirúrgico”, informó el funcionario.
Por Elizabeth Linares

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La Comisión Extraordinaria de Asuntos Sobre Discapacidad, del Congreso de la República, se reunió con representantes del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (Conadi), con el objetivo de continuar armonizando las diferentes propuestas de reformas al Decreto 135-96, que contiene la “Ley de Atención a Personas con Discapacidad”.
En la cita se comunicó que se espera para el 23 del presente mes que dicha organización entregue un borrador, y se informó de la II Encuesta Nacional Representativa de la Discapacidad en Guatemala.
El diputado Christian Boussinot, quien preside la referida instancia, expresó que al tener las propuestas consensuadas se podrá llevar al pleno para su aprobación, con lo cual se ayudará a miles de personas.
“Se busca reformar esta ley para que quien padezca alguna invalidez pueda tener una mejor calidad de vida”, manifestó Sebastián Toledo, director del Conadi,
Y acerca de la encuesta, mencionó que el objetivo es conocer cuántas personas son afectadas, su estado y lugar de residencia, pues muchas no reciben ningún beneficio del Estado y son discriminadas.
Por Selvin Rustrián

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