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Los diputados Inés Castillo y Carlos Barreda, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza, y Ronald Arango, del bloque TODOS, anunciaron su retiro de la mesa de negociones del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, debido a la ruptura del diálogo la semana anterior.
“El sindicato se levantó (de la negociación) aduciendo que continuaba con el diálogo, siempre y cuando los invitarán a participar en la discusión de la Ley de Servicio Civil”, expresó Arango, quien explicó que eso no es posible pues se trata de un proceso en el que participan solamente diputados y asesores.
Barreda señaló que si bien la negociación del Pacto Colectivo ha sufrido este traspié continuará la junta mixta, encargada de discutir temas operativos entre el Congreso y los trabajadores, en respeto a las relaciones laborales”.
Ante la posibilidad de que la noticia no agrade a los trabajadores y estos decidan tomar medidas de hecho, como la ocupación de las instalaciones del Congreso, el presidente del Organismo Legislativo, Mario Taracena Díaz-Sol, explicó que las mismas serían infructuosas. “El Congreso no es el edificio, son los diputados, y si es necesario reunirlo en otro lado, lo hacemos”, puntualizó.
Por su parte, los empleados del Congreso afirmaron que su interés en estar en la mesa técnica de la Ley de Servicio Civil es verificar que no se perjudique al personal.
El Congreso discute las reformas a la Ley de Servicio Civil, presentadas por la diputada Nineth Montenegro, donde se establece un manual de procedimientos administrativos, manual de funciones y descripción de puestos, y el manual de reclasificación de puestos. Entre otros cambios está la propuesta para que la Dirección de Personal se encargue elaborar un escalafón de rangos de sueldos, partiendo del grado de profesionalismo y capacidad.
Por Byron Ramírez

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Luego de tres meses de intenso trabajo, la Comisión Específica encargada de la revisión y análisis de iniciativa de Ley Nacional de la Juventud dictaminó a favor de una nueva propuesta que contiene diferentes cambios, explicó Alejandra Carrillo, presidenta de la referida sala legislativa.
“Se retira un impuesto que iba a servir para la Secretaría de la Juventud, la ley se aplicará a jóvenes de 18 a 30 años por recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, se establece derecho a la educación sexual en centros educativos y se retira el tema de los anticonceptivos; es una nueva ley con nuevos cambios y se inicia desde cero”, manifestó.
La iniciativa será retomada desde el primer debate, según lo recomendado por la Dirección Legislativa.
La Comisión estaba encargada de efectuar cambios y generar propuestas para reformar algunos artículos, pero se tomó la decisión de hacer una iniciativa nueva y dejar fuera los temas que generaron controversia, detalló.
“Ahora se busca que los jefes de bloque conozcan el tema y sea llevado lo antes posible al pleno, para que la norma sea aprobada de urgencia nacional”, afirmó.
Por Selvin Rustrián

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El diputado Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad, se reunió con Jorge Guillermo Arauz, presidente  de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, y con funcionarios de los ministerios de Energía y Minas y Ambiente y Recursos Naturales para conocer los avances de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica, S.A., que ejecuta el proyecto de construcción de tendido eléctrico en todo el país.
El parlamentario señaló que pobladores de diferentes regiones han manifestado su inconformidad, argumentando que podría ocasionar daños en sus comunidades y en el ambiente.
“Vinieron algunos alcaldes a informar de las dificultades que están enfrentando y la conflictividad social por la construcción de esta red de electrificación. Aquí las autoridades del Ejecutivo reconocen que no han terminado de lograr los consensos con  las comunidades para la instalación de líneas de transmisión de energía”, agregó Pop.
El ministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang, informó que por solicitud del congresista entregará un informe de la situación del proyecto, y que se espera  lograr los consensos necesarios para finalizarlo.
Pop comentó que darán continuidad a esta situación, pues de encontrar elementos sustantivos que cuestionen el proyecto estarían solicitando la suspensión, independientemente de los avances que tenga.
En representación de la comisión de medio ambiente de la comunidad de Olintepeque, Quetzaltenango, Pedro Ventura, indicó que uno de los inconvenientes con la empresa es que el proyecto pasaría por un bosque comunal. “Esto nos vendría a afectar, pues los bosques están considerados como cabezas de cuencas y queremos evitar la tala de árboles”, argumentó.
Por Elizabeth Linares

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La instancia de jefes de bloque y Junta Directiva aprobó hoy la inclusión de una moción privilegiada en la sesión programada para este martes, mediante la cual el pleno del Congreso conocerá el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en el caso del antejuicio planteado contra el magistrado Douglas René Charchal, de la Corte Suprema de Justicia.
En el informe se determina la existencia de indicios y condiciones para que le sea retirada la inmunidad al sindicado, por tráfico de influencias y su posible participación en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.
La Ley en Materia de Antejuicio establece que el pleno debe conocer el expediente instruido y el informe circunstanciado, y aprobarlo (con al menos 105 votos) o desecharlo.
En otro orden, el presidente del Congreso, Mario Taracena, informó que para este martes está prevista la sesión solemne en la cual se impondrá la Orden del Soberano Congreso Nacional, en Grado de Comendador, a Rachid Talbi El Alami, y en Grado de Gran Cruz, a Kenza El Ghali, presidente y vicepresidenta de la Cámara de Representantes del Reino de Marruecos, por su valioso apoyo ofrecido a través del convenio de cooperación para la reconstrucción del edificio Casa Larrazábal, del Organismo Legislativo.
Al concluir la parte solemne, los diputados continuarán la sesión permanente para conocer diversos proyectos en su primer debate, entre los cuales se encuentra la iniciativa 4883 Ley de la Carrera Judicial, reformas al Decreto 67-95, Ley de Arbitraje, y la norma que dispone aprobar como Patrimonio Nacional, Natural, Cultural e Histórico del Pueblo de Guatemala al Lago de Atitlán.
Además, acordaron la integración de una comisión que discutirá el fondo de revisión del proyecto de decreto que contiene el Código Guatemalteco Migratorio. Hasta el momento se han aprobado 184 de los 270 artículos con los que cuenta la iniciativa de ley.
Por Karen Mendoza

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Con la finalidad de conocer los avances en la ejecución de los diferentes programas del Viceministerio de Atención Primaria en Salud, el encargado de este, Rodolfo Zea, fue citado este lunes por los diputados de la Comisión de Salud, que preside el representante Luis Hernández Azmitia, del bloque Movimiento Reformador.
“La razón de que hoy los hospitales estén colapsados es porque el primer y segundo nivel no están funcionado; la población necesitada busca ser atendida, y nuestra preocupación es que el viceministro no tiene control. Le preguntamos sobre la unidad de agua y saneamiento, y respondió que no sabe del tema; también con los puestos y centros de salud no logró explicar y ni en el tema de los presupuestos de los programas”, explicó el legislador.
Zea se comprometió a enviar un informe detallado de los temas citados, porque desconocía los datos reales, y Édgar Manolo Vicente, coordinador del primer nivel de Salud Pública, detalló que se efectúa una reforma integral de los programas.
Además, Hernández Azmitia indicó que  los funcionarios no dieron datos exactos de las mediciones y la vigilancia en los sistemas de aguas pluviales ni del abastecimiento de medicinas en puestos y centros de salud.                                                                                                      
Según Zea, la salud es un derecho y contribuye al desarrollo de la población, por lo cual el Plan Nacional de Gobierno para la Salud contempla el impulso de una política social que brinde atención integral, especialmente a las personas más vulnerables.
Por José Castellanos

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La Comisión Pesquisidora que investiga el antejuicio contra el magistrado Douglas Charchal, por su supuesta participación en el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), opina por unanimidad, que existen condiciones para declarar formación de causa por lo que recomienda al Pleno que le quite inmunidad al sindicado para que se someta a los tribunales de justicia.
Tras escuchar a las partes y evaluar el expediente de antejuicio promovido por el MP y la CICIG en contra de Charchal, los  diputados que integran la Pesquisidora: Julio César Villatoro, de Iliana Guadalupe Calles Domínguez, Carlos Barreda, Rubén Misael Escobar Calderón, y César Emilio Fajardo Morales, determinaron este día que existen demasiados indicios y condiciones para que le sea retirada la inmunidad al sindicado.
“En el informe por unanimidad hemos decidido que es recomendable declarar con lugar la causa. Se determinó que por las investigaciones del MP y la CICIG podría existir un delito, pero será el pleno que tome la decisión en retirarle la inmunidad o no”, manifestó el presidente de la Comisión, Julio López Villatoro
Los congresistas entregaron el informe circunstanciado a Dirección Legislativa para que esta, a su vez, lo traslade a la Junta Directiva del Congreso, que preside el diputado Mario Taracena Díaz-Sol, lo conozca el lunes y, tras consenso con jefes de bloque, sea trasladado el martes al pleno para su discusión y aprobación.
La Ley en Materia de Antejuicio establece que el Pleno del Congreso debe conocer el expediente instruido y el informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados le serán entregadas copias de este informe.
Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso.
Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda. Si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), acusan al magistrado Charchal de  tráfico de influencias para gestionar resoluciones judiciales en favor de TCQ, según las declaraciones de Juan Carlos Monzón colaborador eficaz en este caso.
Por Selvin Rustrián.

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Los diputados encargados de revisar documentación de candidatos a representantes del Congreso ante el Registro Nacional de la Personas (Renap), cumpliendo con los plazos establecidos, entregaron a Dirección Legislativa el acta con el nombre de siete postulantes, de entre los cuales el pleno deberá elegir a un titular y un suplente.
“Se cumplió con la revisión de cada expediente; ahora el pleno deberá elegir quién nos representará”, expresó José Valladares, del bloque TODOS y presidente de la instancia revisora, al dar a conocer la nómina:
• Mario Rolando Sosa Vásquez
• Rolando Miguel Rodríguez Lima
• Elvia Yolanda Álvarez Véliz
• Joel Efraín López Aguilar
• Enrique Cossich Mérida
• Julio Salvador Contreras
• Calixto Raúl  Monzón Pérez  
Explicó que de 14 expedientes que ingresaron a la comisión, 6 no cumplieron con los requisitos, como presentar su constancia de colegiado profesional, años requeridos de ejercicio profesional en materia legal y conocimiento en el área de sistemas informáticos, por lo que fueron excluidos, mientras que José Montúfar Milián decidió declinar su participación.
La comisión también fue integrada por Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, de Unión del Cambio Nacional, y Joel Domínguez, del la Unidad Nacional de la Esperanza, quienes afirmaron que el martes se presentará ante el pleno una moción privilegiada para que se conozca la elección de los representantes ante el Renap antes del receso de medio año.    
Por Byron Ramírez

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En sesión permanente se declaró la comisión permanente del Congreso, con la intención de elaborar el informe sobre Douglas René Charchal Ramos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, señalado por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por su presunta implicación en el caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Los parlamentarios Julio César Villatoro, Iliana Calles Domínguez, Carlos Barreda, Rubén Escobar Calderón y César Fajardo  escucharon este viernes las pruebas de descargo del funcionario judicial, quien les pidió tratar el asunto con apego a derecho.
Después de la audiencia pública empezaron la elaboración del informe circunstanciado, el cual se prevé sea firmado este sábado y entregado a Junta Directiva el lunes, para que sea conocido en la sesión del martes. El pleno deberá decidir si procede quitar la inmunidad a Charchal, para ser investigado por el caso en mención.
Durante su intervención, el magistrado aseguró que los señalamientos del MP y la CICIG son imprecisos, y que no hay indicios de su participación en la comisión de hechos ilícitos.
Acerca de las declaraciones de Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien lo involucra en el caso TCQ, Charchal afirmó que no deberían tomarse en cuenta, porque “él es un prófugo de la justicia y un delincuente”. Agregó que no conocía a Monzón, pues “solo lo había visto en los actos protocolarios realizados en el Palacio Nacional de la Cultura”.
"No somos jueces para decidir si es culpable o inocente", manifestó el diputado Barreda.
Por Selvin Rustrián.

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En reunión con el diputado Selvin García, de la bancada Creo, y autoridades de la Dirección General de Transportes (DGT), representantes de la Gremial de Rutas Cortas denunciaron que hay corrupción y mala administración en esa dependencia. Por ello solicitaron la intermediación parlamentaria para encontrar soluciones al retraso en la resolución de permisos temporales y expedientes pendientes, pues dijeron que hay al menos tres mil atrasados.
García resaltó la necesidad de normar las atribuciones y funciones específicas de la DGT, con la intención de dar certeza al transportista y al usuario. “En un corto plazo han asumido tres directores, lo cual genera inseguridad y poca estabilidad en la dependencia”, afirmó.
“Ha habido un total abandono; técnicamente, la Dirección no ha sido bien diligenciada en años anteriores”, señaló Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas. Agregó que se busca una respuesta a los más de 500 expedientes entregados este año, para obtener documentos temporales. “Queremos que se nos indique si falta algún requisito o que sean rechazados, para apelar con los recursos pertinentes, pero que se aclare”, expuso.
Luis Fernando Villegas, recién nombrado titular de la dependencia, declaró: “Son más de tres mil expedientes detenidos, la mayoría ingresada en administraciones anteriores, debido a la falta de recurso humano, debilidades financieras y administrativas”, argumentó.
Explicó que se trabaja en una reestructuración organizativa, con metas de cumplimiento diario para alcanzar los objetivos a largo plazo, y agilizar los procesos de renovaciones de licencias, trámites de líneas nuevas, cambio de vehículos, permisos  temporales y hasta viajes expresos.
Por Rosemary Recinos

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